El abogado porteño Carlos Salvatore, quien cobró notoriedad porque dijo que iba a matar a una jueza de Chaco, fue procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación ilícita.
En una resolución de 400 carillas, la magistrada consideró a Salvatore (58) jefe de la organización y procesó con prisión preventiva como miembros a su esposa, Silvia Susana Valles Paradiso (49); al jubilado y suegro de Salvatore, Santiago Valles Ferrer (72) y al empresario Ricardo Gassan Saba (55).
El fallo también alcanzó al abogado, docente y funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata Mariano Jesús Castellucci (38) y a la martillera pública Carla Yanina Salvatore D’Ursi (32), hija del principal imputado, aunque ambos fueron excarcelados.
La jueza dictó embargos sobre los bienes de cada uno de los procesados que suman 1.600 millones de pesos: a Salvatore le embargaron 759.653.024 pesos; a Valles, 505.381.052; a Valles Ferrer, 81.401.720 pesos; a Gassan Saba, 264.816.296; a Carla Salvatore, seis millones; y a Castellucci, 16 millones.
Según informó la página Fiscales, Niremperger dio por acreditado que los imputados «habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o aplicado de cualquier otro modo, desde 2005 hasta la fecha de su detención, bienes, dineros, acciones societarias, que serían provenientes del producido de la ilícita actividad del narcotráfico».
Según se desprende de la investigación, el dinero obtenido del tráfico de drogas fue derivado hacia emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones en autos de lujo, proyectos cinematográficos, activos en Estados Unidos y empresas pantalla, entre otras maniobras.
«Este es el caso más importante por lavado que tenemos y donde la fiscalía ha demostrado cómo el dinero obtenido del narcotráfico se aplica a inversiones inmobiliarias, entre muchas otras. Es dinero sucio que se ha introducido en el circuito formal», dijo el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella.
El fiscal, que trabajó con su par chaqueño Carlos Sanserri, remarcó que «el caudal que ha embargado es inédito en la historia judicial argentina» y que siempre se ha fijado como un eje prioritario de trabajo la incautación patrimonial.
«Cuando se juzgue este hecho, ese dinero tendrá que regresar y ser aplicado a una finalidad social», agregó.
Los procesados fueron detenidos el 19 de marzo tras 39 allanamientos en 23 domicilios en la Capital Federal, Gran Buenos Aires, Mar del Plata y otros puntos del país donde funcionaban casas particulares, empresas, inmuebles rurales y estudios jurídicos, notariales y contables.
Salvatore estaba por entonces cumpliendo prisión domiciliaria en la causa «Carbón blanco» por supuestos problemas de salud y se puso furioso por la detención de su esposa y su suegro.
«Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes. No me importa, yo pago este homicidio, pero ella se muere», le dijo Salvatore por teléfono a su esposa, pero esto se descubrió porque estaba siendo escuchado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
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