Categoría: Leyes

Buscan asimilar por ley el régimen patrimonial de los concubinos al de las personas casadas


La iniciativa fue propuesta por la senadora oficialista Ana Corradi de Beltrán. Para poder ingresar a este régimen, la pareja debe tener un período mínimo de convivencia de cinco años. Cuáles serán sus consecuencias. Qué otros proyectos analiza el Congreso Por Sebastian Albornos Algunas parejas…

Justicia anuló cláusula de renegociar en alquileres, Contratos alquiler: Alquiler escalonado VS cláusula de renegociar


MARCO LEGAL: Los Dres Enrique Abatti e Ival Rocca (h) nos aportan su interpretación de un reciente fallo que demuestra que es más recomendable utilizar la cláusula de “alquiler escalonado” en los contratos de locación que la “cláusula de renegociar”. Cómo implementar un “alquiler…

Desalojo (Primera parte: Inquilinos)


Por ramirorech Este año se produjo en la provincia de Buenos Aires una reforma legislativa muy importante referida al desalojo de los inquilinos. Por esa razón me referiré a ésta hipótesis en ésta primera parte y en el próximo explicaré el de los intrusos…

Código de Publicidad Urbana del Partido de General Pueyrredon


Municipalidad del Partido de General Pueyrredon Departamento Deliberativo Expediente D.E.: 9514-7-08 Expediente H.C.D.: 1563-CO-2008 Nº de registro: O-14577 Fecha de sanción: 19-03-2011 Fecha de promulgación: 01-04-2011 Decreto de promulgación: 735 ORDENANZA Nº 20276 Artículo 1º.- Apruébase el Código de Publicidad Urbana del Partido de…

IMPUESTOS DE SELLOS LEY IMPOSITIVA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


IMPUESTOS DE SELLOS LEY IMPOSITIVA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2011 de Sanz Ordoqui Propiedades, el miércoles, 04 de mayo de 2011 a las 20:30 PERÍODO FISCAL AÑO 2011- Ley nº 14.200 publicada en el B.O. del 24-12- 2010 (Suplemento) ARTÍCULO 53- Establecer,…

El boleto de compraventa inmobiliaria y su naturaleza jurídica (autor: Dr. Esteban D. Otero)


EL BOLETO DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA Y SU NATURALEZA JURIDICA I.                   Introducción. Las operaciones de compraventa, por su complejidad y la naturaleza de las diferentes circunstancias que preceden a la conclusión del negocio definitivo, requieren en muchas oportunidades de la realización de diversos y sucesivos…

Administración Federal de Ingresos Públicos; Resolución General 2820


Administración Federal de Ingresos Públicos FACTURACION Y REGISTRACION Resolución General 2820 Procedimiento. Operaciones compraventa y/o locación bienes inmuebles. Agentes que intervienen en el mercado inmobiliario. “Registro de Operaciones Inmobiliarias”. Requisitos, plazos, formas y condiciones para su inscripción. Empadronamiento. Régimen de información. Resolución General 2168…

REAJUSTE DE ALQUILERES. Nulidad de cláusulas sobre renegociación durante los plazos mínimos legales. VALIDEZ DEL ALQUILER ESCALONADO


REAJUSTE DE ALQUILERES. Nulidad de cláusulas sobre renegociación durante los plazos mínimos legales. VALIDEZ DEL ALQUILER ESCALONADO Dres. Enrique Luis Abatti e Ival Rocca (h) y M.P. Armando Pepe (*) Sumario: I. Introducción. II. Fórmulas para fijar (estabilizar) alquileres de finalidad habitacional y lucrativa….

Nueva Ley de Defensa del Consumidor (Ley 26.361, modificatoria de la 24.240)


Nueva Ley de Defensa del Consumidor (Ley 26.361, modificatoria de la 24.240)
El año pasado el congreso aprobó la ley 26.361, modificatoria de la 24.240, denominada ley de Defensa del Consumidor.
Las modificaciones que establece son las siguientes:

Abarca a todos los servicios públicos, antes el reclamo debía realizarlo en el ente regulador.

La ley contempla la posibilidad de rescindir un servicio en la misma forma que fue contratado (telefónica o electrónica). Además el plazo que tiene el consumidor para revocar la aceptación de un bien o servicio se amplió a 10 días. Esto es muy importante, pues generalmente que es muy fácil contratar el servicio, generalmente de forma telefónica, pero las empresas obligan a los usuarios a una gran cantidad de trámites y/o a hacer colas para dar de baja el servicio.

La facultad de la autoridad de aplicación a determinar la existencia de daño directo a favor del usuario y la posibilidad de resarcir ese daño hasta un tope de $3000. Se delegan facultades judiciales a la Secretaría de Comercio para poder establecer estas indemnizaciones. Estas sumas serán deducibles de la eventual indemnización que se establezca en sede judicial. El rol del funcionario de Defensa del Consumidor como defensor de los intereses del consumidor está más definido, ya que a veces parecía más bien un mediador.

El aumento de las multas cuyos máximos pasan de 500 mil a cinco millones de pesos. Eleva las multas hasta en $5 millones para determinados incumplimientos. Lo recaudado en concepto de multas será destinada, el 50% para fomentar la educación al consumidor y el otro 50% engrosará las arcas del tesoro nacional.

El establecimiento del “daño punitivo”, una nueva categoría de daño que posibilita al juez que, independientemente de los perjuicios resarcidos, pueda fijar un monto indemnizatorio a favor del consumidor como una forma de incentivar al resto de las empresas a no incurrir en nuevos incumplimientos, y una especie de sanción ejemplificadora. El monto por este tipo de multas judiciales podría llegar a $5 millones y se sumarían a las administrativas.

Los consumidores podrán recurrir a los Tribunales Arbitrales de Consumo dentro de la jurisdicción donde viven los conflictos que padezcan con los prestadores de servicios o comercializadores de bienes.

Obliga a los bancos a informar de manera “detallada, cierta y objetiva” todos los cargos que cobran por mantenimiento de cuenta y créditos.

Las acciones judiciales serán totalmente gratuitas, lo que podría acarrear un gran incremento de demandas, con el agregado que como ambas instancias -administrativa y judicial- serían independientes, podría aparecer el conflicto de que una sede condene y que la otra no.

Se establece una indemnización para supuestos de error de facturación en un 25% del monto cobrado de más por el proveedor. Ese importe deberá ser devuelto al consumidor con los mismos intereses que cobra el prestador del servicio.

Una novedad en materia procesal es que la Secretaría de Comercio podrá ordenar como medida cautelar el cese de la conducta que presuntamente viole la ley de defensa del consumidor, otra es que será obligatoria la instancia conciliatoria previa al inicio de las actuaciones administrativas.

Se invierte la carga de la prueba, ahora será el proveedor quien deberá probar que cumplió con la Ley de Defensa del Consumidor.

Se establece una presunción a favor del consumidor, cuando la facturación supere el 75% del promedio de los últimos dos años se presume que el proveedor incurrió en un error y es éste último quien debe demostrar que lo facturado es correcto.

Se extendió a seis meses el plazo de garantía por vicios o defectos de las cosas muebles y la de bienes muebles usados que será de tres meses.

Se faculta a las asociaciones de consumidores y usuarios a accionar en defensa de sus asociados en caso de violaciones a la ley de defensa del consumidor.

Se dispone que la prescripción de las acciones será de 3 años salvo que exista algún plazo más beneficioso para el consumidor.

Las personas jurídicas podrán ser consideradas consumidores y reclamar el cumplimiento de esta ley.

No se podrá ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o sobre bienes o servicios que salvo autorización de la autoridad de aplicación otorgada en razón al interés general y debidamente fundadas.

Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de 5 (cinco) años.

Fuente: Estudio Juridico Dr. Herrera

Texto de la ley:

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Ley 26.361

Modificación de la Ley Nº 24.240. Disposiciones complementarias.

Sancionada: Marzo 12 de 2008

Promulgada Parcialmente: Abril 3 de 2008

El Senado y Cámara de Diputados

de la Nación Argentina reunidos

en Congreso, etc. sancionan

con fuerza de

Ley:

ARTICULO 1º — Sustitúyese el texto del artículo 1º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 1º: Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.

Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.

ARTICULO 2º — Sustitúyese el texto del artículo 2º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 2º: PROVEEDOR.

Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.

No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.

ARTICULO 3º — Sustitúyese el texto del artículo 3º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 3º: Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia.

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

ARTICULO 4º — Sustitúyese el texto del artículo 4º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 4º: Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.

ARTICULO 5º — Incorpórase como último párrafo del artículo 7º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente texto:

“La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley.”

ARTICULO 6º — Incorpórase como artículo 8 bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:

Artículo 8º bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas.

En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.

Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.

ARTICULO 7º — Sustitúyese el texto del artículo 10 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 10: Contenido del documento de venta. En el documento que se extienda por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá constar:

a) La descripción y especificación del bien.

b) Nombre y domicilio del vendedor.

c) Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere.

d) La mención de las características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley.

e) Plazos y condiciones de entrega.

f) El precio y condiciones de pago.

g) Los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el adquirente.

La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes.

Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto.

Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor.

La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley.

ARTICULO 8º — Incorpórase como artículo 10 ter de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:

Artículo 10 ter: Modos de Rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación.

La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario.

ARTICULO 9º — Sustitúyese el texto del artículo 11 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento.

La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.

ARTICULO 10. — Sustitúyese el texto del artículo 25 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 25: Constancia escrita. Información al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público.

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de atención al público carteles con la leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley Nº 24.240″.

Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.

Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.

ARTICULO 11. — Sustitúyese el texto del artículo 27 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 27: Registro de reclamos. Atención personalizada. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley. Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios.

ARTICULO 12. — Sustitúyese el texto del artículo 31 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 31: Cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los DOS (2) años anteriores se presume que existe error en la facturación.

Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio.

En los casos en que un prestador de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas el usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no reclamados.

El prestador dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días a partir del reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado.

Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador no le contestara en los plazos indicados, podrá requerir la intervención del organismo de control correspondiente dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la respuesta del prestador o de la fecha de vencimiento del plazo para contestar, si éste no hubiera respondido.

En los casos en que el reclamo fuera resuelto a favor del usuario y si éste hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine, el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con un crédito equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente.

Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador éste tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada con más los intereses que cobra por mora, calculados desde la fecha de vencimiento de la factura reclamada hasta la fecha de efectivo pago.

La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago.

La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración normativa dispuesta en los artículos 3º y 25 de la presente ley.

Las facultades conferidas al usuario en este artículo se conceden sin perjuicio de las previsiones del artículo 50 del presente cuerpo legal.

ARTICULO 13. — Sustitúyese el texto del artículo 32 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 32: Venta domiciliaria. Es la oferta o propuesta de venta de un bien o prestación de un servicio efectuada al consumidor fuera del establecimiento del proveedor. También se entenderá comprendida dentro de la venta domiciliaria o directa aquella contratación que resulte de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

El contrato debe ser instrumentado por escrito y con las precisiones establecidas en los artículos 10 y 34 de la presente ley.

Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado.

ARTICULO 14. — Sustitúyese el texto del artículo 34 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 34: Revocación de aceptación. En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada.

El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor.

Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria.

El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último.

ARTICULO 15. — Sustitúyese el texto del artículo 36 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 36: Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:

a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios.

b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios.

c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado.

d) La tasa de interés efectiva anual.

e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total.

f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses.

g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar.

h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.

Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.

En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.

La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.

El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley.

Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor.

ARTICULO 16. — Incorpórase como artículo 40 bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente texto:

Artículo 40 bis: Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a favor del consumidor.

Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño directo determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial.

ARTICULO 17. — Sustitúyese el texto del artículo 41 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 41: Aplicación nacional y local. La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 18. — Sustitúyese el texto del artículo 42 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 42: Facultades concurrentes. La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las facultades que son competencia de las autoridades locales de aplicación referidas en el artículo 41 de esta ley, podrá actuar concurrentemente en el control y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 19. — Sustitúyese el texto del artículo 43 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 43: Facultades y Atribuciones. La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes.

b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores y usuarios.

c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores o usuarios.

d) Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley.

e) Solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas con relación a la materia de esta ley.

f) Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.

La autoridad de aplicación nacional podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que se dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias las facultades mencionadas en los incisos c), d) y f) de este artículo.

ARTICULO 20. — Sustitúyese el texto del artículo 45 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 45: Actuaciones Administrativas. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores.

Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.

En el acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.

Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería.

Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de CINCO (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.

La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.

Las pruebas se admitirán solamente en casos de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.

En el acta prevista en el presente artículo, así como en cualquier momento durante la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.

Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación gozará de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.

Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho.

El recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando se hubiera denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.

Las disposiciones de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos, en el ámbito nacional y en lo que ésta no contemple las disposiciones del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueren incompatibles con ella.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales.

ARTICULO 21. — Sustitúyese el texto del artículo 47 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 47: Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:

a) Apercibimiento.

b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).

c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días.

e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación.

El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación conforme el presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir con los fines del Capítulo XVI —EDUCACION AL CONSUMIDOR— de la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo, conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a) de la misma. El fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación.

ARTICULO 22. — Sustitúyese el texto del artículo 49 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 49: Aplicación y graduación de las sanciones. En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.

Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de CINCO (5) años.

ARTICULO 23. — Sustitúyese el texto del artículo 50 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 50: Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

ARTICULO 24. — Sustitúyese el texto del artículo 52 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 52: Acciones Judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.

La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.

En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas.

Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente.

En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal.

ARTICULO 25. — Incorpórase como artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente texto:

Artículo 52 bis: Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.

ARTICULO 26. — Sustitúyese el texto del artículo 53 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 53: Normas del proceso. En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.

Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación.

Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.

Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

ARTICULO 27. — Incorpórase como artículo 54 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:

Artículo 54: Acciones de incidencia colectiva. Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación requerirá de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso.

La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga.

Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para la reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a la reparación y, si no pudieran ser individualizados, el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo afectado. Si se trata de daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser factible se establecerán grupos o clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán éstos estimar y demandar la indemnización particular que les corresponda.

ARTICULO 28. — Sustitúyese el texto del artículo 55 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 55: Legitimación. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.

Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.

ARTICULO 29. — Sustitúyese el texto del artículo 59 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 59: Tribunales Arbitrales. La autoridad de aplicación propiciará la organización de tribunales arbitrales que actuarán como amigables componedores o árbitros de derecho común, según el caso, para resolver las controversias que se susciten con motivo de lo previsto en esta ley. Podrá invitar para que integren estos tribunales arbitrales, en las condiciones que establezca la reglamentación, a las personas que teniendo en cuenta las competencias propongan las asociaciones de consumidores o usuarios y las cámaras empresarias.

Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia. Regirá el procedimiento del lugar en que actúa el tribunal arbitral.

ARTICULO 30. — Sustitúyese el texto del artículo 60 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 60: Planes educativos. Incumbe al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los Municipios, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de esta ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas.

ARTICULO 31. — Sustitúyese el texto del artículo 61 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

Artículo 61: Formación del Consumidor. La formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas inherentes al consumidor, orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de la utilización de los servicios. Para ayudarlo a evaluar alternativas y emplear los recursos en forma eficiente deberán incluir en su formación, entre otros, los siguientes contenidos:

a) Sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de los alimentos.

b) Los peligros y el rotulado de los productos.

c) Legislación pertinente, forma de obtener compensación y los organismos de protección al consumidor.

d) Información sobre pesas y medidas, precios, calidad y disponibilidad de los artículos de primera necesidad.

e) Protección del medio ambiente y utilización eficiente de materiales.

ARTICULO 32. — Derógase el artículo 63 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.

ARTICULO 33. — Incorpórase como artículo 66 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el siguiente:

Artículo 66: El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, dispondrá la edición de un texto ordenado de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor con sus modificaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 34. — Sustitúyese el texto del artículo 50 de la Ley Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito, por el siguiente:

Artículo 50: Autoridad de Aplicación. A los fines de la aplicación de la presente ley actuarán como autoridad de aplicación:

a) El Banco Central de la República Argentina, en todas las cuestiones que versen sobre aspectos financieros.

b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, en todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos comerciales, pudiendo dictar las respectivas normas reglamentarias y ejercer las atribuciones de control, vigilancia y juzgamiento sobre su cumplimiento.

Con relación al inciso b), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción, pudiendo delegar atribuciones, en su caso, en organismos de su dependencia o en las municipalidades. Sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación nacional podrá actuar concurrentemente aunque las presuntas infracciones ocurran sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias.

ARTICULO 35. — Sustitúyese el texto del artículo 22 de la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, por el siguiente:

Artículo 22: Toda resolución condenatoria podrá ser recurrida solamente por vía de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la condena.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada la resolución, y será concedido en relación y con efecto suspensivo excepto cuando se hubieren denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.

ARTICULO 36. — Sustitúyese el texto del artículo 27 de la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, por el siguiente:

Artículo 27: Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación y, en lo que éste no contemple, las del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueran incompatibles con ellas.

ARTICULO 37. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

—REGISTRADA BAJO EL Nº 26.361—

EDUARDO A. FELLNER. — JULIO CESAR C. COBOS. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

Decreto 565/2008

Bs. As., 3/4/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0112975/2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.361, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 12 de marzo de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 32 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.361, deroga el Artículo 63 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, que dispone: “Para el supuesto de contrato de transporte aéreo se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”.

Que las normas de defensa al consumidor nacen con la finalidad de actuar como correctores en los contratos de oferta masiva.

Que estas nuevas leyes no constituyen normas de fondo sino que resultan reglas protectivas y correctoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y la legislación vigente.

Que las mismas tienen por objeto actuar como efectivo control de cláusulas contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el ESTADO NACIONAL no interviene mediante un control genérico en actividades como el transporte aerocomercial por medio de una Autoridad de Aplicación específica, con cuerpos normativos especiales (Código Aeronáutico, Reglamentación del Contrato de Transporte Aéreo y Tratados Internacionales que integran el Sistema de Varsovia), con controles tarifarios, de autorizaciones de los servicios a prestarse, de habilitaciones del personal, de aeronaves, de talleres de mantenimiento y de horarios, rutas, frecuencias y equipos con los cuales se cumplirá.

Que el derecho de los usuarios del transporte aerocomercial está reglamentado en la Resolución Nº 1532 de fecha 27 de noviembre de 1998 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, “Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo”.

Que los países de mayor tráfico aéreo, también se rigen por reglamentos que sólo complementan las normas aeronáuticas comerciales. En el caso europeo, el Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de febrero de 2004, resulta una complementación de la norma de fondo vigente, esto es el Convenio de Montreal de 1999.

Que los principios de autonomía, integralidad, uniformidad e internacionalidad del derecho aeronáutico siguen siendo consagrados en los más altos tribunales, tanto es así que el Tribunal Supremo de Judicatura Inglés sostuvo en el caso “Sidhu c/ British Airways” en 1977, que los Tribunales de cada país no cuentan con la libertad de brindar recursos previstos por las normas de derecho interno, dado que ello significa socavar la Convención —refiriéndose a la Convención de Varsovia de la cual es miembro la República Argentina— y agregaba que ello representaría establecer en forma paralela a la Convención un Conjunto de normas completamente diferentes que distorsionaría el funcionamiento de todo el sistema.

Que la Corte Suprema de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en el caso “El Al Israel Airlines c/ Tseng” en 1999 manifestó que dado el esquema integral de reglas en materia de responsabilidad previsto por las normas de la Convención y su énfasis literal sobre la uniformidad, no podríamos llegar a la conclusión de que la intención de los delegados de Varsovia fuera que las Compañías de Transporte Aéreo estuvieran sujetas a normas de responsabilidad diferentes y que no guarden uniformidad con cada una de las partes signatarias.

Que entonces, la promulgación del proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor que incluya la derogación prevista en su Artículo 32, dejaría en pugna el principio de orden constitucional que otorga prioridad a los Tratados Internacionales sobre el orden interno, quedando inmediatamente sujeta a revisión judicial su aplicación.

Que sumado a las razones técnico jurídicas antedichas, de aprobarse la derogación propuesta, acarrearía inseguridad jurídica tanto a las empresas nacionales, —un sector que se encuentra con declaración del Estado de Emergencia del Transporte Aerocomercial por el Decreto Nº 1654 de fecha 4 de septiembre de 2002 y el Decreto Nº 1012 de fecha 7 de agosto de 2006— como a las internacionales que operan en la REPUBLICA ARGENTINA, a las cuales se las pretendería alcanzar con normas de derecho interno inspiradas en un régimen infraccional, excluyendo a las normas uniformes, internacionales y vigentes, para el NOVENTA POR CIENTO (90%) del transporte aerocomercial del mundo, dentro de los cuales se encuentra adherida la REPUBLICA ARGENTINA.

Que en virtud de lo señalado precedentemente resulta necesario observar el Artículo 32 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.361.

Que la presente medida no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA, EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º — Obsérvase el Artículo 32 del Proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.361.

Art. 2º — Con la salvedad establecida en el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el Proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.361.

Art. 3º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral, Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Martín Lousteau. — Julio M. De Vido. — Alicia M. Kirchner. — Aníbal F. Randazzo. — Juan C. Tedesco. — María G. Ocaña. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.

fUENTE: http://www.esderecho.com.ar/nueva-ley-de-defensa-del-consumidor-ley-26361-modificatoria-de-la-24240/

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley Ley del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios


Buenos Aires, 17 de mayo de 2007.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Ley del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
Título I
Del corredor inmobiliario
Capítulo I
De las condiciones de su ejercicio
Artículo 1°.- Objeto. El ejercicio del corretaje inmobiliario o intermediación en la negociación inmobiliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se rige por las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2°.- Definición. Corredor inmobiliario es toda persona que en forma normal, habitual y onerosa, intermedia entre la oferta y la demanda, en negocios inmobiliarios ajenos, de administración o disposición, participando en ellos mediante la realización de hechos o actos que tienen por objeto conseguir su materialización.
Artículo 3°.- Requisitos ejercicio. Para ejercer la actividad de corredor inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se requiere:
1. Estar habilitado conforme a las disposiciones de la presente ley.
2. Estar inscripto en la matrícula correspondiente.
Capítulo II
De la matrícula
Artículo 4°.- Ente responsable. La matrícula de los corredores inmobiliarios estará a cargo del ente público no estatal, con independencia funcional de los poderes del Estado que se crea por esta ley.
Artículo 5°.- Requisitos matriculación. Para ser inscripto en la matrícula de corredor inmobiliario se requiere:
1. Ser mayor de edad.
2. Poseer título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente de análogos contenidos expedido o revalidado en la República Argentina, conforme lo disponga la reglamentación.
3. Constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Contratar, a la orden del organismo que tenga a su cargo la matrícula, un seguro de caución o constituir la garantía real que establezca la reglamentación.
5. Prestar juramento de ejercer la profesión con decoro, dignidad y probidad.
6. Abonar las sumas que establezca la reglamentación.
7. No estar comprendido en lo estipulado por los arts. 7° y 8°.
Artículo 6°.- Seguro de Caución o Garantía o Garantía Real. A fin de garantizar el derecho de los usuarios en caso de sufrir daños y perjuicios por la actividad de los corredores inmobiliarios, el Colegio Profesional que tenga a su cargo la matrícula debe determinar anualmente el monto del seguro de caución o de la garantía real que deben tener los corredores inmobiliarios.
Tanto el seguro como la garantía real serán afectadas al pago de los daños y perjuicios que ocasione el mal desempeño de la actividad de corretaje inmobiliario del matriculado y las multas que se le apliquen en ocasión de la misma.
El matriculado podrá optar por cualquiera de las dos opciones propuestas, en caso de optar por la garantía real, la misma no puede ser ofrecida como garantía de ninguna otra obligación, ni tampoco estar constituida como bien de familia. Asimismo, para el caso de que la misma fuera embargada deberá ser sustituida en el plazo improrrogable de diez (10) días por otra similar.
Artículo 7°.- Inscripción en la matrícula. No pueden inscribirse en la matrícula:
1. Quienes no pueden ejercer el comercio.
2. Los condenados judicialmente por delitos contra la propiedad o la fe pública, hasta el cumplimiento de su condena.
3. Los inhabilitados judicialmente por las causales previstas en el artículo 152 bis del Código Civil.
4. Los sancionados con la cancelación de la matrícula de corredor mientras no sea objeto de rehabilitación.
5. Los fallidos y concursados hasta el finiquito de los procesos falimentario o concursal.
Artículo 8°.- Incompatibilidades. No pueden ejercer la actividad de corredor inmobiliario:
1. Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
2. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad en actividad.
Artículo 9°.- Sociedades. Los corredores inmobiliarios pueden constituir sociedades de cualquier tipo, con exclusión de los tipos societarios previstos en el art. 118 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales.
Capítulo III
De los deberes, derechos y prohibiciones
Artículo 10.- Deberes. Son deberes de los corredores inmobiliarios:
1. Comprobar la existencia de los títulos invocados para realizar la operación encomendada, debiendo guardar copia de los mismos.
2. Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas.
3. Hacer constar el número de su matrícula de corredor en toda documentación que suscriban. Cuando el corretaje lo realice una sociedad debe hacer constar su número de inscripción en la Inspección General de Justicia y el número de matrícula de su director responsable o de los integrantes.
4. Comunicar al organismo que tenga a su cargo la matrícula, todo cambio de domicilio legal dentro del plazo de cinco (5) días de producido.
5. Proponer los negocios con exactitud y claridad.
6. Guardar secreto sobre las operaciones en que haya intervenido, ejerciendo con idoneidad las funciones encomendadas.
7. Respetar en todos sus items lo encomendado por sus comitentes siempre que no atente contra la moral y las buenas costumbres.
Artículo 11.- Derechos. Son derechos de los corredores inmobiliarios:
1. Actuar como intermediarios en operaciones de compraventa, permuta, locación, leasing de bienes inmuebles y de fondos de comercio.
2. Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten y, de quien resulte cocontratante, la que se establezca por la ley. En el caso de tratarse de alquiler de inmuebles destinados a vivienda administrados por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los inquilinos.
3. Requerir directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales, entidades financieras y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de las actividades de corredor inmobiliario.
4. Informar sobre el valor de los bienes inmuebles, efectuando tasaciones judiciales y extrajudiciales.
5. Percibir el reintegro de los gastos efectuados cuando los encargos sean revocados por causas que no le sean imputables al corredor inmobiliario.
6. Administrar locaciones de inmuebles.
7. Solicitar de su comitente una autorización escrita en la cual se detalle plazo, tipo, modalidades y precio para la operación, con carácter exclusivo por el término convenido, así como la retribución pactada.
Artículo 12.- Publicidad. La publicidad que realicen los corredores inmobiliarios debe ser precisa, inequívoca, evitando incluir información que pueda inducir a error a los interesados, y observar las siguientes reglas:
1. Consignar la tipología de la oferta, en forma clara sin que permita más de una interpretación.
2. Cuando se ofrezcan facilidades para el pago del precio, o financiación, debe detallarse íntegramente la oferta, incluyendo expresamente las tasas a aplicarse en la financiación respectiva.
3. No ofrecer formas y condiciones de pago, o planes de financiación a cargo de terceros, que no hayan sido previamente acordados con éstos.
4. No anunciar calidades que los inmuebles ofrecidos no posean, o condiciones que no sean ciertas.
Artículo 13.- Prohibiciones. Está prohibido a los corredores inmobiliarios:
1. Permitir, en forma expresa o tácita, que su nombre o denominación sean utilizados para ejercer actos de corretaje por personas no matriculadas salvo por sus dependientes.
2. Aceptar encargos cuando les conste que la misma persona ha otorgado con anterioridad una autorización, cuyo plazo no ha expirado, a otro corredor o agente inmobiliario, o que no haya sido fehacientemente revocada por el comitente.
3. Realizar actos de administración, sin contar con autorización suficiente del comitente.
4. Retener valores, sin causa legal para hacerlo, o retener documentos de sus comitentes.
5. Procurar clientela por medios incompatibles con el decoro, la dignidad y probidad del corretaje inmobiliario.
6. Efectuar publicidad que pueda inducir a engaño a los interesados, o en la que se insinúen operaciones contrarias a la ley.
Artículo 14.- Libros rubricados. Los corredores inmobiliarios deberán llevar un libro rubricado por el Colegio que tenga a su cargo la matrícula en el cual consten por orden cronológico las operaciones encomendadas conformes al art. 11, inc. 7° y las realizadas, con la indicación del nombre y domicilio de los contratantes, ubicación del bien objeto de la negociación y principales condiciones del contrato celebrado, con expresa mención del monto total y las comisiones correspondientes.
Capítulo IV
De las personas no matriculadas
Artículo 15.- Prohibición de ejercicio. La persona no matriculada no puede ejercer actos de corretaje e intermediación inmobiliaria.
Artículo 16.- Derecho al cobro. La persona que sin estar matriculada como corredor inmobiliario realice actos de corretaje o intermediación inmobiliaria carece del derecho a exigir el pago de toda retribución a las partes contratantes. Tampoco tendrá derecho al cobro, aquel que esté inhabilitado o suspendido por el colegio que gobierne la matrícula.
Título II
Del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
Capítulo I
Creación y funciones
Artículo 17.- Creación. Créase el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 18.- Control del ejercicio y matriculación. El Colegio Único tendrá a su cargo y controlará el ejercicio de la profesión y actividad; como así también el otorgamiento y control de las matrículas en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 19.- Persona jurídica de derecho público. Denominación. El Colegio Único funcionará con el carácter, los derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.
Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares, de la denominación Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires u otros que por su semejanza puedan inducir a confusiones.
Artículo 20.- Poder Disciplinario. La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley y su reglamentación.
Artículo 21.- Funciones del Colegio. Serán funciones del Colegio:
1. Llevar registros personales de los colegiados y legajos individuales.
2. Controlar el ejercicio de la profesión y/o actividades de los colegiados.
3. Tener a su cargo el control y el gobierno de la matrícula.
4. Defender, asesorar y representar a los colegiados en el libre ejercicio de sus actividades.
5. Juzgar y sancionar a los colegiados frente a irregularidades cometidas en perjuicio de las partes contratantes.
6. Colaborar con los poderes públicos.
7. Administrar los fondos y bienes del Colegio.
8. Conceder, denegar, suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción de matriculados.
9. Crear un sistema de asesoramiento e información para el asociado y el público, el cual deberá contemplar el asesoramiento gratuito.
10. Dictar y hacer cumplir el Código de Ética Profesional.
11. Fijar el monto de la cuota anual de la matrícula y del seguro de caución.
Artículo 22.- Recursos. El patrimonio del Colegio se integrará con los siguientes recursos:
1. Cuota de inscripción de la matrícula y la anual que en el futuro establezca la reglamentación.
2. Donaciones, herencias y legados.
3. Multas y recargos.
4. Empréstitos.
Capítulo II
De las autoridades
Artículo 23.- Órganos del Colegio. Son órganos del Colegio de Corredores Inmobiliarios:
1. La Asamblea.
2. El Consejo Directivo.
3. El Tribunal de Ética y Disciplina.
4. La Comisión Revisora de Cuentas.
En la conformación de los órganos mencionados deberá garantizarse lo establecido en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad.
Capítulo III
De la Asamblea
Artículo 24.- Composición de la Asamblea. La Asamblea es el órgano superior del Colegio y está compuesta por un miembro por cada cien (100) matriculados elegidos por representación proporcional. Funciona con quórum de la mitad más uno de los miembros en su primera convocatoria y con un mínimo de un tercio en su segunda convocatoria.
Artículo 25.- Funciones de la Asamblea. Sus funciones son:
1. Establecer el importe de las cuotas anuales que deben abonar los matriculados y el arancel de inscripción a la matrícula; como así también el monto y la modalidad de la garantía real o personal establecida en la legislación nacional vigente.
2. Dictar el Código de Ética Profesional y las normas de procedimiento para su aplicación.
3. Dictar el reglamento electoral.
4. Aprobar el balance general, cuenta de resultados, memoria, presupuesto y toda otra documentación legal que corresponda.
5. Dictar un reglamento interno del Colegio Único.
Artículo 26.- Duración del mandato. La duración del mandato de sus miembros es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.
Capítulo IV
Del Consejo Directivo
Artículo 27.- Constitución del Consejo Directivo. El Consejo Directivo está constituido por nueve (9) miembros inscriptos en las matrículas con una antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la fecha de oficialización de la lista por la junta electoral, elegidos por voto secreto, directo y distribuidos por representación proporcional.
Artículo 28.- Duración del mandato. La duración del mandato es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de esta reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.
Artículo 29.- Elección de suplentes. Simultáneamente con los miembros titulares, y en la misma forma que éstos, se eligen nueve (9) miembros suplentes, los que pueden ser reelectos siempre que no hayan sido incorporados definitivamente como miembros titulares, en cuyo caso rigen las condiciones de reelección de los consejeros titulares.
Artículo 30.- Cargos. En la primera sesión que realice el Consejo Directivo después de cada elección, debe elegirse de entre sus miembros, procurando garantizar la pluralidad de la representación: presidente, vicepresidente 1°, vicepresidente 2°, secretario y tesorero, quienes duran en sus cargos dos (2) años. los restantes miembros se desempeñarán en calidad de vocales.
Artículo 31.- Funciones del Consejo Directivo. Corresponde al Consejo Directivo el gobierno, administración y representación del Colegio, ejerciendo en su plenitud las funciones, atribuciones y responsabilidades concedidas por el artículo 21 de la presente ley, salvo aquellas que por su naturaleza correspondan a alguno de los demás órganos, debiendo reunirse en sesión ordinaria al menos dos veces al mes y extraordinaria cada vez que sea convocada por el presidente o por la mitad del total de sus miembros.
Son funciones del Consejo Directivo:
1. Crear comisiones o subcomisiones, permanentes o transitorias, para fines determinados y a los efectos de un mejor cumplimiento de los objetivos del Colegio.
2. Girar al Tribunal de Ética y Disciplina los antecedentes sobre transgresiones a las disposiciones de esta ley y a la que reglamenta el ejercicio de las actividades alcanzadas, así como también al Código de Ética Profesional y reglamentos del Colegio en el que resultaren imputados los matriculados.
3. Hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones disciplinarias que se impongan, una vez que se encuentren firmes. Los certificados de deuda expedidos por el Consejo Directivo en concepto de multas, cuotas impagas y recargos constituyen título ejecutivo suficiente para iniciar su cobro por vía de apremio.
4. Disponer la publicación de las resoluciones que estime pertinentes.
5. Procurar la realización de los restantes fines que le han sido o le fueran confiados al Colegio.
6. Aceptar o rechazar las solicitudes de matriculación por resolución fundada.
7. Preparar, al cierre de cada ejercicio, la memoria anual y estados contables correspondientes.
8. Proyectar presupuestos económicos y financieros.
9. Nombrar y ascender al personal que sea necesario y fijar su remuneración. Removerlos de sus cargos respetando en todo las disposiciones de la legislación laboral vigente.
Artículo 32.- Funciones del presidente. Son funciones del presidente:
1. Ejercer la representación legal del Colegio.
2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo.
3. Citar al Consejo Directivo a las reuniones ordinarias, convocar a las extraordinarias que correspondan y preparar el orden del día con las propuestas que presenten los miembros del Consejo y los demás temas que deban ser tratados.
4. Presidir las reuniones del Consejo Directivo, dirigiendo sus debates.
5. Suscribir las escrituras, contratos y compromisos que correspondan, para formalizar los actos emanados del Consejo Directivo, juntamente con el secretario.
Artículo 33.- Sustitución de presidente. El vicepresidente 1° y, en su defecto, el vicepresidente 2° sustituyen al presidente cuando éste se encuentre impedido o ausente, y colaborarán con el presidente en el cumplimiento de las funciones de este último.
Artículo 34.- Funciones del secretario. Son funciones del secretario:
1. Organizar y dirigir las funciones del personal del Colegio.
2. Llevar un libro de actas de las reuniones del Consejo Directivo.
3. Suscribir con el presidente todos los documentos públicos y privados establecidos en el reglamento interno del Consejo.
4. Suscribir, juntamente con el presidente, convocatorias y actas del Consejo Directivo.
Artículo 35.- Funciones del tesorero. Son funciones del tesorero:
1. Organizar y dirigir las acciones relativas al movimiento de fondos del Colegio.
2. Firmar, juntamente con el presidente, las autorizaciones de pago y las disposiciones de fondos en orden a lo establecido en el reglamento interno del Colegio.
3. Dar cuenta del estado económico y financiero del Colegio al Consejo Directivo, y a la Comisión Revisora de Cuentas, cada vez que lo soliciten.
4. Informar mensualmente al Consejo Directivo sobre la situación de la Tesorería.
5. Depositar en bancos en cuentas a nombre del Colegio, con firma a la orden conjunta del presidente y del tesorero, los fondos del Colegio.
6. Dirigir y supervisar la confección de los registros contables del Colegio.
Artículo 36.- Funciones de los vocales. Los vocales cumplirán las funciones que les encomiende el Consejo Directivo.
Capítulo V
Del Tribunal de Ética y Disciplina
Artículo 37.- Composición del Tribunal de Ética y Disciplina. El Tribunal de Ética y Disciplina se compone con cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes, electos por el régimen de mayorías y minorías, correspondiendo tres (3) a la primera minoría, y uno (1) a cada una de las listas que obtuvieran la minoría, siempre y cuando superen el tres (3) por ciento de los votos. Si sólo una lista obtuviera más del tres (3) por ciento de los votos los dos cargos de la minoría serán para esa lista.
Artículo 38.- Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. Para ser miembro del Tribunal de Ética y Disciplina, se requiere estar inscripto en la matrícula con una antigüedad no inferior a diez (10) años cumplida a la fecha de oficialización de la lista por la Junta Electoral, y no ser miembro del Consejo Directivo o de la Comisión Revisora de Cuentas. La duración del mandato de sus miembros es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.
Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina son elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de todos los matriculados.
En caso de ausencia permanente de alguno/s de los miembros titulares, la incorporación del/los suplente/s sigue el mismo procedimiento que el establecido para los miembros del Consejo Directivo.
Artículo 39.- Poder Disciplinario. Ejercerá el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.
Artículo 40.- Excusación y recusación. Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina pueden excusarse y ser recusados en la misma forma y por la misma causa que los jueces del Poder Judicial.
Artículo 41.- Diligencias probatorias. El Tribunal puede disponer la comparecencia de testigos, inspecciones, exhibición de documentos y toda otra diligencia que considere pertinente para la investigación, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. En caso de oposición adopta las medidas administrativas pertinentes para posibilitar la sustanciación del caso.
Capítulo VI
De la potestad disciplinaria
Artículo 42.- Sanciones disciplinarias. Serán objeto de sanción disciplinaria:
1. Los actos u omisiones en que incurran los inscriptos en la matrícula, que configuren incumplimiento de obligaciones y/o incursión en alguna de las prohibiciones establecidas en la legislación nacional que regula el ejercicio de la actividad.
2. La violación a las disposiciones de la presente ley, a la normativa arancelaria y a las que se establecen en el Código de Ética Profesional.
Artículo 43.- Graduación de las sanciones. Las sanciones disciplinarias se gradúan según la gravedad de la falta y los antecedentes del imputado, y son las siguientes:
1. Advertencia privada.
2. Apercibimiento público.
3. Multas.
4. Suspensión en la matrícula por un período que puede extenderse entre un (1) mes y un (1) año.
5. Cancelación de la matrícula, no pudiendo solicitar la reinscripción antes de transcurridos (5) cinco años desde que la sanción quedare firme.
Artículo 44.- Inhabilitación. Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el matriculado puede ser inhabilitado accesoriamente para formar parte de los órganos del Colegio por hasta:
1. Tres (3) años con posterioridad al cumplimiento de la suspensión, en caso de matriculados alcanzados por la sanción que establece el inc. 3° del art. 43.
2. Cinco (5) años a partir de la reinscripción en la matricula, en el caso de los matriculados alcanzados por la sanción que establece el inc. 4° del art. 43.
Artículo 45.- Actuación del Tribunal: El Tribunal de Ética y Disciplina actúa.
1. Por denuncia escrita y fundada;
2. Por resolución motivada del Consejo Directivo;
3. Por comunicación de magistrados judiciales;
4. De oficio, dando razones para ello.
Artículo 46.- Prescripción. Las acciones disciplinarias contra los matriculados prescriben a los cinco (5) años de producirse el hecho que las motive.
La prescripción se interrumpe por los actos de procedimiento que impulsen la acción.
Artículo 47.- Mayorías. Las sanciones de los incisos 1) y 2), del artículo 43 se aplican por decisión de simple mayoría de los miembros del Tribunal.
Las sanciones de los incisos 3) y 4) del artículo 43 requerirán el voto de mayoría absoluta de los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina.
Artículo 48.- Recursos. Todas las sanciones aplicadas por el Tribunal de Ética y Disciplina serán recurribles por los interesados ante el Consejo Directivo. El procedimiento recursivo deberá contemplar estrictamente el derecho de defensa. Cuando la sanción sea la cancelación de la matrícula, la revisión será por la asamblea, la cual tomará su decisión por mayoría absoluta del total de los miembros, en un plazo máximo de (15) quince días, el cual una vez cumplido deja expedita la revisión judicial, ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Capítulo VII
De la Comisión Revisora de Cuentas
Artículo 49.- Composición de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas está integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Tanto los titulares como los suplentes, lo serán dos (2) en representación de la mayoría y uno (1) de la minoría, siempre y cuando ésta supere el tres (3) por ciento de los votos. La duración del mandato de sus miembros es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.
Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere:
1. Figurar inscripto en la matrícula de corredor inmobiliario con una antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la fecha de oficialización de las listas por la Junta Electoral.
2. No ser miembro de los órganos del Colegio al tiempo de su elección.
Artículo 50.- Funciones de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas tiene a su cargo la tarea de control de la administración, destino y aplicación de los fondos que recaude el Colegio por cualquier concepto y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales, debiendo emitir un dictamen anual, que se publicará con la memoria y los estados contables del Colegio.
Capítulo VIII
De la remoción de los miembros integrantes de los órganos
del Colegio de Corredores Inmobiliarios
Artículo 51.- Causales de remoción. Los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética y Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas sólo pueden ser removidos de sus cargos por las siguientes causas:
1. La inasistencia no justificada en un mismo año a cuatro (4) reuniones consecutivas de los órganos a que pertenecen, o a ocho (8) alternadas.
2. Violación a las normas de esta ley y al Código de Ética Profesional.
Artículo 52.- Oportunidad de la remoción. En los casos señalados en el inciso 1) del artículo anterior, cada órgano decide la remoción de sus miembros luego de producida la causal.
En el caso del inciso 2), actuará la Asamblea de oficio o por denuncia del órgano correspondiente. Sin perjuicio de ello, el órgano que integra el acusado puede suspenderlo preventivamente por el lapso que dure el proceso incoado y siempre y cuando la decisión se adopte mediante el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.
Capítulo IX
Disposiciones transitorias
Artículo 53.- Comisión Normalizadora. Se constituye una Comisión Normalizadora con un mínimo de 9 (nueve) miembros encargada de la organización inicial del Colegio. Sus integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo previa consulta a las entidades representativas de los corredores inmobiliarios con personería jurídica que tengan como mínimo 3 (tres) años de antigüedad en su funcionamiento.
Artículo 54.- Derechos y Obligaciones. Quienes resulten designados para integrar la Comisión Normalizadora, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
1. Comenzar de inmediato al empadronamiento y matriculación de los corredores inmobiliarios, contando para finalizar su cometido con un plazo de ciento ochenta (180) días.
2. Estarán autorizados a alquilar, contratar en comodato o aceptar en donación o cualquier otra vía gratuita, un inmueble para sede, a contratar y remover el personal necesario para realizar su cometido, como así también para poner en funcionamiento de inmediato todo lo enmarcado en la presente ley.
3. Convocar a elecciones a realizarse en un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días, contado a partir de su integración, dictando al efecto un reglamento electoral provisorio.
Artículo 55.- Eximición de requisitos. Las personas que acrediten fehacientemente ante el organismo que tenga a su cargo la matrícula, haberse dedicado en forma habitual al corretaje inmobiliario durante dos (2) años antes de la entrada en vigencia de la presente ley, tienen un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, a partir de la convocatoria que al efecto realice la comisión normalizadora, para solicitar su matriculación, estando eximidas, por esta única vez del cumplimiento de los requisitos previstos en el inc. 2° del art. 5° de la ley
Quedan asimismo eximidos de cumplir con el requisito del art. 5°, inc. 2° de la presente ley, las personas que acrediten mediante certificado de vigencia expedido por la Inspección General de Justicia su inscripción en la matrícula de corredor, contando con el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta ley para solicitar su matriculación en el Colegio.
Artículo 56.- Antigüedad. La antigüedad de cinco (5) años requerida en los arts. 27 y 49, como así también la de diez (10) años requerida en el art. 38 de la presente ley, sólo se aplicarán a partir de que el Colegio que por esta ley se crea tenga cinco (5) y diez (10) años de antigüedad, respectivamente. Hasta tanto se llegue a dicha antigüedad, se exigirá que los candidatos a ocupar dichos cargos tengan los años de antigüedad que al momento de oficializarse las candidaturas tenga el Colegio que esta ley crea.
Artículo 57.- Hasta tanto se regulen los aranceles según lo previsto en el inciso 2° del artículo 11, para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al cuatro, quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato.
Artículo 58.- Emergencia habitacional: por un período de dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente, para el caso de las locaciones destinadas a vivienda única y cuyo alquiler mensual sea inferior o igual a los ochocientos (800) pesos, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al tres por ciento (3%) del valor total del respectivo contrato.
Artículo 59.- Comuníquese, etc.
SANTIAGO DE ESTRADA
ALICIA BELLO
LEY N° 2.340
Sanción: 17/05/2007
Promulgación: Decreto Nº 862/007 del 15/06/2007
Publicación: BOCBA N° 2711 del 25/06/2007

El Gobierno derogaría el impuesto al cheque


Economía y Política
El Gobierno derogaría el impuesto al cheque
Según el ministro del Interior, Florencio Randazzo, la medida “es una de las variantes” que se analizó en la reunión entre la presidenta Cristina Fernández y los gobernadores peronistas que terminó en Olivos a las 16.
AGENCIAS Buenos Aires ()
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17:52 | Economía y Política

Muerto el perro se acabó la rabia, sería la consigna. El Gobierno está dispuesto a salir por arriba del laberinto de la disputa por los fondos entre Nación y provincias y analizará la posibilidad de derogar el impuesto al cheque, una curiosa forma de responder a las presiones de la oposición para coparticiparlo.

Así lo manifestó hoy el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien aseguró esta tarde que la medida “es una de las variantes” que se analizó en la reunión entre la presidenta Cristina Fernández y los gobernadores peronistas.

“Analizamos todas las variantes. Una de las variantes es la eliminación del impuesto al cheque, que talvez no sea ahora, porque hay que hacerlo con responsabilidad”, precisó Randazzo, al hablar a la salida del encuentro que se realizó en Olivos.

El almuerzo que la Presidenta mantuvo con jefes de los estados provinciales afines terminó poco después de las 16. Aunque fue a puertas cerradas, un despacho de la agencia DyN indica que la jefa de Estado pronunció un extenso discurso donde expuso la postura del Gobierno frente a la embestida opositora por manejar los fondos federales.

Fernández de Kirchner ubicó a su derecha en la mesa principal al cordobés Juan Schiaretti y a la izquierda al bonaerense Daniel Scioli.

Los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y de Chubut, Mario Das Neves, fuero los únicos justicialistas ausentes.

Estuvieron presentes, en cambio, Daniel Scioli (Buenos Aires); Sergio Urribarri (Entre Ríos); Luis Beder Herrera (La Rioja); José Luis Gioja (San Juan); Jorge Capitanich (Chaco); Juan Manuel Urtubey (Salta); Gildo Insfrán (Formosa); Maurice Closs (Misiones); Celso Jaque (Mendoza); Miguel Saiz (Río Negro). También Gerardo Morales (Santiago del Estero); Walter Barrionuevo (Jujuy); Jorge Alperovich (Tucumán); Jorge Sapag (Neuquén); Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca); Juan Schiaretti (Córdoba); Oscar Jorge (La Pampa) y Daniel Peralta (Santa Cruz).

El Gobierno todavía no confirmó si ambos gobernadores ya fueron invitados a la próxima reunión que, con el mismo objetivo, la jefa del Estado convocó para el martes venidero con el resto de los mandatarios provinciales

Hasta ahora sólo el santafesino Hermes Binner y el radical oficialista de Corrientes Ricardo Colombi adelantaron que recibieron el llamado de la Rosada.

En la lista de los pendientes para el martes están también la arista Fabiana Ríos de Tierra del Fuego, el radical de Catamarca Eduardo Brizuela del Moral, que milita en el cobismo, y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Impuesto al cheque, los números

Se prevé que para el 2010 se recaudará en concepto de impuesto al cheque aproximadamente $23.500 millones. Tal como se distribuye hoy, la nación recibirá aproximadamente $20.000 millones y las provincias los restantes $3.500 millones. Esto se debe a que la ley del impuesto al cheque establece que el 70% de lo recaudado va directamente a la nación y sólo el restante 30% se incorpora a la masa coparticipable, desde donde la nación vuelve a recibir. Por ello es que la nación recibe prácticamente el 85% del impuesto.
fuente: El cronista.com

Ley 10973 Texto con la reforma Ley 14085


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Ley 10973 Texto con la reforma Ley 14085 (en color azul)

TITULO I

DE LOS MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS

CAPITULO I

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

Artículo 1º.-

Provincia de Buenos Aires, se requiere:

Para ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público en el territorio de la
a) Poseer título Universitario de Martillero y Corredor Público, expedido por

Universidades Nacionales o Provinciales, de gestión estatal o de gestión privada, o

revalidado en la República Argentina con arreglo a las reglamentaciones vigentes.

b) Estar inscripto en alguno de los Colegios Departamentales donde tiene denunciado

su domicilio legal, a los efectos del desarrollo de su actividad.

Artículo 2º.-

se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones:

a) Hayan sido condenados con accesorias de inhabilitación para ejercer cargos

públicos y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafa y otras defraudaciones,

usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta

cumplida la condena.

b) Los fallidos mientras dure su inhabilitación.

Serán inhabilitados por los Colegios Departamentales, los colegiados que
c) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción

disciplinaria.

d) Los comprendidos en el Art. 152º bis del Código Civil.

Artículo 3º.-

ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público

Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de fondo respectivas, no podrán.
a) Los que ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyo

desempeño se requiera otro título habilitante.

b) Los Magistrados, Funcionarios y empleados de la Administración de Justicia Nacional y

Provincial.

c) Los eclesiásticos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad.

Artículo 4º

no se solicite la cancelación de la inscripción en el Registro de la matrícula profesional o no se

produzca la separación del cargo o función o no desaparezca la condición que crea la

incompatibilidad.

.-Las incompatibilidades que determina el artículo anterior perduran hasta tanto
CAPITULO II

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MATRICULAS.

Artículo 5º.-

presentar su solicitud de inscripción al Colegio Departamental del que vaya a formar parte,

Para ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público, el interesado deberá
debiendo reunir los requisitos exigidos por esta Ley y su reglamentación.

La inscripción en cualquiera de los Colegios Departamentales habilita para el ejercicio de la

profesión en la totalidad del territorio provincial sin más trámite.

Para la inscripción se exigirá:

a) Acreditar identidad personal.

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b) Presentar título universitario, en su original, otorgado en conformidad con la

legislación vigente que regula la especie, y lo establecido en el artículo 1° inc. a) de la

presente Ley.

c) Manifestar bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades e

incompatibilidades establecidas en la legislación de fondo y local aplicables.

d) Denunciar su domicilio real y permanente y constituir domicilio legal en la jurisdicción

departamental

relaciones con sus comitentes, la Justicia y el Colegio profesional.

Los Martilleros y Corredores Públicos no podrán estar inscriptos en más de un Colegio.

En todos los casos prevalecerá como domicilio legal el de la oficina del colegiado, mientras

que si tuviese varias, prevalecerá el domicilio de la oficina donde al mismo tiempo se

encuentre su lugar de residencia.

del Colegio donde pretenda inscribirse, el que servirá a los efectos de sus
e) Acreditar buena conducta mediante la certificación de antecedentes penales y de

reincidencia.

Artículo 6º.-

Con la solicitud de inscripción en el Registro de Matrículas se formará legajo.
El Colegio verificará si el peticionante reúne las condiciones requeridas y se expedirá

en el transcurso de treinta (30) días.

Decretada la inscripción, el profesional prestará juramento ante el Presidente del

Consejo, de cumplir fielmente con sus deberes y obligaciones que le están impuestos

por la normativa vigente, quedando habilitado para ejercer su profesión.

El Colegio Departamental a solicitud del inscripto, deberá expedir una credencial y

certificado habilitante en el que constará su identidad, domicilio, tomo y folio, o

número de inscripción, comunicando el alta respectiva al Consejo Superior y a la Caja

de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos

Aires, respectivamente.

Artículo 7º.-

cumplimiento a las exigencias requeridas por el artículo 5º, además de las

inhabilidades e incompatibilidades prescriptas por los artículos 2º y 3º de la presente.

La decisión denegatoria será apelable por recurso que se interpondrá directamente

ante el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la

Provincia, dentro de los diez (10) días de notificada.

A su vez del pronunciamiento de este último órgano, se procederá conforme lo

determina la legislación vigente en la materia.

Se denegará la inscripción cuando el solicitante no hubiera dado
El Martillero

nueva solicitud probando ante el Colegio haber desaparecido las causales que fundaron la

denegatoria.

y/o Corredor Público cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar una
Artículo 8º.-

conservar y depurar el Registro de Matrículas de sus colegiados en ejercicio, dentro de su

Departamento, debiendo comunicar cualquier modificación que sufran los mencionados

Registros al Colegio de la Provincia de Buenos Aires y a la Caja de Previsión Social para

Martilleros y Corredores Públicos.

Corresponde a los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos atender,
Artículo 9º.-

Provincia confeccionará la clasificación de los profesionales inscriptos en el Registro de

Matrículas.

El Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la
Artículo 10º.-

anotarán sus datos de filiación, títulos profesionales, empleos o funciones que desempeñen,

domicilio y sus traslados y todo cuanto pueda provocar una alteración en los registros

pertinentes de la matrícula, así como las sanciones impuestas y méritos acreditados en el

ejercicio de su actividad.

Dichos legajos serán públicos.

De cada Martillero y Corredor Público se llevará un legajo personal, donde se
3

Los Martilleros y Corredores Públicos deberán tener oficina, la que estará dedicada

exclusivamente al servicio de los fines profesionales. Todo cambio de oficina así como el cese

o reanudación de las actividades profesionales, deberá ser comunicado al Colegio pertinente

dentro del término de cinco (5) días.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo respecto de los colegiados

dará lugar a sanción disciplinaria.

Artículo 11º.-

la de los Funcionarios a cargo del Organismo de contralor, conservar siempre visibles

en sus oficinas o despachos una nómina de los Martilleros y Corredores Públicos

inscriptos en el Departamento para sorteos de oficio.

Es obligación de las Autoridades Judiciales actuantes, como así también
Las listas estarán depuradas antes de realizar cada sorteo o designación de oficio de acuerdo

a las comunicaciones del Colegio. Su inobservancia constituirá falta grave.

TITULO II

DE LOS COLEGIOS DE MARTILLEROS Y

CORREDORES PÚBLICOS

CAPITULO I.

COMPETENCIA – PERSONERIA

Artículo 12º.-

Corredores Públicos a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

Estos Colegios tendrán el carácter de personas jurídicas de derecho público, para el mejor

cumplimiento de sus fines.

En cada Departamento Judicial funcionará un Colegio de Martilleros y
Artículo 13º.-

Departamento Judicial a cuya jurisdicción corresponda y se designará con el aditamento de

este.

Cada Colegio tendrá su asiento en la ciudad cabecera donde funcione el
Artículo 14º.-

Judicial pertenecerá al Colegio que determine el artículo 5º, pero en todos los casos los actos

profesionales que ejecutare en otro departamento serán juzgados por el Colegio donde se

encuentre inscripto.

Cuando un Martillero o Corredor Público ejerza en más de un Departamento
CAPITULO II.

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COLEGIOS

Artículo 15º.-

a) Llevar el Registro de la Matrícula y ejercer su gobierno.

b) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados con las limitaciones de esta Ley.

c) Decidir todo lo referente a las inscripciones de las matrículas en los respectivos registros,

conforme a esta Ley y su reglamentación.

d) Velar por el cumplimiento de esta Ley, su reglamentación y las resoluciones que dicte el

Honorable Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires.

e) Preparar anualmente y elevar a los Jueces y Tribunales las listas de colegiados para los

nombramientos de oficio.

f) Propender al progreso y mejoramiento de la legislación relacionada con las profesiones de

Martillero y/o Corredor Público y a su mejor capacitación profesional.

g) Recibir el juramento profesional, otorgar certificados y credenciales a sus integrantes y a

los inscriptos en el Registro de Matrículas.

h) Resolver las cuestiones que, siendo de su competencia, le sometan los colegiados.

i) Ser parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios

Los Colegios Departamentales tienen por objeto y atribuciones:
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Departamentales, de la presente Ley y su reglamentación, a cuyo efecto podrán otorgar

poderes.

j) Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que los poderes públicos les

encomienden, que se refieran a las profesiones de Martilleros y/o Corredores Públicos.

k) Mantener relaciones con Entidades similares y estimular la unión y armonía entre

Colegiados, fomentando el espíritu de solidaridad y asistencia recíproca entre los miembros

de la profesión.

l) Fundar y sostener una biblioteca pública con preferente carácter de especialización y

publicar o contribuir a la publicación de un órgano de difusión que refleje la actividad

profesional.

ll) Participar por medio de delegaciones, en reuniones, conferencias, congresos, federaciones

y consejos siempre que conserven su autonomía de gobierno.

m) Adquirir y administrar bienes de cualquier naturaleza, contraer obligaciones, aceptar

donaciones, legados o herencias y administrar el patrimonio social, pudiendo disponer de sus

bienes con previo consentimiento de la Asamblea.

n) Proponer al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, los proyectos de

reglamentación que entiendan útiles para el mejor funcionamiento de los Colegios.

o) Administrar la cuota de inscripción y cuotas anuales,

ingresos que se determinen

abonarán todos los Martilleros y/o Corredores Públicos que ejerzan en el Departamento.

p) Fijar el presupuesto anual de ingresos y gastos, de cuya aplicación se rendirá cuenta ante

la Asamblea.

q) Contribuir al mejor funcionamiento de la Caja de Previsión Social.

contribuciones, multas y demás, que esta Ley crea para el sostenimiento de los colegios y que
CAPITULO III –

DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS

Artículo 16º.-

de Martillero y/o Corredor Público, a cuyo efecto se les confiere poder disciplinario, que

ejercitarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas de orden

individual y de las medidas que puedan aplicar los Magistrados Judiciales.

Es obligación de los Colegios fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones
Artículo 17º.-

exclusiva las sanciones disciplinarias a que se hagan pasibles los colegiados. Son causas de

sanción:

a) Pérdida de la ciudadanía.

El Tribunal de Disciplina, dentro de la esfera Colegial, aplicará en forma
b) Condena criminal, en los casos del artículo 2º de la Ley Nacional 20.266 y sus

modificatorias.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 52º o la violación de las

prohibiciones del artículo 53º, así como lo establecido en la legislación nacional vigente en la

materia.

d) Adquirir para sí o para persona de su familia con grado de parentesco inmediato las

cosas cuya venta le haya sido encargada.

e) Retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus comitentes.

f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto sobre aranceles fijados por esta Ley.

g) Violación a las normas de la Ley de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos.

h) Violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los artículos 2º y 3º

Ley.

de esta
i) Violación de las normas contenidas en el Código de Ética Profesional.

j) Abandono de gestión encomendada en perjuicio de terceros, por cambios de domicilio legal

o traslado de oficina sin dar aviso al Colegio Departamental.

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k) No llevar libros en la forma prescripta por el Código de Comercio, esta Ley y su

reglamentación.

l) Inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un (1) año

sin causa justificada al Consejo Directivo y/o Tribunal de Disciplina.

ll) Violación a las normas de publicidad que contempla esta Ley y su reglamentación.

m) Contravención a las disposiciones de esta Ley, su

por el Consejo Directivo u Honorable Consejo Superior.

reglamentación y resoluciones dictadas
Artículo 18º.-

sancionado podrá ser inhabilitado para desempeñar cargos en los organismos que crea esta

Ley, hasta un máximo de cinco (5) años.

Sin perjuicio de las medidas disciplinarias el Martillero y/o Corredor Público
Artículo 19º.-

a) Amonestación escrita.

b) Multa de hasta veinte (20)

sanción

Las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a los colegiados son:cuotas anuales colegiales, vigentes al momento de la
c) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta dos (2) años.

d) Cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula.

Artículo 20º.-

aplicarán por el Tribunal de Disciplina con el voto de la mayoría de los miembros que

lo componen, y las previstas en los incisos c) y d) por las cuatro quintas (4/5) partes de

los miembros del Tribunal.

Las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo anterior, se
En todos los casos, la sanción será apelable ante el Honorable Consejo Superior del Colegio de

Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días

hábiles contados desde su notificación.

El Tribunal de Disciplina correspondiente deberá elevar las actuaciones dentro del

término de diez (10) días posteriores a la interposición del recurso.

Las resoluciones del Honorable Consejo Superior podrán recurrirse según lo determina la

legislación vigente en la materia.

Artículo 21º.-

a) Por haber sido sancionado el Martillero y/o Corredor Público inculpado, en tres (3)

oportunidades, por las causales previstas en los incisos b) o c) del artículo 19º.

b) Por haber sido condenado por delito doloso.

La sanción del artículo 19º inciso d) sólo podrá ser resuelta:
Artículo 22º.-

colegiados, por simple comunicación de los Magistrados, por denuncia de reparticiones

administrativas o por el Consejo Directivo.

Para el caso de denuncias de particulares y/o colegiados, previo a todo otro trámite, deberá

requerirse la ratificación de la denuncia.

El Consejo Directivo requerirá explicaciones al denunciado y decidirá mediante resolución

fundada

Si se resolviere la formación de causa disciplinaria, se pasarán las actuaciones al Tribunal de

Disciplina, el que dará conocimiento de las mismas a las partes, emplazándolos para que

presenten pruebas y defensas dentro de los quince (15) días hábiles.

Producida aquella, el Tribunal de Disciplina resolverá sin más trámite, dentro del plazo que

determine la reglamentación, comunicando su resolución al Consejo Directivo para su

cumplimiento y anotación en el legajo personal del colegiado.

La resolución del Tribunal de Disciplina será siempre fundada.

La acción disciplinaria puede iniciarse por denuncia del agraviado, de lose inapelable, si existe o no razón para la formación de causa disciplinaria.
Artículo 23º.

preventivamente al colegiado que se encuentre bajo proceso en causa en que se le impute la

comisión de un delito contra la propiedad, contra la administración o contra la fe pública.

El Tribunal de Disciplina es competente también para suspender
6

Artículo 24º.-

hecho que autoriza su ejercicio.

Las acciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años de producido el
La iniciación de la acción interrumpe la prescripción por igual término.

Cuando el hecho pudiera dar lugar a la sanción establecida en el art. 19 inc. d), la

prescripción de la acción se producirá a los cinco (5) años de ocurrido el hecho.

El plazo de prescripción de la acción, se interrumpirá por la interposición de la

denuncia, o notificación fehaciente que intime a la reparación del perjuicio ocasionado.

La prescripción también se interrumpe por la secuela regular del procedimiento.

Podrá suspenderse el procedimiento de las causas disciplinarias, cuando sea necesario

esperar el dictado de la sentencia en causa judicial.

Cuando la denuncia fuese presentada ante órgano incompetente, su sola presentación

suspenderá el término de prescripción, por el plazo de noventa (90) días corridos.

Los plazos de prescripción se suspenderán cuando el inicio de la causa disciplinaria

dependiera del dictado de un fallo en sede judicial y hasta tanto éste último adquiera

firmeza.

Artículo 25º.-

admitido en la actividad, en las condiciones previstas por el artículo 2º de la presente

Ley.

El Martillero y/o Corredor Público sancionado por sentencia penal será
CAPITULO IV.-

AUTORIDADES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL

Artículo 26º.-

a) La Asamblea;

b) El Consejo Directivo;

c) El Tribunal de Disciplina. Los miembros del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina,

serán elegidos en Asamblea y durarán cuatro (4) años en sus funciones, renovándose por

mitades cada bienio.

Son Organos Directivos de la Institución:
Artículo 27º.-

Directivo y Tribunal de Disciplina.

Podrán excusarse los mayores de setenta (70) años y los que hayan desempeñado en el

período inmediato anterior alguno de dichos cargos.

Decláranse cargas públicas las funciones de los miembros del Consejo
Artículo 28º

Públicos que inscriptos en el registro, adeuden la cuota anual establecida en la

presente Ley.

Tampoco podrán ser elegidos quienes se encuentren con sus cuentas previsionales en

mora al momento de su postulación.

.- No pueden ser electores en ningún caso los Martilleros y/o Corredores
El voto es obligatorio.

El que sin causa justificada no emitiere su voto sufrirá una multa equivalente al veinte

por ciento (20%) del valor de la cuota anual vigente a la fecha de la Asamblea. Dicha

sanción será aplicada por el Consejo Directivo cuyos importes serán destinados al

Colegio Departamental respectivo.

CAPITULO V.

DE LAS ASAMBLEAS

Artículo 29º.-

Asamblea para considerar los asuntos de competencia del Colegio que deben figurar en el

Orden del Día. El año que corresponda renovar autoridades se incluirá en el Orden del Día la

Cada año en la fecha y forma que establezca la reglamentación se reunirá la
7

correspondiente convocatoria.

Artículo 30º.-

escrito

menos, o por resolución del Consejo Directivo,

competencia del mismo en el marco de la presente Ley los que deberán figurar en el

orden del día.

Podrá citarse también a Asamblea Extraordinaria cuando lo soliciten porcomo mínimo el veinticinco por ciento (25%) de los miembros del Colegio, por lopara considerar los asuntos de
Artículo 31º.-

inscriptos.

Si a la hora de la citación no hubiera número suficiente, funcionará válidamente una hora

después con los asistentes, siempre que su número no sea inferior a diez (10), excluyendo los

integrantes del Consejo, a los efectos de la formación de quórum.

Las citaciones se harán mediante comunicación dirigida al domicilio de los colegiados y por

publicaciones en un diario de la ciudad de asiento del Colegio durante tres (3) días

consecutivos.

Los integrantes del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina serán elegidos en comicio

en los que el voto será secreto y obligatorio.

Su elección será por el sistema de lista incompleta.

Cuando se oficialicen dos o más listas, se consagrará para la mayoría las dos terceras (2/3)

partes de los candidatos presentados según su orden de colocación en cada lista.

El tercio restante de candidatos presentados se adjudicará a la lista que siga en número de

votos, siempre que obtuviere un tercio (1/3) de los votos válidos emitidos.

Si esto no ocurriera, la lista mayoritaria se adjudicará la totalidad de los cargos.

Los Consejeros suplentes llamados a sustituir a los Consejeros titulares, serán los electos en el

mismo acto y pertenecientes a la misma lista que los titulares que deberán reemplazar.

El reglamento determinará el régimen electoral y procedimiento eleccionario.

La Asamblea funcionará con la presencia de más de un tercio (1/3) de los
CAPITULO VI.

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 32º.-

Vicepresidente Primero, un (1) Vicepresidente Segundo, un (1) Secretario General, un (1) Pro

Secretario, un (1) Secretario de Actas, un (1) Tesorero, un (1) Pro Tesorero y cinco (5) Vocales

Titulares. Se elegirán asimismo cinco (5) Vocales Suplentes.

Para ser miembro del Consejo se requiere un mínimo de

ejercicio ininterrumpido en la actividad profesional en el respectivo Departamento, tener

domicilio real en el mismo y no estar incurso en lo dispuesto por el artículo 17º de la presente

Ley.

Para poder ser elector se requiere un mínimo de un (1) año de ejercicio en la profesión.

El Consejo Directivo estará compuesto por un (1) Presidente, un (1)un (1) año de colegiación, con
Artículo 33º.-

graves cometidas en el ejercicio de su mandato, mediante acusación formulada por un

quinto (1/5) de los miembros del Colegio, o bien en el caso que sus miembros excedan de

quinientos, la misma se realice por cien colegiados, o por resolución del Consejo Directivo

mediante el voto secreto de los dos tercios (2/3) de los miembros que lo componen.

Se formará un jurado especial integrado por diez (10) miembros a sortearse entre los

colegiados activos.

Los integrantes del Jurado deberán tener cinco (5) años de ejercicio profesional y más de

Los miembros del Consejo Directivo podrán ser objeto de remoción por faltas
treinta y cinco (35) años de edad.

Los miembros desinsaculados podrán ser recusados por las mismas causas que los

Camaristas en lo Criminal y Correccional, y por una sola vez.

8

Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable.

El Jurado actuará bajo la presidencia del colegiado con mayor antigüedad en la matrícula y

sesionará con un quórum de siete (7) miembros; sus decisiones se adoptarán por mayoría

absoluta.

Se tendrá por desestimada la acusación que no reúna las condiciones exigidas por este

artículo.

La resolución que recaiga podrá ser apelada por ante el Colegio de Martilleros y Corredores

Públicos de la Provincia de Buenos Aires y de la decisión de éste, podrá recurrirse ante

Juzgado en lo Contencioso Administrativo competente.

el
Las apelaciones deberán interponerse directamente dentro de los diez (10) días de notificada

la sanción.

Artículo 34º.-

a) Resolver los pedidos de inscripción en el Registro de Matrículas.

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, su reglamentación y resoluciones

del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de

Buenos Aires.

c) Llevar el Registro de Matrículas, debiendo efectuar las comunicaciones previstas en el

artículo 8º de esta Ley.

d) Confeccionar las listas de Martilleros y/o Corredores Públicos para las designaciones de

oficio y elevarlas al Organismo judicial correspondiente.

e) Convocar las Asambleas, redactar el Orden el Día y hacer cumplir sus resoluciones.

f) Representar a los Martilleros y/o Corredores Públicos tomando las disposiciones necesarias

para asegurarles el legítimo desempeño de su profesión.

g) Defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los

Martilleros y Corredores Públicos, velando por el decoro, prestigio e independencia de la

profesión.

h) Intervenir a solicitud de partes en los conflictos o desavenencias que ocurran entre colegas

o entre Martilleros y Corredores Públicos con sus clientes, cuando corresponda por esta Ley o

con motivo de la restitución de toda documentación pertinente, sin perjuicio de la

intervención que corresponda a los órganos jurisdiccionales.

i) Administrar los bienes del Colegio, crear o fomentar su biblioteca pública y el órgano de

difusión técnica e información profesional.

j) Proponer al Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la

Provincia de Buenos Aires el anteproyecto del Reglamento a que se refiere el artículo 15º

inciso n) así como sus futuras modificaciones.

k) Nombrar y remover a sus empleados.

l) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas previstas en esta Ley y

violaciones al Reglamento cometidas por los colegiados a los efectos de las sanciones

correspondientes.

ll) Solicitar al Tribunal de Disciplina la aplicación de sanciones en los casos del artículo 17º

inciso m)

Al Consejo Directivo corresponde:
m)Derogado

n) Derogado

o) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión. Cumplir y hacer cumplir las

disposiciones de esta Ley y de su reglamento.

.

Asamblea, mantendrá las relaciones de la institución con sus similares con los poderes

públicos, ejecutará y hará cumplir las decisiones del Colegio departamental y del Colegio de

Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia.

Artículo 35º.- El Presidente del Consejo Directivo o quien lo reemplace presidirá la
9

Artículo 36º.-

miembros, tomando resoluciones a mayoría de votos, salvo en aquellos casos en que esta

Ley y su reglamentación exigiera dos tercios (2/3) de los mismos.

El Presidente sólo tendrá voto en caso de empate.

El Consejo Directivo deliberará válidamente con la mitad más uno de sus
CAPITULO VII.

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Artículo 37º.-

número de suplentes.

Para ser miembro se requiere tener domicilio real en el Departamento Judicial, treinta y cinco

(35) años de edad, diez (10) años en el ejercicio profesional y no estar incurso en lo dispuesto

por el artículo 18º de la presente Ley.

Los miembros del Consejo Directivo no podrán formar parte del Tribunal.

Designará en su primera reunión un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros titulares e igual
Artículo 38º.-

Criminal y Correccional.

Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable.

Podrán ser removidos en el modo y con el procedimiento establecido en el artículo 33º.

Ante la remoción, integrarán el Cuerpo los suplentes.

Sus miembros son recusables por las mismas causas que los Camaristas en lo
Artículo 39º.

funcionará asistido por un Secretario “ad-hoc”, que deberá tener título de abogado.

– El Tribunal de Disciplina aplicará las sanciones previstas en esta Ley y
CAPITULO VIII.

DEL COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA

Artículo 40º.

Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

– Los Colegios Departamentales constituyen el Colegio de Martilleros y
Artículo 41º.-

asiento en la ciudad de La Plata.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia tendrá su
Artículo 42º.-

por todos los Presidentes de los Colegios Departamentales.

Los Vicepresidentes Primeros de los mismos tendrán carácter de Consejeros Suplentes.

La representación del mismo estará a cargo de un Consejo Superior integrado
Artículo 43º.-

siguientes derechos y atribuciones:

a) Representar a los Colegios en sus relaciones con los poderes públicos. Ser parte en juicio en

todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios, de la presente Ley y su

reglamento, a cuyo efecto podrá otorgar poderes.

b) Promover y participar en Conferencias o Congresos vinculados con la actividad profesional

por medio de sus delegados; propender al progreso de la legislación de la materia con

estudios y proyectos que solicitaren las autoridades.

c) Dictar y editar un Manual de Ejercicio Profesional para uso de los Martilleros y/o

Corredores Públicos, que contendrá las principales disposiciones legales atinentes al ejercicio

de la profesión y principios de ética profesional.

d) Confeccionar la clasificación de los profesionales inscriptos en el Registro de Matrículas.

e) Centralizar los Registros de las Matrículas de los Martilleros y/o Corredores Públicos.

f) Resolver en grado de Apelación en los casos que le competan.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia tendrá los
10

g) Administrar sus fondos y bienes, fijar su presupuesto anual, designar y remover el

personal empleado y demás facultades que sean conducentes al logro de los fines de esta

Ley.

h) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, y resolver en última

instancia las cuestiones que se susciten en torno a su inteligencia y aplicación.

i) Proyectar el reglamento general de la Ley.

j) Decidir sobre la interpretación de la Ley y el reglamento general en los casos sometidos a

su decisión.

Artículo 44º.-

por ciento de las cuotas anuales obligatorias establecidas por esta Ley para la organización y

funcionamiento del Colegio de la Provincia.

Los Colegios Departamentales aportarán una contribución de hasta el quince
Artículo 45º.-

Vicepresidente un Secretario y un Tesorero.

La votación se efectuará por cargos y permanecerán en ellos como tales hasta la próxima

renovación de autoridades de los Colegios Departamentales.

El ingreso de nuevos miembros determinará una nueva elección dentro del Cuerpo.

Los que no resultaren electos permanecerán en sus cargos por el término de sus respectivos

mandatos.

Sus decisiones se tomarán a simple mayoría teniendo el Presidente doble voto en caso de

empate.

Sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.

El Consejo Superior designará de entre sus miembros un Presidente, un
CAPITULO IX.

DE LOS RECURSOS

.
Artículo 46º.-

a) Derechos de inscripción en la matrícula.

b) Cuota anual que abonarán los colegiados.

c) Demás ingresos previstos en la presente Ley.

Los recursos a que se hace referencia en los incisos a) y b) de este artículo y el porcentaje

establecido en el artículo 44º, serán fijados por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos

de la Provincia de Buenos Aires y en la forma que determine la presente Ley.

Los Colegios Departamentales tendrán como recursos:
Artículo 47º.-

derecho de inscripción y de la cuota anual para el ejercicio siguiente.

La cuota anual deberá abonarse por año calendario adelantado, antes del día 30 de abril de

cada año, en uno o más pagos dentro de los plazos que establezca al efecto el Consejo

Superior. Los que se incorporen lo harán en la oportunidad en que lo hagan.

Los Colegios podrán solicitar al Consejo Superior una cuota adicional.

Vencidos los plazos de pago, se producirá la mora de pleno derecho, debiendo abonarse en

lo sucesivo sus importes con más los intereses y gastos causídicos que correspondan.

Producida la falta de pago de la cuota anual o de la cuota supletoria, en su caso, el Consejo

Directivo deberá suspender al colegiado en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de

reclamar su cobro por la vía pertinente”.

El Consejo Superior en el mes de noviembre de cada año, fijará el monto del
Artículo 48º.-

el artículo 46º, así como también el de multas y prestaciones obligatorias que está facultado

a imponer por esta Ley y su reglamento general.

El cobro compulsivo se realizará por el procedimiento de apremio, siendo suficiente título

ejecutivo, la planilla de liquidación suscripta por el Presidente y Tesorero del Colegio, o en su

caso la resolución o Decreto que estableció la sanción o prestación, suscripta por el

Presidente, Secretario y Tesorero del Colegio.

El Colegio Departamental percibirá el importe de los derechos que determina
11

Artículo 49º.-

legislación común, los miembros del Consejo Directivo son solidariamente responsables de la

inversión de los fondos cuya administración se les confiere y de los daños y perjuicios que

irroguen con su actuación irregular.

Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderles por la
TITULO III.

DE LOS COLEGIADOS

.
CAPITULO I.

DE LA ACTIVIDAD DE LOS COLEGIADOS

.
Artículo 50º.-

siguientes actividades:

a) Martillero Público: Efectuar ventas en remates públicos de cualquier clase de bienes

muebles, inmuebles, semovientes y derechos, marcas, patentes y en general, todo bien cuya

venta no este prohibida por la Ley o encomendadas a otras profesiones específicas, que se

efectúen en el territorio de la Provincia, sean estas por orden judicial, oficial o particular.

b) Corredor: Realizar todos los actos propios del corretaje y la intermediación, poniendo en

relación a las partes para la conclusión del contrato proyectado por su comitente.

El objeto de su intervención puede ser la permuta, locación, compraventa de inmuebles,

muebles, mercaderías, semovientes, rodados, fondos de comercio, marcas, patentes,

créditos, letras, papeles de negocio, títulos y acciones coticen o no en bolsa sin incurrir en los

supuestos contemplados en la Ley 17.811, y en general toda clase de derecho de tráfico

lícito.

c) El Martillero y el Corredor Público pueden practicar y expedirse en tasaciones de

inmuebles, muebles y semovientes en general.

El ejercicio de las profesiones de Martillero y Corredor Público comprende las
Artículo 51º.-

públicas, prestadoras de servicio y bancos oficiales y privados, informes o certificados

sobre las condiciones de las cosas o derechos que les hayan sido entregados para la

venta, locación o cualquier otra actuación que le haya sido encomendada.

Los Colegiados en actividad podrán recabar directamente de las oficinas
En la solicitud se hará constar su nombre, domicilio, tomo, folio y número de inscripción en el

Registro de Matrículas, precisando con exactitud las características del bien, la naturaleza del

derecho sobre el que se requiere informe y el objeto de éste, debiendo expedirse las oficinas

dentro del plazo máximo de quince (15) días.

CAPITULO II.

OBLIGACIONES

.
Artículo 52º.-

a) DE LOS CORREDORES:

Son obligaciones de los Martilleros y Corredores Públicos:
1. Llevar los Libros que disponga la legislación de fondo, en los cuales se asentarán las

operaciones que se realizan.

2. Expedir los certificados ajustándose estrictamente a las constancias de su libro.

3. Comprobar con exactitud la identidad y capacidad legal de las personas entre

quienes trata el negocio.

4. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad.

5. Comprobar la existencia de los instrumentos que acrediten el título invocado por el

comitente.

12

En el caso de tratarse de compra-venta, cuando fuesen bienes inmuebles, deberá

recabarse la certificación del Registro de la Propiedad sobre la inscripción de dominio

de los gravámenes y embargos que reconozcan aquellos, así como las inhibiciones

anotadas a nombre del enajenante.

Cuando se tratare de fondos de comercio o bienes muebles, deberán requerir igual

certificación del Registro Público de Comercio y del Registro de Créditos Prendarios de la

jurisdicción en que se encuentren respectivamente. Tratándose de automotores deberán

requerir igual certificación del Registro de la Propiedad Automotor.

En todos los casos deberá dejarse constancia en el contrato, del número y fecha de

expedición de los certificados y situación que surja de los mismos.

6. En las publicaciones y propagandas de loteos que efectúe, sin perjuicio de las demás

previsiones contenidas en reglamentaciones de la materia, deberá citarse el número del o de

los planos aprobados, poniendo a disposición de los interesados los elementos probatorios

necesarios.

7. Cuando se anuncie la pavimentación de calles adyacentes al loteo a venderse, sin perjuicio

de las demás previsiones contenidas en las reglamentaciones de la materia, deberá

especificarse el tipo de construcción de aquellas, no pudiendo citarse otros servicios públicos

(transporte, provisión de agua, energía eléctrica, teléfono, gas, etc.) cuyo funcionamiento no

se realice con autorización oficial y carácter permanente.

8. Cuando se trate de inmuebles a pagarse en cuotas periódicas sucesivas, deberá

observarse en lo pertinente lo dispuesto en las Leyes 4.564, 14.005 y sus modificatorias.

9. Convenir por escrito con sus mandantes los honorarios y gastos, las condiciones de venta,

la forma de pago de todo cuanto creyera conveniente para el mejor desempeño de su

mandato,

con sus mandantes.

archivando anualmente los convenios por escrito que a ese respecto tuviera
10. Cuando lo exigiere la naturaleza del negocio, guardar secreto

todo lo concerniente a las operaciones que se le encarguen.

11. Asistir a la entrega de los efectos por ellos vendidos, si alguno de los interesados lo

exigiere.

12. Hallarse presente en el momento de firmarse el contrato, al pie del cual certificará que se

ha hecho con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su

responsabilidad y que asentará en el Libro de Registros. Los ejemplares de los boletos de

compraventa de inmuebles y fondos de comercio, serán archivados anualmente y serán

exhibidos ante orden judicial o a requerimiento de las autoridades del Colegio.

13. Conservar los certificados e informes de las cosas o derechos que se vendan con su

intervención.

14. Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez en el Servicio de Justicia.

15. Aceptar los nombramientos que les hicieran los tribunales, con arreglo a la Ley, pudiendo

excusarse solo por causa debidamente fundada.

16. Dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio o traslado de oficina, así

como también del cese o reanudación del ejercicio profesional en el plazo fijado por el

artículo

profesional riguroso, en10° de la presente Ley.
17. No abandonar la gestión que se les hubiere encomendado.

18. Dar recibo del dinero, título o documento que se les entreguen, conservándolos y

devolviéndolos a la terminación de la contratación.

19. Pagar la cuota anual en los plazos que fije la reglamentación o el Consejo Directivo, como

así también las demás contribuciones establecidas por la asamblea extraordinaria de

colegiados o cuota adicional supletoria que se fijare.

20. Exhibir el libro toda vez que los inspectores del Colegio Departamental lo solicitaren.

13

21. Abonar en tiempo y forma las obligaciones previsionales establecidas en la Ley de

la materia.

22. Hacer constar con toda claridad en cualquier propaganda o publicidad el nombre y

apellido, tomo, folio y/o número de Colegiado en el Registro de Matrículas.

b) DE LOS MARTILLEROS PUBLICOS:

1. Llevar los libros que determina

la Ley Nacional de Martilleros.
2. Comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a

rematar. En el caso de remate de inmuebles deberán también constatar las condiciones de

dominio de los mismos

anterior deberá anunciar con anticipación razonable todos los remates que realicen,

efectuando la publicidad necesaria para asegurar el mayor éxito de la subasta.

3. Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la

forma de satisfacerlo, condiciones de venta, lugar del remate, modalidades del precio y

demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en

que el Martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en

nombre de aquel.

4. Anunciar las ventas en las condiciones estipuladas, estableciendo en los avisos la fecha,

hora y lugar de la subasta, cualidad, títulos y ubicación de la cosa, como así también por

orden de quién se realiza el remate. Deberá indicarse asimismo el nombre del profesional,

domicilio especial y matrícula, efectuando una descripción del estado del bien y sus

condiciones de dominio. Tratándose de remates realizados por Sociedades, deberá indicarse

además los datos de su inscripción registral.

Cuando se trate de remate de lotes provenientes de subdivisión de bienes de mayor

extensión, deberá indicarse los datos referentes a medidas, linderos y condiciones de

dominio. También deberá indicarse en su caso el tipo de pavimento, obras de desagües y

demás servicios públicos si existieran, sin perjuicio de las demás exigencias contenidas en las

leyes provinciales.

5. Realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar bien visible una

bandera con su nombre y en su caso el de la sociedad al que pertenezcan.

6. Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate en idioma nacional y con precisión, los

caracteres, condiciones legales, cualidades y gravámenes que pudieran pesar sobre el bien.

7. Aceptar la postura solamente cuando se efectuara de viva voz, de forma clara e

inconfundible.

Suscribir con los contratantes y previa comprobación de su identidad, el instrumento que

documente la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. Cuando se

trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y esta fuera

suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo.

8. En las subastas ordenadas por entidades estatales y realizadas en sus dependencias,

además de la bandera de la institución puesta al frente del edificio conforme lo antes

expuesto, se colocará en lugar visible el nombre del o de los martilleros que tengan a su

cargo el acto. Las reparticiones públicas ajustarán sus disposiciones a la presente Ley.

9. Rendir cuenta en forma documentada y entregar el saldo que resulte favorable de la

subasta a sus comitentes, dentro de los términos legales salvo convención contraria,

incurriendo en pérdida

10. Cuando el Martillero o Corredor tuviese oficinas en un radio mayor de veinticinco (25)

kilómetros de distancia, deberá tener a cargo de las mismas a profesionales colegiados,

Colegio Departamental, donde funcione la oficina.

y anotaciones personales de sus titulares. Sin perjuicio de lode los honorarios en caso de no hacerlo.en el
14

11. Serán de aplicación a los Martilleros, en lo pertinente, las obligaciones prescriptas para

los corredores en el inciso a) del presente artículo.

CAPITULO III.

PROHIBICIONES

.
Artículo 53º.-

establecido en

a) Practicar descuentos, bonificaciones o reducción de

b) Tener participación en el precio que se obtenga en el remate o transacción a su cargo, no

pudiendo celebrar convenios por diferencia a su favor o de terceras personas.

c) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la

sociedad a la que pertenezca se efectúen remates por personas no colegiadas.

d) Comprar para sí, por cuenta de terceros, directa o indirectamente, ni adjudicar o aceptar

posturas respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o

empleados, los bienes cuya venta se le hubiere encomendado.

e) Suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado

para disponer del bien a rematar.

f) Retener el precio recibido o parte de él en que exceda del monto de los gastos convenidos y

de los honorarios que le corresponda.

g) Utilizar en cualquier forma las palabras “judicial”, “oficial” o “municipal”, cuando el remate

no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o

confusión.

h) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de

Leyes

i) Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado la base la misma

no se alcance. El Martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su

derecho a cobrar

daños y perjuicios que ocasionare.

j) Constituir Sociedades con personas inhabilitadas para el ejercicio profesional.

k) Facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la apertura de

oficinas o ejerzan la profesión, ni regentear las que no sean propias, con excepción de lo

normado en el Artículo 52° apartado b) inciso 10 de la presente.

Les está prohibido a los Martilleros y Corredores Públicos, sin perjuicio de lola Ley 20.266 y sus modificatorias, lo siguiente:sus honorarios arancelados.y/o disposiciones judiciales que así lo autoricen.los honorarios y a que se le reintegren los gastos y responderá por los
l) Actuar bajo otra denominación que no corresponda al nombre y apellido de los

Colegiados, salvo en los casos de Sociedades legalmente constituidas en un todo de

acuerdo a lo normado en la Ley Nacional 20.266 y sus modificatorias, donde se

consignará en toda publicación el nombre, apellido y datos profesionales de al menos

un Colegiado en actividad que la integra.

CAPITULO IV.

DE LOS ARANCELES

.
Artículo 54º.-

trabajos profesionales que realicen, se ajustarán a la siguiente escala arancelaria:

I.- DE LOS MARTILLEROS PUBLICOS:

a) Subasta de inmuebles: del 1,5 % al 3 % a cargo de cada parte.

b) Subasta de rodados, plantas, mercaderías, demoliciones, implementos agrícolas y

muebles en general: del 5 % al 10 % a cargo del comprador.

c) Subasta de fondo de comercio: del 2,5 % al 5 % a cargo de cada parte.

d) Subasta de hacienda:

Los honorarios que percibirán los Martilleros y Corredores Públicos por los
15

1) Venta en mercados (concentraciones con destino a consumo, conserva o exportación): del

1% al 2% a cargo del vendedor;

2) Venta en remate de vacunos generales: del 1 % al 2 % a cargo del vendedor y comprador

respectivamente;

3) Venta de reproductores generales de todo tipo, de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales

en general: del 1,5% al 3% a cargo de cada parte;

4) Venta de reproductores de pedigreé en consignaciones de cabañas o en exposiciones: del

3 % al 6 % a cargo del comprador;

5) Liquidaciones en establecimientos e instalaciones de vacunos y lanares: del 2 % al 4 % a

cargo del comprador, yeguarizos, porcinos, caprinos y asnales, reproductores de todo tipo:

del 3 % al 6 % a cargo del comprador;

6) Venta de hacienda faenada (carnes de gancho): del 1 % al 2% a cargo del vendedor.

e) Subasta de aves y conejos: del 5 % al 10 % a cargo del comprador.

f) Subasta de cualquier otro tipo de bienes y/o derechos no especificados aquí del 5% al

10%.

g) En todos los casos el vendedor pagará, además, la cuenta de gastos de publicidad

previamente convenida.

II.- DE LOS CORREDORES:

a) Venta de inmuebles: del 1,5 % al 3% a cargo de cada parte.

b) Venta de títulos y acciones con o sin cotización en bolsa, sin incurrir en los supuestos

contemplados por la Ley 17.811 de Oferta Pública de Títulos Valores: del 1 % al 1,5 % a

cargo de cada parte.

c) Venta de rodados, demoliciones, plantas, mercadería, implementos agrícolas, muebles en

general: del 3 % al 6 % a cargo del comprador.

d) Venta de fondos de comercio:

1) A inventario: del 2 % al 4 % a cargo del comprador y del 3 % al 6 % a cargo del vendedor;

2) En block: del 2,5 % al 5 % a cargo de cada parte.

e) Venta de hacienda y aves:

1) Venta de vacunos y lanares en general: del 1 % al 2 % a cargo de cada parte;

2) Venta de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales en general: del 1,5 % al 3 % a cargo de

cada parte;

3) Venta de reproductores generales: vacunos, lanares, porcinos, caprinos, yeguarizos y

asnales: del 1,5 % al 3 % a cargo de cada parte;

4) Venta de reproductores de pedigreé: del 3% al 6% a cargo de los compradores;

5) Venta de aves: del 2,5% al 5% a cargo de cada parte.

6) Arrendamientos en locaciones urbanas o rurales: del 1% al 2 %, a cargo de cada parte

sobre el importe del plazo de contrato,

del pago de los honorarios.

pudiendo asumir una de las partes, la totalidad
En caso de no existir contrato escrito, se tomará como base el importe de dos años de

arrendamiento o locación. En alquileres por temporada: del 1,5 % al 3 % del monto del

contrato a cargo de cada parte.

7) Dinero en hipoteca: del 0,75 % al 1,5 % a cargo de cada parte.

8) Venta de ganado de cualquier tipo a frigoríficos: del 1 % al 2 % de honorarios o aranceles a

cargo del vendedor.

9) En todos los casos, el vendedor pagará además los gastos de publicidad previamente

convenidos.

Los Martilleros y Corredores Públicos podrán fijar por contrato el monto de sus aranceles y

honorarios sin otra sujeción que a esta Ley y a las disposiciones de los Códigos de Fondo;

pero el contrato será redactado por escrito bajo pena de nulidad y no admitirá otra prueba

16

de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de parte de haber sido

firmado.

Las escalas arancelarias serán de observancia obligatoria, tanto en los mínimos como en los

máximos previstos.

III – ESTIMACIONES DEL VALOR DEL MERCADO O TASACIONES EN GENERAL:

Cuando los Martilleros y Corredores públicos actúen como tasadores en forma

particular y a efectos de presentar tales tasaciones en sede administrativa y/o judicial,

podrán percibir en concepto de honorarios hasta el 50% del mínimo de la escala

arancelaria establecida en el apartado I), inciso a) del presente artículo, siendo su pago

a cargo del comitente.

Cuando actúen como administradores de alquileres, podrán percibir en concepto de

honorarios del 3% hasta el 10%, sobre el monto de la locación de común acuerdo con

el locador, siendo su pago a cargo de éste.

Para los casos de administración de consorcio, podrán establecer en concepto de

honorarios del 3% hasta el 10% del total de las expensas comunes a cargo de los

propietarios.

Si en una tasación particular, intervinieran dos o más Colegiados, cada uno de ellos,

percibirá proporcionalmente, los honorarios o aranceles estipulados en el presente

artículo y conforme a las escalas allí fijadas y a cargo de la parte que representen.

IV – DE LOS HONORARIOS EN ACTUACIONES JUDICIALES:

Los honorarios que percibirán los Martilleros Públicos por subasta que realicen en

actuación judicial, se ajustarán a la siguiente escala arancelaria:

Inmuebles del 3% al 4% a cargo de cada parte, más el 10% de los honorarios en

concepto de aporte previsional, a cargo del comprador.

Muebles: Rodados, plantas, mercaderías, demoliciones, implementos agrícolas y

muebles en general: del 8% al 10% a cargo del comprador, más el 10% de los

honorarios en concepto de aportes previsionales.

Subasta de Fondo de Comercio: del 3% al 5% a cargo de cada parte, más el 10% de los

honorarios en concepto de aportes previsionales.

Subastas de hacienda en general: del 3% al 5% a cargo del comprador, más el 10% de

los honorarios en concepto de pago de aportes previsionales.

Subasta de aves y conejos: del 8% al 10% a cargo del comprador, más el 10% de los

honorarios en concepto de pago de aportes previsionales.

Subastas de cualquier otro tipo de bienes y/o derechos, del 7% al 10%, a cargo del

comprador, más el 10% de los honorarios en concepto de pago de aportes

previsionales.

Subastas en proceso de quiebras:

Inmuebles, 5% a cargo del comprador, más el 10% de los honorarios en concepto de

pago de aportes previsionales.

Subastas de fondos de comercio: del 3% al 5% a cargo del comprador, más el 10% de

los honorarios en concepto de pago de aportes previsionales

Artículo 55º.-

la presente ley, teniendo en cuenta la importancia de los trabajos efectuados por los

profesionales.

En los casos en que la designación del Martillero o Corredor Público emane del Gobierno

Nacional, Provincial o Municipal, Instituciones autárquicas o Bancos Oficiales, sólo pagarán

los honorarios o aranceles los compradores.

En los remates judiciales se regularán los honorarios o aranceles de acuerdo a
17

Artículo 56º.-

percibirá los honorarios o aranceles que determina el artículo 54º y conforme con las escalas

que fija, a cargo de la parte que represente cada uno de ellos, sin derecho a los del otro, salvo

convención escrita en contrario.

Si en las operaciones articulares intervinieran dos o más colegiados, cada uno
Artículo 57º.-

llevaran a cabo por causas no imputables al Martillero interviniente, se le regularán

los honorarios teniendo en cuenta la importancia de los trabajos realizados, aplicando

los siguientes aranceles mínimos:

Habiendo aceptado el cargo: el 1%

Habiéndose publicado los edictos: 1) el 2% en caso de inmuebles;

2) el 5% en los demás bienes y/o derechos.

En todos los casos sobre los honorarios regulados, se adicionarán el 10% de los

mismos en concepto de aportes previsionales, a cargo del o los obligado/s a su pago.

Para la regulación de los honorarios establecidos en los supuestos indicados en este

artículo, se tomará como base regulatoria, la siguiente:

Para el caso de bienes que tengan establecida valuación fiscal, se tomará la misma.

Para el caso de bienes que no tengan valuación fiscal, el valor de mercado.

El precio del mercado se determinará por estimación del interesado, previo traslado de

ley a las partes. En caso de controversia el Juez designará perito de la lista de oficial. Si

el valor que asigne el Juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que al

de la contraparte, las costas de las pericias serán soportadas por ésta; de lo contrario

serán a cargo del profesional.

En los remates judiciales fracasados por falta de postores o que no se
Artículo 58º.-

por causas no imputables al Martillero Público y después que éste hubiere aceptado el cargo,

el Juez procederá a efectuar la regulación de sus honorarios sobre la base arancelaria que

hubiere correspondido en caso de haberse realizado el remate teniendo en cuenta los

trabajos efectuados hasta el momento.

Asimismo, se le abonará el importe de los gastos documentados que hubiere realizado.

En caso de suspenderse la subasta por orden del Juez o Tribunal competente,
Cuando los Martilleros y Corredores Públicos actúen como tasadores por designación

judicial, recibirán como honorarios entre el 1% y el 2%, del valor asignado.

El profesional interviniente podrá optar para exigir el pago de sus honorarios:

a) La parte que la solicitó;

b) La condenada en costas;

c) Ambas partes.

CAPITULO V.

DE LOS NOMBRAMIENTOS DE OFICIO

.
Artículo 59º.-

Corredores Públicos deberán tener

colegiación

Para ser incluidos en las listas, los interesados deberán presentar su solicitud ante el Colegio

Departamental en el que esté inscripto

vigente.

Para ser incluido en las listas de nombramientos de oficio, los Martilleros yun (1) año de ejercicio profesional desde la, salvo lo que dispongan las leyes especiales., en el término que establezca la reglamentación
Artículo60º.-

Las listas definitivas serán dadas a conocer en cada Cámara Departamental por los

respectivos Colegios.

Artículo 61º.-

presencia de los representantes de los Colegios Profesionales mediante bolillero.

Los nombramientos de oficio se harán por sorteo, en audiencia pública, en
18

Dichos representantes estarán facultados para hacer constar en el acto las observaciones

que estimen pertinentes sobre el sorteo.

Artículo 62º.-

expediente y se comunicará a los respectivos Colegios y partes intervinientes en la forma

dispuesta en las leyes de procedimiento civil y comercial.

Los sorteos se anunciarán en el tablero del Juzgado indicando día, hora y
Artículo 63º.-

mientras la lista no haya sido agotada.

Si ocurriere el caso, subsistirá exclusivamente la primera designación.

A medida que se vayan efectuando los sorteos se eliminará de la lista al profesional

designado, hasta la terminación de aquella, después de lo cual se considerará reproducida.

A tales efectos se elevará la única lista para cada Departamento Judicial.

Ningún Martillero o Corredor Público podrá ser sorteado por segunda vez
Artículo 64º.-

contrario el profesional será excluído de la lista por dos años contados desde la fecha de su

designación, sin perjuicio de los daños o intereses a que está sujeto.

Se entenderá justificada la causa de excusación en los siguientes supuestos:

a) Enfermedad que impida el desempeño de las funciones.

b) Encontrarse fuera del país.

c) No haberse depositado la suma de gastos fijada por el Juzgado, la que no podrá ser

inferior al monto correspondiente a la publicación de edictos y gastos de traslado de los

bienes, en su caso.

Los nombramientos de oficio son irrenunciables, salvo causa justificada, caso
Artículo 65º.-

subasta antes de ser aceptado el cargo por el Martillero o Corredor Público, este será

reintegrado a la lista.

Si hubiera aceptado el cargo no será reintegrado, pero tendrá derecho a percibir honorarios

de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley.

Cuando se dejare sin efecto un nombramiento de oficio o el auto que ordena la
CAPITULO VI.

SUBASTAS Y VENTAS JUDICIALES

.
Artículo 66º.-

solicitar de los Jueces todas las medidas conducentes para el mejor cumplimiento de su

cometido, como así también recabar en su oportunidad la aprobación de sus actos.

Los Martilleros Públicos podrán en los juicios en que hayan sido designados,
Asimismo podrán suscribir cédulas y oficios necesarios para el mejor cumplimiento de

sus funciones.

Artículo 67º.-

aquellos que sean declarados feriados nacionales y el día 11 de Octubre, Día Nacional del

Martillero y Corredor Público.

Las subastas podrán efectuarse cualquier día de la semana, con excepción de
Artículo 68º.-

o ventas judiciales que les encomienden

Los Martilleros y Corredores Públicos realizarán personalmente las subastas.
Solo será posible la delegación en otro Martillero o Corredor Público colegiado, por causa

justificada y previa autorización judicial.

El acto igualmente, para este último supuesto se realizará bajo el nombre del delegante,

siendo este el único responsable de los actos que aquel realice.

El resto de los actos propios de las tareas encomendadas, se podrán realizar bajo su

responsabilidad por intermedio de terceras personas.

Artículo 69º.-

dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha de realización del acto depositando el saldo

resultante de ella.

Los Martilleros y Corredores Públicos deberán rendir cuenta de su cometido
Artículo 70º.-

ubicación del bien o en los recintos habilitados por los Colegios de Martilleros y

La subasta deberá realizarse en el lugar donde tramita la causa, el de
19

Corredores Públicos a tales efectos

circunstancias del caso.

Realizada la subasta el Martillero deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Civil

, según lo resolviera el Juez de acuerdo con lasen la especie.
Artículo 71º.-

levantamiento del embargo u otras medidas cautelares ni el archivo de expedientes

Los Jueces no podrán dar por terminado ningún juicio, ordenar el,
aprobar o mandar cumplir transacciones, hacer efectivos los desistimientos, dar por

cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, adjudicación o transferencia

de bienes de cualquier clase que fuere, ni devolver exhortos, sin antes haber abonado

los honorarios y gastos que correspondan a Martilleros o Corredores Públicos,

actuantes en cada juicio y el aporte previsional establecido en la presente Ley, o

afianzado su pago, con garantía suficiente a criterio del Juzgado previo traslado al

interesado.

Los jueces y tribunales, al practicar la regulación de honorarios de los Martilleros y

Corredores Públicos y al establecer los honorarios a percibir por los primeros en

remates judiciales, adicionarán a la misma el porcentual previsional del 10%, a cargo

de la parte obligada a su pago

.
Artículo 72º.-

este tendrá derecho al reembolso de sus gastos y al pago de los honorarios

correspondiente decreto de venta.

En el caso que la subasta fuera anulada por causa no imputable al Martillero,fijados en el
Artículo 73º.-

Tribunal la venta de parte de ellos por haberse cubierto el importe reclamado, el Martillero

cobrará los honorarios sobre lo adjudicado, conforme al artículo 54, apartado I, inciso a) de

esta Ley

preceptuado por el artículo 58º de la presente Ley

efectuados sobre lo no subastado.

Anunciada la subasta de varios inmuebles y suspendida por orden del, y sobre lo no realizado tendrá derecho a los honorarios con arreglo a loy al reembolso de los gastos
Artículo 74º.-

otros por falta de postores, el profesional percibirá sobre los primeros, los honorarios

o aranceles que fija el artículo 54 apartado I, inciso a), y sobre los segundos aranceles

u honorarios que no podrán ser inferiores al 1% sobre la base de la venta fijada.

En el caso que la subastas de varios inmuebles, vendidos unos, fracasado
CAPITULO VII.

INTERVENCION EN LOS COLEGIOS

.
Artículo 75º.-

ajenas a los fines de su creación, o la actuación de sus autoridades se apartara de las

obligaciones a su cargo, el Colegio de la Provincia por sí o a requerimiento de la Asamblea del

Colegio Departamental, en base a hechos concretos, plenamente comprobados, podrá

decretar la intervención de los mismos a los fines de su reorganización.

Cuando las actividades de los Colegios departamentales fueran notoriamente
Artículo 76º.-

a) Las mismas que las del Presidente del Colegio.

b) Las indispensables para reorganizar el Colegio intervenido de manera que responda a los

fines de su creación.

c) Designar sus colaboradores, los que no podrán ser matriculados del Colegio intervenido.

Las funciones del Interventor serán:
Artículo 77º.-

desde la fecha de toma de posesión del cargo.

Transcurrido el término citado sin que el Interventor haya cumplido su cometido, el Consejo

Superior procederá a su inmediato reemplazo fijando a quien lo sustituya un plazo de tres (3)

meses desde su asunción para convocar a elecciones de autoridades del Colegio intervenido

El Interventor durará tres (3) meses en sus funciones como máximo, contados
20

Artículo 78º.-

Provincia de Buenos Aires designará Interventor de entre sus miembros.

El Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la
Artículo 79º.-

Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que dispusiera la intervención a

un Colegio Departamental, podrá ser apelada dentro del término de tres (3) días de

notificada ante el órgano competente, conforme lo establece el proceso Contencioso

Administrativo.

La resolución del Consejo Superi

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