La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley Ley del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios


 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2007.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley Ley del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
Título I

Del corredor inmobiliario

Capítulo I
De las condiciones de su ejercicio

Artículo 1°.- Objeto. El ejercicio del corretaje inmobiliario o intermediación en la negociación inmobiliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se rige por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 2°.- Definición. Corredor inmobiliario es toda persona que en forma normal, habitual y onerosa, intermedia entre la oferta y la demanda, en negocios inmobiliarios ajenos, de administración o disposición, participando en ellos mediante la realización de hechos o actos que tienen por objeto conseguir su materialización.

Artículo 3°.- Requisitos ejercicio. Para ejercer la actividad de corredor inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se requiere:

  1. Estar habilitado conforme a las disposiciones de la presente ley.
  2. Estar inscripto en la matrícula correspondiente.

Capítulo II
De la matrícula

Artículo 4°.- Ente responsable. La matrícula de los corredores inmobiliarios estará a cargo del ente público no estatal, con independencia funcional de los poderes del Estado que se crea por esta ley.

Artículo 5°.- Requisitos matriculación. Para ser inscripto en la matrícula de corredor inmobiliario se requiere:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Poseer título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente de análogos contenidos expedido o revalidado en la República Argentina, conforme lo disponga la reglamentación.
  3. Constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  4. Contratar, a la orden del organismo que tenga a su cargo la matrícula, un seguro de caución o constituir la garantía real que establezca la reglamentación.
  5. Prestar juramento de ejercer la profesión con decoro, dignidad y probidad.
  6. Abonar las sumas que establezca la reglamentación.
  7. No estar comprendido en lo estipulado por los arts. 7° y 8°.

Artículo 6°.- Seguro de Caución o Garantía o Garantía Real. A fin de garantizar el derecho de los usuarios en caso de sufrir daños y perjuicios por la actividad de los corredores inmobiliarios, el Colegio Profesional que tenga a su cargo la matrícula debe determinar anualmente el monto del seguro de caución o de la garantía real que deben tener los corredores inmobiliarios.
Tanto el seguro como la garantía real serán afectadas al pago de los daños y perjuicios que ocasione el mal desempeño de la actividad de corretaje inmobiliario del matriculado y las multas que se le apliquen en ocasión de la misma.
El matriculado podrá optar por cualquiera de las dos opciones propuestas, en caso de optar por la garantía real, la misma no puede ser ofrecida como garantía de ninguna otra obligación, ni tampoco estar constituida como bien de familia. Asimismo, para el caso de que la misma fuera embargada deberá ser sustituida en el plazo improrrogable de diez (10) días por otra similar.

Artículo 7°.- Inscripción en la matrícula. No pueden inscribirse en la matrícula:

  1. Quienes no pueden ejercer el comercio.
  2. Los condenados judicialmente por delitos contra la propiedad o la fe pública, hasta el cumplimiento de su condena.
  3. Los inhabilitados judicialmente por las causales previstas en el artículo 152 bis del Código Civil.
  4. Los sancionados con la cancelación de la matrícula de corredor mientras no sea objeto de rehabilitación.
  5. Los fallidos y concursados hasta el finiquito de los procesos falimentario o concursal.

Artículo 8°.- Incompatibilidades. No pueden ejercer la actividad de corredor inmobiliario:

  1. Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
  2. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad en actividad.

Artículo 9°.- Sociedades. Los corredores inmobiliarios pueden constituir sociedades de cualquier tipo, con exclusión de los tipos societarios previstos en el art. 118 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales.

Capítulo III
De los deberes, derechos y prohibiciones

Artículo 10.- Deberes. Son deberes de los corredores inmobiliarios:

  1. Comprobar la existencia de los títulos invocados para realizar la operación encomendada, debiendo guardar copia de los mismos.
  2. Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas.
  3. Hacer constar el número de su matrícula de corredor en toda documentación que suscriban. Cuando el corretaje lo realice una sociedad debe hacer constar su número de inscripción en la Inspección General de Justicia y el número de matrícula de su director responsable o de los integrantes.
  4. Comunicar al organismo que tenga a su cargo la matrícula, todo cambio de domicilio legal dentro del plazo de cinco (5) días de producido.
  5. Proponer los negocios con exactitud y claridad.
  6. Guardar secreto sobre las operaciones en que haya intervenido, ejerciendo con idoneidad las funciones encomendadas.
  7. Respetar en todos sus items lo encomendado por sus comitentes siempre que no atente contra la moral y las buenas costumbres.

Artículo 11.- Derechos. Son derechos de los corredores inmobiliarios:

  1. Actuar como intermediarios en operaciones de compraventa, permuta, locación, leasing de bienes inmuebles y de fondos de comercio.
  2. Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten y, de quien resulte cocontratante, la que se establezca por la ley. En el caso de tratarse de alquiler de inmuebles destinados a vivienda administrados por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los inquilinos.
  3. Requerir directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales, entidades financieras y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de las actividades de corredor inmobiliario.
  4. Informar sobre el valor de los bienes inmuebles, efectuando tasaciones judiciales y extrajudiciales.
  5. Percibir el reintegro de los gastos efectuados cuando los encargos sean revocados por causas que no le sean imputables al corredor inmobiliario.
  6. Administrar locaciones de inmuebles.
  7. Solicitar de su comitente una autorización escrita en la cual se detalle plazo, tipo, modalidades y precio para la operación, con carácter exclusivo por el término convenido, así como la retribución pactada.

Artículo 12.- Publicidad. La publicidad que realicen los corredores inmobiliarios debe ser precisa, inequívoca, evitando incluir información que pueda inducir a error a los interesados, y observar las siguientes reglas:

  1. Consignar la tipología de la oferta, en forma clara sin que permita más de una interpretación.
  2. Cuando se ofrezcan facilidades para el pago del precio, o financiación, debe detallarse íntegramente la oferta, incluyendo expresamente las tasas a aplicarse en la financiación respectiva.
  3. No ofrecer formas y condiciones de pago, o planes de financiación a cargo de terceros, que no hayan sido previamente acordados con éstos.
  4. No anunciar calidades que los inmuebles ofrecidos no posean, o condiciones que no sean ciertas.

Artículo 13.- Prohibiciones. Está prohibido a los corredores inmobiliarios:

  1. Permitir, en forma expresa o tácita, que su nombre o denominación sean utilizados para ejercer actos de corretaje por personas no matriculadas salvo por sus dependientes.
  2. Aceptar encargos cuando les conste que la misma persona ha otorgado con anterioridad una autorización, cuyo plazo no ha expirado, a otro corredor o agente inmobiliario, o que no haya sido fehacientemente revocada por el comitente.
  3. Realizar actos de administración, sin contar con autorización suficiente del comitente.
  4. Retener valores, sin causa legal para hacerlo, o retener documentos de sus comitentes.
  5. Procurar clientela por medios incompatibles con el decoro, la dignidad y probidad del corretaje inmobiliario.
  6. Efectuar publicidad que pueda inducir a engaño a los interesados, o en la que se insinúen operaciones contrarias a la ley.

Artículo 14.- Libros rubricados. Los corredores inmobiliarios deberán llevar un libro rubricado por el Colegio que tenga a su cargo la matrícula en el cual consten por orden cronológico las operaciones encomendadas conformes al art. 11, inc. 7° y las realizadas, con la indicación del nombre y domicilio de los contratantes, ubicación del bien objeto de la negociación y principales condiciones del contrato celebrado, con expresa mención del monto total y las comisiones correspondientes.

Capítulo IV
De las personas no matriculadas

Artículo 15.- Prohibición de ejercicio. La persona no matriculada no puede ejercer actos de corretaje e intermediación inmobiliaria.

Artículo 16.- Derecho al cobro. La persona que sin estar matriculada como corredor inmobiliario realice actos de corretaje o intermediación inmobiliaria carece del derecho a exigir el pago de toda retribución a las partes contratantes. Tampoco tendrá derecho al cobro, aquel que esté inhabilitado o suspendido por el colegio que gobierne la matrícula.

Título II
Del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios

Capítulo I
Creación y funciones

Artículo 17.- Creación. Créase el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 18.- Control del ejercicio y matriculación. El Colegio Único tendrá a su cargo y controlará el ejercicio de la profesión y actividad; como así también el otorgamiento y control de las matrículas en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 19.- Persona jurídica de derecho público. Denominación. El Colegio Único funcionará con el carácter, los derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.
Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares, de la denominación Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires u otros que por su semejanza puedan inducir a confusiones.

Artículo 20.- Poder Disciplinario. La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley y su reglamentación.

Artículo 21.- Funciones del Colegio. Serán funciones del Colegio:

  1. Llevar registros personales de los colegiados y legajos individuales.
  2. Controlar el ejercicio de la profesión y/o actividades de los colegiados.
  3. Tener a su cargo el control y el gobierno de la matrícula.
  4. Defender, asesorar y representar a los colegiados en el libre ejercicio de sus actividades.
  5. Juzgar y sancionar a los colegiados frente a irregularidades cometidas en perjuicio de las partes contratantes.
  6. Colaborar con los poderes públicos.
  7. Administrar los fondos y bienes del Colegio.
  8. Conceder, denegar, suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción de matriculados.
  9. Crear un sistema de asesoramiento e información para el asociado y el público, el cual deberá contemplar el asesoramiento gratuito.
  10. Dictar y hacer cumplir el Código de Ética Profesional.
  11. Fijar el monto de la cuota anual de la matrícula y del seguro de caución.

Artículo 22.- Recursos. El patrimonio del Colegio se integrará con los siguientes recursos:

  1. Cuota de inscripción de la matrícula y la anual que en el futuro establezca la reglamentación.
  2. Donaciones, herencias y legados.
  3. Multas y recargos.
  4. Empréstitos.

Capítulo II
De las autoridades

Artículo 23.- Órganos del Colegio. Son órganos del Colegio de Corredores Inmobiliarios:

  1. La Asamblea.
  2. El Consejo Directivo.
  3. El Tribunal de Ética y Disciplina.
  4. La Comisión Revisora de Cuentas.

En la conformación de los órganos mencionados deberá garantizarse lo establecido en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad.

Capítulo III
De la Asamblea

Artículo 24.- Composición de la Asamblea. La Asamblea es el órgano superior del Colegio y está compuesta por un miembro por cada cien (100) matriculados elegidos por representación proporcional. Funciona con quórum de la mitad más uno de los miembros en su primera convocatoria y con un mínimo de un tercio en su segunda convocatoria.

Artículo 25.- Funciones de la Asamblea. Sus funciones son:

  1. Establecer el importe de las cuotas anuales que deben abonar los matriculados y el arancel de inscripción a la matrícula; como así también el monto y la modalidad de la garantía real o personal establecida en la legislación nacional vigente.
  2. Dictar el Código de Ética Profesional y las normas de procedimiento para su aplicación.
  3. Dictar el reglamento electoral.
  4. Aprobar el balance general, cuenta de resultados, memoria, presupuesto y toda otra documentación legal que corresponda.
  5. Dictar un reglamento interno del Colegio Único.

Artículo 26.- Duración del mandato. La duración del mandato de sus miembros es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.

Capítulo IV
Del Consejo Directivo

Artículo 27.- Constitución del Consejo Directivo. El Consejo Directivo está constituido por nueve (9) miembros inscriptos en las matrículas con una antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la fecha de oficialización de la lista por la junta electoral, elegidos por voto secreto, directo y distribuidos por representación proporcional.

Artículo 28.- Duración del mandato. La duración del mandato es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de esta reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.

Artículo 29.- Elección de suplentes. Simultáneamente con los miembros titulares, y en la misma forma que éstos, se eligen nueve (9) miembros suplentes, los que pueden ser reelectos siempre que no hayan sido incorporados definitivamente como miembros titulares, en cuyo caso rigen las condiciones de reelección de los consejeros titulares.

Artículo 30.- Cargos. En la primera sesión que realice el Consejo Directivo después de cada elección, debe elegirse de entre sus miembros, procurando garantizar la pluralidad de la representación: presidente, vicepresidente 1°, vicepresidente 2°, secretario y tesorero, quienes duran en sus cargos dos (2) años. los restantes miembros se desempeñarán en calidad de vocales.

Artículo 31.- Funciones del Consejo Directivo. Corresponde al Consejo Directivo el gobierno, administración y representación del Colegio, ejerciendo en su plenitud las funciones, atribuciones y responsabilidades concedidas por el artículo 21 de la presente ley, salvo aquellas que por su naturaleza correspondan a alguno de los demás órganos, debiendo reunirse en sesión ordinaria al menos dos veces al mes y extraordinaria cada vez que sea convocada por el presidente o por la mitad del total de sus miembros.
Son funciones del Consejo Directivo:

  1. Crear comisiones o subcomisiones, permanentes o transitorias, para fines determinados y a los efectos de un mejor cumplimiento de los objetivos del Colegio.
  2. Girar al Tribunal de Ética y Disciplina los antecedentes sobre transgresiones a las disposiciones de esta ley y a la que reglamenta el ejercicio de las actividades alcanzadas, así como también al Código de Ética Profesional y reglamentos del Colegio en el que resultaren imputados los matriculados.
  3. Hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones disciplinarias que se impongan, una vez que se encuentren firmes. Los certificados de deuda expedidos por el Consejo Directivo en concepto de multas, cuotas impagas y recargos constituyen título ejecutivo suficiente para iniciar su cobro por vía de apremio.
  4. Disponer la publicación de las resoluciones que estime pertinentes.
  5. Procurar la realización de los restantes fines que le han sido o le fueran confiados al Colegio.
  6. Aceptar o rechazar las solicitudes de matriculación por resolución fundada.
  7. Preparar, al cierre de cada ejercicio, la memoria anual y estados contables correspondientes.
  8. Proyectar presupuestos económicos y financieros.
  9. Nombrar y ascender al personal que sea necesario y fijar su remuneración. Removerlos de sus cargos respetando en todo las disposiciones de la legislación laboral vigente.

Artículo 32.- Funciones del presidente. Son funciones del presidente:

  1. Ejercer la representación legal del Colegio.
  2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo.
  3. Citar al Consejo Directivo a las reuniones ordinarias, convocar a las extraordinarias que correspondan y preparar el orden del día con las propuestas que presenten los miembros del Consejo y los demás temas que deban ser tratados.
  4. Presidir las reuniones del Consejo Directivo, dirigiendo sus debates.
  5. Suscribir las escrituras, contratos y compromisos que correspondan, para formalizar los actos emanados del Consejo Directivo, juntamente con el secretario.

Artículo 33.- Sustitución de presidente. El vicepresidente 1° y, en su defecto, el vicepresidente 2° sustituyen al presidente cuando éste se encuentre impedido o ausente, y colaborarán con el presidente en el cumplimiento de las funciones de este último.

Artículo 34.- Funciones del secretario. Son funciones del secretario:

  1. Organizar y dirigir las funciones del personal del Colegio.
  2. Llevar un libro de actas de las reuniones del Consejo Directivo.
  3. Suscribir con el presidente todos los documentos públicos y privados establecidos en el reglamento interno del Consejo.
  4. Suscribir, juntamente con el presidente, convocatorias y actas del Consejo Directivo.

Artículo 35.- Funciones del tesorero. Son funciones del tesorero:

  1. Organizar y dirigir las acciones relativas al movimiento de fondos del Colegio.
  2. Firmar, juntamente con el presidente, las autorizaciones de pago y las disposiciones de fondos en orden a lo establecido en el reglamento interno del Colegio.
  3. Dar cuenta del estado económico y financiero del Colegio al Consejo Directivo, y a la Comisión Revisora de Cuentas, cada vez que lo soliciten.
  4. Informar mensualmente al Consejo Directivo sobre la situación de la Tesorería.
  5. Depositar en bancos en cuentas a nombre del Colegio, con firma a la orden conjunta del presidente y del tesorero, los fondos del Colegio.
  6. Dirigir y supervisar la confección de los registros contables del Colegio.

Artículo 36.- Funciones de los vocales. Los vocales cumplirán las funciones que les encomiende el Consejo Directivo.

Capítulo V
Del Tribunal de Ética y Disciplina

Artículo 37.- Composición del Tribunal de Ética y Disciplina. El Tribunal de Ética y Disciplina se compone con cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes, electos por el régimen de mayorías y minorías, correspondiendo tres (3) a la primera minoría, y uno (1) a cada una de las listas que obtuvieran la minoría, siempre y cuando superen el tres (3) por ciento de los votos. Si sólo una lista obtuviera más del tres (3) por ciento de los votos los dos cargos de la minoría serán para esa lista.

Artículo 38.- Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. Para ser miembro del Tribunal de Ética y Disciplina, se requiere estar inscripto en la matrícula con una antigüedad no inferior a diez (10) años cumplida a la fecha de oficialización de la lista por la Junta Electoral, y no ser miembro del Consejo Directivo o de la Comisión Revisora de Cuentas. La duración del mandato de sus miembros es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.
Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina son elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de todos los matriculados.
En caso de ausencia permanente de alguno/s de los miembros titulares, la incorporación del/los suplente/s sigue el mismo procedimiento que el establecido para los miembros del Consejo Directivo.

Artículo 39.- Poder Disciplinario. Ejercerá el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.

Artículo 40.- Excusación y recusación. Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina pueden excusarse y ser recusados en la misma forma y por la misma causa que los jueces del Poder Judicial.

Artículo 41.- Diligencias probatorias. El Tribunal puede disponer la comparecencia de testigos, inspecciones, exhibición de documentos y toda otra diligencia que considere pertinente para la investigación, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. En caso de oposición adopta las medidas administrativas pertinentes para posibilitar la sustanciación del caso.

Capítulo VI
De la potestad disciplinaria

Artículo 42.- Sanciones disciplinarias. Serán objeto de sanción disciplinaria:

  1. Los actos u omisiones en que incurran los inscriptos en la matrícula, que configuren incumplimiento de obligaciones y/o incursión en alguna de las prohibiciones establecidas en la legislación nacional que regula el ejercicio de la actividad.
  2. La violación a las disposiciones de la presente ley, a la normativa arancelaria y a las que se establecen en el Código de Ética Profesional.

Artículo 43.- Graduación de las sanciones. Las sanciones disciplinarias se gradúan según la gravedad de la falta y los antecedentes del imputado, y son las siguientes:

  1. Advertencia privada.
  2. Apercibimiento público.
  3. Multas.
  4. Suspensión en la matrícula por un período que puede extenderse entre un (1) mes y un (1) año.
  5. Cancelación de la matrícula, no pudiendo solicitar la reinscripción antes de transcurridos (5) cinco años desde que la sanción quedare firme.

Artículo 44.- Inhabilitación. Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el matriculado puede ser inhabilitado accesoriamente para formar parte de los órganos del Colegio por hasta:

  1. Tres (3) años con posterioridad al cumplimiento de la suspensión, en caso de matriculados alcanzados por la sanción que establece el inc. 3° del art. 43.
  2. Cinco (5) años a partir de la reinscripción en la matricula, en el caso de los matriculados alcanzados por la sanción que establece el inc. 4° del art. 43.

Artículo 45.- Actuación del Tribunal: El Tribunal de Ética y Disciplina actúa.

  1. Por denuncia escrita y fundada;
  2. Por resolución motivada del Consejo Directivo;
  3. Por comunicación de magistrados judiciales;
  4. De oficio, dando razones para ello.

Artículo 46.- Prescripción. Las acciones disciplinarias contra los matriculados prescriben a los cinco (5) años de producirse el hecho que las motive.
La prescripción se interrumpe por los actos de procedimiento que impulsen la acción.

Artículo 47.- Mayorías. Las sanciones de los incisos 1) y 2), del artículo 43 se aplican por decisión de simple mayoría de los miembros del Tribunal.
Las sanciones de los incisos 3) y 4) del artículo 43 requerirán el voto de mayoría absoluta de los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 48.- Recursos. Todas las sanciones aplicadas por el Tribunal de Ética y Disciplina serán recurribles por los interesados ante el Consejo Directivo. El procedimiento recursivo deberá contemplar estrictamente el derecho de defensa. Cuando la sanción sea la cancelación de la matrícula, la revisión será por la asamblea, la cual tomará su decisión por mayoría absoluta del total de los miembros, en un plazo máximo de (15) quince días, el cual una vez cumplido deja expedita la revisión judicial, ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Capítulo VII
De la Comisión Revisora de Cuentas

Artículo 49.- Composición de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas está integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Tanto los titulares como los suplentes, lo serán dos (2) en representación de la mayoría y uno (1) de la minoría, siempre y cuando ésta supere el tres (3) por ciento de los votos. La duración del mandato de sus miembros es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.
Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere:

  1. Figurar inscripto en la matrícula de corredor inmobiliario con una antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la fecha de oficialización de las listas por la Junta Electoral.
  2. No ser miembro de los órganos del Colegio al tiempo de su elección.

Artículo 50.- Funciones de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas tiene a su cargo la tarea de control de la administración, destino y aplicación de los fondos que recaude el Colegio por cualquier concepto y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales, debiendo emitir un dictamen anual, que se publicará con la memoria y los estados contables del Colegio.

Capítulo VIII
De la remoción de los miembros integrantes de los órganos
del Colegio de Corredores Inmobiliarios

Artículo 51.- Causales de remoción. Los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética y Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas sólo pueden ser removidos de sus cargos por las siguientes causas:

  1. La inasistencia no justificada en un mismo año a cuatro (4) reuniones consecutivas de los órganos a que pertenecen, o a ocho (8) alternadas.
  2. Violación a las normas de esta ley y al Código de Ética Profesional.

Artículo 52.- Oportunidad de la remoción. En los casos señalados en el inciso 1) del artículo anterior, cada órgano decide la remoción de sus miembros luego de producida la causal.
En el caso del inciso 2), actuará la Asamblea de oficio o por denuncia del órgano correspondiente. Sin perjuicio de ello, el órgano que integra el acusado puede suspenderlo preventivamente por el lapso que dure el proceso incoado y siempre y cuando la decisión se adopte mediante el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.

Capítulo IX
Disposiciones transitorias

Artículo 53.- Comisión Normalizadora. Se constituye una Comisión Normalizadora con un mínimo de 9 (nueve) miembros encargada de la organización inicial del Colegio. Sus integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo previa consulta a las entidades representativas de los corredores inmobiliarios con personería jurídica que tengan como mínimo 3 (tres) años de antigüedad en su funcionamiento.

Artículo 54.- Derechos y Obligaciones. Quienes resulten designados para integrar la Comisión Normalizadora, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

  1. Comenzar de inmediato al empadronamiento y matriculación de los corredores inmobiliarios, contando para finalizar su cometido con un plazo de ciento ochenta (180) días.
  2. Estarán autorizados a alquilar, contratar en comodato o aceptar en donación o cualquier otra vía gratuita, un inmueble para sede, a contratar y remover el personal necesario para realizar su cometido, como así también para poner en funcionamiento de inmediato todo lo enmarcado en la presente ley.
  3. Convocar a elecciones a realizarse en un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días, contado a partir de su integración, dictando al efecto un reglamento electoral provisorio.

Artículo 55.- Eximición de requisitos. Las personas que acrediten fehacientemente ante el organismo que tenga a su cargo la matrícula, haberse dedicado en forma habitual al corretaje inmobiliario durante dos (2) años antes de la entrada en vigencia de la presente ley, tienen un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, a partir de la convocatoria que al efecto realice la comisión normalizadora, para solicitar su matriculación, estando eximidas, por esta única vez del cumplimiento de los requisitos previstos en el inc. 2° del art. 5° de la ley
Quedan asimismo eximidos de cumplir con el requisito del art. 5°, inc. 2° de la presente ley, las personas que acrediten mediante certificado de vigencia expedido por la Inspección General de Justicia su inscripción en la matrícula de corredor, contando con el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta ley para solicitar su matriculación en el Colegio.

Artículo 56.- Antigüedad. La antigüedad de cinco (5) años requerida en los arts. 27 y 49, como así también la de diez (10) años requerida en el art. 38 de la presente ley, sólo se aplicarán a partir de que el Colegio que por esta ley se crea tenga cinco (5) y diez (10) años de antigüedad, respectivamente. Hasta tanto se llegue a dicha antigüedad, se exigirá que los candidatos a ocupar dichos cargos tengan los años de antigüedad que al momento de oficializarse las candidaturas tenga el Colegio que esta ley crea.

Artículo 57.- Hasta tanto se regulen los aranceles según lo previsto en el inciso 2° del artículo 11, para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al cuatro, quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato.

Artículo 58.- Emergencia habitacional: por un período de dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente, para el caso de las locaciones destinadas a vivienda única y cuyo alquiler mensual sea inferior o igual a los ochocientos (800) pesos, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al tres por ciento (3%) del valor total del respectivo contrato.

Artículo 59.- Comuníquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA

ALICIA BELLO

LEY N° 2.340

Sanción: 17/05/2007

Promulgación: Decreto Nº 862/007 del 15/06/2007

Publicación: BOCBA N° 2711 del 25/06/2007

El Gobierno derogaría el impuesto al cheque


Economía y Política
El Gobierno derogaría el impuesto al cheque
Según el ministro del Interior, Florencio Randazzo, la medida “es una de las variantes” que se analizó en la reunión entre la presidenta Cristina Fernández y los gobernadores peronistas que terminó en Olivos a las 16.

17:52 | Economía y Política

Muerto el perro se acabó la rabia, sería la consigna. El Gobierno está dispuesto a salir por arriba del laberinto de la disputa por los fondos entre Nación y provincias y analizará la posibilidad de derogar el impuesto al cheque, una curiosa forma de responder a las presiones de la oposición para coparticiparlo.

Así lo manifestó hoy el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien aseguró esta tarde que la medida “es una de las variantes” que se analizó en la reunión entre la presidenta Cristina Fernández y los gobernadores peronistas.

“Analizamos todas las variantes. Una de las variantes es la eliminación del impuesto al cheque, que talvez no sea ahora, porque hay que hacerlo con responsabilidad”, precisó Randazzo, al hablar a la salida del encuentro que se realizó en Olivos.

El almuerzo que la Presidenta mantuvo con jefes de los estados provinciales afines terminó poco después de las 16. Aunque fue a puertas cerradas, un despacho de la agencia DyN indica que la jefa de Estado pronunció un extenso discurso donde expuso la postura del Gobierno frente a la embestida opositora por manejar los fondos federales.

Fernández de Kirchner ubicó a su derecha en la mesa principal al cordobés Juan Schiaretti y a la izquierda al bonaerense Daniel Scioli.

Los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y de Chubut, Mario Das Neves, fuero los únicos justicialistas ausentes.

Estuvieron presentes, en cambio,    Daniel Scioli (Buenos Aires); Sergio Urribarri (Entre Ríos); Luis Beder Herrera (La Rioja); José Luis Gioja (San Juan); Jorge Capitanich (Chaco); Juan Manuel Urtubey (Salta); Gildo Insfrán (Formosa); Maurice Closs (Misiones); Celso Jaque (Mendoza); Miguel Saiz (Río Negro).    También Gerardo Morales (Santiago del Estero); Walter Barrionuevo (Jujuy); Jorge Alperovich (Tucumán); Jorge Sapag (Neuquén); Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca); Juan Schiaretti (Córdoba); Oscar Jorge (La Pampa) y Daniel Peralta (Santa Cruz).

El Gobierno todavía no confirmó si ambos gobernadores ya fueron invitados a la próxima reunión que, con el mismo objetivo, la jefa del Estado convocó para el martes venidero con el resto de los mandatarios provinciales

Hasta ahora sólo el santafesino Hermes Binner y el radical oficialista de Corrientes Ricardo Colombi adelantaron que recibieron el llamado de la Rosada.

En la lista de los pendientes para el martes están también la arista Fabiana Ríos de Tierra del Fuego, el radical de Catamarca Eduardo Brizuela del Moral, que milita en el cobismo, y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Impuesto al cheque, los números

Se prevé que para el 2010 se recaudará en concepto de impuesto al cheque aproximadamente $23.500 millones. Tal como se distribuye hoy, la nación recibirá aproximadamente $20.000 millones y las provincias los restantes $3.500 millones. Esto se debe a que la ley del impuesto al cheque establece que el 70% de lo recaudado va directamente a la nación y sólo el restante 30% se incorpora a la masa coparticipable, desde donde la nación vuelve a recibir. Por ello es que la nación recibe prácticamente el 85% del impuesto.
fuente: El cronista.com

Ley 10973 Texto con la reforma Ley 14085


1Ley 10973 

 

 

 

 

  

 

Texto con la reforma Ley 14085 (en color azul)

TITULO IPara ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público en el territorio de laa) Poseer título Universitario de Martillero y Corredor Público, expedido porArtículo 2º.-Serán inhabilitados por los Colegios Departamentales, los colegiados quec) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanciónArtículo 3º.-Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de fondo respectivas, no podrán.a) Los que ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyoArtículo 4º.-Las incompatibilidades que determina el artículo anterior perduran hasta tantoCAPITULO IIPara ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público, el interesado deberádebiendo reunir los requisitos exigidos por esta Ley y su reglamentación.La inscripción en cualquiera de los Colegios Departamentales habilita para el ejercicio de la2b) Presentar título universitario, en su original, otorgado en conformidad con lac) Manifestar bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades edel Colegio donde pretenda inscribirse, el que servirá a los efectos de suse) Acreditar buena conducta mediante la certificación de antecedentes penales y deArtículo 6º.-Con la solicitud de inscripción en el Registro de Matrículas se formará legajo.El Colegio verificará si el peticionante reúne las condiciones requeridas y se expediráArtículo 7º.-Se denegará la inscripción cuando el solicitante no hubiera dadoEl Martilleroy/o Corredor Público cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar unaArtículo 8º.-Corresponde a los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos atender,Artículo 9º.-El Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de laArtículo 10º.-De cada Martillero y Corredor Público se llevará un legajo personal, donde se3Los Martilleros y Corredores Públicos deberán tener oficina, la que estará dedicadaArtículo 11º.-Es obligación de las Autoridades Judiciales actuantes, como así tambiénLas listas estarán depuradas antes de realizar cada sorteo o designación de oficio de acuerdoTITULO IIEn cada Departamento Judicial funcionará un Colegio de Martilleros yArtículo 13º.-Cada Colegio tendrá su asiento en la ciudad cabecera donde funcione elArtículo 14º.-Cuando un Martillero o Corredor Público ejerza en más de un DepartamentoCAPITULO II.Los Colegios Departamentales tienen por objeto y atribuciones:4Departamentales, de la presente Ley y su reglamentación, a cuyo efecto podrán otorgarcontribuciones, multas y demás, que esta Ley crea para el sostenimiento de los colegios y queCAPITULO III –Es obligación de los Colegios fiscalizar el correcto ejercicio de las profesionesArtículo 17º.-El Tribunal de Disciplina, dentro de la esfera Colegial, aplicará en formab) Condena criminal, en los casos del artículo 2º de la Ley Nacional 20.266 y susc) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 52º o la violación de lasde estai) Violación de las normas contenidas en el Código de Ética Profesional.5k) No llevar libros en la forma prescripta por el Código de Comercio, esta Ley y sureglamentación.l) Inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un (1) añoreglamentación y resoluciones dictadasArtículo 18º.-Sin perjuicio de las medidas disciplinarias el Martillero y/o Corredor PúblicoArtículo 19º.-Las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a los colegiados son:cuotas anuales colegiales, vigentes al momento de lac) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta dos (2) años.Artículo 20º.-Las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo anterior, seEn todos los casos, la sanción será apelable ante el Honorable Consejo Superior del Colegio deEl Tribunal de Disciplina correspondiente deberá elevar las actuaciones dentro delLas resoluciones del Honorable Consejo Superior podrán recurrirse según lo determina laArtículo 21º.-La sanción del artículo 19º inciso d) sólo podrá ser resuelta:Artículo 22º.-La acción disciplinaria puede iniciarse por denuncia del agraviado, de lose inapelable, si existe o no razón para la formación de causa disciplinaria.Artículo 23º.El Tribunal de Disciplina es competente también para suspender6Artículo 24º.-Las acciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años de producido elLa iniciación de la acción interrumpe la prescripción por igual término.Cuando el hecho pudiera dar lugar a la sanción establecida en el art. 19 inc. d), laArtículo 25º.-El Martillero y/o Corredor Público sancionado por sentencia penal seráCAPITULO IV.-Son Organos Directivos de la Institución:Artículo 27º.-Decláranse cargas públicas las funciones de los miembros del ConsejoArtículo 28º.- No pueden ser electores en ningún caso los Martilleros y/o CorredoresEl voto es obligatorio.El que sin causa justificada no emitiere su voto sufrirá una multa equivalente al veinteCAPITULO V.Cada año en la fecha y forma que establezca la reglamentación se reunirá la7correspondiente convocatoria.Artículo 30º.-Podrá citarse también a Asamblea Extraordinaria cuando lo soliciten porcomo mínimo el veinticinco por ciento (25%) de los miembros del Colegio, por lopara considerar los asuntos deArtículo 31º.-La Asamblea funcionará con la presencia de más de un tercio (1/3) de losCAPITULO VI.El Consejo Directivo estará compuesto por un (1) Presidente, un (1)un (1) año de colegiación, conArtículo 33º.-Los miembros del Consejo Directivo podrán ser objeto de remoción por faltastreinta y cinco (35) años de edad.Los miembros desinsaculados podrán ser recusados por las mismas causas que los8Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable.elLas apelaciones deberán interponerse directamente dentro de los diez (10) días de notificadaArtículo 34º.-Al Consejo Directivo corresponde:m)Derogadoo) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión. Cumplir y hacer cumplir lasArtículo 35º.– El Presidente del Consejo Directivo o quien lo reemplace presidirá la9Artículo 36º.-El Consejo Directivo deliberará válidamente con la mitad más uno de susCAPITULO VII.El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros titulares e igualArtículo 38º.-Sus miembros son recusables por las mismas causas que los Camaristas en loArtículo 39º.– El Tribunal de Disciplina aplicará las sanciones previstas en esta Ley yCAPITULO VIII.– Los Colegios Departamentales constituyen el Colegio de Martilleros yArtículo 41º.-El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia tendrá suArtículo 42º.-La representación del mismo estará a cargo de un Consejo Superior integradoArtículo 43º.-El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia tendrá los10g) Administrar sus fondos y bienes, fijar su presupuesto anual, designar y remover elArtículo 44º.-Los Colegios Departamentales aportarán una contribución de hasta el quinceArtículo 45º.-El Consejo Superior designará de entre sus miembros un Presidente, unCAPITULO IX..Artículo 46º.-Los Colegios Departamentales tendrán como recursos:Artículo 47º.-El Consejo Superior en el mes de noviembre de cada año, fijará el monto delArtículo 48º.-El Colegio Departamental percibirá el importe de los derechos que determina11Artículo 49º.-Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderles por laTITULO III..CAPITULO I..Artículo 50º.-El ejercicio de las profesiones de Martillero y Corredor Público comprende lasArtículo 51º.-Los Colegiados en actividad podrán recabar directamente de las oficinasEn la solicitud se hará constar su nombre, domicilio, tomo, folio y número de inscripción en elCAPITULO II..Artículo 52º.-Son obligaciones de los Martilleros y Corredores Públicos:1. Llevar los Libros que disponga la legislación de fondo, en los cuales se asentarán las4. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad.12En el caso de tratarse de compra-venta, cuando fuesen bienes inmuebles, deberáCuando se tratare de fondos de comercio o bienes muebles, deberán requerir igualarchivando anualmente los convenios por escrito que a ese respecto tuviera10. Cuando lo exigiere la naturaleza del negocio, guardar secretoprofesional riguroso, en10° de la presente Ley.17. No abandonar la gestión que se les hubiere encomendado.1321. Abonar en tiempo y forma las obligaciones previsionales establecidas en la Ley de22. Hacer constar con toda claridad en cualquier propaganda o publicidad el nombre yla Ley Nacional de Martilleros.2. Comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien ay anotaciones personales de sus titulares. Sin perjuicio de lode los honorarios en caso de no hacerlo.en el1411. Serán de aplicación a los Martilleros, en lo pertinente, las obligaciones prescriptas paraCAPITULO III..Artículo 53º.-Les está prohibido a los Martilleros y Corredores Públicos, sin perjuicio de lola Ley 20.266 y sus modificatorias, lo siguiente:sus honorarios arancelados.y/o disposiciones judiciales que así lo autoricen.los honorarios y a que se le reintegren los gastos y responderá por losl) Actuar bajo otra denominación que no corresponda al nombre y apellido de losCAPITULO IV..Artículo 54º.-Los honorarios que percibirán los Martilleros y Corredores Públicos por los151) Venta en mercados (concentraciones con destino a consumo, conserva o exportación): delf) Subasta de cualquier otro tipo de bienes y/o derechos no especificados aquí del 5% alg) En todos los casos el vendedor pagará, además, la cuenta de gastos de publicidadpudiendo asumir una de las partes, la totalidadEn caso de no existir contrato escrito, se tomará como base el importe de dos años de16de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de parte de haber sidoIII – ESTIMACIONES DEL VALOR DEL MERCADO O TASACIONES EN GENERAL:Artículo 55º.-En los remates judiciales se regularán los honorarios o aranceles de acuerdo a17Artículo 56º.-Si en las operaciones articulares intervinieran dos o más colegiados, cada unoArtículo 57º.-En los remates judiciales fracasados por falta de postores o que no seArtículo 58º.-En caso de suspenderse la subasta por orden del Juez o Tribunal competente,Cuando los Martilleros y Corredores Públicos actúen como tasadores por designaciónCAPITULO V..Artículo 59º.-Para ser incluido en las listas de nombramientos de oficio, los Martilleros yun (1) año de ejercicio profesional desde la, salvo lo que dispongan las leyes especiales., en el término que establezca la reglamentaciónArtículo60º.-Las listas definitivas serán dadas a conocer en cada Cámara Departamental por losArtículo 61º.-Los nombramientos de oficio se harán por sorteo, en audiencia pública, en18Dichos representantes estarán facultados para hacer constar en el acto las observacionesArtículo 62º.-Los sorteos se anunciarán en el tablero del Juzgado indicando día, hora yArtículo 63º.-Ningún Martillero o Corredor Público podrá ser sorteado por segunda vezArtículo 64º.-Los nombramientos de oficio son irrenunciables, salvo causa justificada, casoArtículo 65º.-Cuando se dejare sin efecto un nombramiento de oficio o el auto que ordena laCAPITULO VI..Artículo 66º.-Los Martilleros Públicos podrán en los juicios en que hayan sido designados,Asimismo podrán suscribir cédulas y oficios necesarios para el mejor cumplimiento deArtículo 67º.-Las subastas podrán efectuarse cualquier día de la semana, con excepción deArtículo 68º.-Los Martilleros y Corredores Públicos realizarán personalmente las subastas.Solo será posible la delegación en otro Martillero o Corredor Público colegiado, por causaEl resto de los actos propios de las tareas encomendadas, se podrán realizar bajo suArtículo 69º.-Los Martilleros y Corredores Públicos deberán rendir cuenta de su cometidoArtículo 70º.-La subasta deberá realizarse en el lugar donde tramita la causa, el de19Corredores Públicos a tales efectos, según lo resolviera el Juez de acuerdo con lasen la especie.Artículo 71º.-Los Jueces no podrán dar por terminado ningún juicio, ordenar el,aprobar o mandar cumplir transacciones, hacer efectivos los desistimientos, dar por.Artículo 72º.-En el caso que la subasta fuera anulada por causa no imputable al Martillero,fijados en elArtículo 73º.-Anunciada la subasta de varios inmuebles y suspendida por orden del, y sobre lo no realizado tendrá derecho a los honorarios con arreglo a loy al reembolso de los gastosArtículo 74º.-En el caso que la subastas de varios inmuebles, vendidos unos, fracasadoCAPITULO VII..Artículo 75º.-Cuando las actividades de los Colegios departamentales fueran notoriamenteArtículo 76º.-Las funciones del Interventor serán:Artículo 77º.-El Interventor durará tres (3) meses en sus funciones como máximo, contados20Artículo 78º.-El Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de laArtículo 79º.-La resolución del Consejo Superior del Colegio de Martilleros yCAPITULO VIII..Artículo 80º.-Será reprimido con multa de diez (10) a treinta (30) cuotas anualeso hasta el duplo de los honorarios percibidosa) La persona que ejerciere actos propios reservados al Martillero y/o Corredorb) La persona que,sin ser Martillero o Corredor Público realice operaciones, facilite o de cualquier modo favorezca la realización por otros dec) La persona que obstruya, impida o perturbe la realización de un remate o las operacionesd) El Martillero o Corredor Público, con matrícula de extraña jurisdicción y/o sin estarArtículo 81º.-El conocimiento de las causas que se promovieran respecto de las infraccionesse instrumentarán conforme lo prescripto en el CódigoLas causas se iniciarán de oficio, por denuncia de terceros o a requerimiento de losArtículo 82º.-Los representantes legales de las Entidades Profesionales podrán tomar) Solicitar la intervención y clausura de las oficinas de Martilleros y Corredores PúblicosArtículo 83º.-El juicio se sustanciará por el procedimiento fijado para las causasArtículo 84º.-Las multas deberán oblarse dentro de los diez (10) días posteriores a lade Buenos Aires y a la21La falta de pago dentro del plazo fijado, hará pasible al infractor de arresto, que iráEl producido de estas multas se destinará al Colegio Departamental donde se hayaTITULO IV..Artículo 85º.-Las actuales autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de laArtículo 86º.-Los actuales Martilleros y Corredores Públicos colegiados mantendrán suArtículo 87º.-Mantiénese en vigencia como reglamentación de la presente Ley en todoArtículo 88º.- Deróganse la Ley 7.021 y el Decreto Ley 9.126/78.Artículo 89º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DE LOS MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS

CAPITULO I

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

Artículo 1º.-

Provincia de Buenos Aires, se requiere:

Universidades Nacionales o Provinciales, de gestión estatal o de gestión privada, o

revalidado en la República Argentina con arreglo a las reglamentaciones vigentes.

b) Estar inscripto en alguno de los Colegios Departamentales donde tiene denunciado

su domicilio legal, a los efectos del desarrollo de su actividad.

se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones:

a) Hayan sido condenados con accesorias de inhabilitación para ejercer cargos

públicos y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafa y otras defraudaciones,

usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta

cumplida la condena.

b) Los fallidos mientras dure su inhabilitación.

disciplinaria.

d) Los comprendidos en el Art. 152º bis del Código Civil.

ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público

desempeño se requiera otro título habilitante.

b) Los Magistrados, Funcionarios y empleados de la Administración de Justicia Nacional y

Provincial.

c) Los eclesiásticos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad.

no se solicite la cancelación de la inscripción en el Registro de la matrícula profesional o no se

produzca la separación del cargo o función o no desaparezca la condición que crea la

incompatibilidad.

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MATRICULAS.

Artículo 5º.-

presentar su solicitud de inscripción al Colegio Departamental del que vaya a formar parte,

profesión en la totalidad del territorio provincial sin más trámite.

Para la inscripción se exigirá:

a) Acreditar identidad personal.

legislación vigente que regula la especie, y lo establecido en el artículo 1° inc. a) de la

presente Ley.

incompatibilidades establecidas en la legislación de fondo y local aplicables.

d) Denunciar su domicilio real y permanente y constituir domicilio legal en la jurisdicción

departamental

relaciones con sus comitentes, la Justicia y el Colegio profesional.

Los Martilleros y Corredores Públicos no podrán estar inscriptos en más de un Colegio.

En todos los casos prevalecerá como domicilio legal el de la oficina del colegiado, mientras

que si tuviese varias, prevalecerá el domicilio de la oficina donde al mismo tiempo se

encuentre su lugar de residencia.

reincidencia.

en el transcurso de treinta (30) días.

Decretada la inscripción, el profesional prestará juramento ante el Presidente del

Consejo, de cumplir fielmente con sus deberes y obligaciones que le están impuestos

por la normativa vigente, quedando habilitado para ejercer su profesión.

El Colegio Departamental a solicitud del inscripto, deberá expedir una credencial y

certificado habilitante en el que constará su identidad, domicilio, tomo y folio, o

número de inscripción, comunicando el alta respectiva al Consejo Superior y a la Caja

de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos

Aires, respectivamente.

cumplimiento a las exigencias requeridas por el artículo 5º, además de las

inhabilidades e incompatibilidades prescriptas por los artículos 2º y 3º de la presente.

La decisión denegatoria será apelable por recurso que se interpondrá directamente

ante el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la

Provincia, dentro de los diez (10) días de notificada.

A su vez del pronunciamiento de este último órgano, se procederá conforme lo

determina la legislación vigente en la materia.

nueva solicitud probando ante el Colegio haber desaparecido las causales que fundaron la

denegatoria.

conservar y depurar el Registro de Matrículas de sus colegiados en ejercicio, dentro de su

Departamento, debiendo comunicar cualquier modificación que sufran los mencionados

Registros al Colegio de la Provincia de Buenos Aires y a la Caja de Previsión Social para

Martilleros y Corredores Públicos.

Provincia confeccionará la clasificación de los profesionales inscriptos en el Registro de

Matrículas.

anotarán sus datos de filiación, títulos profesionales, empleos o funciones que desempeñen,

domicilio y sus traslados y todo cuanto pueda provocar una alteración en los registros

pertinentes de la matrícula, así como las sanciones impuestas y méritos acreditados en el

ejercicio de su actividad.

Dichos legajos serán públicos.

exclusivamente al servicio de los fines profesionales. Todo cambio de oficina así como el cese

o reanudación de las actividades profesionales, deberá ser comunicado al Colegio pertinente

dentro del término de cinco (5) días.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo respecto de los colegiados

dará lugar a sanción disciplinaria.

la de los Funcionarios a cargo del Organismo de contralor, conservar siempre visibles

en sus oficinas o despachos una nómina de los Martilleros y Corredores Públicos

inscriptos en el Departamento para sorteos de oficio.

a las comunicaciones del Colegio. Su inobservancia constituirá falta grave.

DE LOS COLEGIOS DE MARTILLEROS Y

CORREDORES PÚBLICOS

CAPITULO I.

COMPETENCIA – PERSONERIA

Artículo 12º.-

Corredores Públicos a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

Estos Colegios tendrán el carácter de personas jurídicas de derecho público, para el mejor

cumplimiento de sus fines.

Departamento Judicial a cuya jurisdicción corresponda y se designará con el aditamento de

este.

Judicial pertenecerá al Colegio que determine el artículo 5º, pero en todos los casos los actos

profesionales que ejecutare en otro departamento serán juzgados por el Colegio donde se

encuentre inscripto.

FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COLEGIOS

Artículo 15º.-

a) Llevar el Registro de la Matrícula y ejercer su gobierno.

b) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados con las limitaciones de esta Ley.

c) Decidir todo lo referente a las inscripciones de las matrículas en los respectivos registros,

conforme a esta Ley y su reglamentación.

d) Velar por el cumplimiento de esta Ley, su reglamentación y las resoluciones que dicte el

Honorable Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires.

e) Preparar anualmente y elevar a los Jueces y Tribunales las listas de colegiados para los

nombramientos de oficio.

f) Propender al progreso y mejoramiento de la legislación relacionada con las profesiones de

Martillero y/o Corredor Público y a su mejor capacitación profesional.

g) Recibir el juramento profesional, otorgar certificados y credenciales a sus integrantes y a

los inscriptos en el Registro de Matrículas.

h) Resolver las cuestiones que, siendo de su competencia, le sometan los colegiados.

i) Ser parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios

poderes.

j) Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que los poderes públicos les

encomienden, que se refieran a las profesiones de Martilleros y/o Corredores Públicos.

k) Mantener relaciones con Entidades similares y estimular la unión y armonía entre

Colegiados, fomentando el espíritu de solidaridad y asistencia recíproca entre los miembros

de la profesión.

l) Fundar y sostener una biblioteca pública con preferente carácter de especialización y

publicar o contribuir a la publicación de un órgano de difusión que refleje la actividad

profesional.

ll) Participar por medio de delegaciones, en reuniones, conferencias, congresos, federaciones

y consejos siempre que conserven su autonomía de gobierno.

m) Adquirir y administrar bienes de cualquier naturaleza, contraer obligaciones, aceptar

donaciones, legados o herencias y administrar el patrimonio social, pudiendo disponer de sus

bienes con previo consentimiento de la Asamblea.

n) Proponer al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, los proyectos de

reglamentación que entiendan útiles para el mejor funcionamiento de los Colegios.

o) Administrar la cuota de inscripción y cuotas anuales,

ingresos que se determinen

abonarán todos los Martilleros y/o Corredores Públicos que ejerzan en el Departamento.

p) Fijar el presupuesto anual de ingresos y gastos, de cuya aplicación se rendirá cuenta ante

la Asamblea.

q) Contribuir al mejor funcionamiento de la Caja de Previsión Social.

DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS

Artículo 16º.-

de Martillero y/o Corredor Público, a cuyo efecto se les confiere poder disciplinario, que

ejercitarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas de orden

individual y de las medidas que puedan aplicar los Magistrados Judiciales.

exclusiva las sanciones disciplinarias a que se hagan pasibles los colegiados. Son causas de

sanción:

a) Pérdida de la ciudadanía.

modificatorias.

prohibiciones del artículo 53º, así como lo establecido en la legislación nacional vigente en la

materia.

d) Adquirir para sí o para persona de su familia con grado de parentesco inmediato las

cosas cuya venta le haya sido encargada.

e) Retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus comitentes.

f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto sobre aranceles fijados por esta Ley.

g) Violación a las normas de la Ley de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos.

h) Violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los artículos 2º y 3º

Ley.

j) Abandono de gestión encomendada en perjuicio de terceros, por cambios de domicilio legal

o traslado de oficina sin dar aviso al Colegio Departamental.

sin causa justificada al Consejo Directivo y/o Tribunal de Disciplina.

ll) Violación a las normas de publicidad que contempla esta Ley y su reglamentación.

m) Contravención a las disposiciones de esta Ley, su

por el Consejo Directivo u Honorable Consejo Superior.

sancionado podrá ser inhabilitado para desempeñar cargos en los organismos que crea esta

Ley, hasta un máximo de cinco (5) años.

a) Amonestación escrita.

b) Multa de hasta veinte (20)

sanción

d) Cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula.

aplicarán por el Tribunal de Disciplina con el voto de la mayoría de los miembros que

lo componen, y las previstas en los incisos c) y d) por las cuatro quintas (4/5) partes de

los miembros del Tribunal.

Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días

hábiles contados desde su notificación.

término de diez (10) días posteriores a la interposición del recurso.

legislación vigente en la materia.

a) Por haber sido sancionado el Martillero y/o Corredor Público inculpado, en tres (3)

oportunidades, por las causales previstas en los incisos b) o c) del artículo 19º.

b) Por haber sido condenado por delito doloso.

colegiados, por simple comunicación de los Magistrados, por denuncia de reparticiones

administrativas o por el Consejo Directivo.

Para el caso de denuncias de particulares y/o colegiados, previo a todo otro trámite, deberá

requerirse la ratificación de la denuncia.

El Consejo Directivo requerirá explicaciones al denunciado y decidirá mediante resolución

fundada

Si se resolviere la formación de causa disciplinaria, se pasarán las actuaciones al Tribunal de

Disciplina, el que dará conocimiento de las mismas a las partes, emplazándolos para que

presenten pruebas y defensas dentro de los quince (15) días hábiles.

Producida aquella, el Tribunal de Disciplina resolverá sin más trámite, dentro del plazo que

determine la reglamentación, comunicando su resolución al Consejo Directivo para su

cumplimiento y anotación en el legajo personal del colegiado.

La resolución del Tribunal de Disciplina será siempre fundada.

preventivamente al colegiado que se encuentre bajo proceso en causa en que se le impute la

comisión de un delito contra la propiedad, contra la administración o contra la fe pública.

hecho que autoriza su ejercicio.

prescripción de la acción se producirá a los cinco (5) años de ocurrido el hecho.

El plazo de prescripción de la acción, se interrumpirá por la interposición de la

denuncia, o notificación fehaciente que intime a la reparación del perjuicio ocasionado.

La prescripción también se interrumpe por la secuela regular del procedimiento.

Podrá suspenderse el procedimiento de las causas disciplinarias, cuando sea necesario

esperar el dictado de la sentencia en causa judicial.

Cuando la denuncia fuese presentada ante órgano incompetente, su sola presentación

suspenderá el término de prescripción, por el plazo de noventa (90) días corridos.

Los plazos de prescripción se suspenderán cuando el inicio de la causa disciplinaria

dependiera del dictado de un fallo en sede judicial y hasta tanto éste último adquiera

firmeza.

admitido en la actividad, en las condiciones previstas por el artículo 2º de la presente

Ley.

AUTORIDADES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL

Artículo 26º.-

a) La Asamblea;

b) El Consejo Directivo;

c) El Tribunal de Disciplina. Los miembros del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina,

serán elegidos en Asamblea y durarán cuatro (4) años en sus funciones, renovándose por

mitades cada bienio.

Directivo y Tribunal de Disciplina.

Podrán excusarse los mayores de setenta (70) años y los que hayan desempeñado en el

período inmediato anterior alguno de dichos cargos.

Públicos que inscriptos en el registro, adeuden la cuota anual establecida en la

presente Ley.

Tampoco podrán ser elegidos quienes se encuentren con sus cuentas previsionales en

mora al momento de su postulación.

por ciento (20%) del valor de la cuota anual vigente a la fecha de la Asamblea. Dicha

sanción será aplicada por el Consejo Directivo cuyos importes serán destinados al

Colegio Departamental respectivo.

DE LAS ASAMBLEAS

Artículo 29º.-

Asamblea para considerar los asuntos de competencia del Colegio que deben figurar en el

Orden del Día. El año que corresponda renovar autoridades se incluirá en el Orden del Día la

escrito

menos, o por resolución del Consejo Directivo,

competencia del mismo en el marco de la presente Ley los que deberán figurar en el

orden del día.

inscriptos.

Si a la hora de la citación no hubiera número suficiente, funcionará válidamente una hora

después con los asistentes, siempre que su número no sea inferior a diez (10), excluyendo los

integrantes del Consejo, a los efectos de la formación de quórum.

Las citaciones se harán mediante comunicación dirigida al domicilio de los colegiados y por

publicaciones en un diario de la ciudad de asiento del Colegio durante tres (3) días

consecutivos.

Los integrantes del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina serán elegidos en comicio

en los que el voto será secreto y obligatorio.

Su elección será por el sistema de lista incompleta.

Cuando se oficialicen dos o más listas, se consagrará para la mayoría las dos terceras (2/3)

partes de los candidatos presentados según su orden de colocación en cada lista.

El tercio restante de candidatos presentados se adjudicará a la lista que siga en número de

votos, siempre que obtuviere un tercio (1/3) de los votos válidos emitidos.

Si esto no ocurriera, la lista mayoritaria se adjudicará la totalidad de los cargos.

Los Consejeros suplentes llamados a sustituir a los Consejeros titulares, serán los electos en el

mismo acto y pertenecientes a la misma lista que los titulares que deberán reemplazar.

El reglamento determinará el régimen electoral y procedimiento eleccionario.

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 32º.-

Vicepresidente Primero, un (1) Vicepresidente Segundo, un (1) Secretario General, un (1) Pro

Secretario, un (1) Secretario de Actas, un (1) Tesorero, un (1) Pro Tesorero y cinco (5) Vocales

Titulares. Se elegirán asimismo cinco (5) Vocales Suplentes.

Para ser miembro del Consejo se requiere un mínimo de

ejercicio ininterrumpido en la actividad profesional en el respectivo Departamento, tener

domicilio real en el mismo y no estar incurso en lo dispuesto por el artículo 17º de la presente

Ley.

Para poder ser elector se requiere un mínimo de un (1) año de ejercicio en la profesión.

graves cometidas en el ejercicio de su mandato, mediante acusación formulada por un

quinto (1/5) de los miembros del Colegio, o bien en el caso que sus miembros excedan de

quinientos, la misma se realice por cien colegiados, o por resolución del Consejo Directivo

mediante el voto secreto de los dos tercios (2/3) de los miembros que lo componen.

Se formará un jurado especial integrado por diez (10) miembros a sortearse entre los

colegiados activos.

Los integrantes del Jurado deberán tener cinco (5) años de ejercicio profesional y más de

Camaristas en lo Criminal y Correccional, y por una sola vez.

El Jurado actuará bajo la presidencia del colegiado con mayor antigüedad en la matrícula y

sesionará con un quórum de siete (7) miembros; sus decisiones se adoptarán por mayoría

absoluta.

Se tendrá por desestimada la acusación que no reúna las condiciones exigidas por este

artículo.

La resolución que recaiga podrá ser apelada por ante el Colegio de Martilleros y Corredores

Públicos de la Provincia de Buenos Aires y de la decisión de éste, podrá recurrirse ante

Juzgado en lo Contencioso Administrativo competente.

la sanción.

a) Resolver los pedidos de inscripción en el Registro de Matrículas.

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, su reglamentación y resoluciones

del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de

Buenos Aires.

c) Llevar el Registro de Matrículas, debiendo efectuar las comunicaciones previstas en el

artículo 8º de esta Ley.

d) Confeccionar las listas de Martilleros y/o Corredores Públicos para las designaciones de

oficio y elevarlas al Organismo judicial correspondiente.

e) Convocar las Asambleas, redactar el Orden el Día y hacer cumplir sus resoluciones.

f) Representar a los Martilleros y/o Corredores Públicos tomando las disposiciones necesarias

para asegurarles el legítimo desempeño de su profesión.

g) Defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los

Martilleros y Corredores Públicos, velando por el decoro, prestigio e independencia de la

profesión.

h) Intervenir a solicitud de partes en los conflictos o desavenencias que ocurran entre colegas

o entre Martilleros y Corredores Públicos con sus clientes, cuando corresponda por esta Ley o

con motivo de la restitución de toda documentación pertinente, sin perjuicio de la

intervención que corresponda a los órganos jurisdiccionales.

i) Administrar los bienes del Colegio, crear o fomentar su biblioteca pública y el órgano de

difusión técnica e información profesional.

j) Proponer al Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la

Provincia de Buenos Aires el anteproyecto del Reglamento a que se refiere el artículo 15º

inciso n) así como sus futuras modificaciones.

k) Nombrar y remover a sus empleados.

l) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas previstas en esta Ley y

violaciones al Reglamento cometidas por los colegiados a los efectos de las sanciones

correspondientes.

ll) Solicitar al Tribunal de Disciplina la aplicación de sanciones en los casos del artículo 17º

inciso m)

n) Derogado

disposiciones de esta Ley y de su reglamento.

.

Asamblea, mantendrá las relaciones de la institución con sus similares con los poderes

públicos, ejecutará y hará cumplir las decisiones del Colegio departamental y del Colegio de

Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia.

miembros, tomando resoluciones a mayoría de votos, salvo en aquellos casos en que esta

Ley y su reglamentación exigiera dos tercios (2/3) de los mismos.

El Presidente sólo tendrá voto en caso de empate.

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Artículo 37º.-

número de suplentes.

Para ser miembro se requiere tener domicilio real en el Departamento Judicial, treinta y cinco

(35) años de edad, diez (10) años en el ejercicio profesional y no estar incurso en lo dispuesto

por el artículo 18º de la presente Ley.

Los miembros del Consejo Directivo no podrán formar parte del Tribunal.

Designará en su primera reunión un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

Criminal y Correccional.

Las recusaciones serán resueltas por el Consejo Superior, siendo su decisión inapelable.

Podrán ser removidos en el modo y con el procedimiento establecido en el artículo 33º.

Ante la remoción, integrarán el Cuerpo los suplentes.

funcionará asistido por un Secretario «ad-hoc», que deberá tener título de abogado.

DEL COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA

Artículo 40º.

Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

asiento en la ciudad de La Plata.

por todos los Presidentes de los Colegios Departamentales.

Los Vicepresidentes Primeros de los mismos tendrán carácter de Consejeros Suplentes.

siguientes derechos y atribuciones:

a) Representar a los Colegios en sus relaciones con los poderes públicos. Ser parte en juicio en

todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios, de la presente Ley y su

reglamento, a cuyo efecto podrá otorgar poderes.

b) Promover y participar en Conferencias o Congresos vinculados con la actividad profesional

por medio de sus delegados; propender al progreso de la legislación de la materia con

estudios y proyectos que solicitaren las autoridades.

c) Dictar y editar un Manual de Ejercicio Profesional para uso de los Martilleros y/o

Corredores Públicos, que contendrá las principales disposiciones legales atinentes al ejercicio

de la profesión y principios de ética profesional.

d) Confeccionar la clasificación de los profesionales inscriptos en el Registro de Matrículas.

e) Centralizar los Registros de las Matrículas de los Martilleros y/o Corredores Públicos.

f) Resolver en grado de Apelación en los casos que le competan.

personal empleado y demás facultades que sean conducentes al logro de los fines de esta

Ley.

h) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, y resolver en última

instancia las cuestiones que se susciten en torno a su inteligencia y aplicación.

i) Proyectar el reglamento general de la Ley.

j) Decidir sobre la interpretación de la Ley y el reglamento general en los casos sometidos a

su decisión.

por ciento de las cuotas anuales obligatorias establecidas por esta Ley para la organización y

funcionamiento del Colegio de la Provincia.

Vicepresidente un Secretario y un Tesorero.

La votación se efectuará por cargos y permanecerán en ellos como tales hasta la próxima

renovación de autoridades de los Colegios Departamentales.

El ingreso de nuevos miembros determinará una nueva elección dentro del Cuerpo.

Los que no resultaren electos permanecerán en sus cargos por el término de sus respectivos

mandatos.

Sus decisiones se tomarán a simple mayoría teniendo el Presidente doble voto en caso de

empate.

Sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.

DE LOS RECURSOS

a) Derechos de inscripción en la matrícula.

b) Cuota anual que abonarán los colegiados.

c) Demás ingresos previstos en la presente Ley.

Los recursos a que se hace referencia en los incisos a) y b) de este artículo y el porcentaje

establecido en el artículo 44º, serán fijados por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos

de la Provincia de Buenos Aires y en la forma que determine la presente Ley.

derecho de inscripción y de la cuota anual para el ejercicio siguiente.

La cuota anual deberá abonarse por año calendario adelantado, antes del día 30 de abril de

cada año, en uno o más pagos dentro de los plazos que establezca al efecto el Consejo

Superior. Los que se incorporen lo harán en la oportunidad en que lo hagan.

Los Colegios podrán solicitar al Consejo Superior una cuota adicional.

Vencidos los plazos de pago, se producirá la mora de pleno derecho, debiendo abonarse en

lo sucesivo sus importes con más los intereses y gastos causídicos que correspondan.

Producida la falta de pago de la cuota anual o de la cuota supletoria, en su caso, el Consejo

Directivo deberá suspender al colegiado en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de

reclamar su cobro por la vía pertinente».

el artículo 46º, así como también el de multas y prestaciones obligatorias que está facultado

a imponer por esta Ley y su reglamento general.

El cobro compulsivo se realizará por el procedimiento de apremio, siendo suficiente título

ejecutivo, la planilla de liquidación suscripta por el Presidente y Tesorero del Colegio, o en su

caso la resolución o Decreto que estableció la sanción o prestación, suscripta por el

Presidente, Secretario y Tesorero del Colegio.

legislación común, los miembros del Consejo Directivo son solidariamente responsables de la

inversión de los fondos cuya administración se les confiere y de los daños y perjuicios que

irroguen con su actuación irregular.

DE LOS COLEGIADOS

DE LA ACTIVIDAD DE LOS COLEGIADOS

siguientes actividades:

a) Martillero Público: Efectuar ventas en remates públicos de cualquier clase de bienes

muebles, inmuebles, semovientes y derechos, marcas, patentes y en general, todo bien cuya

venta no este prohibida por la Ley o encomendadas a otras profesiones específicas, que se

efectúen en el territorio de la Provincia, sean estas por orden judicial, oficial o particular.

b) Corredor: Realizar todos los actos propios del corretaje y la intermediación, poniendo en

relación a las partes para la conclusión del contrato proyectado por su comitente.

El objeto de su intervención puede ser la permuta, locación, compraventa de inmuebles,

muebles, mercaderías, semovientes, rodados, fondos de comercio, marcas, patentes,

créditos, letras, papeles de negocio, títulos y acciones coticen o no en bolsa sin incurrir en los

supuestos contemplados en la Ley 17.811, y en general toda clase de derecho de tráfico

lícito.

c) El Martillero y el Corredor Público pueden practicar y expedirse en tasaciones de

inmuebles, muebles y semovientes en general.

públicas, prestadoras de servicio y bancos oficiales y privados, informes o certificados

sobre las condiciones de las cosas o derechos que les hayan sido entregados para la

venta, locación o cualquier otra actuación que le haya sido encomendada.

Registro de Matrículas, precisando con exactitud las características del bien, la naturaleza del

derecho sobre el que se requiere informe y el objeto de éste, debiendo expedirse las oficinas

dentro del plazo máximo de quince (15) días.

OBLIGACIONES

a) DE LOS CORREDORES:

operaciones que se realizan.

2. Expedir los certificados ajustándose estrictamente a las constancias de su libro.

3. Comprobar con exactitud la identidad y capacidad legal de las personas entre

quienes trata el negocio.

5. Comprobar la existencia de los instrumentos que acrediten el título invocado por el

comitente.

recabarse la certificación del Registro de la Propiedad sobre la inscripción de dominio

de los gravámenes y embargos que reconozcan aquellos, así como las inhibiciones

anotadas a nombre del enajenante.

certificación del Registro Público de Comercio y del Registro de Créditos Prendarios de la

jurisdicción en que se encuentren respectivamente. Tratándose de automotores deberán

requerir igual certificación del Registro de la Propiedad Automotor.

En todos los casos deberá dejarse constancia en el contrato, del número y fecha de

expedición de los certificados y situación que surja de los mismos.

6. En las publicaciones y propagandas de loteos que efectúe, sin perjuicio de las demás

previsiones contenidas en reglamentaciones de la materia, deberá citarse el número del o de

los planos aprobados, poniendo a disposición de los interesados los elementos probatorios

necesarios.

7. Cuando se anuncie la pavimentación de calles adyacentes al loteo a venderse, sin perjuicio

de las demás previsiones contenidas en las reglamentaciones de la materia, deberá

especificarse el tipo de construcción de aquellas, no pudiendo citarse otros servicios públicos

(transporte, provisión de agua, energía eléctrica, teléfono, gas, etc.) cuyo funcionamiento no

se realice con autorización oficial y carácter permanente.

8. Cuando se trate de inmuebles a pagarse en cuotas periódicas sucesivas, deberá

observarse en lo pertinente lo dispuesto en las Leyes 4.564, 14.005 y sus modificatorias.

9. Convenir por escrito con sus mandantes los honorarios y gastos, las condiciones de venta,

la forma de pago de todo cuanto creyera conveniente para el mejor desempeño de su

mandato,

con sus mandantes.

todo lo concerniente a las operaciones que se le encarguen.

11. Asistir a la entrega de los efectos por ellos vendidos, si alguno de los interesados lo

exigiere.

12. Hallarse presente en el momento de firmarse el contrato, al pie del cual certificará que se

ha hecho con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su

responsabilidad y que asentará en el Libro de Registros. Los ejemplares de los boletos de

compraventa de inmuebles y fondos de comercio, serán archivados anualmente y serán

exhibidos ante orden judicial o a requerimiento de las autoridades del Colegio.

13. Conservar los certificados e informes de las cosas o derechos que se vendan con su

intervención.

14. Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez en el Servicio de Justicia.

15. Aceptar los nombramientos que les hicieran los tribunales, con arreglo a la Ley, pudiendo

excusarse solo por causa debidamente fundada.

16. Dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio o traslado de oficina, así

como también del cese o reanudación del ejercicio profesional en el plazo fijado por el

artículo

18. Dar recibo del dinero, título o documento que se les entreguen, conservándolos y

devolviéndolos a la terminación de la contratación.

19. Pagar la cuota anual en los plazos que fije la reglamentación o el Consejo Directivo, como

así también las demás contribuciones establecidas por la asamblea extraordinaria de

colegiados o cuota adicional supletoria que se fijare.

20. Exhibir el libro toda vez que los inspectores del Colegio Departamental lo solicitaren.

la materia.

apellido, tomo, folio y/o número de Colegiado en el Registro de Matrículas.

b) DE LOS MARTILLEROS PUBLICOS:

1. Llevar los libros que determina

rematar. En el caso de remate de inmuebles deberán también constatar las condiciones de

dominio de los mismos

anterior deberá anunciar con anticipación razonable todos los remates que realicen,

efectuando la publicidad necesaria para asegurar el mayor éxito de la subasta.

3. Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la

forma de satisfacerlo, condiciones de venta, lugar del remate, modalidades del precio y

demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en

que el Martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en

nombre de aquel.

4. Anunciar las ventas en las condiciones estipuladas, estableciendo en los avisos la fecha,

hora y lugar de la subasta, cualidad, títulos y ubicación de la cosa, como así también por

orden de quién se realiza el remate. Deberá indicarse asimismo el nombre del profesional,

domicilio especial y matrícula, efectuando una descripción del estado del bien y sus

condiciones de dominio. Tratándose de remates realizados por Sociedades, deberá indicarse

además los datos de su inscripción registral.

Cuando se trate de remate de lotes provenientes de subdivisión de bienes de mayor

extensión, deberá indicarse los datos referentes a medidas, linderos y condiciones de

dominio. También deberá indicarse en su caso el tipo de pavimento, obras de desagües y

demás servicios públicos si existieran, sin perjuicio de las demás exigencias contenidas en las

leyes provinciales.

5. Realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar bien visible una

bandera con su nombre y en su caso el de la sociedad al que pertenezcan.

6. Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate en idioma nacional y con precisión, los

caracteres, condiciones legales, cualidades y gravámenes que pudieran pesar sobre el bien.

7. Aceptar la postura solamente cuando se efectuara de viva voz, de forma clara e

inconfundible.

Suscribir con los contratantes y previa comprobación de su identidad, el instrumento que

documente la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. Cuando se

trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y esta fuera

suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo.

8. En las subastas ordenadas por entidades estatales y realizadas en sus dependencias,

además de la bandera de la institución puesta al frente del edificio conforme lo antes

expuesto, se colocará en lugar visible el nombre del o de los martilleros que tengan a su

cargo el acto. Las reparticiones públicas ajustarán sus disposiciones a la presente Ley.

9. Rendir cuenta en forma documentada y entregar el saldo que resulte favorable de la

subasta a sus comitentes, dentro de los términos legales salvo convención contraria,

incurriendo en pérdida

10. Cuando el Martillero o Corredor tuviese oficinas en un radio mayor de veinticinco (25)

kilómetros de distancia, deberá tener a cargo de las mismas a profesionales colegiados,

Colegio Departamental, donde funcione la oficina.

los corredores en el inciso a) del presente artículo.

PROHIBICIONES

establecido en

a) Practicar descuentos, bonificaciones o reducción de

b) Tener participación en el precio que se obtenga en el remate o transacción a su cargo, no

pudiendo celebrar convenios por diferencia a su favor o de terceras personas.

c) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la

sociedad a la que pertenezca se efectúen remates por personas no colegiadas.

d) Comprar para sí, por cuenta de terceros, directa o indirectamente, ni adjudicar o aceptar

posturas respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o

empleados, los bienes cuya venta se le hubiere encomendado.

e) Suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado

para disponer del bien a rematar.

f) Retener el precio recibido o parte de él en que exceda del monto de los gastos convenidos y

de los honorarios que le corresponda.

g) Utilizar en cualquier forma las palabras «judicial», «oficial» o «municipal», cuando el remate

no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o

confusión.

h) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de

Leyes

i) Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado la base la misma

no se alcance. El Martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su

derecho a cobrar

daños y perjuicios que ocasionare.

j) Constituir Sociedades con personas inhabilitadas para el ejercicio profesional.

k) Facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la apertura de

oficinas o ejerzan la profesión, ni regentear las que no sean propias, con excepción de lo

normado en el Artículo 52° apartado b) inciso 10 de la presente.

Colegiados, salvo en los casos de Sociedades legalmente constituidas en un todo de

acuerdo a lo normado en la Ley Nacional 20.266 y sus modificatorias, donde se

consignará en toda publicación el nombre, apellido y datos profesionales de al menos

un Colegiado en actividad que la integra.

DE LOS ARANCELES

trabajos profesionales que realicen, se ajustarán a la siguiente escala arancelaria:

I.- DE LOS MARTILLEROS PUBLICOS:

a) Subasta de inmuebles: del 1,5 % al 3 % a cargo de cada parte.

b) Subasta de rodados, plantas, mercaderías, demoliciones, implementos agrícolas y

muebles en general: del 5 % al 10 % a cargo del comprador.

c) Subasta de fondo de comercio: del 2,5 % al 5 % a cargo de cada parte.

d) Subasta de hacienda:

1% al 2% a cargo del vendedor;

2) Venta en remate de vacunos generales: del 1 % al 2 % a cargo del vendedor y comprador

respectivamente;

3) Venta de reproductores generales de todo tipo, de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales

en general: del 1,5% al 3% a cargo de cada parte;

4) Venta de reproductores de pedigreé en consignaciones de cabañas o en exposiciones: del

3 % al 6 % a cargo del comprador;

5) Liquidaciones en establecimientos e instalaciones de vacunos y lanares: del 2 % al 4 % a

cargo del comprador, yeguarizos, porcinos, caprinos y asnales, reproductores de todo tipo:

del 3 % al 6 % a cargo del comprador;

6) Venta de hacienda faenada (carnes de gancho): del 1 % al 2% a cargo del vendedor.

e) Subasta de aves y conejos: del 5 % al 10 % a cargo del comprador.

10%.

previamente convenida.

II.- DE LOS CORREDORES:

a) Venta de inmuebles: del 1,5 % al 3% a cargo de cada parte.

b) Venta de títulos y acciones con o sin cotización en bolsa, sin incurrir en los supuestos

contemplados por la Ley 17.811 de Oferta Pública de Títulos Valores: del 1 % al 1,5 % a

cargo de cada parte.

c) Venta de rodados, demoliciones, plantas, mercadería, implementos agrícolas, muebles en

general: del 3 % al 6 % a cargo del comprador.

d) Venta de fondos de comercio:

1) A inventario: del 2 % al 4 % a cargo del comprador y del 3 % al 6 % a cargo del vendedor;

2) En block: del 2,5 % al 5 % a cargo de cada parte.

e) Venta de hacienda y aves:

1) Venta de vacunos y lanares en general: del 1 % al 2 % a cargo de cada parte;

2) Venta de porcinos, caprinos, yeguarizos y asnales en general: del 1,5 % al 3 % a cargo de

cada parte;

3) Venta de reproductores generales: vacunos, lanares, porcinos, caprinos, yeguarizos y

asnales: del 1,5 % al 3 % a cargo de cada parte;

4) Venta de reproductores de pedigreé: del 3% al 6% a cargo de los compradores;

5) Venta de aves: del 2,5% al 5% a cargo de cada parte.

6) Arrendamientos en locaciones urbanas o rurales: del 1% al 2 %, a cargo de cada parte

sobre el importe del plazo de contrato,

del pago de los honorarios.

arrendamiento o locación. En alquileres por temporada: del 1,5 % al 3 % del monto del

contrato a cargo de cada parte.

7) Dinero en hipoteca: del 0,75 % al 1,5 % a cargo de cada parte.

8) Venta de ganado de cualquier tipo a frigoríficos: del 1 % al 2 % de honorarios o aranceles a

cargo del vendedor.

9) En todos los casos, el vendedor pagará además los gastos de publicidad previamente

convenidos.

Los Martilleros y Corredores Públicos podrán fijar por contrato el monto de sus aranceles y

honorarios sin otra sujeción que a esta Ley y a las disposiciones de los Códigos de Fondo;

pero el contrato será redactado por escrito bajo pena de nulidad y no admitirá otra prueba

firmado.

Las escalas arancelarias serán de observancia obligatoria, tanto en los mínimos como en los

máximos previstos.

Cuando los Martilleros y Corredores públicos actúen como tasadores en forma

particular y a efectos de presentar tales tasaciones en sede administrativa y/o judicial,

podrán percibir en concepto de honorarios hasta el 50% del mínimo de la escala

arancelaria establecida en el apartado I), inciso a) del presente artículo, siendo su pago

a cargo del comitente.

Cuando actúen como administradores de alquileres, podrán percibir en concepto de

honorarios del 3% hasta el 10%, sobre el monto de la locación de común acuerdo con

el locador, siendo su pago a cargo de éste.

Para los casos de administración de consorcio, podrán establecer en concepto de

honorarios del 3% hasta el 10% del total de las expensas comunes a cargo de los

propietarios.

Si en una tasación particular, intervinieran dos o más Colegiados, cada uno de ellos,

percibirá proporcionalmente, los honorarios o aranceles estipulados en el presente

artículo y conforme a las escalas allí fijadas y a cargo de la parte que representen.

IV – DE LOS HONORARIOS EN ACTUACIONES JUDICIALES:

Los honorarios que percibirán los Martilleros Públicos por subasta que realicen en

actuación judicial, se ajustarán a la siguiente escala arancelaria:

Inmuebles del 3% al 4% a cargo de cada parte, más el 10% de los honorarios en

concepto de aporte previsional, a cargo del comprador.

Muebles: Rodados, plantas, mercaderías, demoliciones, implementos agrícolas y

muebles en general: del 8% al 10% a cargo del comprador, más el 10% de los

honorarios en concepto de aportes previsionales.

Subasta de Fondo de Comercio: del 3% al 5% a cargo de cada parte, más el 10% de los

honorarios en concepto de aportes previsionales.

Subastas de hacienda en general: del 3% al 5% a cargo del comprador, más el 10% de

los honorarios en concepto de pago de aportes previsionales.

Subasta de aves y conejos: del 8% al 10% a cargo del comprador, más el 10% de los

honorarios en concepto de pago de aportes previsionales.

Subastas de cualquier otro tipo de bienes y/o derechos, del 7% al 10%, a cargo del

comprador, más el 10% de los honorarios en concepto de pago de aportes

previsionales.

Subastas en proceso de quiebras:

Inmuebles, 5% a cargo del comprador, más el 10% de los honorarios en concepto de

pago de aportes previsionales.

Subastas de fondos de comercio: del 3% al 5% a cargo del comprador, más el 10% de

los honorarios en concepto de pago de aportes previsionales

la presente ley, teniendo en cuenta la importancia de los trabajos efectuados por los

profesionales.

En los casos en que la designación del Martillero o Corredor Público emane del Gobierno

Nacional, Provincial o Municipal, Instituciones autárquicas o Bancos Oficiales, sólo pagarán

los honorarios o aranceles los compradores.

percibirá los honorarios o aranceles que determina el artículo 54º y conforme con las escalas

que fija, a cargo de la parte que represente cada uno de ellos, sin derecho a los del otro, salvo

convención escrita en contrario.

llevaran a cabo por causas no imputables al Martillero interviniente, se le regularán

los honorarios teniendo en cuenta la importancia de los trabajos realizados, aplicando

los siguientes aranceles mínimos:

Habiendo aceptado el cargo: el 1%

Habiéndose publicado los edictos: 1) el 2% en caso de inmuebles;

2) el 5% en los demás bienes y/o derechos.

En todos los casos sobre los honorarios regulados, se adicionarán el 10% de los

mismos en concepto de aportes previsionales, a cargo del o los obligado/s a su pago.

Para la regulación de los honorarios establecidos en los supuestos indicados en este

artículo, se tomará como base regulatoria, la siguiente:

Para el caso de bienes que tengan establecida valuación fiscal, se tomará la misma.

Para el caso de bienes que no tengan valuación fiscal, el valor de mercado.

El precio del mercado se determinará por estimación del interesado, previo traslado de

ley a las partes. En caso de controversia el Juez designará perito de la lista de oficial. Si

el valor que asigne el Juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que al

de la contraparte, las costas de las pericias serán soportadas por ésta; de lo contrario

serán a cargo del profesional.

por causas no imputables al Martillero Público y después que éste hubiere aceptado el cargo,

el Juez procederá a efectuar la regulación de sus honorarios sobre la base arancelaria que

hubiere correspondido en caso de haberse realizado el remate teniendo en cuenta los

trabajos efectuados hasta el momento.

Asimismo, se le abonará el importe de los gastos documentados que hubiere realizado.

judicial, recibirán como honorarios entre el 1% y el 2%, del valor asignado.

El profesional interviniente podrá optar para exigir el pago de sus honorarios:

a) La parte que la solicitó;

b) La condenada en costas;

c) Ambas partes.

DE LOS NOMBRAMIENTOS DE OFICIO

Corredores Públicos deberán tener

colegiación

Para ser incluidos en las listas, los interesados deberán presentar su solicitud ante el Colegio

Departamental en el que esté inscripto

vigente.

respectivos Colegios.

presencia de los representantes de los Colegios Profesionales mediante bolillero.

que estimen pertinentes sobre el sorteo.

expediente y se comunicará a los respectivos Colegios y partes intervinientes en la forma

dispuesta en las leyes de procedimiento civil y comercial.

mientras la lista no haya sido agotada.

Si ocurriere el caso, subsistirá exclusivamente la primera designación.

A medida que se vayan efectuando los sorteos se eliminará de la lista al profesional

designado, hasta la terminación de aquella, después de lo cual se considerará reproducida.

A tales efectos se elevará la única lista para cada Departamento Judicial.

contrario el profesional será excluído de la lista por dos años contados desde la fecha de su

designación, sin perjuicio de los daños o intereses a que está sujeto.

Se entenderá justificada la causa de excusación en los siguientes supuestos:

a) Enfermedad que impida el desempeño de las funciones.

b) Encontrarse fuera del país.

c) No haberse depositado la suma de gastos fijada por el Juzgado, la que no podrá ser

inferior al monto correspondiente a la publicación de edictos y gastos de traslado de los

bienes, en su caso.

subasta antes de ser aceptado el cargo por el Martillero o Corredor Público, este será

reintegrado a la lista.

Si hubiera aceptado el cargo no será reintegrado, pero tendrá derecho a percibir honorarios

de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley.

SUBASTAS Y VENTAS JUDICIALES

solicitar de los Jueces todas las medidas conducentes para el mejor cumplimiento de su

cometido, como así también recabar en su oportunidad la aprobación de sus actos.

sus funciones.

aquellos que sean declarados feriados nacionales y el día 11 de Octubre, Día Nacional del

Martillero y Corredor Público.

o ventas judiciales que les encomienden

justificada y previa autorización judicial.

El acto igualmente, para este último supuesto se realizará bajo el nombre del delegante,

siendo este el único responsable de los actos que aquel realice.

responsabilidad por intermedio de terceras personas.

dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha de realización del acto depositando el saldo

resultante de ella.

ubicación del bien o en los recintos habilitados por los Colegios de Martilleros y

circunstancias del caso.

Realizada la subasta el Martillero deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Civil

levantamiento del embargo u otras medidas cautelares ni el archivo de expedientes

cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, adjudicación o transferencia

de bienes de cualquier clase que fuere, ni devolver exhortos, sin antes haber abonado

los honorarios y gastos que correspondan a Martilleros o Corredores Públicos,

actuantes en cada juicio y el aporte previsional establecido en la presente Ley, o

afianzado su pago, con garantía suficiente a criterio del Juzgado previo traslado al

interesado.

Los jueces y tribunales, al practicar la regulación de honorarios de los Martilleros y

Corredores Públicos y al establecer los honorarios a percibir por los primeros en

remates judiciales, adicionarán a la misma el porcentual previsional del 10%, a cargo

de la parte obligada a su pago

este tendrá derecho al reembolso de sus gastos y al pago de los honorarios

correspondiente decreto de venta.

Tribunal la venta de parte de ellos por haberse cubierto el importe reclamado, el Martillero

cobrará los honorarios sobre lo adjudicado, conforme al artículo 54, apartado I, inciso a) de

esta Ley

preceptuado por el artículo 58º de la presente Ley

efectuados sobre lo no subastado.

otros por falta de postores, el profesional percibirá sobre los primeros, los honorarios

o aranceles que fija el artículo 54 apartado I, inciso a), y sobre los segundos aranceles

u honorarios que no podrán ser inferiores al 1% sobre la base de la venta fijada.

INTERVENCION EN LOS COLEGIOS

ajenas a los fines de su creación, o la actuación de sus autoridades se apartara de las

obligaciones a su cargo, el Colegio de la Provincia por sí o a requerimiento de la Asamblea del

Colegio Departamental, en base a hechos concretos, plenamente comprobados, podrá

decretar la intervención de los mismos a los fines de su reorganización.

a) Las mismas que las del Presidente del Colegio.

b) Las indispensables para reorganizar el Colegio intervenido de manera que responda a los

fines de su creación.

c) Designar sus colaboradores, los que no podrán ser matriculados del Colegio intervenido.

desde la fecha de toma de posesión del cargo.

Transcurrido el término citado sin que el Interventor haya cumplido su cometido, el Consejo

Superior procederá a su inmediato reemplazo fijando a quien lo sustituya un plazo de tres (3)

meses desde su asunción para convocar a elecciones de autoridades del Colegio intervenido

Provincia de Buenos Aires designará Interventor de entre sus miembros.

Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que dispusiera la intervención a

un Colegio Departamental, podrá ser apelada dentro del término de tres (3) días de

notificada ante el órgano competente, conforme lo establece el proceso Contencioso

Administrativo.

INFRACCIONES

colegiales vigentes al momento de la sanción

o a percibir por la operación efectuada en la primera infracción y en caso de reincidencia,

hasta el doscientos (200) por ciento de la sanción anterior:

Público, sin poseer título o la autorización correspondiente.

inmobiliarias, participe

los actos y/o funciones o actividades reservadas por esta Ley a dichos profesionales.

autorizadas por esta Ley u obstaculice sus actos preparatorios o sus resultados normales.

colegiado, realice actos propios reservados por esta Ley a dichos profesionales.

comprendidas en este Capítulo,

Penal Procesal de la Provincia de Buenos Aires.

representantes de los Colegios Departamentales creados por esta Ley.

intervención coadyuvante en el curso del respectivo proceso, con las siguientes facultades:

a) Solicitar las diligencias útiles para comprobar la infracción y descubrir a los responsables.

b) Asistir a la declaración del inculpado y a las audiencias de testigos, con facultades para

tachar y repreguntar a estos.

c) Activar el procedimiento y pedir pronto despacho de la causa.

d) Denunciar bienes a embargo para asegurar el pago de las indemnizaciones que

correspondiesen, el importe de las multas y las costas del proceso.

e

instaladas en violación de esta Ley.

f) Requerir el auxilio de la fuerza pública para suspender o impedir remates públicos que se

efectúen o se intenten efectuar por personas a quienes les está prohibido realizarlos.

correccionales, en cuanto no resulten modificadas en este Capítulo.

Las denuncias deberán contener la mención total de las pruebas del hecho constitutivo de la

infracción.

El Juez del proceso tendrá amplias facultades para ordenar las comprobaciones que estime

necesarias.

intimación depositándose su importe en el Banco de la Provincia

orden del Juzgado.

de cinco (5) días a treinta (30) días de acuerdo al criterio del Juez interviniente. En caso

de reiteración, ésta sanción se duplicará.

producido la infracción.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Provincia de Buenos Aires y de los Colegios Departamentales continuarán en el ejercicio de

sus mandatos hasta el vencimiento de los mismos.

condición de tales ejerciendo su actividad profesional conforme lo normado por la presente

Ley.

En iguales condiciones estarán quienes hayan solicitado su inscripción con anterioridad a la

fecha de vigencia de esta Ley.

aquello que no se le oponga, el Decreto Reglamentario 11.791/65, hasta tanto el Poder

Ejecutivo dicte el correspondiente Decreto que reglamente la presente.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en la

ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa.

LOCACIONES URBANAS LEY DE ALQUILERES Nº 23.091


LOCACIONES URBANAS
LEY DE ALQUILERES Nº 23.091

Sancionada: 20/IX/1984
Promulgada: 9/X/1984

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 1º.- Instrumentación. Los contratos de locaciones urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de plaza.
En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial.

Artículo 2º.- Plazos. Para los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a vivienda, con o sin muebles, será de dos años. Dicho plazo mínimo será de tres años para los restantes destinos.
Los contratos que se celebren por términos menores serán considerados como formulados por los plazos mínimos precedentemente fijados.

Quedan excluidas del plazo mínimo legal para las contrataciones a que se refiere la presente ley:

a) Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados y organismos internacionales, así como también las destinadas a personal diplomático y consular o pertenecientes a dichos organismos internacionales;
b) Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines de turismo, en zonas aptas para ese destino. Cuando el plazo del alquiler supere los seis meses, se presumirá que el contrato no es con fines de turismo;
c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehículos u otros objetos y los garajes y espacios que formen parte de un inmueble destinado a vivienda u otros fines y que hubieran sido locados, por separado, a los efectos de la guarda de animales, vehículos u otros objetos;
d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias;
e) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o entes autárquicos sean parte como inquilinos.

Artículo 3º.- Ajustes. Para el ajuste del valor de los alquileres, deberán utilizarse exclusivamente los índices oficiales que publiquen los institutos de estadísticas y censos de la Nación y de las provincias. No obstante, serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado.

Artículo 4º. – Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía, deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades serán devueltas reajustadas por los mismos índices utilizados durante el transcurso del contrato al finalizar la locación.

Artículo 5º. – Intimación de pago. Previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar fehacientemente el pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca será inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, consignando el lugar de pago.

CAPÍTULO II
De las locaciones destinadas a vivienda

Artículo 6º.- Períodos de pago. El precio del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que correspondan a períodos mensuales.

Artículo 7º.- Pagos anticipados. Para los contratos que se celebren a partir de la presente ley, no podrá requerirse del locatario:

a) El pago de alquileres anticipados por períodos mayores de un mes;
b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado;
c) El pago del valor llave o equivalentes.

La violación de estas disposiciones facultará al locatario a solicitar el reintegro de las sumas anticipadas en exceso, debidamente actualizadas. De requerirse actuaciones judiciales por tal motivo, las costas serán soportadas por el locador.

Artículo 8º. – Resolución anticipada. El locatario podrá, transcurridos los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con una antelación mínima de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

Artículo 9º. – Continuadores del locatario. En caso de abandono de la locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar.

CAPÍTULO III
De la promoción de locaciones destinadas a vivienda

Artículo 10º.- Creación y características. Créase un sistema con medidas de promoción para locaciones destinadas a vivienda, con las siguientes características:

a) Incorporación voluntaria y optativa de los contratantes;
b) Instrumentación por contrato de locación tipificado, obligatorio y registrado según se establezca en la reglamentación;
c) El plazo mínimo de la locación será de tres años;
d) Seguro obligatorio de garantía del contrato de Locación, con intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. El mismo asegurará al locador el cumplimiento de todas las obligaciones del locatario, incluyendo indemnizaciones por supuestos de ocupación indebida o daños causados a la propiedad. Asimismo cubrirá al grupo familiar locatario en los supuestos de fallecimiento del titular, incapacidad total permanente o temporaria del mismo y en todo caso de gravedad justificada. La prima será pagada en partes iguales entre el locador y el locatario;
e) El precio de la locación será reajustado trimestralmente según índice de actualización elaborado oficialmente por los Institutos de Estadísticas y Censos de la Nación y de las provincias en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios, promediados en partes iguales y rebajado dicho índice en un 20 por ciento no acumulativo;
f) Las viviendas que podrán incorporarse al sistema deberán ser las comprendidas en las características de común o económica de la resolución 368/76 de la ex Secretaría de Vivienda y Urbanismo;
g) Los beneficios impositivos que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 11º. – Beneficios impositivos. Quienes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley realicen inversiones en inmuebles con características de vivienda común o económica, que se destinen a locación de vivienda familiar permanente, o incorporen viviendas de estas características al presente régimen de promoción, gozarán de los beneficios impositivos que en cada caso se establezcan.
Para la calificación de vivienda común o económica a la que se hace referencia en la presente ley, deberá atenerse a las disposiciones de la resolución 368/76 dictada por la ex Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo.

Artículo 12º.- Destino de las inversiones. Para gozar de los beneficios impositivos a que se refiere el artículo precedente en materia de inversiones deberán cumplimentarse las siguientes condiciones:

a) Las inversiones deberán destinarse a:
1) La construcción de nuevas unidades de vivienda y su infraestructura que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley;
2) La terminación de unidades de vivienda y su infraestructura que se encuentren en construcción a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como las mejoras necesarias para poner en condiciones de habitabilidad el inmueble, realizadas a partir de dicha fecha;
3) La compra de unidades de vivienda concluidas o en construcción al momento de entrar en vigencia esta ley, y siempre que dichas viviendas no hubieran sido afectadas a los beneficios del presente régimen o hubieran gozado de los conferidos por la ley 21.771.
b) Las unidades de vivienda comprendidas en el inciso a) precedente, deberán destinarse a la locación de vivienda familiar permanente, acreditándose tal destino mediante contratos de locación celebrados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 13º.- Beneficios. Los beneficios a que se refiere el artículo 11 para el caso de inversiones en inmuebles son los siguientes:

a) En la liquidación del Impuesto a las Ganancias podrán deducirse:
1) Las sumas efectivamente invertidas en cada ejercicio fiscal en la construcción de nuevas unidades de vivienda y su infraestructura, excluido el valor del terreno.
2) Las sumas efectivamente invertidas en cada ejercicio fiscal para la terminación de las construcciones de vivienda y su infraestructura, excluido el valor del terreno, y para la realización de las mejoras contempladas en el artículo 12 inciso a) apartado 2.
3) Las sumas efectivamente invertidas en el ejercicio fiscal correspondiente en la compra de unidades de vivienda sin uso, excluido el valor del terreno, que se formalice fehacientemente a partir de la vigencia de esta ley. En el caso de viviendas en construcción, adquiridas para su terminación, dicha deducción no obstará a la prevista en el apartado 2 precedente, respecto de las sumas que se inviertan para la terminación de las unidades de vivienda y su infraestructura.
A los fines precedentes, cuando el precio de la compra se refiera indiscriminadamente al valor del terreno y a las mejoras, la parte del mismo atribuible a estas últimas se fijará teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal vigente al momento de la adquisición. Si se desconociera dicho avalúo o el mismo no discriminara los valores relativos a la tierra y a las mejoras, se presumirá, salvo prueba en contrario, que estas últimas representan el sesenta y seis por ciento (66%) del precio de compra, proporción que se elevará al ochenta por ciento (80%) en el caso de inmuebles comprendidos en el régimen de la ley 13.512 y sus modificaciones, de propiedad horizontal.
No se encuentran comprendidos en este apartado los inmuebles que hubiesen sido afectados a los beneficios de esta ley o que hubieren gozado de los conferidos por la ley 21.771. Las sumas deducibles serán las invertidas en la compra de los inmuebles y en su caso, en la adquisición de los bienes y en la locación de los servicios que conforman el costo de la edificación, su infraestructura y los honorarios profesionales. A los fines indicados en este inciso se entenderá por infraestructura a todas aquellas obras que, sin formar parte de las unidades de vivienda, estén destinadas a hacer posible el suministro de los servicios públicos de provisión de agua, desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas y teléfono, como asimismo, el acceso a las unidades de vivienda.
No se considerarán como infraestructura los edificios y lugares destinados a la industrialización o comercialización de bienes o servicio y construcción de caminos que no sean calles urbanas.
b) En el Impuesto a las Ganancias, exención de la ganancia neta originada en la locación de las unidades.
Al respecto no será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo in fine del artículo 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1977 y sus modificaciones);
c) En los Impuestos sobre los Capitales y sobre el Patrimonio Neto, el valor impositivo correspondiente a las unidades de vivienda, terminadas o en construcción, no será considerado activo ni bien computable, respectivamente, a los efectos de la liquidación de dichos gravámenes, no dando lugar al prorrateo del pasivo o de deudas que pudieran corresponder;
d) En el Impuesto de Sellos quedan exentos los contratos de locación de los Inmuebles, sus prórrogas y cesiones o transferencias;
e) En el Impuesto al Valor Agregado, los saldos de impuesto provenientes de nuevas unidades de vivienda y su infraestructura quedan excluidos de la limitación prevista en la primera parte del artículo 13 de la ley respectiva.

Artículo 14º.- Facultades de reducción o eximición. Facúltase a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para reducir o eximir del pago de sus tributos sobre las unidades de vivienda que se afecten al presente régimen de promoción. » Hoy «Gobierno Autónomo de» y Provincia, respectivamente.»

Artículo 15º.- Otros beneficios tributarios. Quienes a partir de la vigencia de la presente ley afecten inmuebles con características de vivienda común o económica, no comprendidos en el inciso a) del artículo 12, a locación de vivienda familiar permanente, gozarán de los beneficios impositivos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 13.
Tratándose de unidades nuevas y sin uso podrán, asimismo, gozar:

a) De una deducción en la liquidación del Impuesto a las Ganancias del veinticinco por ciento (25%) de las sumas efectivamente invertidas en su construcción o compra excluido el valor del terreno, con más la actualización que correspondiera calculada conforme lo establezca el Poder Ejecutivo Nacional, resultando de aplicación las previsiones de los párrafos segundo y siguientes del apartado 3) del inciso a) del artículo 13;
b) del beneficio a que se refiere el inciso e) del artículo 13.

Artículo 16º.- Requisitos para gozar de los beneficios establecidos en los artículos 13 y 15. Para gozar de los beneficios establecidos en los artículos 13 y 15 precedentes se requiere:

a) Las unidades de vivienda deberán quedar ocupadas a título de locación efectiva por un período mínimo de setenta y dos meses consecutivos o alternados, en lapsos no inferiores a treinta y seis meses, dentro del término de ocho años, contados a partir de la formalización del primer contrato de locación de cada unidad;
b) El primer contrato de locación deberá formalizarse dentro de los 120 días posteriores a aquél en que los inmuebles estén en condiciones de habitabilidad o, en su caso, al de la compra de los mismos, y tratándose de los comprendidos en el artículo 15, aquél de entrada en vigencia de la presente ley, excepto en el supuesto de inmuebles ocupados, en que el plazo se computará a partir de su efectiva desocupación;
c) Los arrendamientos deberán instrumentarse mediante un contrato de locación tipificado, obligatorio y registrado según se establezca en la reglamentación;
d) El precio de la locación será reajustado trimestralmente según el índice de actualización elaborado por los institutos de estadísticas y censos de la Nación y de las provincias en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios promediados en partes iguales y rebajado dicho índice en un veinte por ciento (20%) no acumulativo;
e) Seguro obligatorio de garantía del contrato de locación con intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro con las características referidas en el inciso d) del artículo 10 de la presente ley;
f) Las construcciones desgravables deberán estar en condiciones de habitabilidad dentro del plazo de cuatro años posteriores al acogimiento de los beneficios del presente régimen de promoción.

Artículo 17º.- Sanción por incumplimiento. De no cumplirse los requisitos previstos en el artículo anterior el contribuyente deberá reintegrar al ejercicio fiscal en que tal hecho ocurriera el monto desgravado o exento con su actualización respectiva; dicha actualización deberá calcularse teniendo en cuenta la variación en el índice de precios al por mayor nivel general producida entre el mes de cierre de cada ejercicio fiscal en que tuvo incidencia la franquicia y el mes de cierre del respectivo ejercicio fiscal en que corresponda realizar el reintegro ello sin perjuicio de la aplicación de corresponder de las normas contenidas en el Capítulo VII del Título I de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones).
En caso de desafectarse el bien del régimen de esta ley, los beneficiarios deberán efectuar los reintegros de los montos desgravados o exentos en la forma establecida precedentemente, resultando de aplicación, de corresponder, las normas de la ley 11.683 citada en el párrafo anterior.

Artículo 18º.- Transferencia de unidades. En caso de transferencia de inmuebles afectados al régimen de la presente ley antes de cumplidos los plazos de afectación previstos en el artículo 16 inciso a), ya sea que la misma fuera voluntaria, por ejecución de crédito contra el contribuyente o por causa de muerte del titular, el sucesor podrá continuar a aquél en los beneficios y obligaciones con relación a las prescripciones de esta ley. En este caso, la comunicación de la transferencia deberá efectuarse en la forma y condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley, y sólo cumplido este requisito el transmitente quedará desligado de los beneficios y obligaciones relacionados con esta ley.
El ulterior incumplimiento de las mencionadas obligaciones por parte del sucesor hará pasible a éste del reintegro prescripto en el artículo 17 y de la obligación de abonar los gravámenes dejados de ingresar por el o los transmitentes desde el comienzo de la utilización de los beneficios con las actualizaciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones), sin perjuicio de la aplicación, de corresponder, de las normas contenidas en el Capítulo VII, Título I, de la misma ley.
En el caso que el sucesor no desee continuar acogido al régimen de la presente ley deberá manifestar, en forma expresa, tal circunstancia al transmitente o hacerla constar en el respectivo juicio sucesorio, acompañándose las constancias pertinentes en la comunicación a que se refiere el párrafo anterior. En estos casos el transmitente deberá efectuar el reintegro previsto en el mencionado artículo 17 de la presente ley con más las actualizaciones pertinentes, sin perjuicio de la aplicación en caso de corresponder de las normas contenidas en el Capítulo VII del Título I de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones).

Artículo 19º.- Limitación. Los beneficios otorgados por esta ley no serán de aplicación respecto de inversiones amparadas por otros regímenes de promoción.

Artículo 20º.- Régimen impositivo. Serán aplicables, en lo pertinente al régimen impositivo establecido por la presente ley, las disposiciones que determinan la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones).

CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias

Artículo 21º.- Viviendas deshabitadas. Facúltase al Municipio de la ciudad de Buenos Aires y a los del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para fijar gravámenes diferenciales sobre las viviendas deshabitadas.
Artículo 22º.- Adhesión. Se invita a las provincias a instrumentar beneficios tributarios, para promover locaciones destinadas a viviendas y establecer gravámenes diferenciales a las viviendas deshabitadas.

Artículo 23º. – Subsidio. Dispónese que a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo de 180 días, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud y Acción Social, arbitrará los medios conducentes a fin de subsidiar a los grupos familiares desalojados en dicho lapso, que careciendo de medios económicos, los requiriesen para solucionar su situación habitacional. Dicho subsidio podrá ser solicitado por el grupo familiar que acredite sentencia de desalojo, fundada en las causales de falta de pago o de vencimiento, siempre que se tratare de vivienda común o económica según lo establecido por la Resolución Nº 368/76 de la ex Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo.
Los ingresos del grupo familiar peticionante en su conjunto no deberán superar un promedio mensual de tres salarios mínimos, cubriendo el subsidio los gastos del nuevo alojamiento hasta un máximo de cuatro salarios mínimos.

Artículo 24º.- Declaración a los efectos del artículo 7º de la ley 20.221. Las erogaciones que se efectúen en cumplimiento del artículo anterior se considerarán según corresponda, inversiones, servicios, obras y/o actividades de interés nacional a los efectos del segundo párrafo del artículo 7º de la ley 20.221 y sus modificaciones.

Artículo 25º.- Modificación al artículo 4º de la ley 22.916. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 4º de la ley 22.916, por el siguiente:

El producido de los presentes gravámenes será destinado:

a) Noventa por ciento (90%) a atender las erogaciones de carácter extraordinario que demanden las zonas afectadas por las inundaciones producidas durante el año 1983 en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe;
b) Diez por ciento (10%) a atender los subsidios previstos por el artículo 23 de la Ley de Promoción de Locaciones.

Artículo 26º.- De la prioridad de los planes de vivienda. Dispónese que durante los ciento ochenta (180) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán preferencia de venta y adjudicación sobre los planes de vivienda que realice el Estado Nacional a través del FO.NA.VI., los grupos familiares desalojados desde el 10 de diciembre de 1983 y hasta el vencimiento del plazo dispuesto anteriormente.

Artículo 27º.- Locación encubierta. Dispónese que los inmuebles que carezcan de autorización, permiso, habilitación, licencia o sus equivalentes, otorgado por la autoridad administrativa competente, para la explotación de hotel, residencial, pensión familiar u otro tipo de establecimiento asimilable no gozarán de aptitud comercial para dicha explotación considerándose las relaciones existentes o futuras con sus ocupantes, locación, debiendo regirse en lo sucesivo por las normas en vigencia en esta última materia.
Estarán caracterizadas de igual forma las relaciones existentes o futuras en aquellos establecimientos comerciales oportunamente habilitados a partir de quedar firme el acto administrativo o la sentencia judicial correspondiente que determine el retiro de dicha autorización comercial.

Artículo 28º.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional deberá proceder a la reglamentación de la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Artículo 29º.- Vigencia. Las disposiciones que se establecen en la presente ley son de orden público, rigiendo a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial.
Los beneficios impositivos que ella establece producirán efectos respecto de inmuebles que se acojan al régimen de promoción impositiva antes del 31 de diciembre de 1986 con la salvedad de que los previstos por los incisos b), c) y d) del artículo 13, tendrán efecto por el término de afectación del inmueble al régimen promocional y los de su inciso e) los producirán incluso retroactivamente cuando los saldos a favor a que alude surgieran en ejercicios cerrados a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, haciéndose extensiva esta salvedad al artículo 15.
El Poder Ejecutivo queda facultado para prorrogar el vencimiento del plazo fijado para acogerse a los beneficios impositivos de la presente ley.

Artículo 29º bis.- La disposición contenida en el artículo 8º resulta aplicable a los restantes destinos locativos previstos en la presente ley. » NOTA: Art. incorporado por ley 24.808, sancionada el 23/IV/97 y promulgada el l4/V/97, publicada en el B.O. el 20/5/97″.

Artículo 30º.- Comuníquese, etc-

Codigo civil Ley 26.579 Modificación. Mayoría de Edad.


CODIGO CIVIL

Ley 26.579

B.O. Nº 31.806 – 22 de diciembre de 2009

Modificación. Mayoría de Edad.

Sancionada: Diciembre 2 de 2009

Promulgada: Diciembre 21 de 2009

CODIGO CIVIL El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
 
 
 

MAYORIA DE EDAD
ARTICULO 1º
‘Artículo 126: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años.’
‘Artículo 127: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de CATORCE (14) años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los DIECIOCHO (18) años cumplidos.’
‘Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años. El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello.’

‘Artículo 131: Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el artículo 134. Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores.’

‘Artículo 132: La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.’

‘Artículo 166: Son impedimentos para contraer matrimonio:

1. La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.

2. La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.

3. El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1, 2 y 4. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.

4. La afinidad en línea recta en todos los grados.

5. Tener menos de DIECIOCHO (18) años.

6. El matrimonio anterior, mientras subsista.

7. Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges.

8. La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere.

9. La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera.’

‘Artículo 168: Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez.’

‘Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres. Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto en los artículos 128 y 283.’

‘Artículo 306: La patria potestad se acaba:

1. Por la muerte de los padres o de los hijos;

2. Por profesión de los padres en institutos monásticos;

3. Por llegar los hijos a la mayor edad;

4. Por emancipación legal de los hijos sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización;

5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción.’

‘Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de DIECISEIS (16) años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela.’

— Modifícase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del Título IX, Sección Primera del Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso 2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459 del Capítulo XII, Sección Segunda del Libro I, los que quedan redactados de la siguiente forma:

ARTICULO 2º
— Derógase el inciso 2) del artículo 264 quáter del título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil.
 
 

ARTICULO 3º
‘La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.’
— Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil, el siguiente:
 

ARTICULO 4º
— Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I del Código de Comercio.
 
 

ARTICULO 5º
— Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los DIECIOCHO (18) años, excepto en materia de previsión y seguridad social en que dichos beneficios se extienden hasta los VEINTIUN (21) años, salvo que las leyes vigentes establezcan una edad distinta.
 
 

ARTICULO 6º
.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.579 —
JOSE. J. B. PAMPURO. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

#F4

— Comuníquese al Poder Ejecutivo

CODIGO CIVIL
Decreto 2113/2009 Promúlgase la Ley Nº 26.579
 
 

Bs. As., 21/12/2009
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación Nº 26.579 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.
 

 

Ley 26.579

B.O. Nº 31.806 – 22 de diciembre de 2009

Modificación. Mayoría de Edad.

Sancionada: Diciembre 2 de 2009

Promulgada: Diciembre 21 de 2009

Quedó oficializada la mayoría de edad a los 18 con la publicacion en el boletin oficial de la ley 26.579


Quedó oficializada la mayoría de edad a los 18

/ 2009-12-22 12:34

22/12/09 Con la publicación en el Boletín Oficial de la 26.579 quedó modificado el Código Civil y se estableció la mayoría de edad a los 18 años. A partir de ahora, los chicos podrán, por ejemplo, alquilar una vivienda y viajar fuera del país sin la autorización de sus padres.

Según reza el artículo 1 de la norma que fue sancionada el 2 de diciembre y promulgada el 21 del mismo mes, “modifícase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del Título IX, Sección Primera del Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso 2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459 del Capítulo XII, Sección Segunda del Libro I”.
A partir de ahora, tras su modificación, el artículo 126 señala que “son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años”. En tanto, los chicos que no lleguen a los 14 años cumplidos son considerados “menores impúberes”.
Tras la modificación, los chicos de 18 años estarán habilitados para firmar contratos, de alquiler por ejemplo, llevar adelante emprendimientos comerciales y casarse sin tener que pedir la autorización de sus padres.
No obstante, la obligación alimentaria y en materia de previsión social se extendería hasta los 21 años.

 

Es ley la mayoría de edad a los 18 años

La iniciativa propone modificar el Código Civil para que puedan casarse- sin autorización de sus padres-, comprar o alquilar una propiedad; fue aprobada por unanimidad

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Miércoles 2 de diciembre de 2009 | 22:11 (actualizado hace 23 días)

El Senado sancionó hoy por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que reduce la mayoría de edad de los argentinos a los 18 años. 

La modificación del Código Civil le permitirá a casi 2 millones de jóvenes de entre 18 y 20 años a ejercer plenos derechos en materia civil y comercial, mientras que como excepción, los padres o tutores deberán continuar con la manutención de los hijos y su obra social hasta cumplir los 21 años. 

La iniciativa modifica el artículo 126 del Código Civil estableciendo que «son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años». 

En el artículo 127 la propuesta caracteriza que «son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho años». 

En el artículo 131 del Código Civil el texto indica que los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en los artículos 134 y 135. 

La Cámara de Diputados había aprobado cambios sobre el proyecto original sancionado por el Senado, a propuesta del senador socialista de Santa Fe, Rubén Giustiniani y había devuelto al Senado en segunda revisión el proyecto de ley que baja la mayoría de edad a 18 años. 

La iniciativa en la Cámara baja fue favorecida por el voto de 129 diputados con 6 en contra y 4 abstenciones. 

Iniciativas. Además, de la reforma política, el Senado aprobó un proyecto, y lo envió a Diputados, por el que se prohíbe el redondeo y se obliga a las compañías a cobrar por tiempo real a las compañías de telefonía celular. 

El proyecto prohíbe el redondeo en alza a las compañías de telefonía móviles y que cobren por el tiempo real de las prestaciones que prestan. 

También la Cámara alta aprobó hoy, y envió a Diputados, otra iniciativa por la que se otorga el derecho a pensión, en caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, a su conviviente del mismo sexo. 

En esos casos, se requerirá una convivencia pública durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. 

El plazo de convivencia se reducirá a dos años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes. 

Quedan comprendidos en esta disposición los casos de convivientes del mismo sexo que el causante y que cumplan los restantes requisitos legales. 

El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. 

En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales 

El Senado aprobó además que puedan incluirse en las páginas web de organismos oficiales de la nóminas e imágenes de niños y niñas perdidos y también considerar el día 4 de agosto como el de la obra realizada por el obispo Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura en la provincia de La Rioja.Agencias: DyN y Télam
 

Ley 25028 – Regimen Legal de Martilleros y Corredores


Ley 25028 – Regimen Legal de Martilleros y Corredores  Argentina

 

Reforma al Régimen legal de martilleros y corredores

 

NOTA: Esta Ley fue observada por Decreto Nº 1279/98 publicado en la edición del 9.1.98

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º – Se reforma el Decreto ley 20.266/73 conforme las disposiciones establecidas en el anexo I, denominado «Reformas al régimen legal de martilleros y corredores», que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos 1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.

ARTICULO 2º – Se deroga el Capítulo I «De los corredores», del libro primero, título IV del Código de Comercio y la Ley 2282.

ARTICULO 3º – Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las disposiciones legales del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la Ley 20.266, que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios.

ARTICULO 4º – Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su publicación oficial.

ARTICULO 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

-REGISTRADA BAJO EL Nº 25.028.-

ALBERTO R. PIERRI. – EDUARDO MENEM. – Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. – Juan C. Oyarzún.

Anexo I
REFORMAS AL REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES

Modifícanse los artículos 1º y 3º del decreto ley 20.266/73, e incorpóranse a continuación del artículo 30 el capítulo XII «corredores» y los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 1º – Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.

Artículo 3º – Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;
b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción.
d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con carácter general;
e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.

Capítulo XII
Corredores

Artículo 31. – Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes.

Artículo 32. – Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.

Artículo 33. – Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32.
c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor.
d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que determina el artículo 6º;
e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.

Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie.

Artículo 34. – En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para:
a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado.
b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos.
c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes.
d) Prestar fianza por una de las partes.

Artículo 35. – Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.

Artículo 36. – Son obligaciones del corredor:
a) Llevar el libro que establece el artículo 35.
b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.
c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.
d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél.
e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular, las relativas al objeto y al precio de mercado;
f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas.
g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las partes lo exigiere.
h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá identificarlas y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad de las mercaderías.
i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya negociación intervenga.
j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la operación, según las constancias del Libro de Registro.
k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.
l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Artículo 37. El corredor tiene derecho a:
a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso, se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.
La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.
Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una misma parte;
b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo pacto o uso contrario.

Artículo 38. – El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.

REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES Ley 20266


 

Ley 20266

Sancionada y promulgada: 10-IV-1973 B.O.: 17-IV-1973.

Modificada por ley 25.028 .[i] (Sancionada por Insistencia) Sanción 14/10/1998 – Promulgación 01/12/1999 – Publicación BO 29/12/1999.

Cap. I – Condiciones habilitantes

Art. 1.- Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;

b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.

Cap. II – Inhabilidades – Causas de inhabilidad

Art. 2.- Están inhabilitados para ser martilleros: a) Quienes no pueden ejercer el comercio; b) Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación; c) Los inhibidos para disponer de sus bienes; d) Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de diez (10) años de cumplida la condena; e) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria; f) Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil.

Cap. III – Matrícula

Art. 3.- Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;

b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;

c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción.

d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con carácter general;

e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.

Art. 4.- El gobierno de la matrícula estará a cargo en cada jurisdicción, del organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación local respectiva.

Art. 5.- La autoridad que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de legajos, individuales para cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos personales y de inscripción y todo lo que produzca modificaciones en los mismos. Dichos legajos serán públicos.

Art. 6.- La garantía a que se refiere al artículo 3, inciso d) es inembargable y responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare la actividad del matriculado, al de las sumas de que fuere declarado responsable y al de las multas que se le aplicaren, debiendo en tales supuestos el interesado proceder a la reposición inmediata de la garantía, bajo apercibimiento de suspensión da la matrícula.

Cap. IV – Incompatibilidades

Art. 7.- Los empleados públicos aunque estuvieren matriculados como martilleros, tendrán incompatibilidad, salvo disposiciones de leyes especiales y el supuesto del artículo 25, para efectuar remates ordenados por la rama del poder o administración de la cual formen parte.

Cap. V – Facultades

Art. 8.- Son facultades de los martilleros: a) Efectuar ventas o remate público de cualquier clase de bienes, excepto las limitaciones resultantes de leyes especiales; b) Informar sobre al valor venal o de mercado de los bienes para cuyo remate los faculta esta ley (tasaciones); c) Recabar directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales y particulares, los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 9 (informes); d) Solicitar de las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto de remate (medidas de seguridad).

Cap. VI – Obligaciones

Art. 9.- Son obligaciones de los martilleros; a) (Libros) Llevar los libros que se establecen en el capítulo VIII; b) (Títulos) Comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remate de inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos c) (Convenio con el legitimado) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la forma de satisfacerlos, condiciones de venta, lugar de remate, modalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquél; d) (Publicidad)Anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio. e) (Remate de lotes) En caso de remates realizados por sociedades, deberán indicarse además los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Cuando se trate de remates de lotes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener constancia de su mensura por autoridad competente y de la distancia existente entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o provinciales más próximas. Se indicará el tipo de pavimento, obras de desagüaut;e y saneamiento y servicios públicos, si existieran; f) (Acto de remate) Realizar al remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visible una bandera con su nombre y, en su caso, el nombre, denominación o razón social de la sociedad a que pertenezcan; g) Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional y con precisión y claridad los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que pesaren sobre el mismo; Son obligaciones de los martilleros; h) (Posturas) aceptar la postura solamente cuando se efectuare de viva voz: de lo contrario la misma será ineficaz; i) (Instrumentos de venta) Suscribir con los contratantes y previa comprobación de identidad, el instrumento que documenta la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. El instrumento se redactara en tres (3) ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno de ellos en poder del martillero. h) (Bienes muebles) Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta fuera suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo; i) (Precio) Exigir y percibir del adquirente, en dinero efectivo, el importe de la seña o cuenta del precio, en la proporción fijada en la publicidad, y otorgar los recibos correspondientes; j) (Rendición de cuentas) Efectuar la rendición de cuentas documentada y entregar el saldo resultante dentro del plazo de cinco (5) días, salvo convención en contrario, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo; k) (Deber de conservación) Conservar, si correspondiere, las muestras certificadas e informes relativos a los bienes que remate hasta el momento de la transmisión definitiva del dominio; l) (Otros deberes) En general, cumplimentar las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.

Art. 10.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente ley, cuando los martilleros ejerciten su actividad no hallándose presente el dueño de los efectos que hubieren de venderse, serán reputados en cuanto a sus derechos y obligaciones, consignatarios sujetos a las disposiciones de los artículos 232 y siguientes del Código de Comercio.

Cap. VII – Derechos

Art. 11.- El martillero tiene derecho a: a) Cobrar una comisión conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción, salvo los martilleros dependientes, contratados o adscriptos a empresas de remate o consignaciones que reciban por sus servicios las sumas que se convengan, pudiendo estipularse también la comisión de garantía en los términos del artículo 256 del Código de Comercio; b) (Reintegro de gastos) Percibir del vendedor, el reintegro de los gastos del remate, convenidos y realizados.

Art. 12.- En los casos en que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lo llevare a cabo por causas que no le fueren imputables, tendrá derecho a percibir la comisión que determine el juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y los gastos que hubiere efectuado. Igual derecho tendrá si el remate fracasare por falta de postores.

Art. 13.- La comisión se determinará sobre la base del precio efectivamente obtenido. Si la venta no se llevare a cabo, la comisión se determinará sobre la base del bien a rematar, salvo que hubiere convenio con el vendedor en cuyo caso se estará a éste. A falta de base se estará al valor de plaza en la época prevista para el remate.

Art. 14.- Si el remate se anulare por causas no imputables al martillero, éste tiene derecho al pago de la comisión que le corresponda, que estará a cargo de la parte que causó la nulidad.

Art. 15.- Los martilleros pueden constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativas, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. En este caso cada uno de los integrantes de la sociedad deberá constituir la garantía especificada en el artículo 3, inciso d.

Art. 16.- En las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, el martillero que la lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la sociedad, serán responsables ilimitada, solidaria y conjuntamente con ésta por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del acto de remate. Estas sociedades han efectuar los remates por intermedio medio de martilleros matriculados, e inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que tenga a su cargo la matrícula.

Cap. VIII – Libros

Art. 17.- Los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15 deben llevar los siguientes libros rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción: a) (Diario de entradas) Diario de entradas, donde asentarán los bienes que recibieron para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo, por cuenta de quién han de ser vendidos y las condiciones de su enajenación; b) (Diario de salidas) Diario de salidas, en el que se mencionarán día por día las ventas indicando por cuenta de quién se han efectuado, quién ha resultado comprador, precio y condiciones de pago y demás especificaciones que se estimen necesarias; c) (De cuentas de gestión) De cuentas de gestión, que documente las realizadas entre el martillero y cada uno de sus comitentes. El presente artículo no es aplicable a los martilleros dependientes, contratados o adscriptos o empresas de remates o consignaciones.

Art. 18.- Los martilleros deben archivar por orden cronológico un ejemplar de los documentos que se extiendan con su intervención, en las operaciones que se realicen por su intermedio.

Cap. IX – Prohibiciones

Art. 19.- Se prohibe a los martilleros: a) (Descuentos y bonificaciones) Practicar descuentos, bonificaciones o reducción de comisiones arancelarias; b) (Participación en el precio)Tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor, o de terceras personas; c) (Cesión de bandera) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a que pertenezca, se efectúen remates por personas no matriculadas; d) (Delegación del remate) En caso de ausencia, enfermedad o impedimento grave del martillero, debidamente comprobados ante la autoridad que tenga a su cargo la matrícula, aquél podrá delegar el remate en otro matriculado, sin previo aviso; d) (Compra por cuenta de terceros) Comprar por cuenta de tercero, directa o indirectamente, los bienes cuya venta se le hubiera encomendado; e) (Compra para sí de los bienes a rematar) Comprar para sí los mismos bienes, o adjudicarlos o aceptar posturas sobre ellos, respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados; f) (Suscripción, instrumento de venta sin autorización)Suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar; g) (Retención del precio) Retener el precio recibido o parte de él, en lo que exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión que corresponda; h) (Deber de veracidad) Utilizar en cualquier forma las palabras judicial, oficial o municipal, cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión; i) (Ofertas bajo sobre) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes que así lo autoricen; j) (Suspensión del remate) Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado base, la misma no se alcance.

Cap. X – Sanciones

Art. 20.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo VI y la realización de los actos prohibidos en el capítulo IX hacen pasible al martillero de sanciones que podrán ser multa de hasta $a 502500 (res. 2/85 I.G.J.), suspensión de la matrícula de hasta dos (2) años y su cancelación. La determinación, aplicación y graduación de estas sanciones, estarán a cargo de la autoridad que tenga a su cargo la matrícula en cada jurisdicción, y serán apelables por ante el tribunal de comercio que corresponda.

Art. 21.- Las sanciones que se apliquen serán anotadas en el legajo individual del martillero previsto en el artículo 5.

Art. 22.- El martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos, y responderá por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 23.- Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada en las condiciones previstas en el artículo 3. Quienes infrinjan esta norma serán reprimidos por el organismo que tenga a su cargo la matrícula, con multa de hasta $a 1005000 (res. 2/85 I.G.J.) y además se dispondrá la clausura del local u oficina respectiva; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. El organismo que tenga a su cargo la matrícula, de oficio o por denuncia de terceros, procederá a allanar con auxilio de la fuerza pública, los domicilios donde se presuma que se cometen las infracciones antes mencionadas y comprobadas que ellas sean, aplicará las sanciones previstas, sin perjuicio de las denuncias de carácter penal, si correspondieran. La orden de allanamiento y de clausura de locales deberán emanar de la autoridad judicial competente. En todos los casos, las sanciones de multa y clausura serán apelables para ante el tribunal de comercio que corresponda.

Cap. XI – Disposiciones generales

Art. 24.- Los martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieren matriculados, continuarán en ejercicio de su actividad, cumpliendo con los requisitos enunciados por los incisos b), c) y d) del artículo 3.

Art. 25.- (Texto según ley 20306, art. 1). Los remates que realicen el Estado nacional, las provincias y las municipalidades, cuando actúen, como personas de derecho privado, así como las entidades autárquicas, bancos y empresas del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades se rigen por las disposiciones de sus respectivos ordenamientos y, en lo que no se oponga a ellos, por la presente ley.

Art. 26.- Hasta tanto se determine organismo profesional o judicial que tendrá a su cargo la matrícula de martilleros en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sud, la misma corresponderá al juez del cual dependa el Registro Público de Comercio.

Art. 27.- Las subastas públicas dispuestas por autoridad judicial se rigen por las disposiciones de las leyes procesales pertinentes y, en lo que no se oponga a ellas, por la presente ley.

Art. 28.- Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República y su texto queda incorporado al Código de Comercio.

Art. 29.- La presente entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.

Art. 30.- Deróganse los artículos 113 a 122 del Código de Comercio.

Cap. XII – Corredores

Artículo 31. — Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes.

Artículo 32. — Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;

b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.

Artículo 33. — Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;

b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32.

c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor.

d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que determina el artículo 6º;

e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.

Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie.

Artículo 34. — En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para:

a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado.

b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos.

c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes.

d) Prestar fianza por una de las partes.

Artículo 35. — Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.

Artículo 36. — Son obligaciones del corredor:

a) Llevar el libro que establece el artículo 35.

b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.

c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.

d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél.

e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular, las relativas al objeto y al precio de mercado;

f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas.

g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las partes lo exigiere.

h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá emparejarlas y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad de las mercaderías.

i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya negociación intervenga.

j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la operación, según las constancias del Libro de Registro.

k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.

l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Artículo 37. El corredor tiene derecho a:

a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso, se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.

La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.

Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una misma parte;

b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo pacto o uso contrario.

Artículo 38. — El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.



 

[i] Texto en negrita conforme ley 25.028:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Se reforma el Decreto ley 20.266/73 conforme las disposiciones establecidas en el anexo I, denominado «Reformas al régimen legal de martilleros y corredores», que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos 1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.
ARTICULO 2º — Se deroga el Capítulo I «De los corredores», del libro primero, título IV del Código de Comercio y la Ley 2282.
ARTICULO 3º — Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las disposiciones legales del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la Ley 20.266, que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios.
ARTICULO 4º — Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su publicación oficial.
ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESION DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO, LA LEY 20.266 Y SU MODIFICATORIA, CONFORME LEY 25.028.


 

 

l. Evolución de estas profesiones.

El Código de Comercio califica al corretaje y al remate como actos de

comercio (art. 8º, inc. 3º); además, considera a los corredores y a los rematadores o

martilleros como agentes auxiliares de comercio (art. 87º, incs. 1º y 2º).

La función económica de ambas actividades es la mediación entre la oferta y

la demanda de bienes y servicios, acercando a los interesados y contribuyendo a

formar el consentimiento sobre la operación que ambas desean realizar. .

Sus orígenes son remotos. En antiguas civilizaciones como la egipcia, griega

o romana se encuentran los antecedentes de estas actividades. El corredor, como

experto en mercaderías con variadas funciones, incluso de fedatario; el martillero,

actuando en subastas administrativas, judiciales y particulares, a menudo como

funcionario público.

Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, ambas profesiones han

experimentado una transformación sustancial, que las aleja del perfil que tenían en

sus antecedentes históricos, concentrándose su práctica en áreas especializadas que

responden a otra realidad de las transacciones y a nuevas necesidades sociales.

En el caso del corretaje, por ejemplo, la vinculación entre oferta y demanda, el

asesoramiento a las partes y su contribución a la formación del acuerdo de voluntades

para la celebración de contratos válidos y eficaces, se ha alejado de! primitivo

esquema del intercambio de productos, perdiendo incluso su conexión estrecha con el

comercio de mercaderías.

El cambio económico y social ha reconducido a estas profesiones a la

prestación de servicios en otras áreas y el nuevo perfil que ello exige, conlleva la

adquisición de un bagaje de conocimientos especializados para la comprensión y el

manejo de las nuevas tecnologías, generadoras de otras formas de lenguaje y

razonamiento, así como de innovaciones en las normas, organizaciones y

procedimientos, con un verdadero aluvión de información a procesar, de progresiva

complejidad.

Esto se aprecia en la creciente importancia adquirida por el corretaje

inmobiliario, al compás del proceso de concentración urbana, que en nuestro país se

acentuó luego de la primera posguerra. En toda ciudad, en cada barrio y suburbio,

aún de humilde nivel económico, existen corredores al frente de inmobiliarias que

intermedian en diversos actos jurídicos referidos a la propiedad raíz.

La exigencia, por parte del Estado, de mayores conocimientos y aptitudes en

quienes aspiran a desempeñarse como corredores obedece sustancialmente a la

necesidad de tutelar los intereses públicos comprometidos, por ejemplo, en materia

social tan sensible como el acceso a la vivienda.

2. Situación actual:

En nuestro país, esta evolución ha dado Lugar al dictado de la ley 25.028

modificatoria de la ley 20.266, que exige formación universitaria para ser martillero y

corredor, como presupuesto necesario para el ejercicio de esta profesión, cuya

incumbencia no se agota en la actividad inmobiliaria.

Ante ello, plantearse hoy si el martillero y corredor es comerciante importa un

verdadero anacronismo, porque la cuestión a nuestro entender se encuentra

superada no sólo por la mentada evolución civilizatoria, sino por el nuevo marco legal

introducido por la ley 25.028.

Desde ya que la doctrina de las dos últimas centurias (siglos XIX y XX) se

encontraba dividida a este respecto, predominando la jurisprudencia en sentido

negativo.

AsÍ, la inclusión del corretaje y el remate, corno actos de comercio, el carácter

de comerciante que cabe atribuir a quien ejerce acto de comercio de cuenta propia. y

como profesión habitual y la inclusión del corredor y del martillero como agentes

auxiliar del comercio, sujeto a las leyes mercantiles (arts. 1°, 8 inc. 3° y 87º inc. 1°, 2º

de Comercio), aun tres elementos que han llevado a prestigiosos juristas a considerar

que el martillero y el corredor son comerciantes. Pero, por cierto, las modificaciones

introducidas en la ley 20.266 por la ley 25.028 entraron en vigencia en las

postrimerías del siglo XX y no integraron el análisis de esas distintas posturas

doctrinales.

Caracterizados el corretaje y la subasta como actos propios de profesión

universitaria legalmente reglamentada, es razonable concluir que ello ha importado la

tácita derogación del artículo 8° inciso 3° del Cód igo de Comercio, en lo que concierne

a estas actividades.

No obstante, no es ocioso formular alguna acotación a tal razonamiento y

para ello reproduciremos seguidamente algunas reflexiones contenidas en un trabajo

en prensa, de nuestra autoría.

De Solá Cañizares sintetiza las doctrinas que han conceptuado el derecho

comercia! como derecho de los actos de comercio (objetiva) y como derecho de los

comerciantes (subjetiva). Advierte que la imposibilidad práctica de adoptar uno u otro

sistema en forma pura, se refleja en legislaciones que tienen siempre un carácter

mixto, pues resultan de una combinación de ambas nociones: comerciante y acto de

comercio. Pero, afirma, esta concepción mixta del derecho comercial consagra un

círculo vicioso pues, para saber qué es un acto de comercio, se debe determinar qué

es un comerciante; y para saber quién es comerciante, se debe establecer qué es un

acto de comercio.

Más aún, se ha sostenido antes de ahora que mantener los actos de comercio

en nuestra materia implica mantener un enfoque ya obsoleto, por lo que deberíase

modificar el sistema como un imperativo de la hora actual.

Al punto tal que modernas legislaciones han prescindido de la enunciación de

actos de comercio, de la figura del comerciante y de los auxiliares de comercio, como

es el caso del nuevo Código Civil de la República Federativa del Brasil, que entró en

vigencia el 10 de enero de 2003.

Por ello, proponemos enfocar la cuestión de la profesionalidad del martillero y

corredor desde otra perspectiva.

En nuestro actual régimen legal, el corretaje y la subasta son actividades

profesionales legalmente reglamentadas; en consecuencia, un individuo no deviene

corredor o martillero por la práctica de actos de corretaje o de subasta; tampoco

puede calificarse su desempeño como profesional, por el solo hecho del ejercicio

continuo o habitual de «hechos» de intermediación, sea privada o en remate; es que,

de manera análoga, una persona no se convierte en médico o en abogado por el

ejercicio ilegal de actos propios de estas profesiones.

Para ser martillero corredor en nuestro país, el interesado debe satisfacer

hoy determinados requisitos legales, uno de los cuales es poseer título universitario,

que se obtiene con estudios que responden a un diseño curricular y acuerdan las

incumbencias correspondientes, determinados con la intervención del Ministerio de

Cultura y Educación de la Nación, en los términos del art. 43 de la ley 24.521.

Para ejercer corno corredor y martillero, el profesional debe cumplir, además,

los recaudas de su inscripción en la matrícula, sujetándose al poder de policía

profesional, como lo prevén la ley nacional y las reglamentaciones locales.

El acto será entonces de corretaje o subasta, si lo desempeña el profesional

titulado y matriculado para ejercer la actividad, legalmente reglada en tutela del

interés público comprometido. Y quien ejerza tales actos sin hallarse titulado y

matriculado, incurrirá en la figura que tipifica el párrafo primero del arto 247 del

Código Penal (mod. por ley 24.527). Es lo que ocurre con la medicina o la abogacía,

que sólo pueden ser ejercidas por un profesional que cuente con título y habilitación.

El mantenimiento del corretaje y la subasta como actos «objetivos» mercantiles

y el del corredor y martillero como auxiliar de comercio en nuestra legislación encierra,

como mínimo, una contradicción con la legislación especial posterior, que

progresivamente atendió al cambio histórico del instituto y dio lugar a la sanción de las

leyes 20.266 y 23.282; transición que culminó con la derogación del Capítulo I del

Libro Primero Título IV del Código de Comercio y de la ley 23.282, modificándose la

ley 20.266 por la ley 25.028.

Adviértase, como muestra de la apuntada contradicción, el orden de prelación

normativa que prevé la ley respecto del corretaje: «Sin perjuicio de las disposiciones

del

dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y

no se encuentre modificado en los artículos siguientes» (art. 31, ley 20.266).

Determinado el régimen legal aplicable al martillero y corredor en un estatuto

profesional que incluso remite, en cuanto a éste, al Código Civil, cabe preguntarse

cuál es hoy el sustento para afirmar que son comerciantes y, más aún, a qué interés

jurídico ello obedece.

Desde ya que no podrá invocarse un mero interés fiscalista comunal,

argumentando que este profesional universitario es comerciante, a fin de imponerle a

la gestión de habilitación para su oficina y la tasa de seguridad e higiene.

Código Civil y la legislación local, es aplicable al ejercicio de] corretaje lo3. La doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el

ejercicio del poder de policía:

Antes de ahora, la Suprema Corte local ha advertido que la Provincia de

Buenos Aires se ha reservado en forma exclusiva, y excluyente de la intervención del

poder comunal, la regulación de todo lo atinente al ejercicio de las profesiones

legalmente regladas, con fundamento en el art. 32 de la Constitución de la Provincia

hoy modificada.

Se desprende de lo dicho entonces por el Alto Tribunal, que el poder de

policía de la Provincia en esta materia abarca todos los aspectos inherentes al

ejercicio profesional «de modo que la intervención del poder comuna; (en forma de

inspección) produciría un quebrantamiento legal con la consiguiente lesión de una

norma superior de derecho público» (doctr. «Aldazábal», SCBA, 1 1240,30.06.87, AyS

1987-JI-632).

Actualmente rige el art. 42 de la Constitución reformada en 1994, que

consagra análogo principio, aplicado por la Suprema Cori:e local respecto de los

profesionales en ciencias económicas, en reciente pronunciamiento, (SCBA, 1. 2173,

27.12.20(2), con cita; inclusive de un precedente publicado en 1976 relativo a los

odontólogos (1-13, «Arrillaga»).

Es nuestra opinión que esta doctrina posee plena vigencia en cuanto a la

profesión de martillero y corredor público, con prescindencia de que se los considere

comerciantes o no, pues se hallan reguladas legalmente como profesiones cuyo

ejercicio se halla sujeto al poder de policía reservado a la Provincia, ámbito exclusivo

y excluyente de las facultades de los municipios (art. 42, Constitución; ley 20.266,

mod. por la ley 25.028 y ley provincial 10.973).

4. Conclusión:

Por tanto, martillero y corredor no es comerciante, según nuestro

ordenamiento legal vigente. Y, con prescindencia de ello, no les son aplicables las

normas municipales en materia de habilitación y tasa de seguridad e higiene,

conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia.

San Miguel, noviembre 13 de 2003.-

Dr. Raúl Ernesto Cabana

Redactor del Proyecto de Ley Nº 25.028

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