“Esta administración nunca demolió nada”, afirmó el secretario de Planeamiento Urbano de la Comuna de General Pueyrredon, José Luis Castorina, en declaraciones a 0223. Al tomar conocimiento de estas palabras, la ONG Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano salió rápidamente al cruce de los dichos del funcionario de Gustavo Pulti.

La entidad remarcó que “las declaraciones del Secretario de Planeamiento Urbano son una agresión al entendimiento, al sentido común, y por tener la máxima responsabilidad en la gestión del patrimonio de la ciudad cobran mayor gravedad, ya que dejan en evidencia su falta de capacidad para afrontar tal responsabilidad, o peor aún la falta de voluntad”. A renglón seguido, desde MDP a+u se afirmó que “el patrimonio no es sólo aquello que posee una ‘Declaratoria de Interés’, y que aún lo no declarado puede ser tenido en cuenta en una planificación responsable de la ciudad. Hay muchos chalets estilo ‘mar del plata’ que no están declarados y sin embargo tienen un valor superlativo en cuanto a su aporte a la identidad de la ciudad”.

“Al patrimonio se lo destruye no sólo cuando se lo demuele sino también cuando se le quitan los atributos que le dan valor, se lo distorsiona, se lo mutila, anula por una distorsión del contexto que lo deja en condiciones humillantes, o se lo deja abandonado hasta su ruina, y en esto mucho ha influido las políticas en materia urbanística del Municipio, a través del Área de su responsabilidad.  La ciudad es una y de todos, y debiera gestionarse atendiendo los intereses y derechos individuales pero también los intereses y derechos colectivos, y en este sentido la protección del patrimonio cultural es un derecho consagrado por la Constitución Nacional y Provincial”, afirmaron los defensores del patrimonio y recalcaron: “Atendiendo al interés/bien común, la propiedad privada es pasible de restricciones al dominio, y que a  través del Ordenamiento Territorial el Municipio tiene la facultad para establecer restricciones de carácter general que favorezcan la preservación del patrimonio. Para lograr la voluntad en conservar del propietario, el Municipio tiene las herramientas necesarias para alentar la preservación y desalentar la demolición. En última instancia queda la opción de expropiar, sin que esto signifique una carga desmedida sobre el erario público, ya que mucho dinero se gasta en alquileres para dependencias municipales, entre otras muchas posibilidades que podrían considerarse”.

Al mismo tiempo, la ONG destacó que “desalentando la especulación inmobiliaria, en y en torno a los bienes patrimoniales, la preservación de los mismos se daría en forma casi natural, como ocurre con cualquier casa, de cualquier vecino, de cualquier barrio. En la mayoría de los casos cuestionados los denominados ‘propietarios’ a los que alude el Secretario, son Firmas / Sociedades, que buscan sacar provecho de los incesantes incrementos de indicadores urbanísticos que viene otorgando el Municipio (sin planificación) o cuando no lisa y llanamente a través de excepciones”.

A su vez, el presidente de Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Cristian Andreoli, aclaró que  “nuestra  Asociación nunca sostuvo la necesidad de preservar sin atender los derechos del privado, muy por el contario, sino que hemos salido a denunciar como en ciertos casos el Municipio corre detrás de las demandas de estos, habilitando excepciones con falsos argumentos de ‘puesta en valor’, y que significan importantes negocios inmobiliarios. Los derechos de los propietarios también pueden ser atendidos a través de compensaciones, exenciones, evitando que le degraden el entorno de su inmueble, etc…”.

Por otra parte, el arquitecto dijo que “el actual Secretario de Planeamiento Urbano es el Presidente de la Unidad de Gestión del Patrimonio y que esta figura quedó, a partir de las modificación hecha al Código de Preservación Patrimonial realizada en 2010, con todas las atribuciones para dictaminar a su exclusivos criterio (prescindiendo de las Áreas Técnicas especializadas en la materia, y aún de la Comisión Asesora Honoraria, a pesar de su deficiente y a veces funcional conformación), con toda la arbitrariedad que esto puede implicar. Esta modificación la alentó el mismo Secretario cuando era presidente del Colegio de Arquitectos. Luego de las modificaciones el Código pasó de ser una herramienta para la preservación a ser una herramienta para la destrucción”.

“Más allá de quedar en evidencia la desidia en materia de Gestión para la Preservación del Patrimonio y la falta de voluntad de trabajar seriamente en el tema por parte de las autoridades municipales, seguiremos ofreciendo nuestra colaboración y realizando nuestro aporte sistemático al advertir los riesgos, plantear sugerencias y soluciones, y trabajar en el cuidado del patrimonio a través de concienciar a la comunidad sobre su importancia”, finaliza el comunicado enviado a la redacción de este diario digital.

Fuente: 0223.com.ar

La manzana comprendida entre la peatonal San Martín y las calles Buenos Aires, Rivadavia y Entre Ríos suele ser evitada en la vista de marplatenses y turistas. Un monumental conjunto de edificios de pobrísima belleza arquitectónica, conocido como complejo Bristol Center, perdura en el tiempo en uno de los lugares más tradicionales de la principal ciudad turística del país.

Así las cosas, si a extensión de almanaques se refiere, el proyecto de expropiación coordinado por la diputada marplatense Alejandra Martínez para dar una solución integral a la contaminación visual del inmueble, también se ha demorado a lo largo de los años.

La estructura, con enormes falencias edilicias (en el interior de sus galerías hay escaleras no habilitadas que ni siquiera fueron terminadas) y una finalización de obra inconclusa (se construyeron sólo dos torres y otras quedaron sin terminar), genera además la peor imagen posible para una zona de alto impacto social, económico y cultural.

Desde hace largo tiempo, Martínez batalla para llevar adelante un complejo proyecto que ha visto imposibilitado su tratamiento por las innumerables “cuestiones técnicas” a tratar. Durante el 2012, el municipio intimó al consorcio del edificio a que presentara un plan de mejoras edilicias y ante la falta de avances en el tema se optó por el objetivo de la expropiación parcial del inmueble.

La legisladora reconoció a 0223 que los involucrados en el proyecto “nos hemos demorado muchísimo” y justificó la tardanza en la complejidad de definir con exactitud los sectores a expropiar y el tratamiento individual que debió realizarse con cada una de las partes involucradas. Entre los puntos a debatir, citó el tratamiento que debió dársele a las cientos de cocheras con las que el edificio cuenta en su subsuelo y que tienen uso vigente.

Tras la tarea de recopilar miles de imágenes del lugar, rastrear el historial de los trabajos realizados al respecto años atrás por el fallecido Eduardo Pezzati, analizar todo el interior del edificio y registrar debidamente los dominios privados, Martínez detalló que los proyectos de expropiación deben pasar inicialmente en la legislatura por la Comisión de Tierras, una delegación a la que definió como “muy exigente” y de la que nada avanza satisfactoriamente hasta que paralelamente la Dirección General de Catastro pueda encontrar todos los registros que determinan la extensión y demarcación del inmueble, que en materia hacendaria es vital para definir luego el cobro de las imposiciones por parte del estado.

“Podría presentar ya el proyecto, pero sería para volver atrás”, se animó a declarar la diputada, al tanto de la ansiedad que hay por igual en el gobierno del intendente Pulti como en los pedidos de los vecinos para la solución de la problemática.

Martínez aclaró que lo que se expropiará, específicamente, son las estructuras sin terminar. El apart hotel y el edificio de viviendas ya construido no serán parte del plan. En esa línea, a pesar de volver a asegurar una vez más que es inminente que el proyecto entre en estado parlamentario “en agosto o en septiembre”, también reconoció que una vez que se concrete la expropiación, “luego llegarán otras cuestiones también engorrosas”.

Por último, la legisladora marplatense dejó bien en claro que la definición de los trabajos a realizar en el lugar una vez la ley sancionada “corren por cuenta exclusiva del municipio”, y al respecto del recientepedido que realizó la Defensoría del Pueblo a Acción Marplatense para conocer la situación en la que quedó una supuesta donación ofrecida al Municipio consistente en un auditorium y un salón de exposiciones, aseguró que “no se ha encontrado nada”.

Fuente: 0223.com.ar