Los barrios San Jacinto, San Carlos, Playa Serena, Camet y la Sierra de los Padres son las zonas más afectadas de la ciudad. Generalmente los hechos se producen de manera clandestina o violenta.
Mariano Moyano, fiscal a cargo de investigar las usurpaciones.
por Pablo Falcone
Twitter: @pmfalcone
La mañana del 27 de mayo Gabriel salió de su casa en Nueva Pompeya para hacer un trámite. Cuando a la tarde volvió al barrio se encontró con que la puerta había sido forzada y tenía puesta una nueva cerradura: una pareja que no conocía se había quedado con la vivienda. El caso, aunque parezca increíble, no es aislado: en Mar del Plata se denuncia una usurpación por día. Y en la Justicia creen que los hechos no son casuales: estiman que detrás hay grupos delictivos con «información privilegiada» que buscan quedarse con casas, departamentos y lotes.
Las zonas donde los usurpadores actúan con más frecuencia son los barrios San Jacinto y San Carlos, Playa Serena, Camet y Sierra de los Padres. Por lo general, ingresan a las propiedades de manera clandestina -aprovechando la ausencia de su dueño- o violenta. Ser víctima puede convertirse en un drama: aunque la investigación sea rápida, recuperar el inmueble puede llevar desde algunas semanas hasta varios meses. La Justicia de Garantías es la encargada de ordenar el «lanzamiento» del usurpador (ver qué dice la ley).
Por la gran cantidad de hechos, desde el 4 de agosto de este año se puso en funcionamiento en la ciudad una fiscalía que se dedica a investigar las usurpaciones. A partir de ese día, las denuncias no pararon de crecer: en promedio, cada 24 horas se recibe un nuevo caso. «Hay una preocupación muy importante de la gente en toda la ciudad. Eso me llamó mucho la atención y fue más de lo que yo esperaba», cuenta el fiscal especializado en usurpaciones, Mariano Moyano. Y agrega: «Hubo mucha repercusión en la sociedad por la creación de la fiscalía».
La usurpación es un delito excarcelable, pero generalmente suele estar acompañada de otros delitos como falsificación de documentos o robo, por lo que los usurpadores pueden terminar teniendo una condena de prisión efectiva.
La nueva fiscalía recibe las denuncias que le llegan, la mayoría de las veces, a la Policía. Por eso, el 7 de octubre difundió una instrucción general a todas las comisarías para saber cómo debe actuar ante una posible usurpación. En ese primer momento, el pedido hacia el policía es respetar dos pasos clave: solicitar la documentación del inmueble o lote y realizar una buena inspección ocular. «Quien lleva a delante esa conducta habitualmente trata de darle un marco de legalidad. ¿A través de que? A través de la exhibición de instrumentos que son apócrifos. Cuando se hace una inspección debe requerirse la exhibición de esa documentación que justificaría el ingreso de esa persona a la propiedad y a la vez hacer un examen preliminar de esa documentación justamente porque uno puede presumir que el que ingresa de esta manera va a tratar de darle un marco de legalidad hacia los terceros, que pueden ser vecinos, policía o hasta el damnificado», explica el fiscal Moyano. Y, enseguida, agrega: «Eso, a su vez, puede significar otros delitos como la falsificación de instrumentos públicos o privados ya sea a través de contratos de locación, cesiones de derechos o boletos de compraventa». Para el fiscal también es clave recibir rápido la información de la propiedad denunciada. Por eso se busca aceitar la comunicación con las empresas prestatarias de servicios y con la Municipalidad.
Empleados municipales implicados
La presunción de los investigadores que detrás de estos casos hay «información privilegiada» se profundizó el 5 de noviembre de este año cuando dos empleados municipales fueron imputados por falsificar documentación de distintos terrenos para luego venderlos a un costo menor a clientes que conocían las maniobras fraudulentas. Ese día, la Policía allanó dos casas y notificó a un empleado de la Dirección de Inspección Municipal, que fue imputado por el delito «uso reiterado de documentos públicos falsos», figura que contempla la pena de hasta seis años de prisión.
– ¿Hay casos de usurpaciones aisladas o generalmente los delincuentes cuentan con información privilegiada?, le consultó LA CAPITAL a Moyano.
– Creo que ese es el desafío de la fiscalía. Cuando se produce la usurpación de una vivienda o de lotes en el sur de la ciudad, el valor económico que tienen es muy importante. Ante eso uno tiende a pensar que no es producto de la azar sino que aquellas personas que llevan adelante esta maniobra es porque cuentan con información privilegiada como que el titular del bien afectado falleció y no hay familiares en la ciudad. Por eso entiendo que desde la fiscalía el desafío es trabajar no sobre la consecuencia sino sobre la causa. Y buscar si existen hechos en común.
– En este caso la información privilegiada salía desde adentro de la Municipalidad. ¿Cómo detectaron la maniobra?
– Este caso se produjo a partir del intento de alambrar unos lotes en la zona sur. Un vecino denuncia el caso a al 911 y cuando la policía llega al lugar le requiere al propietario que exhiba la documentación. Allí se establece que la certificación de firmas, que estaba adjuntada a las cesiones de derechos, resultaba apócrifa. El escribano dijo que esa no era su firma ni su sello. A partir de eso se pudo establecer que estas personas tenían otras carpetas en su poder y también que el dinero que habían pagado por esos lotes, que no se correspondía al valor del mercado, había sido depositado en distintas cuentas bancarias. Una de estas cuentas se correspondía a este funcionario municipal del área de Inspección General.
– ¿Esta investigación finalizó o puede tener ramificaciones?
– Esta causa sigue en pleno trámite porque también queda claro la intervención de una mujer que era la cara visible.
También habría una tercera persona que se encarga de ir a las escribanías y hacía certificar distintos contratos y una vez que se hacía del folio notarial lo adulteraba y lo adjuntaba a esta cesión de derechos. Entonces, esa investigación está en pleno trámite.
– ¿Este caso significó la comprobación de que los casos de usurpación no se producen de manera aislada?
– Lo que yo entiendo es que estos hechos es difícil que sean producto del azar. Quien elige ingresar o despojar una propiedad, la información con la que cuenta es privilegiada.
– Entonces un caso particular busca encontrar la posible red delictiva que funciona por detrás.
– Creo que el desafío es ese: tenemos que manejarnos con la hipótesis más amplia. Si se maneja con la hipótesis más amplia va a permitir también identificar si entre los distintos casos hay circunstancias en común. A partir de la creación de la fiscalía llevamos un registro de la modalidad de los casos y su ubicación y a partir de ahí vamos haciendo un análisis para establecer parámetros de cuales son las zonas donde hay mayor conflictividad. Si se logran resultados, este delito en Mar del Plata tendría que tender a disminuir.
La pena
La usurpación es un delito en el que interviene la Justicia correccional y tiene una pena de hasta 3 años de prisión.
«En el trabajo que estamos haciendo en la fiscalía no solamente analizamos esa conducta, también analizamos si quien produjo el despojo le intentó dar un marco de legalidad mediante un instrumento público falso», dice Moyano. Y explica: «Entonces eso ya tiene una pena de hasta seis años de prisión. La persona cuando es despojada de la propiedad es muchas veces también despojada de sus bienes. En ese caso estaría la conducta de robo y ese es otro delito con una pena mayor. El desafío de la fiscalía es analizar todas las conductas que habitualmente se pueden dar en una usurpación de inmueble».
Qué dice la ley para que pueda intervenir la Justicia penal
El artículo 181 del Código Penal Argentino establece en su inciso uno que se cometerá el delito de usurpación cuando una persona «por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes».
El inciso dos agrega que también cometerá el delito de usurpación «el que para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo». Y el tres: «el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble».
Todo el resto de los casos que no están incluidos en estos tres incisos corresponden a la Justicia civil y la víctima tendrá que pedir un desalojo. «Muchas veces la gente se confunde y ante una ocupación de una propiedad inmediatamente lo vincula con una usurpación y no es así», explica el fiscal Mariano Moyano. Y agrega: «Si no se cumple lo que dice el artículo 181 entonces será un tema civil a través de una acción de desalojo, una acción posesoria o una acción de reivindicación, pero no es un tema que va a ser resuelto en sede penal».
La demora del lanzamiento
El fiscal Mariano Moyano explicó que no hay un tiempo determinado para sacar al usurpador del inmueble o el lote que ocupó de manera ilegal: puede llevar unas pocas semanas o varios meses.
«Una vez que recibimos la información aportada por la policía estamos en condiciones de determinar si estamos frente a un delito de usurpación», dice Moyano. Y agrega: «Si esto es así, la ley da la facultad al fiscal de solicitarle al juez de Garantías el lanzamiento de los ocupantes. Entonces, la demora en el lanzamiento está muy vinculada a la complejidad de la investigación».
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