Nota Central
03.07.2011 | Aumentan las usurpaciones de terrenos, ya que cualquiera parece poder vender propiedades sin documentación de respaldo. Algunos dicen que un lote sin construir ni alambrar está “abandonado”, pero no suena serio. Nadie responde por este delito delicado que es considerado leve. Claro, si uno no es el dueño.
Más de cuatrocientas denuncias por usurpaciones de terrenos parecen haber caído en saco roto a juzgar por la escasa respuesta de las fiscalías. Titulares de lotes comprados hace más de veinte años, que no han efectuado construcciones, denuncian que son llamados por vecinos o concurren espontáneamente y encuentran personas que han comenzado a medir o a alambrar en tales predios. Muchos de ellos han comprado de buena fe en diversas inmobiliarias, y hasta tienen firmas de notarios.
Las zonas en que más casos se han registrado dependen jurisdiccionalmente de Batán, por lo que fue consultado el delegado municipal, Ernesto Lenzo, cuya respuesta fue al menos decepcionante. Afirma el funcionario que las respuestas que ha recibido de la fiscalía correspondiente han sido tibias, bajo la excusa de que, si no hay corte de alambrados o no aparece un dueño reclamando la titularidad, “parece no haber delito”.
“No hay dueños”, dice Lenzo, a la vez que afirma que en estos sectores la necesidad de vivienda es enorme, por lo cual ya han solicitado con urgencia la construcción de un plan de unas trescientas unidades habitacionales, atendiendo al importante crecimiento demográfico de la ciudad. “Esta es una zona tranquila”, dijo, “por lo cual mucha gente quiere vivir aquí”. La gente se pregunta entonces a qué precio sigue el crecimiento, o quién tiene derecho de crecer primero.
Se trata fundamentalmente de ciertas zonas de Estación Chapalmalal y El Boquerón donde, al parecer, los terrenos usurpados son verdadera tierra de nadie. Lenzo, si bien no justifica la situación, al menos la minimiza, cuando afirma que tales lotes están sin alambrar y con la totalidad de sus impuestos impagos. De todas maneras, según indica el sentido común, esos inmuebles siguen teniendo un dueño, y no parece sujeto a derecho que la inmobiliaria pueda volverlos a vender porque cree que el propietario no aparecerá jamás.
“Te digo francamente que de la cuestión judicial no entiendo mucho” dijo el delegado cuando fue preguntado sobre el tema, aunque aclaró uno de los detalles más alarmantes: los compradores creen que por el hecho de haber mediado en la operación la firma de un escribano, está automáticamente legitimada, cuando el realidad el notario lo único que hace es verificar la identidad de comprador y vendedor.
En realidad la estafa se consuma igual, es decir que ya queda poco en qué creer: ni siquiera confiar en el número de matrícula notarial.
De hecho, efectuadas las demandas por los que presencian la usurpación o los funcionarios políticos que las reciben, la fiscalía no les ha presentado demasiados elementos de defensa, aunque los vecinos afirmen que se trata de una usurpación evidente. Recae en los mismos denunciantes la necesidad de encontrar al titular para que se presente a reclamar su derecho.
¡Vendido!
Pero sucede que no es tan así lo que realmente sucede. Nada es tan secreto, ni tan anónimo, y alguien no está trabajando.
En abril último, por ejemplo, se presentó Norma Esther Bustamante a efectuar una denuncia penal en la cual consta que ella misma es la propietaria de un terreno situado en Fermín Errea y Falkner, ante esquina de la mano impar: circunscripción VI, sección A, manzana 27-s, parcela 5, que ocupa una superficie de 330,60 metros cuadrados. Afirma que lo compró el 25 de junio de 1985, y exhibe el boleto de compraventa de aquella operación pagada en australes, la moneda legal del momento. Intervino en la operación la inmobiliaria Chiesa de avenida Colón 2567, que según la denunciante ha investigado, es la misma firma que en la actualidad se llama García Propiedades y funciona en Lamadrid 2275, ambas de esta ciudad.
La señora Bustamante se enteró a través de los vecinos de que había un hombre limpiando su lote, al parecer queriendo construir. Concurrió al lugar y encontró que había una cantidad de pozos que procedió a tapar, y varios tablones de madera que retiró.
La propietaria ubicó a la persona que efectuaba estas tareas a través de un familiar -ya que no conoce su identidad-, y el supuesto usurpador le refirió que había comprado el lote en la inmobiliaria García Propiedades, y que la persona que se lo había vendido era, efectivamente, Carlos Chiesa.
Por supuesto que Bustamante concurrió a la inmobiliaria en cuestión, y se encontró al mencionado titular, y aun con la misma secretaria que le había vendido el lote en 1985. Esta empleada le dijo, según denuncia: “había tenido que vender el terreno porque tenía una deuda de impuestos”, como si ella misma tomara en sus manos el poder judicial de ejecutar un bien por una cuestión tributaria, cuando la denunciante no mantenía deuda alguna con Chiesa. Había pagado la totalidad de las cuotas de su propiedad inmueble, aunque no lo había escriturado.
De allí se trasladó la señora a la escribanía Greco, en Rivadavia 3025 de Mar del Plata, donde le informaron que Chiesa no puede realizar ninguna operación inmobiliaria porque tiene la firma inhibida.
La pregunta es, entonces: ¿este Carlos Alberto Chiesa, titular de la inmobiliaria fantasma, es el mismo que supo ser dueño de las disco Chocolate y La Llorona? ¿El mismo que era tan amigo del ex legislador provincial Jesús Porrúa? ¿El mismo que fue visto más de una vez en un yate de paseo por las costas de Santa Catarina en Brasil? Quizá.
Lo cierto es que la señora Bustamante muestra el boleto de compraventa y varios recibos de cuotas pagas en el banco Oceánico Cooperativo Limitado. Posee además comprobantes de impuestos municipales pagos a diciembre de 2010, y de Obras Sanitarias, también del año pasado. En cuanto al impuesto provincial, alcanza la primera cuota del 2011.
Pero no es el único caso. Ramón Roberto Rami denunció en febrero la usurpación de su lote del barrio San Eduardo, en jurisdicción del destacamento de El Marquesado. Tiene 75 años, y un terreno que compró en ese barrio en 1977 a la empresa Tulsa SACIF, aunque nunca construyó.
Rami se presentó en su propiedad este año, cuando constató que el lote se encontraba alambrado, y había allí un pilar de luz a nombre de la familia Nicolossi.
Por supuesto que se dirigió a la Dirección de Catastro local, y de allí a la Defensoría del Pueblo: su terreno había sido vendido y nuevamente escriturado. ¿Cómo es posible? Según afirma el denunciante, la venta apócrifa la habría efectuado la empresa Mifa por intermedio de la misma Tulsa que fuera vendedora allá en 1977, y habría intervenido el escribano Jorge María Allende, con domicilio legal en avenida Presidente Perón de Capital Federal.
Esto es mío
¿Es verdad, entonces, que ante delitos tan evidentes como que una inmobiliaria acepte que ha vuelto a vender un terreno bajo la misma firma, la fiscalía no puedaehacer nada? Las declaraciones ante la 99.9 del abogado Martín Ferrá parecen dar la contracara de aquellas afirmaciones un tanto livianas.
Afirma con autoridad Ferrá que la usurpación es un delito de acción pública, y por lo tanto la fiscalía debe actuar de oficio, esté o no presente el dueño original. Exactamente como si se trata del robo de cualquier otro bien que registre propiedad privada comprobable. “La usurpación es un delito leve”, dice Ferrá, pero el Código Penal no distingue entre delitos graves y leves por la urgencia y necesidad de su investigación, sino por la categoría de la pena que los sanciona.
El dueño del terreno es perfectamente rastreable, y la investigación le corresponde a la fiscalía. A partir de allí, es el fiscal quien citará al titular para lograr cerrar este cuadro probatorio y poder actuar. No es necesario que haya un alambre cortado o que aparezca alguien diciendo “esto es mío”.
La realidad es que los funcionarios no le prestan atención al boleto apócrifo, que es un segundo delito conectado con el principal, la usurpación. Permite que el engaño cobre cuerpo, y que más de un testigo no sepa a quién creerle.
Lo cierto es que esta investigación necesaria para determinar la titularidad termina quedando en manos de los vecinos, porque la institución judicial no se hace cargo de la función que realmente le corresponde, según afirma Ferrá.
Aun cuando un bien se considere vacante, porque su propietario ha muerto sin sucesión, la titularidad corresponde al Estado. Y cuando no haya cumplido su propietario con el pago de los impuestos, es el municipio a través de sus asesores letrados quien debe intimarlo al pago. Transcurridos los plazos de rigor, se cumplirá con la debida ejecución y el remate del terreno. Pero no es una inmobiliaria privada quien vuelve a vender un lote porque el titular no pagó impuestos, como dijo la secretaria de Chiesa.
Ferrá afirma que el delito en la ciudad crece a pasos agigantados y que la única solución que encuentra es la remoción del fiscal general, ya que él es el máximo responsable. “Si yo no sé hacer algo, me voy”, dijo, a la vez que consideró que era el mismo fiscal quien debería haber reconocido su incapacidad para controlar el delito en la ciudad a través de su función específica.
Mientras tanto, si usted tiene un terreno como inversión, si pensó en comprar tierra por si alguna vez se le daba, por si podía hacer una casita de fin de semana, le conviene mudarse allí con una carpa, o poner un mojón que declare su nombre a los cuatro vientos. De lo contrario, perderá la paz, porque su boleto parece no querer decir nada. Ni siquiera su escritura. Desde ahora dormirá cada noche de su vida cortando clavos.
Fuente: http://www.noticiasyprotagonistas.com
