Impuesto a las Ganancias – Inmuebles


Impuesto a las Ganancias – Inmuebles

Enviado por Ecotributaria el 23 August, 2005 – 00:00
Consideraciones sobre el tratamiento tributario dado a la tenencia, venta o transferencia de inmuebles.

Continuamos analizando en este trabajo algunas cuestiones referentes a la situación impositiva que se presenta ante la tenencia, venta o transferencia de inmuebles urbanos y rurales.

En primer lugar nos referiremos a la venta de inmuebles, tanto urbanos como rurales. En este concepto consideraremos también los aportes a sociedades, el rescate y cualquier otra forma de disposición del dominio que pueda asimilarse a la venta.
Por empezar, definiremos cuatro tipos de sujetos: (1) las sociedades comerciales (2) personas físicas, (3) explotaciones unipersonales (4) propietarios del exterior.

Las sociedades comerciales son las de la ley 19.550 y también las comerciales de hecho. Si tales entes jurídicos deciden vender un inmueble de su propiedad podrán actualizar su costo de adquisición hasta marzo de 1992, por imperio de la ley de convertibilidad. Esto para inmuebles adquiridos con anterioridad a esa fecha, naturalmente. Y para los adquiridos posteriormente, el valor de compra en caso de estar considerado en dólares estadounidenses, se convierte a pesos al cambio de uno por uno. La utilidad que surja de esta venta va a pagar el 35% en el caso de las sociedades de capital, y en el caso de la SH se distribuirá la utilidad entre los integrantes para pagar cada uno según su declaración personal. En estos casos es factible evitar el pago del impuesto si el dinero obtenido se destina a la compra de otro inmueble como reemplazo. Un dato adicional es que la ley no permite comprar tal inmueble de reemplazo en el exterior.

Una alternativa es que en el caso de una S.A que no cotice en bolsa., por ejemplo, se venda el paquete accionario con lo cual se vende también el inmueble, en cuyo caso actualmente tal venta de acciones está libre del impuesto a las ganancias. Pero hay antecedentes jurisprudenciales que determinan que hay una utilidad en el precio de venta del paquete accionario que está dada por una suerte de sobreprecio de tales acciones en el caso de transferirse el dominio societario. Es decir que tal dominio permitiría suponer un plus en el valor que sí estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias en cabeza de los accionistas

En el caso de las personas físicas, la venta de sus propiedades personales no paga ganancias sino el impuesto a la transferencia de inmuebles, que lleva una tasa del 1,5% sobre el valor bruto de venta. Tales bienes son personales cuando hubieran estado alquilados, inexplotados o debe haber transcurrido más de dos años de su desafectación comercial.

El tercer caso es el de las empresas unipersonales. La venta de tales inmuebles está alcanzada por el impuesto a las ganancias.
Y el cuarto caso es el de propietarios del exterior (empresas o sociedades) de bienes inmuebles ubicados en el país, corresponde que el adquirente local retenga el 17,5% de impuesto a las ganancias, ya que la ley presume que el 50% del monto de la venta es utilidad, gravada por supuesto a la tasa del 35%. Cabe la posibilidad de que el residente del exterior viva en un país que tenga con la Argentina un convenio para evitar doble imposición, situación a contemplar y que puede permitir bajar la tasa. También existe un procedimiento que posibilita presentar al fisco los elementos y documentación concreta para justificar una retención de impuesto ajustada a la realidad Además, y respecto de los beneficiarios del exterior, cabe recordar que la Resolución 7/2003 de la Inspección General de Justicia presume que todas las sociedades ubicadas en los llamados “paraísos fiscales” pertenecen indirectamente a sociedades o personas físicas argentinas, una cuestión que no afecta el fondo de lo que estamos comentando, pe

 

LA SITUACIÓN ANTE EL IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA (GMP)

Los inmuebles urbanos afectados a una actividad comercial, lo mismo que los rurales en todos los casos, están dentro del ámbito del impuesto a la ganancia mínima presunta. Cabe recordar que la ley de este impuesto fija un mínimo del activo (sin considerar deudas) de $ 200.000.- superado el cual se paga sobre todo el 1%.

Cabe acotar que los inmuebles rurales se benefician con una quita del 25% sobre el valor de la propiedad libre de mejoras. Y este valor, a su vez, será el que surja de comparar el valor de compra ajustado hasta 1992 o la valuación fiscal para el impuesto inmobiliario provincial, la que resulte mayor.

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES (BP)

Los inmuebles urbanos están dentro de este tributo, para lo cual deben superar (junto con el resto de los activos del titular) la suma de $ 102.300.-, en cuyo caso se paga el 0,5% sobre todo el activo EXCEDENTE del mínimo señalado (por encima de los $ 200.000.- la tasa se eleva al 0,75%, sobre el excedente de dicha cifra). Hay que resaltar que las sociedades pagan BP por cuenta de los accionistas, dentro de la figura del llamado responsable sustituto, es decir que un campo dentro de una sociedad paga GMP por estar dentro de ella (naturalmente si el activo total supera los $ 200.000.-) y también paga BP en cabeza de los accionistas y por su tenencia accionaria, y en este caso no rige el límite de los $ 102.300.- de BP. La tasa es siempre 0,5% para este impuesto, sin mínimo no imponible, y además se toma el patrimonio neto (activo menos pasivo) para prorratear su valor entre la cantidad de acciones y llegar así al valor unitario de cada una, para determinar luego la porción correspondiente a cada

Un dato a tener en cuenta es que hay jurisprudencia respecto de que debe privar la realidad económica por sobre la llamada realidad registral. Este dato puede ser de interés en el caso de cesiones de predios o propiedades a los hijos para que realicen en ellos una actividad comercial o industrial, por ejemplo, en cuyo caso tal actividad en cabeza de los hijos paga GMP. Dado que el tema puede resultar vidrioso, es aconsejable en estos casos celebrar un contrato dándole fecha cierta en una escribanía.

TITULARES DEL EXTERIOR DE INMUEBLES

El representante local debe tributar GMP o BP según sea el caso bajo la figura del responsable sustituto. Acá entra a jugar la habitualidad de los actos en el país, prevista en la ley 19.550 de sociedades. Por ejemplo: un inmueble alquilado perteneciente a una sociedad del exterior entra en el ámbito de GMP, al menos según surge de consultas no vinculantes efectuadas al fisco.

OTRAS CONSIDERACIONES

Un aspecto interesante a resaltar es el hecho de que la actividad agropecuaria no es, según nuestro Código de Comercio, una actividad comercial, sino que es una actividad civil. Qué ocurre por ejemplo con una sociedad de hecho propietaria de un inmueble rural. O con una fundación, que en sí no persigue fines de lucro.

Hay un dictamen de la AFIP que ha dicho que la actividad agropecuaria de una Fundación está exenta porque no es una actividad comercial, sino civil. Es decir que no debe pagar BP responsable sustituto, y tampoco debe hacerlo una sociedad de hecho.

El punto es que la venta de un inmueble que no está afectado a una actividad de tercera categoría en el impuesto a las ganancias no debería pagar ganancias, sino transferencia de inmuebles.

En este trabajo dejamos abierto el tema, dadas las implicancias que tiene. Nos parece fundamental sin embargo que se fije una línea esclarecedora y definitiva por parte del fisco, para evitar precisamente este tipo de problemas.

Estudio Héctor Blas Trillo
Economía y Tributación
(011)154-4718968
Estudio_Trillo@yahoo.com.ar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

IMPUESTO EN LA COMPRA VENTA DE INMUEBLES


IMPUESTO EN LA COMPRA VENTA DE INMUEBLES
Para el comprador
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
·  Si se trata de la compra de un inmueble nuevo:
Sobre la proporción del precio de compra correspondiente a la
construcción (la porción correspondiente al terreno nunca lleva IVA) la
empresa vendedora adicionará el 10.5% de impuesto cuando se trate de
inmuebles con destino a vivienda o el 21% si tuviera otro destino.
Ejemplo: Precio convenido $50000.- (incluye IVA)
Construcción(*) $ 36.900,37.-
IVA (10.5%) $ 3.874,54.-
Terreno $ 9.225,09.-
Total $ 50.000,00.-
(*) La proporción surge de lo informado por el vendedor. En este
ejemplo se utilizó una proporción del 80% para construcción y 20% para
terreno.
Si se trata de inmuebles usados: No resulta aplicable este
impuesto
Impuesto de Sellos
Este impuesto es de alcance provincial (también se aplica en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en general se aplica sobre la
constitución de derechos sobre inmuebles ya sea, por compra-venta,
constitución de hipotecas o usufructos y demás derechos reales y dado
que, en general interviene un escribano en este tipo de operaciones, es
quien debe retener el impuesto de sellos. La forma de cálculo y demás
elementos que hacen a su determinación varían entre las distintas
provincias. A título de ejemplo podemos mencionar:
Jurisdicción Tasas
Ciudad de Buenos Aires 2.5% (1)
Provincia de Buenos Aires 3%
Córdoba 0.2%
Santa Fe De acuerdo a escala
(1) Principales exenciones
Ciudad de Buenos Aires: escrituras públicas traslativas del dominio de
inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados
a vivienda y única propiedad. Esta última característica tendrá que
constar en la escritura con carácter de Declaración Jurada del
adquirente, referenciando el certificado registral que lo acredite. Se
considerará exento siempre que la valuación fiscal o el valor de la
operación, el que resulte mayor, no supere los $ 360.000, tributando
por el excedente las operaciones que superen el mencionado importe.
Provincia de Buenos Aires: para escrituras de inmuebles para
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuya valuación
fiscal esté entre $ 60000 y $ 90000, la alícuota es de 2%.
En los casos de operaciones de compra con financiación hipotecaria
existen algunas exenciones (en algunas provincias) sujetas a
determinados requisitos.
En general, este impuesto se calcula sobre el precio de venta o la
valuación fiscal lo que resulte mayor. Si se hubiera pagado parte de este
impuesto sobre el boleto, dicho importe se computará a cuenta del
correspondiente por la escritura definitiva. El impuesto en general es
soportado por el comprador y el vendedor en partes iguales (Ej. Pcia. de
Bs. As 1.5% comprador y 1.5% vendedor).
Financiación
Cuando se obtiene un préstamo para realizar la operación, los intereses
están exentos del IVA siempre que se utilicen los fondos para financiar
la compra, construcción o mejoras de viviendas destinadas a casa
habitación.
También estarán exentos los intereses de préstamos que se destinen,
exclusivamente, a reemplazar, renovar o financiar los préstamos
anteriores.
En el impuesto a las ganancias resultan deducibles como gasto para las
personas físicas, los intereses de créditos hipotecarios otorgados a partir
del 01/01/2001, para la compra o construcción de inmuebles destinados
a casa habitación hasta la suma de $ 20.000 anuales.
Para el vendedor
Impuesto a la transferencia de inmuebles:
Deben tributar este impuesto las personas físicas que transfieran
inmuebles.
Se determina aplicando la alícuota del 1.5% sobre el valor de la venta o
transferencia
No se aplica el impuesto cuando se trate de la venta de la única vivienda
y/o terrenos, con el fin de adquirir o construir otra destinada a
casa/habitación propia (es lo denominado “venta y reemplazo”. Este
beneficio sólo es posible siempre que ambas operaciones se efectúen
dentro del término de un año. (También cuando la adquisición del bien
de reemplazo haya sido anterior) y siempre que se obtenga de la AFIP el
certificado de no retención.
Se debe pagar el impuesto en el momento que se otorga posesión con la
firma del boleto de compra-venta (o equivalente) o con la escritura de
venta.
Los responsables de retener pueden ser:
·  Los escribanos en oportunidad de la firma de la escritura.
·  El comprador cuando se firma un boleto previo (y no interviene un
escribano) o el cesionario de un boleto (si es que no interviene un
escribano).
Obtención del certificado de no retención
Se podrá obtener a través de un trámite simplificado en los siguientes
casos:
a) Inmuebles que registren un único titular y cuyo precio de
transferencia sea igual o inferior a $ 120.000.
b) Inmuebles cuyos únicos titulares sean uno o ambos componentes
de una sociedad conyugal, y el precio de transferencia sea igual o
inferior a $ 120.000, siempre que ninguno de los cónyuges se
encuentre inscripto en el impuesto sobre los bienes personales.
c) Inmuebles incorporados en la declaración jurada del impuesto
sobre los bienes personales, correspondiente al último período
fiscal vencido, en tanto sean de un único titular.
El titular del inmueble a transferir solicitará la exclusión por trámite
simplificado para lo cual deberá comunicar a la AFIP el ejercicio de
esta opción a través de Internet (www.afip.gov.ar), utilizando clave
fiscal.
De ser aprobada por la AFIP la opción ejercida, se podrá obtener el
certificado a través de esa página de Internet.
Dicho certificado podrá también solicitarse mediante la asistencia del
Centro de Información Telefónica ( 0800-999-2347) donde se le
indicará el número de certificado de no retención a efectos de que
pueda imprimirse desde el sitio web de la AFIP.
d) Resto de inmuebles
Los responsables deberán solicitar el certificado conforme el
procedimiento indicado en el punto anterior (web AFIP o en forma
telefónica) y posteriormente formalizar la presentación (con
formulario multinota) acompañando lo siguiente:
·  Acuse de recibo de la transmisión de la solicitud vía Internet.
·  Copia de los formularios F 145 confeccionados mediante el
aplicativo “AFIP – DGI transferencia de Inmuebles Versión 2.0”.
·  Copia de la documentación respaldatoria de la personería
invocada por el presentante.
·  Copia de la documentación respaldatoria de la propiedad del
inmueble a transferir.
La solicitud debe realizarse con una antelación mínima de 20 días
corridos al de la operación y las solicitudes de certificados deberán
realizarse con clave fiscal (el trámite se realiza a través de la página
web de la AFIP).
Régimen de información (COTI)
Los titulares o condóminos de bienes inmuebles deberán obtener el
Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), con carácter
previo a la negociación, oferta o transferencia de un bien inmueble o de
derechos sobre bienes inmuebles a construir (lo que suceda primero),
sea cual fuere su instrumentación, siempre que algunos de los
siguientes valores resulten iguales o superiores a $ 300.000
a) Precio.
b) Base imponible (impuesto inmobiliario o similar).
c) Valor fiscal vigente.
La solicitud del COTI podrá realizarse utilizando alguno de los siguientes
medios:
a) Internet, mediante Clave Fiscal.
b) Comunicación con el Centro de Información Telefónica (0800-999-
2347).
c) SMS, enviando un mensaje de texto al número 2347 (AFIP) a
través del teléfono celular.
La vigencia del COTI es de 24 meses a partir de la fecha de
otorgamiento
Si en los actos de negociación, oferta o transferencia participa una
inmobiliaria, ésta deberá informar el COTI en la web AFIP con el fin de
confirmar o rechazar su participación en esos actos.
Si el titular del inmueble no cumplió con la obligación de obtener el
COTI, la inmobiliaria deberá informar esa circunstancia, con carácter
previo a la negociación u oferta de dichos bienes, suministrando los
datos sobre el inmueble y sus titulares.
Los escribanos, previo a la celebración de la escritura, deberán verificar
la autenticidad y vigencia del COTI, y la exactitud de los datos de
identificación del inmueble y sus titulares. Posteriormente deberán
informar la identificación de los adquirentes e informar dentro de los 15
días corridos desde la fecha de escritura, la fecha y número de la
escritura y el monto de la transferencia.
Cumplimentados los puntos anteriores, el sistema informático de la AFIP
emitirá el “certificado de bienes inmuebles” debiendo los escribanos
entregar a los transferentes y adquirentes copia certificada del mismo.
Comisión de la inmobiliaria
Corresponde que la inmobiliaria emita una factura. La comisión está
gravada con el IVA al 21%.
Honorarios escribano
Idem comisión

fuente: e-galicia.com

TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE LAS LOCACIONES DE INMUEBLES


TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE LAS LOCACIONES DE INMUEBLES 

PARTE I Por Dr. Carlos Enrique Spina Contador Público INTRODUCCIÓN Curiosamente, a pesar de la claridad de la legislación el tratamiento de las locaciones, trae aparejado dudas seguramente ocasionadas por los cambios a los que han sido sometidos en lo que hace a su tratamiento fiscal. En estas líneas intentaremos dar nuestra opinión al respecto, analizando los distintos tributos. IVA Conforme al artículo 7, inciso h), apartado 22, cuyo texto nos permitimos omitir, norma las exenciones de la locación de inmuebles. Según el análisis de dicha norma tenemos: LOCACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN Este tipo de locaciones, es decir las destinadas exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia, se encuentra exenta totalmente, independientemente del monto. Conforme a la RG (AFIP) 1032, en su artículo 7ª no se consideran comprendidas en la exención aquellas locaciones de inmuebles que no tengan como único destino el de vivienda, ni aquellas que aún teniendo dicho destino, no sean habitados por el locatario y su familia. Por lo tanto, aquellas viviendas que sean alquiladas por una empresa con destino a la vivienda de uno de sus directivos, no se encuentra exenta dado que el locatario no es el que la habita. LOCACIÓN DE INMUEBLES RURALES AFECTADOS A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS De la misma manera, estos alquileres se encuentran exentos. Nuevamente la RG AFIP 1032, aclara que a los fines de la procedencia de la exención, que son actividades agropecuarias las que tengan por finalidad el cultivo y la obtención de productos de la tierra, así como la crianza y la explotación de ganado y animales de granja, tales como fruticultura, horticultura, avicultura y apicultura. Tampoco, por lo tanto existe un condicionamiento por el monto del alquiler. INMUEBLES CUYOS LOCATARIOS SEAN ENTIDADES PÚBLICAS Los inmuebles cuyos locatarios sean el Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22016, es decir: Sociedades de economía mixta. Empresas del Estado. Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y con simple participación estatal. Sociedades del Estado. Empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los Fiscos. Bancos y demás entidades financieras nacionales. INMUEBLES PARA CONFERENCIAS, REUNIONES, FIESTAS Y SIMILARES En este caso, la locación se encuentra gravada, cualquiera sea el monto. La alícuota a aplicar es la general. RESTANTES LOCACIONES Las restantes locaciones, excepto las mencionadas anteriormente, también se encuentran exentas, pero en este caso sujeto a que el valor del alquiler, por unidad y locatario no supere los $ 1.500,– (importe fijado por Decreto 616/01, art.1º, inciso b), por período mensual. A estos efectos deberá adicionarse a dicho precio los montos que por cualquier concepto se estipulen como complemento del mismo prorrateados en los meses de duración del contrato. La RG (AFIP) 1032, añade algunas precisiones sobre el particular. No constituyen complemento del alquiler los importes correspondientes a gravámenes, expensas y gastos de mantenimiento y demás gastos por tasas y servicios que el locatario tome a su cargo. Si no fueran pactados en el contrato original (vgr. mejoras introducidas por el locatario que el locador no está obligado a indemnizar) su monto deberá prorratearse en los meses que resten hasta la finalización del contrato. A tales efectos deberán considerarse las erogaciones efectuadas en cada mes calendario. El importe mensual del alquiler gravado se determinará por unidad y por locatario. Por lo que: Cuando un sujeto alquile 2 (dos) o más unidades a un mismo locatario, el importe a considerar será el que corresponda a cada una de las unidades alquiladas, siempre que tales unidades y el monto del alquiler de cada una de ellas sean independientemente identificables, según el respectivo contrato. En caso de que distintas partes de una misma unidad sean alquiladas por diferentes locatarios, el importe a considerar será el que le corresponda a cada una de dichas partes. Tratándose de unidades que sean utilizadas en forma no simultánea por distintos locatarios, el importe a considerar será el que le corresponda a cada locatario. NORMAS COMPLEMENTARIAS La ya mencionada RG 1032 (AFIP) establece normas complementarias que explicaremos brevemente, sin profundizar en detalles de procedimiento. Quienes realicen locaciones gravadas, deberán categorizarse como responsables inscritos, tanto los locadores como sublocadores. En el caso de que el locador sea un grupo de condóminos y en tanto la locación esté gravada, el condominio deberá inscribirse como responsable del tributo, cumpliendo para ello lo que dispone la RG (AFIP) 10 y sus modificaciones. REGIMEN SIMPLIFICADO Cómo todos sabemos, este régimen sustituye para determinados contribuyentes, el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. A diferencia del régimen anterior, la locación de inmuebles se encuentra incluido en el mismo, por lo que un sujeto que, pudiéndose encuadrar en el monotributo, puede optar por este por la locación de inmuebles. En este caso el límite de los $ 1.500,– carece de relevancia toda vez que si el monto del alquiler supera este importe, igualmente podrá continuar en el régimen. Obviamente el sujeto tendrá que tener en cuenta los parámetros generales, para su ingreso, categorización y en su caso exclusión del régimen, por cualquiera de sus causas, tales como ingresos brutos, cantidad de unidades de explotación y cualquiera de las otras causas contempladas en la normativa legal. Cabe destacar que el parámetro “superficie afectada a la actividad” no debe tenerse en cuenta para la locación de inmuebles y aunque si bien nada dice respecto del parámetro “energía eléctrica consumida”, es lógico suponer que no existe tal magnitud en la locación de inmuebles. FACTURACIÓN No existe una distinción de facturación para este tipo de actividad toda vez, que quienes sean responsables inscriptos deberán emitir: Factura A a otros responsables inscriptos. Factura B a consumidores finales, monotributistas o sujetos exentos. En el caso de ser monotributistas deberán emitir factura C. Las normas de facturación y registración son las mismas que para cualquier tipo de contribuyentes. OTROS TRIBUTOS Los locadores de inmuebles tributarán, en tanto no estén adheridos al régimen simplificado, el impuesto a las ganancias como rentas de primera categoría. En todos los casos, si supera el mínimo no imponible deberá tributar el impuesto a los bienes personales. En relación al régimen provisional, no debe inscribirse en autónomos y en el régimen simplificado no debe tributar el componente provisional, en tanto esta sea la única actividad desarrollada. fuente Dr. Carlos Enrique Spina

Reorganizan un sector del paseo costero


Reorganizan un sector del paseo costero

El total de la inversión superará el millón de pesos.

2009-11-27 07:40:45La directora de Recursos Turísticos del municipio de General Pueyrredon, Mónica Rabano, brindó detalles de la obra que se está llevando a cabo en un sector de la playa pública de la Bristol – Popular.“Se empezó con la reorganización de la feria que funciona en esa zona así como la reestructuración del paseo, a nivel de arena, a los efectos de tener un mejor control y seguridad del sector”, manifestó.

Rabano comentó que “se busca acompañar la propuesta que la Provincia viene desarrollando desde la licitación del Hotel Provincial, reubicar la feria, darle una estructura orgánica, incorporar un paseo con accesibilidad y en una segunda etapa sumar una batería de sanitarios generando una ampliación de la vereda”.

La funcionaria precisó que la obra se realiza de forma consensuada con la Asociación “18 de enero” que tiene a su cargo la feria, el permisionario de la playa Bristol, y la supervisión de la municipalidad. “Cuando esté terminada la inversión superará el millón de pesos, en esta primera etapa ronda los 450 mil pesos y los aportes son privados“, aclaró.

La directora de Recursos Turísticos expresó que para la concreción de esta obra, “el municpio cedió el espacio del sector de atrás de la playa que en el verano se usa muy poco por la lejanía del mar y acordó que la obra se haga en un nivel inferior de la vereda de manera que en ningún momento se afecte la vista“.

En síntesis, Rabano aseguró que para el verano el público podrá observa “un reordenamiento del boulevard, con módulos para los feriantes con iluminación, seguridad dentro del sector y mejorar la calidad del sector“.

Esta reorganización de ese tradicional paseo costanero involucra también a los espectacúlos callejeros. En tal sentido, declaró que hay un compromiso de las partes de generar un control más ajustado de esa actividad, de manera de evitar conflictos con el sonido.

Con respecto a la cantidad de puestos que tendrá la nueva conformación de la feria, la funcionaria señaló que la cantidad de puestos será menor, aunque sin especificar el número dijo que “una de las condiciones que se puso fue el de tener un control y ver cuáles están bien habilitados y cuáles no”.

Consultada sobre el destino de la arena extraida, especificó que será distribuida en ese mismo sector “teniendo en cuenta que se observa una retracción de playa producto de la erosión del mar, se hará con supervisión de especialistas en el tema, y así tratar de generar un sector de playa más amplio“.

Gonzalo Patrone

Fuente: PUNTONOTICIAS

 

 

Cuánto costará comer en Mardel


Cuánto costará comer en Mardel

Según explicaron los empresarios del sector gastronómico, una cena sin demasiadas pretenciones costará entre $ 35 y $ 40 por persona. Hablan de un 10% de aumento de los precios en general. Aquellos que ya han comenzado a organizar sus vacaciones saben que un pasaje en ómnibus a Mar del Plata saldrá alrededor de $ 100 y que, en consecuencia, una familia tipo -papá, mamá y los dos chiquitos- tendrá que desembolsar $ 800, ida y vuelta. También saben que para acceder a un monoambiente se verán obligados a pagar desde $ 900 a $ 1.800, la quincena. Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿cuánto tendrán que gastar durante la cena? Y aquí va la respuesta: entre $ 35 y $ 40 per cápita, por lo que los cuatro tendrán que desembolsar algo así como $ 160. Así lo aseguró a Hoy el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad Feliz, Jesús Ozorno. Esos $ 40 incluyen entrada, plato principal, postre y alguna bebida económica, aunque está claro que los precios varían según la categoría de cada restaurante. “Es un menú para una típica familia de clase media”, explicó el empresario. En general se habla de un aumento de precios de un 10% respecto de la última temporada estival, suba que, según los comerciantes, se notará en cada uno de los rubros, entre ellos los de esparcimientos, hospedajes y excursiones. Otra suba también perjudicará el bolsillo de los que encaren sus vacaciones en auto. Según está previsto, los peajes aumentarán hasta un 20%, y todo parece indicar que sería antes del próximo verano. Así que habrá que tener en cuenta todo un presupuesto que incluye: la puesta a punto del coche (ver pág.17), el desembolso en combustible y el inevitable pago de peajes si la opción es viajar por una ruta segura y confiable. No sólo será una cuestión de plata, los turistas tendrán que tener algo de suerte y no toparse con ningún corte o reclamo en las rutas que pueda retrasar la marcha. Consultado sobre la oferta gastronómica para esta temporada, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, Daniel Suffradini, afirmó que “una comida en un restaurante intermedio para una familia tipo (de cuatro integrantes) cuesta alrededor de $ 40, incluyendo gaseosas o algún vino de la casa”. Agregó que “los precios de la gastronomía no tendrán un incremento abrupto, ya que no existen los precios de temporada alta o temporada baja como en los hoteles; las subas se van dando a lo largo del año y dependen fundamentalmente de la inflación generalizada, no de la temporada”. Hospedajes El hospedaje resulta uno de los temas clave a la hora de salir de viaje. Si las ganas y los recursos lo permiten, hay que saber que en Mar del Plata el alquiler de un departamento de dos ambientes va desde $ 1.120 a $ 2.000 la quincena. Si el dinero alcanza para un poco más de comodidad, un departamento de tres ambientes cuesta desde $ 1.600 hasta $ 3.600 por quincena, dependiendo siempre de las instalaciones que tenga y la zona en la que esté ubicado. Consulado por Hoy, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Angel Donsini, aseguró que “hay un 30 por ciento más de consultas y un 10 por ciento más de concreción de reservas” que en noviembre de 2008. “Será una buena temporada, no infartante, pero mejor que el año pasado”, calculó. Otra cuestión relativa a la posibilidad de disfrutar de una estadía junto al mar es el alquiler de una carpa. Para quienes gusten de este habitáculo playero hay que saber que las mismas sufrieron un aumento del 13% aproximadamente, comparado con el año anterior. Si bien su valor varía según la zona del balneario y los servicios que éstos brindan, la carpa costará por temporada desde $ 3.200 y las sombrillas desde $ 2.400. Según los pronósticos para este año, se auspicia una buena temporada para la costa. Consultado al respecto, Ozorno recalcó que “hay muchas consultas este año. Veo una buena perspectiva, ya que Brasil es una opción muy cara y Córdoba, lamentablemente, fue golpeada por la sequía”. Por su parte, Donsini concluyó que “las reservas a último momento se deben no sólo a lo económico, sino también al ritmo de vida que hacemos, a la gran cantidad de trabajo que tiene la gente y al sistema de vida en general”. Muchos platenses querrán disfrutar este verano de unas ansiadas vacaciones, veremos si la plata y el ritmo frenético cotidiano lo permiten. Diario Hoy

Alojamiento 15% más caro para veranear en la costa


 
Las carpas y sombrillas también sufrirán aumentos
Alojamiento 15% más caro para veranear en la costa
En el Partido de la Costa, que agrupa a los balnearios ubicados desde San Clemente del Tuyú hasta Mar de Ajó, existen opciones de alojamiento para todos los bolsillos.

Este verano los precios de los alojamientos y los alquileres de carpas y sombrillas en los principales balnearios de la Costa Atlántica bonaerense aumentarán entre un 10 y un 15 por ciento respecto a la temporada anterior.
Los operadores consultados estiman que esta temporada habrá una mayor cantidad de turistas en las playas bonaerenses, por lo que recomiendan a propietarios y comerciantes mantener los valores de enero pasado. No obstante, algunos empresarios turísticos admiten que las tarifas subirán un 10 por ciento en promedio, acompañando la inflación registrada durante el año. A continuación se detallan los tarifarios estimativos difundidos por cada distrito. En algunos destinos aclararon que los valores definitivos serán consignados a mediados del mes próximo.

Mar del Plata

En el destino más elegido de la Costa, Mar del Plata, los operadores inmobiliarios admiten que intentarán mantener los precios de principios de 2009 para así mejorar la baja performance registrada durante la anterior temporada estival. En el rubro alojamientos, un departamento de dos ambientes en la zona céntrica rondará los 1.700 pesos en la primera quincena de enero mientras que aumentará unos 400 pesos durante la segunda quincena. No obstante, los valores disminuyen sensiblemente en diciembre y febrero.
Las carpas también sufrirán ajustes que van del 10 al 15 por ciento respecto a comienzos de 2009. Si bien los valores varían según la zona del balneario y los servicios que éstos brindan, por temporada los precios parten de los 3.200 pesos y las sombrillas, desde 2.400 pesos.
En tanto, la variada gastronomía marplatense ofrece opciones para todos los bolsillos. Una de las confiterías más tradicionales, especializada en la elaboración de churros, ofrece un menú de milanesa completa con papas fritas para compartir a $26 pesos, sandwichs desde $7 y la docena de churros a $12.

Villa Gesell

En la localidad balnearia de Villa Gesell también hay una oferta variada de alojamientos. Una noche en una habitación, a base doble y con desayuno, en una hostería de una estrella tendrá un valor de entre 100 y 180 pesos; en un hospedaje los valores oscilan entre 100 y 120 pesos; en un apart hotel, los precios van de 500 pesos a 770 pesos por noche; las cabañas, $750 por noche.
Una opción económica son los campigns, que cobran de 25 a 30 pesos por persona. Quien elija alquilar un departamento de dos ambientes, tendrá que abonar entre $1100 y $5500 por quincena; un departamento de tres ambientes, costará entre $2000 y $9000 por quincena. El alquiler de carpas durante el mes de enero costará $2500 y en febrero, $2000. En cuanto a las opciones de esparcimiento, alquilar una bicicleta por hora costará $7 y la excursión al faro Querandí, $80. Para comer habrá platos económicos: pizza, $20; pastas, $20; parrillada, $25; gaseosa, $5; y pescados y mariscos, $70.

Partido de la Costa

En el Partido de la Costa, que agrupa a los balnearios ubicados desde San Clemente del Tuyú hasta Mar de Ajó, existen opciones de alojamiento para todos los bolsillos.
Los campings cobran desde $12 por persona y la parcela desde $12 por día. En cuanto a los precios de hotelería, las habitaciones a base doble en una estrella, $63 por día; hospedaje, $46. Pero las tarifas disminuyen en diciembre y marzo, además cada establecimiento tiene promociones.
Durante la primera quincena de enero el alquiler de un departamento de un ambiente oscilará entre $880 y $1650; un dos ambientes, entre $1760 y $2700; un tres ambientes, entre $2750 y $3850. Para la segunda quincena de enero se prevén los siguientes precios: un ambiente, entre $1650 y $2750; dos ambientes, entre $1870 y $3300; 3 ambientes, entre $3850 y $6600.
Por otra parte, durante enero los servicios de los balnearios se regirán bajo el siguiente tarifario: carpas, entre $1380 y $2650 por mes (en febrero y marzo los valores se reducen un 30 y un 50 por ciento, respectivamente), y entre $80 y $140 por día, dependiendo de la localidad elegida y de la prestación del servicio.
La gastronomía ofrece distintas posibilidades, desde los clásicos tenedores libres que cobran $22 por persona, a las confiterías, donde un café cuesta $5 y la gaseosa, $5. Entre las opciones de entretenimiento se destacan Mundo Marino, con tarifas de $66 para mayores y $44, menores; y los video juegos, $1 la ficha.

Miramar

Un destino elegido por muchas familias es Miramar, unos 50 kilómetros al sur de Mar del Plata. En la denominada “Ciudad de los Niños” alquilar un departamento de dos ambientes, frente al mar, tiene un costo mensual de entre 4 mil y 5 mil pesos.
Los valores descienden en los inmuebles alejados de los balnearios: un chalet en la zona céntrica cuesta $7.000 en enero y $4.500, en febrero. Durante enero el alquiler de sombra oscilará entre los 2.600 y los 3.600 pesos, y cada sombrilla, 800 pesos.

Fuente Diario Popular

Cuál será el costo de veranear en 2010


Cuál será el costo de veranear en 2010

A menos de un mes de que comience el verano, ya se agita el calor sobre ciudad y aparecen las ganas de descansar de la rutina y del estrés acumulado durante el año. Sin embargo, la felicidad que brinda el pensar en el mar y la playa viene acompañada del problema del bolsillo y de la búsqueda de alternativas que amortigüen el gasto que demandarán las vacaciones.

 
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Por Mariano Toledo (*)
Especial para Hoy
Cuando la triste ilusión de la convertibilidad se derrumbó, la gran mayoría de los argentinos comenzamos a mirar hacia adentro. El turismo nacional comenzó a crecer a pasos agigantados convirtiendo a la Costa Atlántica en el principal destino de las vacaciones de los argentinos. Hoy en día, las opciones no parecen ampliarse demasiado, pero el notable incremento de precios que tuvieron los destinos locales desde la post devaluación a la fecha nos incentivan a mirar hacia afuera para comparar los destinos nacionales con los de algunos países limítrofes.

Para el 2010, la Costa Atlántica y Brasil serán los primeros destinos analizados por aquellos que tengan decidido descansar fuera de su ciudad. Más allá de las preferencias particulares, hay elementos subyacentes a todos que vale la pena analizar antes de partir.

En la Costa Atlántica se prevén para el 2010 incrementos de precio que seguirán a la inflación real del año. Los pasajes en colectivo aumentarían entre un 15% y un 20%, costando cerca de $170 ida y vuelta a Mar Del Plata. Por otra parte, si elegimos ir en auto, nos saldría alrededor de un 12% más caro debido al aumento en el precio del combustible.

En relación a los alquileres, si bien muchas inmobiliarias han prometido no elevar sus tarifas, el hospedaje aumentará alrededor de un 15%. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la calidad y el confort del inmueble a alquilar mayor será el impacto del aumento. De esta manera, las familias de mejor pasar económico deberán afrontar un aumento de precios mayor. Para ejemplificar, el alquiler de una cabaña de 2 ambientes en un apart hotel de Cariló costará alrededor de $ 6.600 por semana en la primera quincena de enero y pasará a $ 7.000 por semana en la segunda quincena. El año pasado, el mismo alquiler costaba un 20% menos: $ 5.500 semanales durante la primera quincena y $ 6.000 semanales en la segunda quincena.

El costo de vida, en promedio, será un 10% mayor al año pasado. Comer afuera costará unos $ 30 por persona mientras que las sombrillas y las carpas se alquilarán en unos $ 2.400 y $ 3.200 por mes respectivamente. Juntando todas estas variables, podemos decir que veranear en la costa tendrá aumento de precios moderado, que rondará el 15% respecto a la temporada pasada.

El notable crecimiento de Brasil y la fortaleza de su moneda achican cada vez más la puerta de entrada a los argentinos fanáticos de sus playas y su clima. Gracias a la apreciación del real, veranear allí será alrededor de un 25% más caro que el año pasado. La cuenta surge de un cálculo sencillo pero esencial, en esa proporción creció aproximadamente la moneda brasileña este año respecto del dólar.
La diferencia entre lo que se puede gastar en Florianópolis y en Mar del Plata está en el real y en lo que cuesta llegar a Brasil y alojarse.

El pasaje de avión genera una diferencia insalvable: volar hasta Florianópolis puede significar el desembolso de entre 1.100 pesos y 1.800, dependiendo de la aerolínea. La nafta también desalienta a quienes tengan pensado viajar en auto. Con un costo de 5,46 pesos argentinos por litro, se ubica un 60% por encima del precio local.

Los hoteles y los departamentos tienen también un costo mayor. Con las mismas características, un dos ambientes en Playa de los Ingleses frente al mar, para cuatro o cinco personas, sale 6.000 pesos la primera quincena de enero. En cambio, en Mar del Plata, en el centro de la ciudad o en La Perla, es posible conseguir algo por mucho menos: $ 2.200.

(*) Licenciado en Administración Docente de la UNLP

El edificio Demetrio Eliades “Havanna” cumple 40 años con la ciudad


 [23/11/09] La construcción comenzó en agosto de 1966. Según data un artículo de la época, en la excavación se extrajeron, en total, 11.500 metros cúblicos de tierra. Una imagen de la envergadura de la estructura de la fundación la dan las siguientes cifras: superficies de la platea, 1.056 mestros cuadrados; espesor de la losa-platea, un metro, doble armada; las vigas de la platea tienen 0,90 por 2,10 metros de sección; se utilizaron en total 63 toneladas de acero de alta resistencia. 40 años de historia El edificio se entregó el 4 de diciembre de 1969, un poco más de tres años demoró en realizarse semejante estructura que hoy se erige como la más alta de la ciudad. Tiene en total cuarenta pisos que hacen 125 metros de altura finales. A lo largo de éstos 40 años, el Edificio Demetrio Elíades, más conocido como Havanna, se convirtió en una postal recurrente de todas las fotografías que millones de marplatenses y turistas han sabido captar con sus cámaras fotográficas. Festejos En el marco de las actividades planteadas por el 40° aniversario del Edificio Demetrio Elíades, la Administración de dicho edificio y el Consejo de Administradores ha puesto en marcha una serie de fechas que se sucederán hasta llegar al viernes 4 de diciembre próximo con un gran festejo a realizarse en el hall del lugar. Esa noche de diciembre, autoridades nacionales, provinciales y municipales, serán las encargadas de brindar un marco protocolar al encuentro de consorcistas y figuras destacadas de la ciudad que festejerán entre todos en una amena velada los 40 años del Demetrio Elíades. Historia Las décadas de 1950 y 1960 fueron testigos de un crecimiento inédito en la historia de la construcción no solamente de Mar del Plata sino también en la República Argentina de los edificios de propiedad horizontal. No cabe duda que estos edificios en torre fueron portadores y aún lo son de ideas e imágenes asociadas a la modernidad y al progreso. Para que esto sucediera confluyeron tres importantes factores: la acumulación de población en algunas ciudades, el uso de nuevos materiales y la aparición de la figura legal de la propiedad horizontal. En este contexto la ciudad de Mar del Plata compitió palmo a palmo con la ciudad de Buenos Aires en el desarrollo de edificios de altura, siendo por décadas la ciudad que contó con los edificios de mayor altura fuera de la capital del país y la que tuvo los mayores índices de construcción de todo el país. El principal referente de ese momento histórico es el Edificio Demetrio Elíades. Ubicado en las calles Olavarria y Boulevard Marítimo su construcción se inició en el año 1966 y finalizó en el año 1969. Cuenta con cuarenta pisos y una altura de ciento veinticinco metros, siendo actualmente el edificio más alto de la ciudad. De acuerdo a los parámetros de la época se buscaba asemejar el adelanto de las más importantes ciudades de los Estados Unidos pero sumando a esto “el espectáculo inmejorable de las playas y el mar en consubstanciación de naturaleza, de vida y de esplendor”. Las autoridades municipales avalaron éste impulso de la propiedad horizontal como una forma de publicitar el progreso de la ciudad en el mundo mediante fotografías, postales, estampillas y los medios disponibles en la época, a fin de fijar definitivamente el eslogan de Mar del Plata “Ciudad Feliz”. El proyecto de construcción correspondió a la empresa Delco que era propiedad de Demetrio Elíades. Éste importante empresario de la época había nacido en la isla de Creta y llevaba sobre sus espaldas la fama de una vida de fábula y una enorme capacidad de trabajo, ya que como recuerda el escritor marplatense Enrique David Borthiry…”Ha vendido medias y tabaco en las calle Lavalle de Buenos Aires y se le atribuye relación con Aristóteles Onassis…” Con esta fama se instaló en 1952 en un local de ventas de dulces en Buenos Aires y Rivadavia y muy pronto se convirtió en el principal referente de la industria del alfajor en sociedad con Benjamín Cisterna y Luis Sbaraglini desarrollando una empresa que creó una imagen fuertemente asociada a la ciudad como Alfajores “Havanna”. Esta empresa aprovechó el crecimiento constante del turismo en la ciudad que duplicó la cantidad de visitantes en menos de una década. La del ´60 fue el apogeo de ésta forma de turismo que satisfizo plenamente las pretensiones del comercio y la industria de la ciudad gracias al buen nivel adquisitivo de los veraneantes y las largas estadías favorecidas por el boom de la propiedad horizontal que permitió a muchos argentinos disponer de una propiedad de veraneo de por vida. Gracias al fuerte impulso del éxito de Havanna, Elíades creó la empresa constructora Delco y se constituyó como uno de los “zares” del apogeo de la construcción horizontal en la ciudad. El principal arquitecto de la empresa de Elíades fue Juan Antonio Dompé que desde 1957 proyectó y construyó el conjunto de edificios que conforman el frente costero entre Avenida Luro y San Marín, que repiten la morfología de fachada del Conjunto Casino y Hotel Provincial y luego distintos edificios de la ciudad. Entre ellos, edificios de altura como el Palacio Jardín (San Martín y Santa Fé), el Palacio Edén (Bolívar y Buenos Aires) y el Edifico Cosmos (Sarmiento y Av. Colón) todos de la ciudad de Mar del Plata. La publicidad de la empresa reflejaba el espíritu de la época: “Se trata de alcanzar el cielo. Alcanzarlo mediante la fuerza que da el trabajo y las posibilidades que ofrece a toda empresa una ciudad de las características de Mar del Plata”. Con éste espíritu se inició en 1966 la construcción del Edificio Demetrio Elíades en la esquina sudoeste del Boulevard Marítimo y José de Olavarría y se perfiló así frente al mar muy cercano al complejo Casino – Hotel Provincial, lo que lo ubicó en el área central de la imagen de la costa marplatense. Tanto por su ubicación, su altura, su volumetría y su resolución de fachada, se ha destacado desde su construcción en el tejido de la ciudad y ha conformado una parte por demás importante del perfil del tejido urbano de Mar del Plata, constituyendo así de una de las imágentes más conocidas de nuestra ciudad repetida en infinidad de veces. Fuente: http://www.enelcielodelaciudad.com.ar

Ley 25028 – Regimen Legal de Martilleros y Corredores


Ley 25028 – Regimen Legal de Martilleros y Corredores  Argentina

 

Reforma al Régimen legal de martilleros y corredores

 

NOTA: Esta Ley fue observada por Decreto Nº 1279/98 publicado en la edición del 9.1.98

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º – Se reforma el Decreto ley 20.266/73 conforme las disposiciones establecidas en el anexo I, denominado “Reformas al régimen legal de martilleros y corredores”, que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos 1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.

ARTICULO 2º – Se deroga el Capítulo I “De los corredores”, del libro primero, título IV del Código de Comercio y la Ley 2282.

ARTICULO 3º – Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las disposiciones legales del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la Ley 20.266, que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios.

ARTICULO 4º – Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su publicación oficial.

ARTICULO 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

-REGISTRADA BAJO EL Nº 25.028.-

ALBERTO R. PIERRI. – EDUARDO MENEM. – Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. – Juan C. Oyarzún.

Anexo I
REFORMAS AL REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES

Modifícanse los artículos 1º y 3º del decreto ley 20.266/73, e incorpóranse a continuación del artículo 30 el capítulo XII “corredores” y los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 1º – Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.

Artículo 3º – Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;
b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción.
d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con carácter general;
e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.

Capítulo XII
Corredores

Artículo 31. – Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes.

Artículo 32. – Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.

Artículo 33. – Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32.
c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor.
d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que determina el artículo 6º;
e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.

Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie.

Artículo 34. – En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para:
a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado.
b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos.
c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes.
d) Prestar fianza por una de las partes.

Artículo 35. – Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.

Artículo 36. – Son obligaciones del corredor:
a) Llevar el libro que establece el artículo 35.
b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.
c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.
d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél.
e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular, las relativas al objeto y al precio de mercado;
f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas.
g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las partes lo exigiere.
h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá identificarlas y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad de las mercaderías.
i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya negociación intervenga.
j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la operación, según las constancias del Libro de Registro.
k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.
l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Artículo 37. El corredor tiene derecho a:
a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso, se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.
La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.
Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una misma parte;
b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo pacto o uso contrario.

Artículo 38. – El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.

REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES Ley 20266


 

Ley 20266

Sancionada y promulgada: 10-IV-1973 B.O.: 17-IV-1973.

Modificada por ley 25.028 .[i] (Sancionada por Insistencia) Sanción 14/10/1998 – Promulgación 01/12/1999 – Publicación BO 29/12/1999.

Cap. I – Condiciones habilitantes

Art. 1.- Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;

b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.

Cap. II – Inhabilidades – Causas de inhabilidad

Art. 2.- Están inhabilitados para ser martilleros: a) Quienes no pueden ejercer el comercio; b) Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación; c) Los inhibidos para disponer de sus bienes; d) Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de diez (10) años de cumplida la condena; e) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria; f) Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil.

Cap. III – Matrícula

Art. 3.- Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;

b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;

c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción.

d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con carácter general;

e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.

Art. 4.- El gobierno de la matrícula estará a cargo en cada jurisdicción, del organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación local respectiva.

Art. 5.- La autoridad que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de legajos, individuales para cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos personales y de inscripción y todo lo que produzca modificaciones en los mismos. Dichos legajos serán públicos.

Art. 6.- La garantía a que se refiere al artículo 3, inciso d) es inembargable y responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare la actividad del matriculado, al de las sumas de que fuere declarado responsable y al de las multas que se le aplicaren, debiendo en tales supuestos el interesado proceder a la reposición inmediata de la garantía, bajo apercibimiento de suspensión da la matrícula.

Cap. IV – Incompatibilidades

Art. 7.- Los empleados públicos aunque estuvieren matriculados como martilleros, tendrán incompatibilidad, salvo disposiciones de leyes especiales y el supuesto del artículo 25, para efectuar remates ordenados por la rama del poder o administración de la cual formen parte.

Cap. V – Facultades

Art. 8.- Son facultades de los martilleros: a) Efectuar ventas o remate público de cualquier clase de bienes, excepto las limitaciones resultantes de leyes especiales; b) Informar sobre al valor venal o de mercado de los bienes para cuyo remate los faculta esta ley (tasaciones); c) Recabar directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales y particulares, los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 9 (informes); d) Solicitar de las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto de remate (medidas de seguridad).

Cap. VI – Obligaciones

Art. 9.- Son obligaciones de los martilleros; a) (Libros) Llevar los libros que se establecen en el capítulo VIII; b) (Títulos) Comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remate de inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos c) (Convenio con el legitimado) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la forma de satisfacerlos, condiciones de venta, lugar de remate, modalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquél; d) (Publicidad)Anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio. e) (Remate de lotes) En caso de remates realizados por sociedades, deberán indicarse además los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Cuando se trate de remates de lotes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener constancia de su mensura por autoridad competente y de la distancia existente entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o provinciales más próximas. Se indicará el tipo de pavimento, obras de desagüaut;e y saneamiento y servicios públicos, si existieran; f) (Acto de remate) Realizar al remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visible una bandera con su nombre y, en su caso, el nombre, denominación o razón social de la sociedad a que pertenezcan; g) Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional y con precisión y claridad los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que pesaren sobre el mismo; Son obligaciones de los martilleros; h) (Posturas) aceptar la postura solamente cuando se efectuare de viva voz: de lo contrario la misma será ineficaz; i) (Instrumentos de venta) Suscribir con los contratantes y previa comprobación de identidad, el instrumento que documenta la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. El instrumento se redactara en tres (3) ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno de ellos en poder del martillero. h) (Bienes muebles) Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta fuera suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo; i) (Precio) Exigir y percibir del adquirente, en dinero efectivo, el importe de la seña o cuenta del precio, en la proporción fijada en la publicidad, y otorgar los recibos correspondientes; j) (Rendición de cuentas) Efectuar la rendición de cuentas documentada y entregar el saldo resultante dentro del plazo de cinco (5) días, salvo convención en contrario, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo; k) (Deber de conservación) Conservar, si correspondiere, las muestras certificadas e informes relativos a los bienes que remate hasta el momento de la transmisión definitiva del dominio; l) (Otros deberes) En general, cumplimentar las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.

Art. 10.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente ley, cuando los martilleros ejerciten su actividad no hallándose presente el dueño de los efectos que hubieren de venderse, serán reputados en cuanto a sus derechos y obligaciones, consignatarios sujetos a las disposiciones de los artículos 232 y siguientes del Código de Comercio.

Cap. VII – Derechos

Art. 11.- El martillero tiene derecho a: a) Cobrar una comisión conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción, salvo los martilleros dependientes, contratados o adscriptos a empresas de remate o consignaciones que reciban por sus servicios las sumas que se convengan, pudiendo estipularse también la comisión de garantía en los términos del artículo 256 del Código de Comercio; b) (Reintegro de gastos) Percibir del vendedor, el reintegro de los gastos del remate, convenidos y realizados.

Art. 12.- En los casos en que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lo llevare a cabo por causas que no le fueren imputables, tendrá derecho a percibir la comisión que determine el juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y los gastos que hubiere efectuado. Igual derecho tendrá si el remate fracasare por falta de postores.

Art. 13.- La comisión se determinará sobre la base del precio efectivamente obtenido. Si la venta no se llevare a cabo, la comisión se determinará sobre la base del bien a rematar, salvo que hubiere convenio con el vendedor en cuyo caso se estará a éste. A falta de base se estará al valor de plaza en la época prevista para el remate.

Art. 14.- Si el remate se anulare por causas no imputables al martillero, éste tiene derecho al pago de la comisión que le corresponda, que estará a cargo de la parte que causó la nulidad.

Art. 15.- Los martilleros pueden constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativas, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. En este caso cada uno de los integrantes de la sociedad deberá constituir la garantía especificada en el artículo 3, inciso d.

Art. 16.- En las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, el martillero que la lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la sociedad, serán responsables ilimitada, solidaria y conjuntamente con ésta por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del acto de remate. Estas sociedades han efectuar los remates por intermedio medio de martilleros matriculados, e inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que tenga a su cargo la matrícula.

Cap. VIII – Libros

Art. 17.- Los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15 deben llevar los siguientes libros rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción: a) (Diario de entradas) Diario de entradas, donde asentarán los bienes que recibieron para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo, por cuenta de quién han de ser vendidos y las condiciones de su enajenación; b) (Diario de salidas) Diario de salidas, en el que se mencionarán día por día las ventas indicando por cuenta de quién se han efectuado, quién ha resultado comprador, precio y condiciones de pago y demás especificaciones que se estimen necesarias; c) (De cuentas de gestión) De cuentas de gestión, que documente las realizadas entre el martillero y cada uno de sus comitentes. El presente artículo no es aplicable a los martilleros dependientes, contratados o adscriptos o empresas de remates o consignaciones.

Art. 18.- Los martilleros deben archivar por orden cronológico un ejemplar de los documentos que se extiendan con su intervención, en las operaciones que se realicen por su intermedio.

Cap. IX – Prohibiciones

Art. 19.- Se prohibe a los martilleros: a) (Descuentos y bonificaciones) Practicar descuentos, bonificaciones o reducción de comisiones arancelarias; b) (Participación en el precio)Tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor, o de terceras personas; c) (Cesión de bandera) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a que pertenezca, se efectúen remates por personas no matriculadas; d) (Delegación del remate) En caso de ausencia, enfermedad o impedimento grave del martillero, debidamente comprobados ante la autoridad que tenga a su cargo la matrícula, aquél podrá delegar el remate en otro matriculado, sin previo aviso; d) (Compra por cuenta de terceros) Comprar por cuenta de tercero, directa o indirectamente, los bienes cuya venta se le hubiera encomendado; e) (Compra para sí de los bienes a rematar) Comprar para sí los mismos bienes, o adjudicarlos o aceptar posturas sobre ellos, respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados; f) (Suscripción, instrumento de venta sin autorización)Suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar; g) (Retención del precio) Retener el precio recibido o parte de él, en lo que exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión que corresponda; h) (Deber de veracidad) Utilizar en cualquier forma las palabras judicial, oficial o municipal, cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión; i) (Ofertas bajo sobre) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes que así lo autoricen; j) (Suspensión del remate) Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado base, la misma no se alcance.

Cap. X – Sanciones

Art. 20.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo VI y la realización de los actos prohibidos en el capítulo IX hacen pasible al martillero de sanciones que podrán ser multa de hasta $a 502500 (res. 2/85 I.G.J.), suspensión de la matrícula de hasta dos (2) años y su cancelación. La determinación, aplicación y graduación de estas sanciones, estarán a cargo de la autoridad que tenga a su cargo la matrícula en cada jurisdicción, y serán apelables por ante el tribunal de comercio que corresponda.

Art. 21.- Las sanciones que se apliquen serán anotadas en el legajo individual del martillero previsto en el artículo 5.

Art. 22.- El martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos, y responderá por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 23.- Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada en las condiciones previstas en el artículo 3. Quienes infrinjan esta norma serán reprimidos por el organismo que tenga a su cargo la matrícula, con multa de hasta $a 1005000 (res. 2/85 I.G.J.) y además se dispondrá la clausura del local u oficina respectiva; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. El organismo que tenga a su cargo la matrícula, de oficio o por denuncia de terceros, procederá a allanar con auxilio de la fuerza pública, los domicilios donde se presuma que se cometen las infracciones antes mencionadas y comprobadas que ellas sean, aplicará las sanciones previstas, sin perjuicio de las denuncias de carácter penal, si correspondieran. La orden de allanamiento y de clausura de locales deberán emanar de la autoridad judicial competente. En todos los casos, las sanciones de multa y clausura serán apelables para ante el tribunal de comercio que corresponda.

Cap. XI – Disposiciones generales

Art. 24.- Los martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieren matriculados, continuarán en ejercicio de su actividad, cumpliendo con los requisitos enunciados por los incisos b), c) y d) del artículo 3.

Art. 25.- (Texto según ley 20306, art. 1). Los remates que realicen el Estado nacional, las provincias y las municipalidades, cuando actúen, como personas de derecho privado, así como las entidades autárquicas, bancos y empresas del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades se rigen por las disposiciones de sus respectivos ordenamientos y, en lo que no se oponga a ellos, por la presente ley.

Art. 26.- Hasta tanto se determine organismo profesional o judicial que tendrá a su cargo la matrícula de martilleros en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sud, la misma corresponderá al juez del cual dependa el Registro Público de Comercio.

Art. 27.- Las subastas públicas dispuestas por autoridad judicial se rigen por las disposiciones de las leyes procesales pertinentes y, en lo que no se oponga a ellas, por la presente ley.

Art. 28.- Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República y su texto queda incorporado al Código de Comercio.

Art. 29.- La presente entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.

Art. 30.- Deróganse los artículos 113 a 122 del Código de Comercio.

Cap. XII – Corredores

Artículo 31. — Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes.

Artículo 32. — Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;

b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.

Artículo 33. — Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;

b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32.

c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor.

d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que determina el artículo 6º;

e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.

Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie.

Artículo 34. — En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para:

a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado.

b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos.

c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes.

d) Prestar fianza por una de las partes.

Artículo 35. — Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.

Artículo 36. — Son obligaciones del corredor:

a) Llevar el libro que establece el artículo 35.

b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.

c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.

d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél.

e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular, las relativas al objeto y al precio de mercado;

f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas.

g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las partes lo exigiere.

h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá emparejarlas y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad de las mercaderías.

i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya negociación intervenga.

j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la operación, según las constancias del Libro de Registro.

k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.

l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Artículo 37. El corredor tiene derecho a:

a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso, se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.

La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.

Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una misma parte;

b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo pacto o uso contrario.

Artículo 38. — El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.



 

[i] Texto en negrita conforme ley 25.028:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Se reforma el Decreto ley 20.266/73 conforme las disposiciones establecidas en el anexo I, denominado “Reformas al régimen legal de martilleros y corredores”, que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos 1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.
ARTICULO 2º — Se deroga el Capítulo I “De los corredores”, del libro primero, título IV del Código de Comercio y la Ley 2282.
ARTICULO 3º — Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las disposiciones legales del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la Ley 20.266, que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios.
ARTICULO 4º — Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su publicación oficial.
ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESION DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO, LA LEY 20.266 Y SU MODIFICATORIA, CONFORME LEY 25.028.


 

 

l. Evolución de estas profesiones.

El Código de Comercio califica al corretaje y al remate como actos de

comercio (art. 8º, inc. 3º); además, considera a los corredores y a los rematadores o

martilleros como agentes auxiliares de comercio (art. 87º, incs. 1º y 2º).

La función económica de ambas actividades es la mediación entre la oferta y

la demanda de bienes y servicios, acercando a los interesados y contribuyendo a

formar el consentimiento sobre la operación que ambas desean realizar. .

Sus orígenes son remotos. En antiguas civilizaciones como la egipcia, griega

o romana se encuentran los antecedentes de estas actividades. El corredor, como

experto en mercaderías con variadas funciones, incluso de fedatario; el martillero,

actuando en subastas administrativas, judiciales y particulares, a menudo como

funcionario público.

Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, ambas profesiones han

experimentado una transformación sustancial, que las aleja del perfil que tenían en

sus antecedentes históricos, concentrándose su práctica en áreas especializadas que

responden a otra realidad de las transacciones y a nuevas necesidades sociales.

En el caso del corretaje, por ejemplo, la vinculación entre oferta y demanda, el

asesoramiento a las partes y su contribución a la formación del acuerdo de voluntades

para la celebración de contratos válidos y eficaces, se ha alejado de! primitivo

esquema del intercambio de productos, perdiendo incluso su conexión estrecha con el

comercio de mercaderías.

El cambio económico y social ha reconducido a estas profesiones a la

prestación de servicios en otras áreas y el nuevo perfil que ello exige, conlleva la

adquisición de un bagaje de conocimientos especializados para la comprensión y el

manejo de las nuevas tecnologías, generadoras de otras formas de lenguaje y

razonamiento, así como de innovaciones en las normas, organizaciones y

procedimientos, con un verdadero aluvión de información a procesar, de progresiva

complejidad.

Esto se aprecia en la creciente importancia adquirida por el corretaje

inmobiliario, al compás del proceso de concentración urbana, que en nuestro país se

acentuó luego de la primera posguerra. En toda ciudad, en cada barrio y suburbio,

aún de humilde nivel económico, existen corredores al frente de inmobiliarias que

intermedian en diversos actos jurídicos referidos a la propiedad raíz.

La exigencia, por parte del Estado, de mayores conocimientos y aptitudes en

quienes aspiran a desempeñarse como corredores obedece sustancialmente a la

necesidad de tutelar los intereses públicos comprometidos, por ejemplo, en materia

social tan sensible como el acceso a la vivienda.

2. Situación actual:

En nuestro país, esta evolución ha dado Lugar al dictado de la ley 25.028

modificatoria de la ley 20.266, que exige formación universitaria para ser martillero y

corredor, como presupuesto necesario para el ejercicio de esta profesión, cuya

incumbencia no se agota en la actividad inmobiliaria.

Ante ello, plantearse hoy si el martillero y corredor es comerciante importa un

verdadero anacronismo, porque la cuestión a nuestro entender se encuentra

superada no sólo por la mentada evolución civilizatoria, sino por el nuevo marco legal

introducido por la ley 25.028.

Desde ya que la doctrina de las dos últimas centurias (siglos XIX y XX) se

encontraba dividida a este respecto, predominando la jurisprudencia en sentido

negativo.

AsÍ, la inclusión del corretaje y el remate, corno actos de comercio, el carácter

de comerciante que cabe atribuir a quien ejerce acto de comercio de cuenta propia. y

como profesión habitual y la inclusión del corredor y del martillero como agentes

auxiliar del comercio, sujeto a las leyes mercantiles (arts. 1°, 8 inc. 3° y 87º inc. 1°, 2º

de Comercio), aun tres elementos que han llevado a prestigiosos juristas a considerar

que el martillero y el corredor son comerciantes. Pero, por cierto, las modificaciones

introducidas en la ley 20.266 por la ley 25.028 entraron en vigencia en las

postrimerías del siglo XX y no integraron el análisis de esas distintas posturas

doctrinales.

Caracterizados el corretaje y la subasta como actos propios de profesión

universitaria legalmente reglamentada, es razonable concluir que ello ha importado la

tácita derogación del artículo 8° inciso 3° del Cód igo de Comercio, en lo que concierne

a estas actividades.

No obstante, no es ocioso formular alguna acotación a tal razonamiento y

para ello reproduciremos seguidamente algunas reflexiones contenidas en un trabajo

en prensa, de nuestra autoría.

De Solá Cañizares sintetiza las doctrinas que han conceptuado el derecho

comercia! como derecho de los actos de comercio (objetiva) y como derecho de los

comerciantes (subjetiva). Advierte que la imposibilidad práctica de adoptar uno u otro

sistema en forma pura, se refleja en legislaciones que tienen siempre un carácter

mixto, pues resultan de una combinación de ambas nociones: comerciante y acto de

comercio. Pero, afirma, esta concepción mixta del derecho comercial consagra un

círculo vicioso pues, para saber qué es un acto de comercio, se debe determinar qué

es un comerciante; y para saber quién es comerciante, se debe establecer qué es un

acto de comercio.

Más aún, se ha sostenido antes de ahora que mantener los actos de comercio

en nuestra materia implica mantener un enfoque ya obsoleto, por lo que deberíase

modificar el sistema como un imperativo de la hora actual.

Al punto tal que modernas legislaciones han prescindido de la enunciación de

actos de comercio, de la figura del comerciante y de los auxiliares de comercio, como

es el caso del nuevo Código Civil de la República Federativa del Brasil, que entró en

vigencia el 10 de enero de 2003.

Por ello, proponemos enfocar la cuestión de la profesionalidad del martillero y

corredor desde otra perspectiva.

En nuestro actual régimen legal, el corretaje y la subasta son actividades

profesionales legalmente reglamentadas; en consecuencia, un individuo no deviene

corredor o martillero por la práctica de actos de corretaje o de subasta; tampoco

puede calificarse su desempeño como profesional, por el solo hecho del ejercicio

continuo o habitual de “hechos” de intermediación, sea privada o en remate; es que,

de manera análoga, una persona no se convierte en médico o en abogado por el

ejercicio ilegal de actos propios de estas profesiones.

Para ser martillero corredor en nuestro país, el interesado debe satisfacer

hoy determinados requisitos legales, uno de los cuales es poseer título universitario,

que se obtiene con estudios que responden a un diseño curricular y acuerdan las

incumbencias correspondientes, determinados con la intervención del Ministerio de

Cultura y Educación de la Nación, en los términos del art. 43 de la ley 24.521.

Para ejercer corno corredor y martillero, el profesional debe cumplir, además,

los recaudas de su inscripción en la matrícula, sujetándose al poder de policía

profesional, como lo prevén la ley nacional y las reglamentaciones locales.

El acto será entonces de corretaje o subasta, si lo desempeña el profesional

titulado y matriculado para ejercer la actividad, legalmente reglada en tutela del

interés público comprometido. Y quien ejerza tales actos sin hallarse titulado y

matriculado, incurrirá en la figura que tipifica el párrafo primero del arto 247 del

Código Penal (mod. por ley 24.527). Es lo que ocurre con la medicina o la abogacía,

que sólo pueden ser ejercidas por un profesional que cuente con título y habilitación.

El mantenimiento del corretaje y la subasta como actos “objetivos” mercantiles

y el del corredor y martillero como auxiliar de comercio en nuestra legislación encierra,

como mínimo, una contradicción con la legislación especial posterior, que

progresivamente atendió al cambio histórico del instituto y dio lugar a la sanción de las

leyes 20.266 y 23.282; transición que culminó con la derogación del Capítulo I del

Libro Primero Título IV del Código de Comercio y de la ley 23.282, modificándose la

ley 20.266 por la ley 25.028.

Adviértase, como muestra de la apuntada contradicción, el orden de prelación

normativa que prevé la ley respecto del corretaje: “Sin perjuicio de las disposiciones

del

dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y

no se encuentre modificado en los artículos siguientes” (art. 31, ley 20.266).

Determinado el régimen legal aplicable al martillero y corredor en un estatuto

profesional que incluso remite, en cuanto a éste, al Código Civil, cabe preguntarse

cuál es hoy el sustento para afirmar que son comerciantes y, más aún, a qué interés

jurídico ello obedece.

Desde ya que no podrá invocarse un mero interés fiscalista comunal,

argumentando que este profesional universitario es comerciante, a fin de imponerle a

la gestión de habilitación para su oficina y la tasa de seguridad e higiene.

Código Civil y la legislación local, es aplicable al ejercicio de] corretaje lo3. La doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el

ejercicio del poder de policía:

Antes de ahora, la Suprema Corte local ha advertido que la Provincia de

Buenos Aires se ha reservado en forma exclusiva, y excluyente de la intervención del

poder comunal, la regulación de todo lo atinente al ejercicio de las profesiones

legalmente regladas, con fundamento en el art. 32 de la Constitución de la Provincia

hoy modificada.

Se desprende de lo dicho entonces por el Alto Tribunal, que el poder de

policía de la Provincia en esta materia abarca todos los aspectos inherentes al

ejercicio profesional “de modo que la intervención del poder comuna; (en forma de

inspección) produciría un quebrantamiento legal con la consiguiente lesión de una

norma superior de derecho público” (doctr. “Aldazábal”, SCBA, 1 1240,30.06.87, AyS

1987-JI-632).

Actualmente rige el art. 42 de la Constitución reformada en 1994, que

consagra análogo principio, aplicado por la Suprema Cori:e local respecto de los

profesionales en ciencias económicas, en reciente pronunciamiento, (SCBA, 1. 2173,

27.12.20(2), con cita; inclusive de un precedente publicado en 1976 relativo a los

odontólogos (1-13, “Arrillaga”).

Es nuestra opinión que esta doctrina posee plena vigencia en cuanto a la

profesión de martillero y corredor público, con prescindencia de que se los considere

comerciantes o no, pues se hallan reguladas legalmente como profesiones cuyo

ejercicio se halla sujeto al poder de policía reservado a la Provincia, ámbito exclusivo

y excluyente de las facultades de los municipios (art. 42, Constitución; ley 20.266,

mod. por la ley 25.028 y ley provincial 10.973).

4. Conclusión:

Por tanto, martillero y corredor no es comerciante, según nuestro

ordenamiento legal vigente. Y, con prescindencia de ello, no les son aplicables las

normas municipales en materia de habilitación y tasa de seguridad e higiene,

conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia.

San Miguel, noviembre 13 de 2003.-

Dr. Raúl Ernesto Cabana

Redactor del Proyecto de Ley Nº 25.028

Ley de Alquileres Nro. 23.091:


La Ley de alquileres

(Sancionada el 20/09/1984 , promulgada el 9/10 /1984 y publicada en el Boletín Oficial el 16/10/1984)

Art. 1ro .- INSTRUMENTACION

Los contratos de locaciones urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas , deberán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de plaza. En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse, será nula , sin perjuicio de la validez del contrato La cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal . En este caso , el precio quedará sujeto a determinación judicial.

Art. 2do. – PLAZOS


 

 

Para los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a vivienda , con o sin muebles , será de dos años . Dicho plazo mínimo será de tres años para los restantes destinos. Los contratos que se celebren por términos menores serán considerados como formulados por los plazos mínimos precedentemente fijados. Quedan excluídas del plazo mínimo legal para las contrataciones a que se refiere la presente ley: a) Las contrataciones para sedes de embajadas , consulados y organismos internacionales , así como también las destinadas a personal diplomático y consular o pertenecientes a dichos organismos internacionales; b) Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines de turismo, en zonas aptas para ese destino. Cuando el plazo del alquiler supere los seis meses , se presumirá que el contrato no es con fines de turismo. c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehículos u otros objetos. d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias. e) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o entes autárticos sean parte como inquilinos.

Art. 3ro.- AJUSTES


 

 

Para el ajuste del valor de los alquileres , deberán utilizarse exclusivamente los índices oficiales que publiquen los institutos de estadísticas y censos de la Nación y de las provincias . No obstante, serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado.

Art. 4to.- FIANZAS O DEPOSITOS DE GARANTIA


 

 

Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía , deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades serán devueltas reajustadas por los mismos índices utilizados durante el transcurso del contrato al finalizar la locación.

Art. 5to.- INTIMACION DE PAGO


 

 

Intimación de pago. Previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar fehacientemente el pago de la cantidad debida , otorgando para ello un plazo que nunca será inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación , consignando el lugar de pago.

Art. 6to.- PERIODOS DE PAGO


 

 

Períodos de pago. El precio del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que correspondan a períodos mensuales.

Art. 7mo.- PAGOS ANTICIPADOS


 

 

Pagos anticipados. Para los contratos que se celebren a partir de la presente ley, no podrá requerirse del locatario : a) El pago de alquileres anticipados por períodos mayores de un mes. b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables , por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado; c) El pago de valor llave o equivalente La violación de estas disposiciones facultará al locatario a solicitar el reintegro de las sumas anticipadas en exceso, debidamente actualizadas. De requerirse actuaciones judiciales por tal motivo , las costas serán soportadas por el locador.

Art. 8vo.- RESOLUCION ANTICIPADA


 

 

Resolución anticipada . El locatario podrá , transcurridos los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa , resolver la contratación , debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con una antelación mínima de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al locador , en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

Art. 9no.-CONTINUADORES DEL LOCATARIO


 

 

Continuadores del locatario . En caso de abandono de la locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones pactadas , y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar.

Arts.10 al 20 DE LA PROMOCION DE LOCACIONES DESTINADAS A VIVIENDA

 

 

 

(Estas normas no han tenido andamiento y carecen de interés respecto de los aspectos vinculados a la regulación de las relaciones entre propietarios e inquilinos).

Art. 21 al 26 DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS


 

 

(Contiene normas de carácter presupuestario o facultades de los poderes públicos que han perdido actualidad).

Art. 27.- LOCACION ENCUBIERTA


 

 

Locación encubierta . Dispónese que los inmuebles que carezcan de autorización , permiso, habilitación, licencia o sus equivalentes , otorgado por la autoridad administrativa competente para la explotación de hotel, residencial, pensión familiar u otro tipo de establecimiento asimilable no gozarán de aptitud comercial para dicha explotación considerándose las relaciones existentes o futuras con sus ocupantes , locación, debiendo regirse en lo sucesivo por las normas en vigencia en esta última materia . Estarán caracterizadas de igual forma las relaciones existentes o futuras en aquellos establecimientos comerciales oportunamente habilitados a partir de quedar firme el acto administrativo o la sentencia judicial correspondiente que determine el retiro de dicha autorización comercial.

Art. 28.-

(contiene la obligación de reglamentar la ley).

Art. 29.- ORDEN PUBLICO

 

 

(El resto del artículo contiene referencias a los aspectos impositivos que no se encuentran vigentes).

 

Vigencia. Las disposiciones que se establecen en la presente ley son de orden público , rigiendo a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial.

Art. 29 bis.- AMPLIACION DE LA RESOLUCION ANTICIPADA

 

 

(Esta modificación efectuada por ley 24.808 extiende la posibilidad de resolver el contrato de locación anticipadamente en los restantes tipos de alquiler que no son destinados a vivienda).

 

La disposición contenida en el artículo 8° resulta aplicable a los restantes destinos locativos previstos en la presente ley .
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