Ante las constantes aprobaciones de excepciones a las normas urbanísticas en el Partido de General Pueyrredon, desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, consideraron que se expone otra vez aspectos de un debate de larga data y a la fecha irresoluto: la actualización y modificación del Código de Ordenamiento Territorial sancionado hace más de 30 años y la creación, entre otras herramientas urbanísticas, de áreas de preservación patrimonial.

En ese marco, desde la entidad señalaron que “la industria de la construcción en la ciudad de Mar del Plata es una de las principales actividades económicas y, además, es el soporte compensatorio (anticíclico) de otras actividades productivas. Sin embargo, deben establecerse parámetros equilibrados y equitativos que protejan áreas consolidadas de valor arquitectónico, urbano y ambiental, por un lado, y por el otro que incentiven la reconversión y mejoramiento de áreas degradadas y deprimidas”.

A renglón seguido, puntualizaron: “La redefinición del Plan de Gestión Territorial –conforme a los lineamientos generales del Plan Estratégico Mar del Plata-Batán- y la actualización y revisión profunda del Código de Ordenamiento Territorial deben estar orientados a la determinación de áreas con estímulos dirigidos a promover la inversión privada, la construcción y la recualificación del espacio público y privado con el control del Estado supeditados al interés general de la comunidad. Asimismo, resulta prioritaria la instrumentación de una política de suelo que permita disminuir su sobrevaluación, garantizar a la población el acceso al suelo urbano, asegurar la provisión de infraestructuras básicas y controlar la expansión urbana”.

“Entretanto no se generen los productos técnicos necesarios para la sanción de nuevas normas resulta inoportuno continuar con el tratamiento y concesión de excepciones a las normas vigentes. Es necesario contemplar que los permisos particularizados, en el caso de la construcción, dejan efectos permanentes en la ciudad y, por ende, constituyen antecedentes que luego se transforman en tendencias”, resaltaron.

Desde el Colegio de Arquitectos reclamaron:

– Adoptar decisiones de alcance público instituidas en un proceso de planificación como política de Estado, poniendo en valor los procesos enunciados en el Plan Estratégico, el Plan de Acción del BID y el Plan Maestro de Transporte y Tránsito.

-Asociar estas decisiones a una agenda de temas donde se prioricen las problemáticas para comprenderlas y que permitan generar así soluciones en materia de gestión territorial y ambiental.

– Constituir y consolidar los equipos técnicos municipales buscando garantizar la continuidad de las políticas públicas adoptadas.

-Articular al diseño de estos instrumentos de gestión la mirada disciplinar, convocando a las entidades colegiales e instituciones académicas de la región para colaborar y contribuir con el desarrollo e impulso de las mismas.

-Actualizar las normativas de ordenamiento territorial, reglamento de construcciones, de gestión ambiental, fiscal impositiva, de espacios públicos, entre otras, determinando alcances, instancias regulatorias, y las correspondientes responsabilidades público-privadas.

-Hacer eficiente la gestión del territorio desde políticas sostenibles, otorgando un perfil amplio a estas acciones, promoviendo consensos tanto en materia social, ambiental, fiscal-financiera como territorial.

-Impulsar la convocatoria a concursos públicos de ideas o proyectos con el objetivo de constituir un óptimo producto arquitectónico y urbano.

A pesar del reclamo de los guardavidas que vienen solicitando hace varios años un operativo de 180 días que arranque en octubre y concluya a fines de abril, el secretario de Gobierno de la Comuna, Alejandro Vicente, rubricó la resolución Nº 1804 por la cual se fijó el período de prestación del servicio de seguridad en playas desde el próximo 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2017 en la costa de Mar del Plata.

En la documentación oficial, a la cual 0223 tuvo acceso, el funcionario de Carlos Arroyoafirmó que “visto el Reglamento para el Servicio de Actividades Acuáticas en el Partido de General Pueyrredon (Anexo I de la ordenanza nº 14269 y sus modificatorias), y considerando que los artículos 4º y 9º de dicha norma, establecen que el Servicio de Seguridad en Actividades Acuáticas se prestará por un período mínimo de 150 días comprendidos entre el 1º de noviembre y 30 de abril del año siguiente, y faculta a esta Municipalidad a establecer el lapso efectivo de prestación”.

Para finalizar, García remarcó que “a raíz de ello resulta necesario establecer dicho período, proponiéndose el comprendido entre el domingo 1 de noviembre, y hasta el jueves 31 de marzo de 2017, incluyendo de esta forma los días de celebración de Semana Santa”.