Se multiplican las normativas impulsadas por funcionarios de las tres naciones para evitar que buena parte de los territorios y recursos naturales clave queden en manos de capitales foráneos. En el caso argentino, ya son dueños de una superficie similar a la del país gobernado por Mujica
Así, a la inquietud de cierto sector de la política local, que en marzo pasado denunció que una superficie territorial equivalente a todo el suelo uruguayo permanece en manos extranjeras, ahora se sumó la preocupación de funcionarios de Brasil y Uruguay, que buscan avanzar con normativas tendientes a fijar límites a la compra de superficies productivas.
En todos los casos, los inminentes movimientos legislativos se ajustan a concretar la protección de recursos considerados estratégicos por cada Estado. Costas, agua, minerales, y riqueza turística son algunos de los elementos que se buscan preservar de las manos foráneas.
Tal es el grado de preocupación por garantizar el control nacional de estos recursos que, en el caso de Brasil, hasta el mismo presidente Luiz Inácio da Silva salió a denunciar el avance intempestivo del capital extranjero en el país vecino.
“Hay abusos en la compra de tierras por parte de extranjeros, sobre todo de tierras productivas. Tenemos que empezar a discutir este problema”, declaró al respecto el primer mandatario.
“Una cosa es que un ciudadano (extranjero) venga a comprar una fábrica, pero otra muy distinta es que quiera comprar la tierra de la fábrica, la tierra de la soja, la tierra del mineral”, añadió.
Según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) de Brasil, entre 2007 y 2008 los grupos extranjeros, en su mayoría fondos de inversión estadounidenses y europeos, concretaron la compra de unos 12 kilómetros cuadrados de tierra por día.
En la actualidad, se estima que hay casi 4,5 millones de hectáreas inscriptas en manos foráneas, sobre todo en los estados del centro y oeste de Brasil, como Sao Paulo, Bahía, Minas Gerais y Mato Grosso.
Ya en Uruguay, el Ejecutivo que encabeza José “Pepe” Mujica confirmó esta semana que insistirá para que se apruebe una ley que prohíba la adquisición, por parte de extranjeros, de superficies productivas en zonas fronterizas.
La propuesta que comenzaría a discutirse del otro lado del Río de la Plata, aseguraron a iProfesional.com fuentes del Ministerio de Ganadería local, establece que ningún inversor no residente podrá adquirir campos y lotes en una franja de 25 kilómetros, que va de los límites territoriales hacia el centro del país.
El proyecto en cuestión, explicó a este medio Andrés Berterreche, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), “retoma los lineamientos de una propuesta que fuera analizada el año pasado, y que llegara a obtener media sanción”.
“El planteo establece, justamente, una franja fronteriza protegida. Hay que tener en cuenta que la presencia de empresas argentinas y brasileñas cada vez es mayor, y ya poseen demasiada superficie”, indicó.
En el caso puntual de la Argentina, la propuesta más firme sigue siendo la impulsada por Pablo Orsolini, diputado nacional por la UCR y ex vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), quien aseguró a iProfesional.com que “el proyecto está en la comisión de legislación general, y está a punto de ser tratado”.
La propuesta del funcionario presenta los siguientes como centrales:
- Se limitará la cantidad de tierras que podrá comprar cada inversor foráneo en determinadas zonas.
- Se fijarán controles anuales que permitan determinar la actividad que se está desarrollando en la superficie requerida.
“Lo que está sucediendo en Brasil es casi un reflejo de lo que está comenzando a discutirse en la Argentina. Lo curioso es que ellos ahora atacan la ‘extranjerización’ siendo que controlan los principales frigoríficos de nuestro país”, afirmó.
Orsolini añadió: “El empresariado que viene a comprar tierras, en muy pocos casos realmente lo hace con un interés productivo. Por lo general, apunta a grandes concentraciones de territorio que no son utilizadas. Y que, se sabe, guardan un potencial muy rico en un determinado recurso”.
La situación en la Argentina
De acuerdo a datos suministrados a iProfesional.com por la Federación Agraria, el capital extranjero controla una superficie cercana al 7% del total del suelo argentino.
Esto es: alrededor de 17 millones de hectáreas de las mejores tierras del país.
¿Se imagina el 7% de una provincia en manos de una corporación multinacional? Es el caso de AIG, que ya domina ese porcentaje de tierras en Salta.
Los ejemplos se multiplican, y hasta se han llegado a vender vastas extensiones de territorio con pueblos que han quedado incluidos dentro de esas miles de hectáreas que pasaron a dominio extranjero, tal como diera cuenta iProfesional.com. (Ver nota: Buscan frenar avalancha de extranjeros, tras «adueñarse» de recursos clave del país).
Estas situaciones van más allá de casos muy renombrados como el de Douglas Tompkins, que posee 350.000 hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Su interés pasa por las reservas acuíferas y las superficies dotadas de riquezas naturales.
También está el caso del empresario Benetton que, junto con sus hermanos, es propietario de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia argentina.
En todas las operaciones, los movimientos de estos inversores comprenden la compra de miles de hectáreas en determinadas zonas geográficas, para el aprovechamiento actual o la futura explotación de recursos específicos.
El agua, por ejemplo, aparece como el principal “objeto de deseo” para Joe Lewis, que ostenta 18.000 hectáreas en Río Negro, habiéndose asegurado con la compra el control del acceso al Lago Escondido.
Tompkins, en Corrientes, hizo foco en los Esteros del Iberá. Es ahí donde se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, con un caudal capaz de abastecer a la población mundial de 6.000 millones de habitantes por varias décadas.
La misma zona también es considerada de sumo interés para la chilena Forestal Andina, que ocupa 26.000 hectáreas para la actividad maderera. Desde hace unos años enfrenta una serie de causas judiciales por la construcción de un terraplén en la zona de los esteros que impide el normal escurrimiento de las aguas.
“Agua dulce, minería, hidrocarburos y riqueza turística son los que mejor explican tanto interés. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con más de 17 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras. Muchas de ellas, como en el caso de Tompkins, controlando lugares emblemáticos como los Esteros del Iberá”, señaló Orsolini.
Para el legislador la recurrencia de acciones judiciales tendientes a poner en discusión la propiedad de ciertas áreas provinciales, que están surgiendo en los distintos distritos, “deja a la vista ciertos abusos que se están cometiendo”.
“Lago Escondido, en Río Negro, es una muestra. El empresario que lo compró –Joe Lewis– debió enfrentar un juicio antes de volver a permitir el acceso al lago, tras nueve años de haber cerrado el paso en esa zona. Eso recién ahora se está modificando”, enfatizó.
“Lo mismo debería aplicarse en otros casos. En Catamarca una empresa extranjera acaba de comprar 117.000 hectáreas con una población de 300 familias que habitan esa zona. Todo por la minería, que genera riquezas para las compañías del exterior y sólo deja daño ambiental. Precisamente Catamarca, Tucumán, La Rioja y San Juan son ejemplos de la contaminación de las aguas por el uso de arsénico para la extracción de oro”, disparó Orsolini.
La venta de tierras “con pueblos”, de acuerdo al legislador, no es ninguna novedad.
“En La Rioja una firma se quedó con 418.000 hectáreas que incluían el pueblo de Jagüe en su interior. Lo curioso es que, por ejemplo, estos movimientos los hacen empresas de países en los que un extranjero no puede adquirir tierras. En California, Estados Unidos, a un argentino no le está permitido tener terrenos. Sin embargo, el gobernador de este Estado, Arnold Schwarzenegger, se permite averiguar para comprar acá”, resaltó Orsolini.
Últimas medidas
Al tiempo que se aproxima la discusión del marco nacional que propone el diputado por la UCR, en las provincias siguen apurando las barreras legales para frenar estos avances.
En esa dirección, la legislatura rionegrina aprobó la semana pasada, de manera unánime, un proyecto de ley que impone restricciones y límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La norma, presentada por la legisladora del ARI Magdalena Odarda, enfatiza que el objetivo es “proteger el medio ambiente, las fuentes de agua dulce y los recursos naturales, preservando el patrimonio natural, cultural y la diversidad biológica, garantizando tales derechos, y el bien común”.
Para reafirmar su iniciativa, la funcionaria reseñó la extensa nómina de propietarios extranjeros que han adquirido tierras, tanto en Río Negro como en otras provincias argentinas, “en lugares estratégicos que contienen recursos minerales y turísticos”.
El proyecto aprobado señala, entre otros tópicos, que sólo “podrán adquirir inmuebles rurales, o predios situados fuera del ejido urbano, las personas físicas extranjeras que tengan cónyuge o descendientes de argentinos y aquellas que demuestren residencia efectiva mayor a diez años en el país”.
En paralelo, Misiones hoy discute una normativa que obliga a las empresas privadas y extranjeras a ceder espacios para la actividad agrícola por parte de terceros.
La medida, en concreto, apunta a limitar el accionar de la maderera chilena Alto Paraná, que controla 172.000 hectáreas de la selva paranaense. Esto es, el 6% de la superficie total de Misiones.
Según fuentes locales, de resultar aprobada la normativa “obligará a la empresa Alto Paraná a integrar un Consejo de Cesión de Explotación de la Tierra, junto a la participación de representantes del Ministerio del Agro y Producción, Ecología, INTA, municipios intervinientes y asociaciones de productores y organizaciones intermedias de las localidades afectadas. Dicho Concejo será el que decidirá el uso de un porcentaje de las tierras de propiedad privada de la empresa en cuestión”.
“Entre Ríos también está discutiendo un proyecto para frenar el traspaso de superficies a empresarios extranjeros. Uno de los inconvenientes que muestra este tipo de inversiones es que son improductivas o, caso contrario, producen pero sacan todo fuera de la Argentina. Ahí es donde se rompe la posibilidad de que esto beneficie a las economías regionales”, comentó Orsolini.
Lo que sucede en Brasil
Como ya se anticipó, según el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), entre 2007 y 2008 los grupos extranjeros se hicieron de alrededor de 12 kilómetros cuadrados de tierra brasileña por día.
“No es una cuestión de xenofobia. La tierra es un medio de producción finito y el estado brasileño va a poner límites”, señaló al respecto el presidente del INCRA, Rolf Hackbart.
“Es un tema de soberanía. La tierra tiene que ser de los brasileños. No es sólo el suelo, es el subsuelo, las aguas, el aire, la biodiversidad, una riqueza enorme”, añadió.
Hoy por hoy, hay límites para los ciudadanos y empresas extranjeras establecidas en Brasil: no pueden comprar más de un 25% de las tierras de las provincias.
Sin embargo, no los hay en empresas nacionales controladas por capital internacional. “Ahí es donde está el agujero. Una empresa local, aunque tenga un 99% de capital de un fondo, por ejemplo, de Estados Unidos, puede comprar todas las tierras que quiera”, aseguró Hackbart.
Por estos días, lo que el gobierno de Lula da Silva quiere es modificar la Constitución, a través de una enmienda que establece que las empresas nacionales controladas por extranjeros pasen a tener los mismos límites que las foráneas.
La potencial medida argumental fue abordada de esta forma por un medio local:
Tal como están las cosas ahora, el gobierno federal sabe cuantas tierras están registradas por no residentes, pero no conoce de las que están a nombre de nacionales, cuántas están en realidad en manos foráneas.
“Seguro que es diez veces más. Es algo muy alarmante. Porque no es sólo la cantidad. También es dónde están, muchas en zonas estratégicas”, concluyó Hackbart.
El panorama en Uruguay
Del otro lado del Río de la Plata, en tanto, el subsecretario del Ministerio de Ganadería uruguayo, Daniel Garín, señaló a iProfesional.com que “la posesión de las tierras en la frontera es una preocupación que persiste” en ese país.
El funcionario anticipó que se discutirá un proyecto de ley para proteger esas áreas. Garín precisó que “se retomará una antigua iniciativa, con el necesario ajuste de algunas partes, debido a que el tema del acceso a la tierra en el Uruguay cambió fuertemente en menos de dos años”.
La prensa oriental tomó el tema de esta forma:
La necesidad de hacer efectiva una medida de este calibre también cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Colonización (INC). Su titular, Andrés Berterreche, destacó la preocupación de la avanzada de capitales extranjeros en lo que hace al dominio de la superficie productiva de Uruguay.
“Se puede hablar de un poco más del 25% del territorio productivo del país en manos de no residentes. Las empresas argentinas son las que más se hacen sentir en el área de la agricultura, mientras que los brasileños son especialmente fuertes en el norte, con la ganadería. También están las compañías forestales, que pertenecen a diversos países”, precisó a iProfesional.com.
Berterreche enfatizó que los capitales extranjeros son propietarios de aproximadamente cuatro de los 16 millones de hectáreas productivas que posee hoy Uruguay.
Patricio Eleisegui
© iProfesional.com
»La caminata por la costa es habitual en los turistas que visitan Mar del Plata.
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