La Fiscalía de Delitos Económicos procesó a 23 acusados por fraudes inmobiliarios, entre ellos al menos dos abogados, que conformaban una organización dedicada a la supuesta compraventa de inmuebles. Después de cinco años de cometer 21 fraudes, fueron procesados por “asociación Ilícita”.

De acuerdo a los fiscales Fernando Berlingieri, Roberto Javier Pizzo y Carlos David Bruna, los estafadores obtenían información sobre el estado de las cuentas de viviendas que no tenían una ocupación permanente, cuyos titulares habían fallecido o residían en ciudades lejanas de Mar del  Plata. De un modo aún no determinado,  tomaban posesión para luego transferirlos mediante boletos de compraventa con firmas falseadas de los titulares y sellos impositivos falsos.

Luego, los derechos y acciones que supuestamente emergían de esos falsos boletos eran transferidos a cómplices o terceros de buena fe mediante cesiones de derechos y acciones protocolizadas ante escribanos.

Además pactaban que el registro de los bienes a nombre de los adquirentes se efectuaría a través de demandas judiciales de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales. De esta forma, buscaban hacer incurrir en error a los jueces y obtener sentencias favorables mediante las cuales pretendían desplazar de los bienes a sus legítimos propietarios.

La investigación comenzó en 2012, tras una denuncia formulada por un abogado del foro local. Se secuestraron 20 expedientes civiles y se citó a declarar como imputados a los 23 sospechosos, de quienes se está analizando su grado de responsabilidad penal, sin descartarse la posible participación de otras.

Por otro lado,  la jueza a cargo del Juzgado de Garantías N° 6, Lucrecia Bustos, dictó la prohibición de salida del país a los imputados. Además, buscarán acusarlos de “falsedad de documentos privados públicos” y “uso de documento público, estafa y estafa procesal”.