Los usuarios temen una fuerte suba en las boletas de luz y gas. Dudas sobre el cuestionario que lanzó el Gobierno para definir la franja de clientes que podrían quedar exceptuados de la quita de subsidios.
El cuestionario que lanzó el gobierno nacional para definir la franja de usuarios que podrían quedar exceptuados de la quita de los subsidios en sus boletas de gas, generó más dudas que certezas entre los marplatenses.
Si bien algunos representantes de las asociaciones que defienden a los consumidores destacan como positiva la perspectiva que ofrece la iniciativa en cuanto a beneficiar a un segmento de consumidores que no pueden pagar, también apuntan algunas imprecisiones que, según ellos, tiene la resolución. En ese sentido, dijeron que no está claro si los usuarios van a recibir el cuestionario en sus respectivos domicilios o si tienen que pedirlo expresamente. Otro punto confuso, afirmaron, es aquel donde se establece que «si el usuario no da respuesta al cuestionario se procederá a la quita del subsidio». Este punto, aseguraron, va en contra de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), donde se aclara que el silencio de la persona no puede ser tomado como una respuesta afirmativa.
El pedido que deberán hacer los usuarios interesados en seguir percibiendo subsidios sembró interrogantes: según los marplatenses, el Gobierno no explicó con qué criterios de evaluación determinará quién necesita ayuda estatal en sus boletas de servicios y quién no; tampoco dijo a quiénes se enviará primero el formulario de declaración jurada ni con qué cronograma avanzará la quita de beneficios.
«La gente está preocupada, quiere saber de cuánto va a ser el aumento en las tarifas de luz y gas», sostuvo Beatriz Arza, defensora del Pueblo de Mar del Plata, donde todavía no se está aplicando la quita de subsidios. Y enseguida agregó: «Entendemos que tiene que haber un aumento, pero debe ser razonable. Sabemos que la luz y el gas están baratos, pero no queremos que el incremento cause un perjuicio importante en la canasta familiar». Además, Arza recomendó a los vecinos cuidar el consumo de los servicios básicos. «Hay que ser muy cautelosos en el gasto», dijo.
La defensora del Pueblo mantendrá hoy una reunión con el titular de Defensa del Consumidor, Pablo Di Scala, y la gerencia de Camuzzi para analizar cómo se aplicaría la medida. «Queremos ver bien dónde están parados los vecinos de Mar del Plata y de qué manera va a incidir la quita de subsidios», señaló Arza.
Esta nueva norma, un cambio drástico en la política de mantener servicios públicos baratos para alentar el consumo, abre la puerta a los fuertes aumentos de precios a clientes domiciliarios. Si bien la tarifa seguiría siendo la misma, la desaparición del subsidio estatal afectará gradualmente a un número mayor de consumidores: los que dejen de recibir los subsidios deberán pagar boletas de luz y gas que resultarían entre tres y cuatro veces más caras que las que se abonan en la actualidad.
Además, a partir del año próximo los usuarios domiciliarios de estos servicios recibirán una especie de declaración jurada para que confirmen si, de acuerdo con su situación económica, renuncian voluntariamente a estos beneficios o si necesitan mantenerlos. La medida anunciada afectará a unos 232.000 hogares y representa un ahorro fiscal de 3968 millones de pesos.
Una vez recibidas las declaraciones juradas se hará un registro, que estará disponible en Internet, para transparentar los mecanismos de asignación de los subsidios. Este sistema asumirá que el usuario que no solicite continuar recibiendo subsidios será porque no los necesita. En cambio, si quiere seguir siendo beneficiario, se cruzará la información del solicitante con las bases de datos del Estado y se tomará una decisión. Incluso se podría apelar a visitas de asistentes sociales para determinar la situación económica y social de cada hogar.
Frente a las dudas de la gente, el Gobierno dio a conocer cuáles serán los requisitos para mantener los subsidios a la luz, el agua y el gas. El listado alcanza sólo a quienes cobren la jubilación mínima, sean discapacitados, cobren la Asignación por Hijo o estén exceptuados del pago del ABL, entre un total de doce puntos. Según estimaciones privadas, podrían acceder a ese beneficio alrededor del 10% de los usuarios.
En las últimas horas salió publicada en el Boletín Oficial la resolución 1993 del Enargas, el ente regulador del gas. Allí se incluye el formulario que deberá completar quien pretenda mantener los subsidios a los servicios. En los próximos días se conocerían disposiciones similares de los entes del agua y la luz.
En las empresas prestatarias entienden que tener sólo uno de los doce requerimientos sería suficiente para mantener los subsidios. «Aquellos titulares que se encuadren bajo alguna de estas condiciones continuarán percibiendo el subsidio del Estado Nacional realizando el trámite correspondiente en cada una de sus distribuidoras», precisa el texto que fue dado a conocer.
Pero hay una restricción importante a tener en cuenta, y la precisa el mismo formulario donde están incluidos esos doce puntos: «La presente declaración -dice- reviste carácter de declaración jurada, y la misma será cerciorada con las bases de datos contributivas de su grupo familiar». Concretamente, que el Gobierno cruzará los datos con las bases de la Anses y la AFIP. Pero también que se tendrá en cuenta la situación del grupo familiar: no sería válido el pedido de exención si el servicio está a nombre de un jubilado que cobra la mínima pero con él viven hijos que tengan ingresos, por caso.
Cómo y cuándo recibirán los usuarios esta declaración jurada a completar aún es un tema a definir. Pero en tanto, ya se sabe que quien reciba el formulario y no lo conteste en 30 días perderá los subsidios, según la resolución del Enargas.
Las 12 preguntas para mantener el beneficio
A través de una resolución del ente Regulador del Gas, se conocieron detalles sobre los requisitos que debe reunir un usuario para seguir percibiendo los subsidios a los servicios públicos ahora que el Gobierno decidió eliminarlos de forma progresiva.
El Enargas instruyó a las distribuidoras de gas a que pongan «a disposición de los usuarios» una suerte de cuestionario y una declaración jurada para que, eventualmente, los clientes digan que consideran que necesitan el subsidio.
El cuestionario es en realidad una tabla con doce ítems y el usuario debe marcar con una X aquellos que describan su situación. Con una sola X, según especifica el formulario que deberán recibir los clientes, alcanza para mantener el subsidio.
Los doce puntos a responder son, textualmente:
1) ¿Usted acredita una enfermedad crónica que implique un mayor consumo del servicio?
2) ¿Usted percibe como único ingreso previsional una jubilación y/o pensión equivalente a un haber mínimo?
3) ¿Usted percibe Pensiones No Contributivas?
4) ¿Usted es beneficiario de algún Plan o Programa Social (Asignación Universal por Hijo, Subsidios Por Desempleo, Plan Familias)?
5) ¿Usted tiene el domicilio afectado por actividades de índole social (institutos, comedores comunitarios, centros de recuperación)?
6) ¿Usted percibe alguna asignación familiar?
7) ¿Usted cuenta con certificado de discapacidad?
8) ¿Usted posee ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena?
9) ¿Usted se encuentra exento del pago de ABL?
10) ¿Su vivienda posee características edilicias desfavorables que impliquen la utilización de un mayor consumo de otro servicio (vivienda precaria con familia numerosa, vivienda precaria carente de alguno de los servicios -gas o agua-)?
11) ¿Su vivienda posee un local anexo destinado a la actividad comercial (pequeños comercios, talleres de oficio)?
12) ¿En su vivienda conviven múltiples hogares?
Fuente: diario la capital
Inmobiliarias Mar del Plata 