Asociaciones de inquilinos y consorcios están en alerta luego de los anuncios oficiales sobre el pago pleno de las tarifas de servicios públicos. Quienes viven en edificios ya se resignan a un fuerte aumento de las expensas. ¿Quién se hará cargo del incremento: propietarios o inquilinos?
Por Fernando Gutierrez (Producción: Mariano Jaimovich)
Ahora empiezan las preguntas. Es que los anuncios oficiales sobre el recorte de subsidios para los servicios públicos tarifados generaron más dudas que certezas.
Y, con el paso de las horas, la presunción de que podrá haber discrecionalidad, confusión y situaciones poco prácticas empieza a generar controversia entre las asociaciones de consumidores.
«Esperamos en las próximas horas poder contactarnos con los funcionarios del Gobierno para despejar varias zonas grises. De momento, nos contentaría saber al menos cómo serán los formularios para pedir el mantenimiento de los subsidios», afirma Ricardo Botana, vicepresidente de la Unión Argentina de Inquilinos.
Uno de los puntos principales que generan inquietud es el «timing» que tendrá la suba de las facturas. Y las asociaciones de consumidores reclaman que se evite una suba abrupta que implique un shock sobre el presupuesto familiar.
«El sinceramiento de la economía está bien y es bueno que se haga en forma gradual. Pero todavía no sabemos cómo se va a implementar», señala Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal.
En la misma línea, María Mercedes García, presidenta de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), se queja de que «no se conoce qué cosas habrá que comprobar o demostrar para quedar incluido en el subsidio».
Esta dirigente reclama que el incremento del costo de los servicios sea instrumentado en forma gradual y escalonada, de manera que el impacto sobre la economía familiar no resulte demasiado traumático.
Lo cierto es que todavía no está del todo claro cómo sería esa graduación. Lo que sí quedó de manifiesto es que la aplicación afectará en diferentes momentos según la zona geográfica en cuestión, pero no resulta tan evidente que pueda haber una disminución progresiva del subsidio para cada usuario.
Otra posibilidad mencionada por estas asociaciones como una aspiración es la de consolidar un régimen que implique retiro parcial de los subsidios, en un punto intermedio donde la bonificación disminuya pero no llegue al grado de que se tenga que pagar la tarifa plena.
También en este punto queda una zona gris, porque los anuncios oficiales fueron algo ambiguos respecto de si caben posibilidades intermedias.
Las expensas, sin contemplación
Uno de los puntos que mayores consultas está generando es el referido a los consorcios de edificios de propiedad horizontal.
Ocurre que hay ciertos tipos de insumos que no pueden ser individualizados y que sólo son computables al conjunto habitacional (la iluminación de zonas comunes, el consumo de ascensor, los sistemas de calefacción central, el agua a nivel de la vereda, entre otros).
En consecuencia, bien puede darse el caso de que en un edificio haya solamente uno de los propietarios que tenga aprobado el subsidio para su consumo individual de servicios, pero no tendrá forma de evitar que el aumento le impacte sobre sus expensas.
«Lo que sí puede ocurrir es que el consorcio pida ser subsidiado, de manera que el beneficio lo tengan todos los habitantes. Pero no en forma individualizada. Aun así, tampoco está claro cómo se evaluará el pedido de un consorcio, y presumiblemente será un trámite más lento«, afirma García.
La presunción de estas asociaciones es que es difícil que dicho consorcio sea exonerado de pagar la tarifa plena, salvo casos en los que se demuestre que una mayoría de los miembros conforman un grupo de bajos ingresos, como los estudiantes o los jubilados.
«Pero en definitiva lo vamos a terminar pagando todos, porque el consorcio siempre paga», pronostica García.
Por lo pronto, se descuenta un fuerte impacto sobre el costo de las expensas, que según calculan en Adeproh, no será inferior al 15%, considerando los servicios estándar. Pero que podrá aumentar sensiblemente conforme con la cantidad de prestaciones con los que cuente el edificio en cuestión, sobre todo en aquellos complejos que dispongan de «amenities» tales como piscinas climatizadas, gimnasios o zonas con mucha iluminación.
En términos de dinero, se estima que, como mínimo, para una expensa promedio habrá un incremento de $100 mensual.
Los inquilinos quieren seguir
La situación de los inquilinos constituye en sí un caso particular, que podrá implicar modificaciones en varios niveles, como los términos de los contratos y los precios del alquiler.
«Nosotros defendemos la postura de que todos los inquilinos deben ser considerados habilitados para mantener el subsidio, independientemente de la zona donde vivan y de cuál sea su nivel de ingreso», sostiene Botana.
«La argumentación es que éstos están en una situación vulnerable, ya que les resulta muy difícil tener acceso a un crédito hipotecario para contar con su vivienda propia. Para colmo, va a ser inevitable que sufran un aumento en las expensas», argumenta el directivo de la Unión de Inquilinos.
Lo cierto es que, hasta ahora, no queda del todo claro si la postura del Gobierno será la de tratar a todos ellos como una categoría pasible de recibir subsidios. No fueron incluidos en la nómina de quienes automáticamente seguirán recibiendo el beneficio, por lo que es de presumir que los funcionarios querrán analizar caso por caso las situaciones económicas.
Por lo pronto, una modificación que se considera inevitable es que las facturas de los servicios, que en muchos casos suelen estar a nombre del propietario, ahora pasen masivamente a estar en cabeza de los inquilinos, de manera de poder justificar el trámite para la bonificación.
«Aun así, hay situaciones que hoy se dan de hecho y que van a tener que considerarse. Es común ver que, cuando un inquilino y un propietario tienen una relación de años, ya no tengan un contrato vigente sino que mantengan una relación de palabra. En ese caso, para el sistema no será comprobable que quien alquila sea realmente un inquilino», advierte Botana.
Hay, además, un posible impacto sobre los precios, dado que la persona que busque alquilar se encontrará ahora con un mayor costo de expensas, aun cuando tenga la certeza de que su consumo individual de servicios podrá ser subsidiado.
«No descartamos una presión a la baja de los precios en los contratos de alquiler. El costo de las expensas es el segundo punto que todo el mundo pregunta a la hora de tomar la decisión. Y si hay barrios donde este rubro se encarece mucho, es probable que queden unidades sin arrendarse durante varios meses», prevé el directivo.
Una multitud de casos particulares
Y las zonas grises que deja el nuevo régimen de cobro de servicios se tornan más complejas cuando comienza a analizarse las situaciones excepcionales a nivel familiar y personal.
Por caso, en las zonas marginales o suburbanas, donde puede presumirse que, por desinformación así como por informalidad laboral o documental no habrá quienes manifiesten explícitamente su deseo de seguir gozando del subsidio, ¿cuál será la actitud del Gobierno?
Hasta ahora, sólo se indicó que quedarán automáticamente exceptuados de las subas aquellos que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o jubilados que cobren el haber mínimo.
Pero puede haber otros casos dignos de ser incluidos en el subsidio donde no haya una información sobre cómo proceder. Por ello, Loisi advierte: «Es importante que lleguen las planillas de subsidios y que le enseñen a la gente cómo completarlas, porque si no ocurre eso, el sistema va a interpretar que no necesitan mantenerlos».
También hay cierta confusión sobre cómo se procederá ante los cambios repentinos de estatus económico. El caso típico es el de la persona que pierde el empleo. El trascendido desde filas oficiales es que ese tipo de situaciones serán contempladas, pero no está claro cuál será la velocidad del trámite para que el subsidio sea repuesto.
Por otra parte, ¿el solo hecho de perder el trabajo será suficiente o dependerá del análisis que hagan las autoridades sobre la situación patrimonial? También queda la duda de si, en caso de que se cobre una indemnización abultada, eso pueda ser un argumento que influya para denegar el subsidio.
Otra situación clásica de cambio repentino de estatus económico es la enfermedad de algún miembro de la familia. En principio, aquellos hogares donde haya discapacitados o enfermos crónicos contarían con un aval para alcanzar el beneficio.
Pero también aquí el criterio es poco claro, porque la confirmación final vendrá luego de la evaluación por parte de asistentes sociales.
Otros casos no previstos, pero muy comunes, son las separaciones y divorcios. Una familia que en los papeles tenga una posición económica holgada puede cambiar drásticamente esa situación si el padre debe alquilar, resintiendo de esa forma los ingresos de todos los miembros de la familia.
«Se supone que estos casos serán evaluados por asistentes sociales. Pero lo cierto es que las situaciones de divorcios o separaciones de hecho son miles, y no da la sensación de que sea muy práctico e incluso que haya capacidad logística de movilizar tantos asistentes para mantener actualizados estos datos», observa Botana.
En definitiva, queda en claro lo que los economistas habían advertido: ocho años de un sistema de subsidios que llegó a mover la friolera de u$s16.000 millones anuales y que abarcó en forma indiscriminada a millones de usuarios -desde los habitantes de Barrio Parque a los de Florencio Varela y desde las escuelas hasta los casinos- no puede ser desarmado sin hacer ruido.
La etapa del planteo de dudas está recién en su comienzo.
Fuente: iprofesional.com
Inmobiliarias Mar del Plata 