Mar del Plata durante todos los veranos es desde hace más de 50 años la ciudad de todos los argentinos y millones de compatriotas acuden para visitar nuestras playas y disfrutar los atractivos urbanos.

Este turismo masivo relacionado con un país inclusivo, industrializado, que permitió a las masas insertarse no sólo en el trabajo sino también en el ocio y la recreación trajo una Mar del Plata que dejó de ser exclusiva para las elites y se transformó en una ciudad para millares de trabajadores que se apropiaron y establecieron sus formas de sociabilidad en la playa Bristol, preparada con su rambla para la llegada de las masas a la playa, abierta y libre.

Al día de hoy la Bristol se encuentra bastante lejos de aquellos años: Se ha dado una creciente privatización de la playa ícono del turismo popular en Mar del Plata. En la actualidad gran parte de su arena está concesionada y sólo queda playa libre sobre la zona de Punta Iglesia o la pequeña porción de playa pública que queda entre los balnearios y el mar desde la zona del hotel Provincial a Las Toscas.

Gran parte de estos balnearios poseen precios que no se condicen con el entorno, se encuentran la mayor parte de la temporada de verano vacíos. Muchos de los usuarios de estas playas no pueden acceder a los balnearios privados instalados y deben ubicarse en la cada vez menor playa pública. Los servicios para estos usuarios distan de estar en buenas condiciones, en fin, la playa que es de todos y que simboliza la llegada de las masas al descanso y al veraneo se encuentra apropiada por empresarios locales de amplia situación ventajosa en diversos sectores de la economía marplatense.

Esto resulta una contradicción en clave, mientras a nivel país se ha dado la recuperación de muchos de los logros de la clase trabajadora, desde el 2003 a la actualidad mediante el crecimiento económico sostenido y la paulatina reindustralización del país y en años de una notoria mejoría para el turismo en Argentina, la playa popular de Mar del Plata se encuentra sumamente privatizada y con graves problemas para la accesibilidad.

En paralelo, es similar el momento actual de Playa Grande, espacio hacia donde huyeron las elites cuando las masas llegaron a la Bristol. Playa Grande desde hace casi ya dos décadas se encuentra apropiada por la juventud, que la ha resignificado como una playa de jóvenes tanto de Mar del Plata como de cientos de lugares de Argentina durante el verano. Aunque las elites huyeron durante los noventas nuevamente hacia el sur o a otras ciudades balnearias, aún existen balnearios ligados a viejas instituciones que todavía hoy mantienen su perfil conservador, donde hasta se han paseado impunemente durante años genocidas altamente reconocidos, como Alfredo Astiz.

Al igual que en la Bristol, en Playa Grande también cerca del 70 % de su playa se encuentra concesionada con los balnearios y los espacios de playa pública mayoritarios se encuentran sobre la escollera de la Normandina y la escollera norte. Sobre esas zonas la playa tiene una longitud de alrededor de unos 150 metros, que se va a achicando hasta cerca de los 100 metros hacia el centro de la playa, la más densamente ocupada por los balnearios.

La zona de la escollera norte, pegada a Playa Grande ha sido el lugar más polémico de la costa marplatense y con múltiples debates sobre su futuro cercano, con el polémico proyecto aprobado del traslado de los bares de Alem hacia allí, tareas de mejoramiento en la escollera y la realización ya desde hace unos meses del puerto para cruceros.

En los últimos días han comenzado obras en Playa Grande sobre la playa pegada a la escollera, proyectadas dentro de las nuevas obras aprobadas hace un año en el Concejo Deliberante.

El impacto de estas obras sobre el ambiente costero es directo y sobre el sector que más espacio público poseía. Con la obra ha quedado casi imposibilitado el acceso a la playa pública, sólo se puede acceder desde el balneario del Yachtclub, la accesibilidad para los surfistas también se ve afectada. Esta porción de Playa Grande era la de mayor longitud hacia el mar y la zona menos afectada por la erosión.

Las modificaciones que se producen tienen un impacto territorial directo, por eso es necesario abordar técnicas y proyectos para la recuperación de nuestras costas y ambiente, se deben realizar acciones concretas que sirvan para mitigar los deterioros evidenciados. Entre las acciones que deben tomarse en cuenta surgen los controles a los movimientos y reacomodamientos de arena realizados por los concesionarios de los balnearios en los meses previos al verano y que agudizan los procesos erosivos; el retiro paulatino de las construcciones existentes en sectores vulnerables de su frente costero y la prohibición de nuevos emprendimientos que impacten directamente sobre el mismo recurso que origina su potencialidad económica. Es necesaria también la incorporación de tecnologías superadoras de defensa costera y difundir las posibilidades de realizar arrecifes artificiales en reemplazo de las históricas escolleras y espigones, que sólo sirven como parches de corto plazo para un problema tan grave como la erosión y el impacto del cambio climático en las costas.

Desde el Espacio Político de la Esperanza sostenemos que la ciudad deber incorporar nuevas lógicas sobre la costa, proponemos la creación de playas sustentables con el retiro gradual del cemento existente por maderas u otros materiales blandos, para dejar de entorpecer la dinámica natural de acumulación de arena en las playas. Se deben extender los espacios de playas públicas y respetar los usos y actividades de la costa que son afectados por su creciente privatización.

Planteamos como una gran ncesidad en el marco del proceso de recuperación sostenida que vive Argentina la concreción de balnearios cooperativos en las zonas donde acude masivamente el turismo popular con equipamientos, servicios y precios adecuados y con un funcionamiento y una racionalidad económica que incorpore el trabajo y la economía social y recoger así parte de la historia que ha tenido el turismo popular y social en Mar del Plata, de la mano de los proyectos de balnearios publicos y municipales trabajados durante la primera parte del Siglo XX por las intendencias socialistas y levantando también la lucha por la estatización de las playas del sur que a principios de los setenta propuso el Frejuli, argumentando que los sectores costeros de recursos valiosos deben estar en manos del Estado.

Nuestras expectativas están puestas en estas metas, en seguir profundizando el rumbo del proyecto nacional que cada día empuja para ir recuperando lo perdido, como ya hecho con la esperanza y los sueños de miles de jóvenes y de amplios sectores de la ciudadanía que hasta hace poco tiempo daban por pérdidas sus causas y se encontraban sumergidos en una gran apatía, por esos sostenemos que la defensa desde proyecto nacional debe darse desde todos los lugares, incluída la recreación en las playas de todos los sectores sociales y cuidado y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente.

Por una Mar del Plata con producción, trabajo y respeto y amor por sus habitantes.

Recuperemos nuestras playas porque son de todos los argentinos.

Playas y balnearios populares para tod@s

Espacio Político de la Esperanza

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Sabida es la tendencia que se viene dando en los últimos años acerca de la predilección que muchos turistas tienen a la hora de investigar sobre sus próximos destinos.

El canal online se posicionó como uno de los favoritos, y no sólo para revisar ideas o alternativas, sino también a la hora de adquirir paquetes, pasajes, excursiones u hospedajes. Así el rubro Pasajes y Turismo figuró como el más vendido online en el país, con ventas por más de $ 1.700 millones en 2010, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Mientras muchos ya comienzan a planificar las próximas vacaciones, el canal online seduce con sus ofertas y se posiciona como el canal más utilizado. Según una encuesta realizada por la consultora OH! Panel, el 80% de los encuestados (un total de 2.103 casos) utiliza la Web para organizar sus vacaciones, ya sea para buscar destinos turísticos (un 57%), para comparar precios (52%), programar actividades (42%) o consultar disponibilidad y tarifas (48%).

Siete de cada 10 argentinos prefiere alquilar por Internet porque es más cómodo, acceden a más opciones en pocos segundos y se puede planificar con más tiempo.

Más empleo

Con una población de 26,5 millones de usuarios de Internet en el país, el 49,3% consulta la Web para la toma de decisiones sobre la compra de un producto o servicio. Los rubros de pasajes y turismo, alimentos y bebidas y electrónica, telefonía y electrodomésticos se ubicaron como los más demandados. CACE estimó que, el canal motivó ventas por canales tradicionales por cerca de $ 80.000 millones en 2010 (casi 10 veces de lo que se vendió en línea, unos $ 7.755 millones). El comercio electrónico ya genera empleo para el 1% de la población económicamente activa y, si tenemos en cuenta que el 49,3% de los usuarios de Internet consulta regularmente en la Web para tomar sus decisiones de compra en el mundo físico, el monto generado a través de Internet representaría un 3,0% de la ventas totales minoristas de Argentina y un 1,93% del PBI”, afirmó la CACE, al momento de presentar su informe 2011.

No obstante, comparando la región de América latina con otras a nivel mundial, la penetración del turismo online sobre el mercado total del turismo sigue estando rezagada. Por ejemplo, en los Estados Unidos representa, al 2011, el 39% del total, mientras que, en Europa, alcanza un 23%. En América latina, llegó al 18% y espera trepar al 21%, en 2012.

Fuente: http://noticias.zonaprop.com.ar

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En cualquier oficina distribuidora de energía del país. Además se habilitará un sistema por internet y también un 0-800. Aclaraciones oficiales sobre alcances y mecanismos de las medidas anunciadas.

El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, confirmó que desde el lunes los usuarios de todo el país podrán renunciar a recibir subsidios en la facturación.

El funcionario aseguró que las medidas anunciadas por el Gobierno “lo que se pretende es una personalización del sistema de los subsidios para lograr más equidad y mayor transparencia”.

Baratta explicó que que la renuncia podrá realizarse en cualquier oficina distribuidora de energía del país. “Va a haber un sistema por internet para que lo puedan hacer y también un 0-800″, aclaró.

También comentó que se creará el Registro Único de Usuarios de Servicios Públicos, donde será relevado cada uno de los usuarios.

El ministro de Economía, Amado Boudou y el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunciaron el miércoles la quita del 100 % de los subsidios a los servicios de agua, luz y gas para empresas que refinan combustibles y explotan pozos de gas, fábricas de agroquímicos y biocombustibles. También para los usuarios particulares que viven en los barrios porteños de Puerto Madero y Barrio Parque, y countries de todo el país.

Baratta recordó que quienes soliciten que no se les quite el subsidio “recibirán una visita de un asistente social y se cruzarán sus datos con la ANSeS y AFIP”, para confirmar que realmente lo necesitan. “Lo que se pretende es una personalización del sistema de los subsidios para lograr más equidad y mayor transparencia”, resaltó.

En tanto, Baratta aclaró que no se les quitará el subsidio a “todo aquel que tenga Asignación Universal por Hijo, jubilación mínima, que sea electrodependiente y no tenga gas, o que tengan un sólo servicio”.

Por último, el subsecretario recordó que “las empresas de energía no podrán aumentar las tarifas sin autorización del Estado”.

Fuente: iprofesional.com

Asociaciones de inquilinos y consorcios están en alerta luego de los anuncios oficiales sobre el pago pleno de las tarifas de servicios públicos. Quienes viven en edificios ya se resignan a un fuerte aumento de las expensas. ¿Quién se hará cargo del incremento: propietarios o inquilinos?

Por Fernando Gutierrez (Producción: Mariano Jaimovich)

Ahora empiezan las preguntas. Es que los anuncios oficiales sobre el recorte de subsidios para los servicios públicos tarifados generaron más dudas que certezas.

Y, con el paso de las horas, la presunción de que podrá haber discrecionalidad, confusión y situaciones poco prácticas empieza a generar controversia entre las asociaciones de consumidores.

«Esperamos en las próximas horas poder contactarnos con los funcionarios del Gobierno para despejar varias zonas grises. De momento, nos contentaría saber al menos cómo serán los formularios para pedir el mantenimiento de los subsidios», afirma Ricardo Botana, vicepresidente de la Unión Argentina de Inquilinos.

Uno de los puntos principales que generan inquietud es el «timing» que tendrá la suba de las facturas. Y las asociaciones de consumidores reclaman que se evite una suba abrupta que implique un shock sobre el presupuesto familiar.

«El sinceramiento de la economía está bien y es bueno que se haga en forma gradual. Pero todavía no sabemos cómo se va a implementar», señala Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal.

En la misma línea, María Mercedes García, presidenta de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), se queja de que «no se conoce qué cosas habrá que comprobar o demostrar para quedar incluido en el subsidio».

Esta dirigente reclama que el incremento del costo de los servicios sea instrumentado en forma gradual y escalonada, de manera que el impacto sobre la economía familiar no resulte demasiado traumático.

Lo cierto es que todavía no está del todo claro cómo sería esa graduación. Lo que sí quedó de manifiesto es que la aplicación afectará en diferentes momentos según la zona geográfica en cuestión, pero no resulta tan evidente que pueda haber una disminución progresiva del subsidio para cada usuario.

Otra posibilidad mencionada por estas asociaciones como una aspiración es la de consolidar un régimen que implique retiro parcial de los subsidios, en un punto intermedio donde la bonificación disminuya pero no llegue al grado de que se tenga que pagar la tarifa plena.

También en este punto queda una zona gris, porque los anuncios oficiales fueron algo ambiguos respecto de si caben posibilidades intermedias.

Las expensas, sin contemplación
Uno de los puntos que mayores consultas está generando es el referido a los consorcios de edificios de propiedad horizontal.

Ocurre que hay ciertos tipos de insumos que no pueden ser individualizados y que sólo son computables al conjunto habitacional (la iluminación de zonas comunes, el consumo de ascensor, los sistemas de calefacción central, el agua a nivel de la vereda, entre otros).

En consecuencia, bien puede darse el caso de que en un edificio haya solamente uno de los propietarios que tenga aprobado el subsidio para su consumo individual de servicios, pero no tendrá forma de evitar que el aumento le impacte sobre sus expensas.

«Lo que sí puede ocurrir es que el consorcio pida ser subsidiado, de manera que el beneficio lo tengan todos los habitantes. Pero no en forma individualizada. Aun así, tampoco está claro cómo se evaluará el pedido de un consorcio, y presumiblemente será un trámite más lento«, afirma García.

La presunción de estas asociaciones es que es difícil que dicho consorcio sea exonerado de pagar la tarifa plena, salvo casos en los que se demuestre que una mayoría de los miembros conforman un grupo de bajos ingresos, como los estudiantes o los jubilados.

«Pero en definitiva lo vamos a terminar pagando todos, porque el consorcio siempre paga», pronostica García.

Por lo pronto, se descuenta un fuerte impacto sobre el costo de las expensas, que según calculan en Adeproh, no será inferior al 15%, considerando los servicios estándar. Pero que podrá aumentar sensiblemente conforme con la cantidad de prestaciones con los que cuente el edificio en cuestión, sobre todo en aquellos complejos que dispongan de «amenities» tales como piscinas climatizadas, gimnasios o zonas con mucha iluminación.

En términos de dinero, se estima que, como mínimo, para una expensa promedio habrá un incremento de $100 mensual.

Los inquilinos quieren seguir
La situación de los inquilinos constituye en sí un caso particular, que podrá implicar modificaciones en varios niveles, como los términos de los contratos y los precios del alquiler.

«Nosotros defendemos la postura de que todos los inquilinos deben ser considerados habilitados para mantener el subsidio, independientemente de la zona donde vivan y de cuál sea su nivel de ingreso», sostiene Botana.

«La argumentación es que éstos están en una situación vulnerable, ya que les resulta muy difícil tener acceso a un crédito hipotecario para contar con su vivienda propia. Para colmo, va a ser inevitable que sufran un aumento en las expensas», argumenta el directivo de la Unión de Inquilinos.

Lo cierto es que, hasta ahora, no queda del todo claro si la postura del Gobierno será la de tratar a todos ellos como una categoría pasible de recibir subsidios. No fueron incluidos en la nómina de quienes automáticamente seguirán recibiendo el beneficio, por lo que es de presumir que los funcionarios querrán analizar caso por caso las situaciones económicas.

Por lo pronto, una modificación que se considera inevitable es que las facturas de los servicios, que en muchos casos suelen estar a nombre del propietario, ahora pasen masivamente a estar en cabeza de los inquilinos, de manera de poder justificar el trámite para la bonificación.

«Aun así, hay situaciones que hoy se dan de hecho y que van a tener que considerarse. Es común ver que, cuando un inquilino y un propietario tienen una relación de años, ya no tengan un contrato vigente sino que mantengan una relación de palabra. En ese caso, para el sistema no será comprobable que quien alquila sea realmente un inquilino», advierte Botana.

Hay, además, un posible impacto sobre los precios, dado que la persona que busque alquilar se encontrará ahora con un mayor costo de expensas, aun cuando tenga la certeza de que su consumo individual de servicios podrá ser subsidiado.

«No descartamos una presión a la baja de los precios en los contratos de alquiler. El costo de las expensas es el segundo punto que todo el mundo pregunta a la hora de tomar la decisión. Y si hay barrios donde este rubro se encarece mucho, es probable que queden unidades sin arrendarse durante varios meses», prevé el directivo.

Una multitud de casos particulares
Y las zonas grises que deja el nuevo régimen de cobro de servicios se tornan más complejas cuando comienza a analizarse las situaciones excepcionales a nivel familiar y personal.

Por caso, en las zonas marginales o suburbanas, donde puede presumirse que, por desinformación así como por informalidad laboral o documental no habrá quienes manifiesten explícitamente su deseo de seguir gozando del subsidio, ¿cuál será la actitud del Gobierno?

Hasta ahora, sólo se indicó que quedarán automáticamente exceptuados de las subas aquellos que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o jubilados que cobren el haber mínimo.

Pero puede haber otros casos dignos de ser incluidos en el subsidio donde no haya una información sobre cómo proceder. Por ello, Loisi advierte: «Es importante que lleguen las planillas de subsidios y que le enseñen a la gente cómo completarlas, porque si no ocurre eso, el sistema va a interpretar que no necesitan mantenerlos».

También hay cierta confusión sobre cómo se procederá ante los cambios repentinos de estatus económico. El caso típico es el de la persona que pierde el empleo. El trascendido desde filas oficiales es que ese tipo de situaciones serán contempladas, pero no está claro cuál será la velocidad del trámite para que el subsidio sea repuesto.

Por otra parte, ¿el solo hecho de perder el trabajo será suficiente o dependerá del análisis que hagan las autoridades sobre la situación patrimonial? También queda la duda de si, en caso de que se cobre una indemnización abultada, eso pueda ser un argumento que influya para denegar el subsidio.

Otra situación clásica de cambio repentino de estatus económico es la enfermedad de algún miembro de la familia. En principio, aquellos hogares donde haya discapacitados o enfermos crónicos contarían con un aval para alcanzar el beneficio.

Pero también aquí el criterio es poco claro, porque la confirmación final vendrá luego de la evaluación por parte de asistentes sociales.

Otros casos no previstos, pero muy comunes, son las separaciones y divorcios. Una familia que en los papeles tenga una posición económica holgada puede cambiar drásticamente esa situación si el padre debe alquilar, resintiendo de esa forma los ingresos de todos los miembros de la familia.

«Se supone que estos casos serán evaluados por asistentes sociales. Pero lo cierto es que las situaciones de divorcios o separaciones de hecho son miles, y no da la sensación de que sea muy práctico e incluso que haya capacidad logística de movilizar tantos asistentes para mantener actualizados estos datos», observa Botana.

En definitiva, queda en claro lo que los economistas habían advertido: ocho años de un sistema de subsidios que llegó a mover la friolera de u$s16.000 millones anuales y que abarcó en forma indiscriminada a millones de usuarios -desde los habitantes de Barrio Parque a los de Florencio Varela y desde las escuelas hasta los casinos- no puede ser desarmado sin hacer ruido.

La etapa del planteo de dudas está recién en su comienzo.

Fuente: iprofesional.com

Armando Pepe dijo que las medidas contra el dólar «no afectan» al mercado inmobiliario. «Apostar al ladrillo sigue siendo la inversión más segura», señaló. Pero le pidió al Gobierno que brinde «un mensaje claro» sobre los alcances de esas disposiciones.

El presidente del SOM, Armando Pepe, disertó junto a destacados especialistas en el cierre del Congreso de Profesionales Inmobiliarios.

Pese a que las restricciones al dólar aplicadas por el gobierno nacional generan incertidumbre y preocupación en el mercado inmobiliario, el presidente del SOM (Servicio de Ofertas Múltiples), Armando Pepe, aseguró que «apostar al ladrillo sigue siendo la inversión más segura».

Las declaraciones del especialista fueron formuladas ayer en el cierre del IV Congreso Internacional de Profesionales Inmobiliarios. Pepe disertó en el Hermitage Hotel junto al martillero Santiago Debé, el presidente del Colegio de Martilleros de Neuquén, Guillermo Reybet, y el titular del grupo Maral, Luis Silva.

Minutos antes de su exposición, Pepe habló con LA CAPITAL y minimizó el efecto de las restricciones al dólar. «La medida no afecta en nada al mercado inmobiliario. Toda persona que está en búsqueda de un inmueble ya tiene los dólares en su poder para hacer frente a la operación. Es que desde hace años nadie sale a buscar propiedades con pesos», dijo. Y agregó: «En estas semanas se continuaron firmando los boletos convenidos y las escrituras ya pactadas sin dificultad».

De todas maneras, el fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina admitió que el problema lo están teniendo aquellos que mes a mes venían comprando moneda extranjera como ahorro para mantener su valor actualizado y juntar una suma para la compra de inmuebles. «Ahora se les hace un poco más difícil lograr el Ok de la AFIP para comprar billetes. Por lo tanto tendrán que recurrir al mercado negro», sostuvo.

Pepe afirmó que los argentinos no han recibido un mensaje claro sobre qué busca el Gobierno con la medida de restringir la compra de dólares. «Esta situación creó confusión e inquietud en la gente, que sacó los ahorros en dólares que tenía en cajas de ahorro o plazos fijos ante la incertidumbre de no saber qué iba a pasar», señaló. En ese sentido, expresó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se ha referido «para nada» a este tema en su última disertación. «Sólo habló del superávit de recaudación y del petróleo que encontró YPF. Del mercado cambiario no dijo nada», recordó.

Según el especialista, el dólar venía siendo regulado por el Banco Central sin mayores sobresaltos para los ciudadanos, acompañando la evolución de los precios. «Pero la falta de precisiones sobre la medida sólo genera preocupación en la gente. Necesitamos que alguien salga a decir cuáles son las reglas de juego. Tenemos un vicepresidente electo (Amado Boudou), pero estamos sin ministro de Economía. Hay seis funcionarios que salen a hablar del tema, pero necesitamos una sola voz que hable por todos en materia económica y brinde un mensaje claro», indicó.

Alquileres, pesos y dólares

Pepe explicó que los alquileres de oficinas, viviendas y locales en su gran mayoría se pactan en pesos y los alquileres de departamentos temporarios se acuerdan en dólares con los extranjeros que los alquilan. «Todas las ventas sin excepción en el país se pactan, ofrecen y venden en dólares sin tener hasta ahora problemas para la concreción de operaciones inmobiliarias», aseguró.

Al ser consultado sobre qué pasará con los fideicomisos o la construcción de obras al costo, intentó llevar tranquilidad a la gente: «No pasará nada. Los compradores pagarán sus cuotas en pesos, pues los insumos de la construcción se abonan en pesos, y luego tendrán la cuenta final del costo real de la obra de acuerdo con lo convenido con los desarrolladores», explicó.

Pepe sugirió mantener la calma y esperar las resoluciones del Banco Central, del Ministerio de Economía, de la AFIP o del Poder Ejecutivo sobre este tema que hoy tanto preocupa a los argentinos. Pero pronosticó que no habrá desfasajes en el precio del dólar: «Como tope máximo puede llegar a estar a $5,50 en junio de 2012», vaticinó.

Pese a las restricciones, el especialista dijo que no se han parado la construcciones en el sector. «Se siguen haciendo obras. En Mar del Plata, por ejemplo, hay muchos edificios nuevos. Es que los inmuebles son el único refugio de inversión para la gente», sostuvo.

Por su parte, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Angel Donsini, hizo un balance del Congreso y no dudó en calificarlo como positivo. «El objetivo fue generar un espacio de interacción entre los profesionales que trabajamos dentro del rubro inmobiliario. También buscamos adquirir nuevas herramientas para potenciar las redes de trabajo», explicó.

fuente: diario la capital