Demuelen de tres pisos de un edificio por construirse antirreglamentariamente


Después de un proceso de 4 años comenzó a demolerse parte de un inmueble frente a la Playa Varese, que habían sido realizados antirreglamentariamente. El fallo incluyó una multa de 450.000 pesos.

Comenzó la demolición de los tres pisos del edificio de Bernardo de Irigoyen 2660, que habían sido construidos antirreglamentariamente. La decisión del juez de Faltas Pedro López Martucci fue recurrida en distintas instancias hasta que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, al rechazar un recurso de queja, terminó por confirmar lo resuelto.

La sanción no se redujo a demoler los 8,40 metros de altura que se habían edificado de más, que ocupaban una superficie de de más de 2.400 metros cuadrados, sino que la firma constructora también debe abonar una multa de 450.000 pesos, en diez cuotas. Lo recaudado, como corresponde, ingresará al erario municipal.

Es de destacar, como lo aclaró el propio juez López Martucci que, si bien existe una prohibición de demoler inmuebles en un amplio sector de la ciudad, tal disposición no alcanza a este caso que se considera inédito, porque proviene de una decisión que data de 2010 y no es para construir un edificio de propiedad horizontal u otra obra, sino poner en regla un edificio que sobrepasa lo admitido reglamentariamente.

Contra lo normado en el COT, FOS y FOT

Tampoco el caso es nuevo, sino que tiene sus primeros antecedentes en 2007, cuando se constató la existencia de esta propiedad que trasgredía lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y el Reglamento General de Construcciones, por superar el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), Factor de Ocupación total (FOT) y el Plano Límite (altura máxima permitida en el sector) e invadir retiros del frente y laterales.

Realizada esta verificación, la causa comenzó a tramitarse en el Juzgado de Faltas 3, a cargo del citado López Martucci, quien debió superar un trámite extenso debido a las dificultades para individualizar y notificar a los imputados, porque “no contaban con domicilios en la jurisdicción, como así también a los continuos cambios de titularidad que se pudieron constatar en la composición del paquete accionario de quienes detentaban la titularidad dominial”, según surge del expediente.

Una vez sorteados esos obstáculos, el aludido juez de Faltas logró la comparecencia de los responsables, ya que el proceso no podía haber seguido en rebeldía, puestos que éstos tuvieron la oportunidad de ensayar sus defensas. Después de producida la prueba y acompañados los informes técnicos por parte de la Municipalidad (Obras Privadas), el juez López Martucci dictó el 4 de marzo de 2010 la sentencia, condenando a los imputados al pago de una multa de 450.000 pesos y a la adecuación de la obra a lo normado en la legislación vigente; por eso, quedó la empresa obligada a demoler lo construido antirreglamentariamente.

El fallo fue apelado ante el Juzgado en lo Correccional 1 , a cargo de la jueza Jorgelina Camadro que confirmó lo resuelto por el juez de Faltas. Posteriormente, la firma condenada recurrió ante la Sala 3 de la Cámara en lo Criminal y Correccional, que también lo confirmó con los votos de los jueces Pablo Poggetto y Raúl Paolini.

Finalmente, la Sala 2 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó un recurso de Queja, por lo que se terminó la instancia recursiva, quedando firme la sentencia.

 

Fuente: diario la capital

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