El Paseo Jesús de Galíndez lucirá distinto esta temporada


8:55 | En los próximos meses concluirán las obras realizadas por la empresa concesionaria de Varese y Cabo Corrientes. El sector contará con nuevos servicios gastronómicos y ya se verifican mejoras en la circulación y la accesibilidad.

Las nuevas instalaciones de Varese y Cabo Corrientes estarán en pleno funcionamiento para el verano, aseguraron los concesionarios. La construcción respetó la pared natural que ofrece la piedra del lugar.

La empresa concesionaria de la unidad turística Playa Varese-Cabo Corrientes tiene previsto poner en pleno funcionamiento durante el próximo verano las nuevas instalaciones comerciales y recreativas que se encuentran ubicadas en el Paseo Jesús de Galíndez.

La obra, en la que terminarán siendo invertidos casi 20 millones de pesos, incluyó la creación de un nuevo balneario con servicios de playa y la construcción de tres establecimientos gastronómicos, espacios de estacionamiento, baterías de baños y una serie de intervenciones urbanísticas para lograr una mejora en la circulación vehicular y peatonal, el aprovechamiento del espacio público y jerarquizar la zona. “Uno de los objetivos consiste en ofrecer un servicio atractivo durante los 365 días del año, en horarios diurnos y nocturnos” le explicaron a LA CAPITAL los responsables de la empresa Salimar S.A, Carlos Philapsidis y Esteban Ramos.

La firma se hizo cargo de la explotación de la unidad turística (que posee más de mil metros lineales de extensión) por un plazo superior a los 20 años, con el compromiso de realizar una fuerte inversión en obras de infraestructura, destinadas tanto al uso comercial como público.

Las mejoras dieron comienzo años atrás con la creación de un balneario en Varese que ya ofrece servicio de sombra, duchas, sauna, piletas y solarium, lo que quedó vinculado a la ampliación de la vereda y la construcción de una plaza seca que lleva el nombre Alberto Lagrange y debajo de la cual existe un área de estacionamiento cubierto para 150 vehículos.

No obstante, durante los últimos meses todo el sector fue sometido a un intenso plan de obras que ya se encuentran en su etapa final. Entre las construcciones más relevantes, se destacan tres edificaciones que estarán destinadas a ofrecer servicios gastronómicos.

Una de ellas se encuentra a la altura de la avenida Colón, cuenta con 1200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y una enorme fachada vidriada.

Además tiene la particularidad de que los arquitectos, del estudio Solla-Zak, decidieron que las enormes rocas que componen la barranca quedaran a la vista para que puedan ser apreciadas por quienes visiten el lugar desde el interior.

Según explicaron los concesionarios, está previsto que en este establecimiento funcione un salón para eventos, un restaurante y una confitería.

Además la edificación cuenta con una terraza ubicada a la altura del Boulevard Marítimo sobre la que habrá una cafetería y un sector de acceso público que funcionará como mirador.

Además de esta edificación, a algunos metros de distancia -en el punto central de la bahía- comenzó a ser construido un segundo establecimiento gastronómico, al que se le sumará un tercero emplazado en el Cabo Corrientes.

Junto a ello se incluye la edificación de una cochera cubierta para unos 40 vehículos.

Los responsables de Salimar destacaron que además de la realización de estas instalaciones que estarán destinadas a una explotación comercial, el proyecto incluyó la ejecución de numerosos trabajos urbanísticos destinados mejorar la accesibilidad y la circulación y a embellecer al sector.

Uno de ellos consistió en la construcción de un pluvial de unos 800 metros de extensión para colectar el agua de lluvia que antiguamente desembocaba en el mar a través de 15 cañerías.

Según Philapsidis, si bien esta fue una de las obras más complejas, resultó decisiva para resolver los inconvenientes de desagües y elevar así la calidad sanitaria de la playa.

Por otra parte, también se realizó un significativo trabajo en la ampliación de la calle Centenario para dotarla de dos manos y permitir así que los vehículos tengan la posibilidad de subir y bajar la barranca desde el Boulevard.

Según Ramos, las obras realizadas ya están teniendo un efecto en las actividades que el público suele realizar en el sector. “Percibimos que la gente ya se siente más a gusto recorriendo la zona y utilizando las instalaciones. Fuimos ordenando la circulación y el público se encuentra en un contexto más confortable”, destacó.

 

Fuente: diario la capital

¿Propietario o inquilino?: Expertos explican quién responde ante la Justicia por actividades “ilícitas”


El caso Zaffaroni despertó la polémica. Pero existen miles de argentinos que alquilan. Tras firmar el contrato, suelen “olvidarse” del uso que se la da a la unidad. Y puede ocurrir que, con el paso del tiempo, se utilice para fines “non sanctos” o no permitidos por el consorcio ¿Qué dice la ley?

Por Sebastian AlbornosiProfesional.com

¿Propietario o inquilino?: Expertos explican quién responde ante la Justicia por actividades "ilícitas"

Son pocos los temas que, en plena contienda electoral, logran acaparar el interés de los medios de comunicación e instalarse como eje de discusión durante varios días.

El escándalo “Zaffaroni” es uno de ellos. Y la repercusión ha sido tal que hasta periódicos y portales de noticias de una gran cantidad de países se ocuparon de divulgar el tema.

Es que no es muy habitual que un juez de la Corte Suprema sea el propietario de varios departamentos en los que se ejerce la prostitución.

Incluso, el magistrado reconoció que, en al menos cuatro de los inmuebles, funcionaban prostíbulos.

Conocida la noticia, como defensa argumentó que él desconocía el uso que se le daba a esas unidades.

Y buscó justificarse al decir que las alquilaba a través de una inmobiliaria.

Sus dichos no pudieron calmar el revuelo generado.

Ahora, el magistrado señaló que tratará de recuperar el uso de esos inmuebles “como pueda, ya sea emplazando a que los desocupen por las buenas, o accionando por desalojo”.

E informó que su apoderado está verificando los contratos de los 15 inmuebles que posee, para constatar qué uso se la da a cada uno.

Más allá de este caso en particular -y sin llegar al extremo de que se instale un prostíbulo- existen miles de argentinos que son propietarios de unidades y deciden destinarlas al alquiler.

Y, en general, cuando cierran el acuerdo con el inquilino pocos se interesan, con el paso del tiempo, en inspeccionar y en saber el uso “real” dado a ese espacio, si bien gozan del derecho de poder hacerlo.

En muchos casos se encuentran con la sorpresa de que a éste se le dio un uso comercial que no era el estipulado, como puede ser el de un consultorio, espacios de masaje, de estética y hasta centros de prostitución.

Y por ello pueden verse envueltos en un juicio por parte del consorcio, o de otros afectados. Incluso, estos litigios pueden llegar a ser de tipo penal.

En varios casos, “los propietarios son engañados, al celebrar contratos con personas que luego le dan otro destino a la unidad”, señala el abogado Eduardo Sirkin, director de Suplemento de elDial.com. Y agrega que muchas veces utilizan para ello una sociedad de fantasía.

Muchos titulares descansan en la cláusula que se muestra a continuación, que suele ser incluida en los convenios:

Sin embargo, cabe aclarar, que la misma está vinculada con un “acuerdo entre privados”.

Es decir, no libera al titular frente a acciones legales realizadas por terceros, si bien lo habilita a que luego pueda accionar judicialmente contra el inquilino.

Surge entonces la pregunta obligada: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del propietario? ¿Y la del inquilino?

iProfesional.com consultó a numerosos expertos para saber las respuestas a estos interrogantes.

¿Qué dice la ley?
La Ley de Propiedad Horizontal indica que cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar el piso o departamento que le pertenece, o constituir derechos reales o personales sobre el mismo.

En caso de que decida alquilarlo, tanto el propietario como el ocupante, tienen prohibido destinarlos a usos contrarios a la moral o buenas costumbres, o a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y administración.

Además, para evitar problemas se debe determinar el destino de las unidades, aclarando qué está permitido y qué no.

El reglamento, confeccionado a través de escritura pública, no se puede modificar por el tiempo que se determine en él.

Por otro lado, la norma impide perturbar con ruidos u otras acciones la tranquilidad de los vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble o depositar mercaderías peligrosas.

En caso de que esto se verifique serán responsables tanto el ocupante como el dueño de la unidad.

En caso de violación de algunos de los puntos mencionados, ya sea por parte del propietario o inquilinos, aquél que represente a los titulares de los inmuebles podrá iniciar juicio y, en caso de constatarse el ilícito, los responsables podrán ser condenados con penas de arresto de hasta veinte días y verse obligados al pago de fuertes multas.

Incluso, el magistrado puede ordenar el allanamiento del domicilio.

Por ley, los contratos de alquiler deben tener una duración mínima de dos años, en caso de que sea destinado a vivienda, y de tres, si el fin es comercial.

No obstante, el incumplimiento de las obligaciones habilita al propietario a dar por terminado el contrato antes de tiempo.

¿Quién se hace cargo?
Uno de los puntos más conflictivos tiene que ver con las responsabilidades del propietario y del inquilino en caso de que se incumpla el llamado “reglamento interno”.

Éste, a diferencia del de copropiedad, no se registra en ningún lado.

Y establece algunas cuestiones como, por ejemplo, los horarios para el desarrollo de algunas tareas (mudanzas o mejoras por refacciones, entre otras). También, reglamenta los períodos de tiempo en los que está permitido realizar actividades ruidosas.

Los especialistas recomiendan que los nuevos propietarios soliciten este reglamento, que muchos desconocen, para evitar incurrir en algún tipo de falta por desconocimiento.

Si bien debe analizarse cada situación en particular, “en caso de ruidos molestos o en el que se desarrollen actividades ilegales, frente al consorcio u otros vecinos, el dueño del inmueble comparte la responsabilidad con el inquilino”, indica Daniela Darago, socia del estudio Cerutti-Darago.

“En el contrato de alquiler, las cláusulas que limitan la responsabilidad del propietario sólo son válidas entre las partes que firmaron el contrato -es decir entre el dueño y el inquilino- pero no frente a terceros, como puede ser el consorcio”, agrega.

¿Y si se alquila a través de inmobiliarias?
Si bien no es la práctica más habitual, hay casos de inmobiliarias que suscriben con el propietario una autorización para rentar el inmueble -que sería parecido a un contrato de mandato-, donde la firma actúa en carácter de locador directo frente al inquilino.

Incluso, suelen actuar en las diferentes gestiones judiciales, como acciones de desalojo, daños y perjuicios, cobros extrajudiciales o administrativos.

En estos casos, suelen decirle al propietario que éste se “olvide” de toda responsabilidad frente al inquilino. Y hasta le gestionan la cobranza mensual durante la vigencia del vínculo.

¿Puede decirse entonces que, legalmente, los titulares de inmuebles quedan “liberados”? La respuesta de los letrados ante este interrogante es un “no” rotundo.

“Hay mucha gente que delega en la inmobiliaria la administración y el alquiler. Pero esto no significa que por esto delegue su carácter de locador“, enfatiza Néstor Walenten, presidente de la Cámara Argentina Inmobiliaria (CAI).

Y remarca que “en el caso de una causa como la de Zaffaroni indiscutiblemente el mayor responsable es el propietario del inmueble”.

Además, el experto aclara que “el gestor de negocios o la inmobiliaria también tiene responsabilidad y debe resolver la situación”.

¿Y si el contrato lo firma un apoderado o la propia inmobiliaria? Los abogados destacan que tampoco se exonera de responsabilidad al propietario.

“En todo caso, el dueño luego podría llevar adelante una acción contra quien firmó en su nombre”, apunta Darago.

“Cuando la inmobiliaria actúa dentro de los límites del mandato, ciertamente el propietario asume la responsabilidad”, explica Gabriel Martinez Niell, del Estudio Grispo & Asociados.

Y señala que “sólo en el caso en que se constate que ésta fue más allá y se excedió en los alcances, es decir, que celebró un acuerdo fuera de la órbita del pactado con el dueño del inmueble, entonces en ese caso sí responde por sus actos“.

Responsabilidades penales
En caso de que el propietario tome conocimiento de la actividad ilícita y no haga nada para que el inquilino deje de realizarla, ahí la responsabilidad pasa a ser de tipo penal.

Javier De Luca, ex-presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, explica que la misma no es sólo objetiva, sino también subjetiva. Y agrega que, en el caso de Zaffaroni, si logra comprobar que desconocía la situación, no se le puede atribuir responsabilidad, al menos la de este tipo.

Martínez Neill agrega que “la clave consiste en determinar si el propietario continuó la relación contractual en conocimiento de la conducta ilícita ejercida por el inquilino. En caso afirmativo, tendrá responsabilidad, puesto que habrá consentido tácitamente la continuación de una actividad contraria a derecho”.

El silencio del propietario, en este caso, es manifestación positiva de voluntad”, recalca.

Otro tema que entra en juego en casos como el que involucran al juez Zaffaroni es el de la “Trata de personas”.

Al respecto, según el Código Penal, esto consiste en la “explotación” de mayores o menores de edad, para la prostitución.

“Dicha explotación exige la violación del consentimiento de la víctima -sujeto pasivo-. Sin embargo, si es menor de edad, no interesa su consentimiento”, explica De Luca.

El caso “Zaffaroni” sigue despertando más y más polémicas.

Y pone el semáforo en amarillo para todos aquellos que tienen un inmueble destinado a la renta.

Sin llegar al extremo de que éstos se anoticien de que ahí funciona un prostíbulo, también puede ocurrir que la unidad se utilice para fines comerciales -no permitidas por el consorcio- y que pueden, finalmente, traerle más de un dolor de cabeza.

fuente. iprofesional.com

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