Ley 25028 – Regimen Legal de Martilleros y Corredores


Ley 25028 – Regimen Legal de Martilleros y Corredores  Argentina

 

Reforma al Régimen legal de martilleros y corredores

 

NOTA: Esta Ley fue observada por Decreto Nº 1279/98 publicado en la edición del 9.1.98

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º – Se reforma el Decreto ley 20.266/73 conforme las disposiciones establecidas en el anexo I, denominado “Reformas al régimen legal de martilleros y corredores”, que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos 1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.

ARTICULO 2º – Se deroga el Capítulo I “De los corredores”, del libro primero, título IV del Código de Comercio y la Ley 2282.

ARTICULO 3º – Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las disposiciones legales del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la Ley 20.266, que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios.

ARTICULO 4º – Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su publicación oficial.

ARTICULO 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

-REGISTRADA BAJO EL Nº 25.028.-

ALBERTO R. PIERRI. – EDUARDO MENEM. – Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. – Juan C. Oyarzún.

Anexo I
REFORMAS AL REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES

Modifícanse los artículos 1º y 3º del decreto ley 20.266/73, e incorpóranse a continuación del artículo 30 el capítulo XII “corredores” y los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 1º – Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.

Artículo 3º – Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;
b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción.
d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con carácter general;
e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.

Capítulo XII
Corredores

Artículo 31. – Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes.

Artículo 32. – Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.

Artículo 33. – Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32.
c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor.
d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que determina el artículo 6º;
e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.

Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie.

Artículo 34. – En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para:
a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado.
b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos.
c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes.
d) Prestar fianza por una de las partes.

Artículo 35. – Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.

Artículo 36. – Son obligaciones del corredor:
a) Llevar el libro que establece el artículo 35.
b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.
c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.
d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél.
e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular, las relativas al objeto y al precio de mercado;
f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas.
g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las partes lo exigiere.
h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá identificarlas y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad de las mercaderías.
i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya negociación intervenga.
j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la operación, según las constancias del Libro de Registro.
k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.
l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Artículo 37. El corredor tiene derecho a:
a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso, se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.
La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.
Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una misma parte;
b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo pacto o uso contrario.

Artículo 38. – El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.

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REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES Ley 20266


 

Ley 20266

Sancionada y promulgada: 10-IV-1973 B.O.: 17-IV-1973.

Modificada por ley 25.028 .[i] (Sancionada por Insistencia) Sanción 14/10/1998 – Promulgación 01/12/1999 – Publicación BO 29/12/1999.

Cap. I – Condiciones habilitantes

Art. 1.- Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;

b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.

Cap. II – Inhabilidades – Causas de inhabilidad

Art. 2.- Están inhabilitados para ser martilleros: a) Quienes no pueden ejercer el comercio; b) Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación; c) Los inhibidos para disponer de sus bienes; d) Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de diez (10) años de cumplida la condena; e) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria; f) Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil.

Cap. III – Matrícula

Art. 3.- Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;

b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;

c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción.

d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con carácter general;

e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.

Art. 4.- El gobierno de la matrícula estará a cargo en cada jurisdicción, del organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación local respectiva.

Art. 5.- La autoridad que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de legajos, individuales para cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos personales y de inscripción y todo lo que produzca modificaciones en los mismos. Dichos legajos serán públicos.

Art. 6.- La garantía a que se refiere al artículo 3, inciso d) es inembargable y responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare la actividad del matriculado, al de las sumas de que fuere declarado responsable y al de las multas que se le aplicaren, debiendo en tales supuestos el interesado proceder a la reposición inmediata de la garantía, bajo apercibimiento de suspensión da la matrícula.

Cap. IV – Incompatibilidades

Art. 7.- Los empleados públicos aunque estuvieren matriculados como martilleros, tendrán incompatibilidad, salvo disposiciones de leyes especiales y el supuesto del artículo 25, para efectuar remates ordenados por la rama del poder o administración de la cual formen parte.

Cap. V – Facultades

Art. 8.- Son facultades de los martilleros: a) Efectuar ventas o remate público de cualquier clase de bienes, excepto las limitaciones resultantes de leyes especiales; b) Informar sobre al valor venal o de mercado de los bienes para cuyo remate los faculta esta ley (tasaciones); c) Recabar directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales y particulares, los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 9 (informes); d) Solicitar de las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto de remate (medidas de seguridad).

Cap. VI – Obligaciones

Art. 9.- Son obligaciones de los martilleros; a) (Libros) Llevar los libros que se establecen en el capítulo VIII; b) (Títulos) Comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remate de inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos c) (Convenio con el legitimado) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la forma de satisfacerlos, condiciones de venta, lugar de remate, modalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquél; d) (Publicidad)Anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio. e) (Remate de lotes) En caso de remates realizados por sociedades, deberán indicarse además los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Cuando se trate de remates de lotes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener constancia de su mensura por autoridad competente y de la distancia existente entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o provinciales más próximas. Se indicará el tipo de pavimento, obras de desagüaut;e y saneamiento y servicios públicos, si existieran; f) (Acto de remate) Realizar al remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visible una bandera con su nombre y, en su caso, el nombre, denominación o razón social de la sociedad a que pertenezcan; g) Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional y con precisión y claridad los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que pesaren sobre el mismo; Son obligaciones de los martilleros; h) (Posturas) aceptar la postura solamente cuando se efectuare de viva voz: de lo contrario la misma será ineficaz; i) (Instrumentos de venta) Suscribir con los contratantes y previa comprobación de identidad, el instrumento que documenta la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. El instrumento se redactara en tres (3) ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno de ellos en poder del martillero. h) (Bienes muebles) Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta fuera suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo; i) (Precio) Exigir y percibir del adquirente, en dinero efectivo, el importe de la seña o cuenta del precio, en la proporción fijada en la publicidad, y otorgar los recibos correspondientes; j) (Rendición de cuentas) Efectuar la rendición de cuentas documentada y entregar el saldo resultante dentro del plazo de cinco (5) días, salvo convención en contrario, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo; k) (Deber de conservación) Conservar, si correspondiere, las muestras certificadas e informes relativos a los bienes que remate hasta el momento de la transmisión definitiva del dominio; l) (Otros deberes) En general, cumplimentar las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.

Art. 10.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente ley, cuando los martilleros ejerciten su actividad no hallándose presente el dueño de los efectos que hubieren de venderse, serán reputados en cuanto a sus derechos y obligaciones, consignatarios sujetos a las disposiciones de los artículos 232 y siguientes del Código de Comercio.

Cap. VII – Derechos

Art. 11.- El martillero tiene derecho a: a) Cobrar una comisión conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción, salvo los martilleros dependientes, contratados o adscriptos a empresas de remate o consignaciones que reciban por sus servicios las sumas que se convengan, pudiendo estipularse también la comisión de garantía en los términos del artículo 256 del Código de Comercio; b) (Reintegro de gastos) Percibir del vendedor, el reintegro de los gastos del remate, convenidos y realizados.

Art. 12.- En los casos en que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lo llevare a cabo por causas que no le fueren imputables, tendrá derecho a percibir la comisión que determine el juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y los gastos que hubiere efectuado. Igual derecho tendrá si el remate fracasare por falta de postores.

Art. 13.- La comisión se determinará sobre la base del precio efectivamente obtenido. Si la venta no se llevare a cabo, la comisión se determinará sobre la base del bien a rematar, salvo que hubiere convenio con el vendedor en cuyo caso se estará a éste. A falta de base se estará al valor de plaza en la época prevista para el remate.

Art. 14.- Si el remate se anulare por causas no imputables al martillero, éste tiene derecho al pago de la comisión que le corresponda, que estará a cargo de la parte que causó la nulidad.

Art. 15.- Los martilleros pueden constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativas, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. En este caso cada uno de los integrantes de la sociedad deberá constituir la garantía especificada en el artículo 3, inciso d.

Art. 16.- En las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, el martillero que la lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la sociedad, serán responsables ilimitada, solidaria y conjuntamente con ésta por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del acto de remate. Estas sociedades han efectuar los remates por intermedio medio de martilleros matriculados, e inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que tenga a su cargo la matrícula.

Cap. VIII – Libros

Art. 17.- Los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15 deben llevar los siguientes libros rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción: a) (Diario de entradas) Diario de entradas, donde asentarán los bienes que recibieron para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo, por cuenta de quién han de ser vendidos y las condiciones de su enajenación; b) (Diario de salidas) Diario de salidas, en el que se mencionarán día por día las ventas indicando por cuenta de quién se han efectuado, quién ha resultado comprador, precio y condiciones de pago y demás especificaciones que se estimen necesarias; c) (De cuentas de gestión) De cuentas de gestión, que documente las realizadas entre el martillero y cada uno de sus comitentes. El presente artículo no es aplicable a los martilleros dependientes, contratados o adscriptos o empresas de remates o consignaciones.

Art. 18.- Los martilleros deben archivar por orden cronológico un ejemplar de los documentos que se extiendan con su intervención, en las operaciones que se realicen por su intermedio.

Cap. IX – Prohibiciones

Art. 19.- Se prohibe a los martilleros: a) (Descuentos y bonificaciones) Practicar descuentos, bonificaciones o reducción de comisiones arancelarias; b) (Participación en el precio)Tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor, o de terceras personas; c) (Cesión de bandera) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a que pertenezca, se efectúen remates por personas no matriculadas; d) (Delegación del remate) En caso de ausencia, enfermedad o impedimento grave del martillero, debidamente comprobados ante la autoridad que tenga a su cargo la matrícula, aquél podrá delegar el remate en otro matriculado, sin previo aviso; d) (Compra por cuenta de terceros) Comprar por cuenta de tercero, directa o indirectamente, los bienes cuya venta se le hubiera encomendado; e) (Compra para sí de los bienes a rematar) Comprar para sí los mismos bienes, o adjudicarlos o aceptar posturas sobre ellos, respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados; f) (Suscripción, instrumento de venta sin autorización)Suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar; g) (Retención del precio) Retener el precio recibido o parte de él, en lo que exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión que corresponda; h) (Deber de veracidad) Utilizar en cualquier forma las palabras judicial, oficial o municipal, cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión; i) (Ofertas bajo sobre) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes que así lo autoricen; j) (Suspensión del remate) Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado base, la misma no se alcance.

Cap. X – Sanciones

Art. 20.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo VI y la realización de los actos prohibidos en el capítulo IX hacen pasible al martillero de sanciones que podrán ser multa de hasta $a 502500 (res. 2/85 I.G.J.), suspensión de la matrícula de hasta dos (2) años y su cancelación. La determinación, aplicación y graduación de estas sanciones, estarán a cargo de la autoridad que tenga a su cargo la matrícula en cada jurisdicción, y serán apelables por ante el tribunal de comercio que corresponda.

Art. 21.- Las sanciones que se apliquen serán anotadas en el legajo individual del martillero previsto en el artículo 5.

Art. 22.- El martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos, y responderá por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 23.- Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada en las condiciones previstas en el artículo 3. Quienes infrinjan esta norma serán reprimidos por el organismo que tenga a su cargo la matrícula, con multa de hasta $a 1005000 (res. 2/85 I.G.J.) y además se dispondrá la clausura del local u oficina respectiva; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. El organismo que tenga a su cargo la matrícula, de oficio o por denuncia de terceros, procederá a allanar con auxilio de la fuerza pública, los domicilios donde se presuma que se cometen las infracciones antes mencionadas y comprobadas que ellas sean, aplicará las sanciones previstas, sin perjuicio de las denuncias de carácter penal, si correspondieran. La orden de allanamiento y de clausura de locales deberán emanar de la autoridad judicial competente. En todos los casos, las sanciones de multa y clausura serán apelables para ante el tribunal de comercio que corresponda.

Cap. XI – Disposiciones generales

Art. 24.- Los martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieren matriculados, continuarán en ejercicio de su actividad, cumpliendo con los requisitos enunciados por los incisos b), c) y d) del artículo 3.

Art. 25.- (Texto según ley 20306, art. 1). Los remates que realicen el Estado nacional, las provincias y las municipalidades, cuando actúen, como personas de derecho privado, así como las entidades autárquicas, bancos y empresas del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades se rigen por las disposiciones de sus respectivos ordenamientos y, en lo que no se oponga a ellos, por la presente ley.

Art. 26.- Hasta tanto se determine organismo profesional o judicial que tendrá a su cargo la matrícula de martilleros en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sud, la misma corresponderá al juez del cual dependa el Registro Público de Comercio.

Art. 27.- Las subastas públicas dispuestas por autoridad judicial se rigen por las disposiciones de las leyes procesales pertinentes y, en lo que no se oponga a ellas, por la presente ley.

Art. 28.- Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República y su texto queda incorporado al Código de Comercio.

Art. 29.- La presente entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.

Art. 30.- Deróganse los artículos 113 a 122 del Código de Comercio.

Cap. XII – Corredores

Artículo 31. — Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes.

Artículo 32. — Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2º;

b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.

Artículo 33. — Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;

b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32.

c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor.

d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que determina el artículo 6º;

e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.

Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie.

Artículo 34. — En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para:

a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado.

b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de actos jurídicos.

c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus deberes.

d) Prestar fianza por una de las partes.

Artículo 35. — Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.

Artículo 36. — Son obligaciones del corredor:

a) Llevar el libro que establece el artículo 35.

b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.

c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.

d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél.

e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular, las relativas al objeto y al precio de mercado;

f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas.

g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las partes lo exigiere.

h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá emparejarlas y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad de las mercaderías.

i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya negociación intervenga.

j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la operación, según las constancias del Libro de Registro.

k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.

l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Artículo 37. El corredor tiene derecho a:

a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso, se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.

La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.

Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una misma parte;

b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo pacto o uso contrario.

Artículo 38. — El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.



 

[i] Texto en negrita conforme ley 25.028:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Se reforma el Decreto ley 20.266/73 conforme las disposiciones establecidas en el anexo I, denominado “Reformas al régimen legal de martilleros y corredores”, que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos 1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.
ARTICULO 2º — Se deroga el Capítulo I “De los corredores”, del libro primero, título IV del Código de Comercio y la Ley 2282.
ARTICULO 3º — Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las disposiciones legales del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la Ley 20.266, que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios.
ARTICULO 4º — Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su publicación oficial.
ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESION DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO, LA LEY 20.266 Y SU MODIFICATORIA, CONFORME LEY 25.028.


 

 

l. Evolución de estas profesiones.

El Código de Comercio califica al corretaje y al remate como actos de

comercio (art. 8º, inc. 3º); además, considera a los corredores y a los rematadores o

martilleros como agentes auxiliares de comercio (art. 87º, incs. 1º y 2º).

La función económica de ambas actividades es la mediación entre la oferta y

la demanda de bienes y servicios, acercando a los interesados y contribuyendo a

formar el consentimiento sobre la operación que ambas desean realizar. .

Sus orígenes son remotos. En antiguas civilizaciones como la egipcia, griega

o romana se encuentran los antecedentes de estas actividades. El corredor, como

experto en mercaderías con variadas funciones, incluso de fedatario; el martillero,

actuando en subastas administrativas, judiciales y particulares, a menudo como

funcionario público.

Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, ambas profesiones han

experimentado una transformación sustancial, que las aleja del perfil que tenían en

sus antecedentes históricos, concentrándose su práctica en áreas especializadas que

responden a otra realidad de las transacciones y a nuevas necesidades sociales.

En el caso del corretaje, por ejemplo, la vinculación entre oferta y demanda, el

asesoramiento a las partes y su contribución a la formación del acuerdo de voluntades

para la celebración de contratos válidos y eficaces, se ha alejado de! primitivo

esquema del intercambio de productos, perdiendo incluso su conexión estrecha con el

comercio de mercaderías.

El cambio económico y social ha reconducido a estas profesiones a la

prestación de servicios en otras áreas y el nuevo perfil que ello exige, conlleva la

adquisición de un bagaje de conocimientos especializados para la comprensión y el

manejo de las nuevas tecnologías, generadoras de otras formas de lenguaje y

razonamiento, así como de innovaciones en las normas, organizaciones y

procedimientos, con un verdadero aluvión de información a procesar, de progresiva

complejidad.

Esto se aprecia en la creciente importancia adquirida por el corretaje

inmobiliario, al compás del proceso de concentración urbana, que en nuestro país se

acentuó luego de la primera posguerra. En toda ciudad, en cada barrio y suburbio,

aún de humilde nivel económico, existen corredores al frente de inmobiliarias que

intermedian en diversos actos jurídicos referidos a la propiedad raíz.

La exigencia, por parte del Estado, de mayores conocimientos y aptitudes en

quienes aspiran a desempeñarse como corredores obedece sustancialmente a la

necesidad de tutelar los intereses públicos comprometidos, por ejemplo, en materia

social tan sensible como el acceso a la vivienda.

2. Situación actual:

En nuestro país, esta evolución ha dado Lugar al dictado de la ley 25.028

modificatoria de la ley 20.266, que exige formación universitaria para ser martillero y

corredor, como presupuesto necesario para el ejercicio de esta profesión, cuya

incumbencia no se agota en la actividad inmobiliaria.

Ante ello, plantearse hoy si el martillero y corredor es comerciante importa un

verdadero anacronismo, porque la cuestión a nuestro entender se encuentra

superada no sólo por la mentada evolución civilizatoria, sino por el nuevo marco legal

introducido por la ley 25.028.

Desde ya que la doctrina de las dos últimas centurias (siglos XIX y XX) se

encontraba dividida a este respecto, predominando la jurisprudencia en sentido

negativo.

AsÍ, la inclusión del corretaje y el remate, corno actos de comercio, el carácter

de comerciante que cabe atribuir a quien ejerce acto de comercio de cuenta propia. y

como profesión habitual y la inclusión del corredor y del martillero como agentes

auxiliar del comercio, sujeto a las leyes mercantiles (arts. 1°, 8 inc. 3° y 87º inc. 1°, 2º

de Comercio), aun tres elementos que han llevado a prestigiosos juristas a considerar

que el martillero y el corredor son comerciantes. Pero, por cierto, las modificaciones

introducidas en la ley 20.266 por la ley 25.028 entraron en vigencia en las

postrimerías del siglo XX y no integraron el análisis de esas distintas posturas

doctrinales.

Caracterizados el corretaje y la subasta como actos propios de profesión

universitaria legalmente reglamentada, es razonable concluir que ello ha importado la

tácita derogación del artículo 8° inciso 3° del Cód igo de Comercio, en lo que concierne

a estas actividades.

No obstante, no es ocioso formular alguna acotación a tal razonamiento y

para ello reproduciremos seguidamente algunas reflexiones contenidas en un trabajo

en prensa, de nuestra autoría.

De Solá Cañizares sintetiza las doctrinas que han conceptuado el derecho

comercia! como derecho de los actos de comercio (objetiva) y como derecho de los

comerciantes (subjetiva). Advierte que la imposibilidad práctica de adoptar uno u otro

sistema en forma pura, se refleja en legislaciones que tienen siempre un carácter

mixto, pues resultan de una combinación de ambas nociones: comerciante y acto de

comercio. Pero, afirma, esta concepción mixta del derecho comercial consagra un

círculo vicioso pues, para saber qué es un acto de comercio, se debe determinar qué

es un comerciante; y para saber quién es comerciante, se debe establecer qué es un

acto de comercio.

Más aún, se ha sostenido antes de ahora que mantener los actos de comercio

en nuestra materia implica mantener un enfoque ya obsoleto, por lo que deberíase

modificar el sistema como un imperativo de la hora actual.

Al punto tal que modernas legislaciones han prescindido de la enunciación de

actos de comercio, de la figura del comerciante y de los auxiliares de comercio, como

es el caso del nuevo Código Civil de la República Federativa del Brasil, que entró en

vigencia el 10 de enero de 2003.

Por ello, proponemos enfocar la cuestión de la profesionalidad del martillero y

corredor desde otra perspectiva.

En nuestro actual régimen legal, el corretaje y la subasta son actividades

profesionales legalmente reglamentadas; en consecuencia, un individuo no deviene

corredor o martillero por la práctica de actos de corretaje o de subasta; tampoco

puede calificarse su desempeño como profesional, por el solo hecho del ejercicio

continuo o habitual de “hechos” de intermediación, sea privada o en remate; es que,

de manera análoga, una persona no se convierte en médico o en abogado por el

ejercicio ilegal de actos propios de estas profesiones.

Para ser martillero corredor en nuestro país, el interesado debe satisfacer

hoy determinados requisitos legales, uno de los cuales es poseer título universitario,

que se obtiene con estudios que responden a un diseño curricular y acuerdan las

incumbencias correspondientes, determinados con la intervención del Ministerio de

Cultura y Educación de la Nación, en los términos del art. 43 de la ley 24.521.

Para ejercer corno corredor y martillero, el profesional debe cumplir, además,

los recaudas de su inscripción en la matrícula, sujetándose al poder de policía

profesional, como lo prevén la ley nacional y las reglamentaciones locales.

El acto será entonces de corretaje o subasta, si lo desempeña el profesional

titulado y matriculado para ejercer la actividad, legalmente reglada en tutela del

interés público comprometido. Y quien ejerza tales actos sin hallarse titulado y

matriculado, incurrirá en la figura que tipifica el párrafo primero del arto 247 del

Código Penal (mod. por ley 24.527). Es lo que ocurre con la medicina o la abogacía,

que sólo pueden ser ejercidas por un profesional que cuente con título y habilitación.

El mantenimiento del corretaje y la subasta como actos “objetivos” mercantiles

y el del corredor y martillero como auxiliar de comercio en nuestra legislación encierra,

como mínimo, una contradicción con la legislación especial posterior, que

progresivamente atendió al cambio histórico del instituto y dio lugar a la sanción de las

leyes 20.266 y 23.282; transición que culminó con la derogación del Capítulo I del

Libro Primero Título IV del Código de Comercio y de la ley 23.282, modificándose la

ley 20.266 por la ley 25.028.

Adviértase, como muestra de la apuntada contradicción, el orden de prelación

normativa que prevé la ley respecto del corretaje: “Sin perjuicio de las disposiciones

del

dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y

no se encuentre modificado en los artículos siguientes” (art. 31, ley 20.266).

Determinado el régimen legal aplicable al martillero y corredor en un estatuto

profesional que incluso remite, en cuanto a éste, al Código Civil, cabe preguntarse

cuál es hoy el sustento para afirmar que son comerciantes y, más aún, a qué interés

jurídico ello obedece.

Desde ya que no podrá invocarse un mero interés fiscalista comunal,

argumentando que este profesional universitario es comerciante, a fin de imponerle a

la gestión de habilitación para su oficina y la tasa de seguridad e higiene.

Código Civil y la legislación local, es aplicable al ejercicio de] corretaje lo3. La doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el

ejercicio del poder de policía:

Antes de ahora, la Suprema Corte local ha advertido que la Provincia de

Buenos Aires se ha reservado en forma exclusiva, y excluyente de la intervención del

poder comunal, la regulación de todo lo atinente al ejercicio de las profesiones

legalmente regladas, con fundamento en el art. 32 de la Constitución de la Provincia

hoy modificada.

Se desprende de lo dicho entonces por el Alto Tribunal, que el poder de

policía de la Provincia en esta materia abarca todos los aspectos inherentes al

ejercicio profesional “de modo que la intervención del poder comuna; (en forma de

inspección) produciría un quebrantamiento legal con la consiguiente lesión de una

norma superior de derecho público” (doctr. “Aldazábal”, SCBA, 1 1240,30.06.87, AyS

1987-JI-632).

Actualmente rige el art. 42 de la Constitución reformada en 1994, que

consagra análogo principio, aplicado por la Suprema Cori:e local respecto de los

profesionales en ciencias económicas, en reciente pronunciamiento, (SCBA, 1. 2173,

27.12.20(2), con cita; inclusive de un precedente publicado en 1976 relativo a los

odontólogos (1-13, “Arrillaga”).

Es nuestra opinión que esta doctrina posee plena vigencia en cuanto a la

profesión de martillero y corredor público, con prescindencia de que se los considere

comerciantes o no, pues se hallan reguladas legalmente como profesiones cuyo

ejercicio se halla sujeto al poder de policía reservado a la Provincia, ámbito exclusivo

y excluyente de las facultades de los municipios (art. 42, Constitución; ley 20.266,

mod. por la ley 25.028 y ley provincial 10.973).

4. Conclusión:

Por tanto, martillero y corredor no es comerciante, según nuestro

ordenamiento legal vigente. Y, con prescindencia de ello, no les son aplicables las

normas municipales en materia de habilitación y tasa de seguridad e higiene,

conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia.

San Miguel, noviembre 13 de 2003.-

Dr. Raúl Ernesto Cabana

Redactor del Proyecto de Ley Nº 25.028

Ley de Alquileres Nro. 23.091:


La Ley de alquileres

(Sancionada el 20/09/1984 , promulgada el 9/10 /1984 y publicada en el Boletín Oficial el 16/10/1984)

Art. 1ro .- INSTRUMENTACION

Los contratos de locaciones urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas , deberán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de plaza. En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse, será nula , sin perjuicio de la validez del contrato La cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal . En este caso , el precio quedará sujeto a determinación judicial.

Art. 2do. – PLAZOS


 

 

Para los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a vivienda , con o sin muebles , será de dos años . Dicho plazo mínimo será de tres años para los restantes destinos. Los contratos que se celebren por términos menores serán considerados como formulados por los plazos mínimos precedentemente fijados. Quedan excluídas del plazo mínimo legal para las contrataciones a que se refiere la presente ley: a) Las contrataciones para sedes de embajadas , consulados y organismos internacionales , así como también las destinadas a personal diplomático y consular o pertenecientes a dichos organismos internacionales; b) Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines de turismo, en zonas aptas para ese destino. Cuando el plazo del alquiler supere los seis meses , se presumirá que el contrato no es con fines de turismo. c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehículos u otros objetos. d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias. e) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o entes autárticos sean parte como inquilinos.

Art. 3ro.- AJUSTES


 

 

Para el ajuste del valor de los alquileres , deberán utilizarse exclusivamente los índices oficiales que publiquen los institutos de estadísticas y censos de la Nación y de las provincias . No obstante, serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado.

Art. 4to.- FIANZAS O DEPOSITOS DE GARANTIA


 

 

Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía , deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades serán devueltas reajustadas por los mismos índices utilizados durante el transcurso del contrato al finalizar la locación.

Art. 5to.- INTIMACION DE PAGO


 

 

Intimación de pago. Previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar fehacientemente el pago de la cantidad debida , otorgando para ello un plazo que nunca será inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación , consignando el lugar de pago.

Art. 6to.- PERIODOS DE PAGO


 

 

Períodos de pago. El precio del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que correspondan a períodos mensuales.

Art. 7mo.- PAGOS ANTICIPADOS


 

 

Pagos anticipados. Para los contratos que se celebren a partir de la presente ley, no podrá requerirse del locatario : a) El pago de alquileres anticipados por períodos mayores de un mes. b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables , por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado; c) El pago de valor llave o equivalente La violación de estas disposiciones facultará al locatario a solicitar el reintegro de las sumas anticipadas en exceso, debidamente actualizadas. De requerirse actuaciones judiciales por tal motivo , las costas serán soportadas por el locador.

Art. 8vo.- RESOLUCION ANTICIPADA


 

 

Resolución anticipada . El locatario podrá , transcurridos los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa , resolver la contratación , debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con una antelación mínima de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al locador , en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

Art. 9no.-CONTINUADORES DEL LOCATARIO


 

 

Continuadores del locatario . En caso de abandono de la locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones pactadas , y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar.

Arts.10 al 20 DE LA PROMOCION DE LOCACIONES DESTINADAS A VIVIENDA

 

 

 

(Estas normas no han tenido andamiento y carecen de interés respecto de los aspectos vinculados a la regulación de las relaciones entre propietarios e inquilinos).

Art. 21 al 26 DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS


 

 

(Contiene normas de carácter presupuestario o facultades de los poderes públicos que han perdido actualidad).

Art. 27.- LOCACION ENCUBIERTA


 

 

Locación encubierta . Dispónese que los inmuebles que carezcan de autorización , permiso, habilitación, licencia o sus equivalentes , otorgado por la autoridad administrativa competente para la explotación de hotel, residencial, pensión familiar u otro tipo de establecimiento asimilable no gozarán de aptitud comercial para dicha explotación considerándose las relaciones existentes o futuras con sus ocupantes , locación, debiendo regirse en lo sucesivo por las normas en vigencia en esta última materia . Estarán caracterizadas de igual forma las relaciones existentes o futuras en aquellos establecimientos comerciales oportunamente habilitados a partir de quedar firme el acto administrativo o la sentencia judicial correspondiente que determine el retiro de dicha autorización comercial.

Art. 28.-

(contiene la obligación de reglamentar la ley).

Art. 29.- ORDEN PUBLICO

 

 

(El resto del artículo contiene referencias a los aspectos impositivos que no se encuentran vigentes).

 

Vigencia. Las disposiciones que se establecen en la presente ley son de orden público , rigiendo a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial.

Art. 29 bis.- AMPLIACION DE LA RESOLUCION ANTICIPADA

 

 

(Esta modificación efectuada por ley 24.808 extiende la posibilidad de resolver el contrato de locación anticipadamente en los restantes tipos de alquiler que no son destinados a vivienda).

 

La disposición contenida en el artículo 8° resulta aplicable a los restantes destinos locativos previstos en la presente ley .

Playas argentinas: todos los precios, todos


Los balnearios de la costa atlántica presentaron sus ofertas en la FIT y en Mendoza. Ven con optimismo la temporada en la que aseguran no habrá diferencia en las tarifas respecto a la anterior.

Desde los balnearios argentinos aseguran que las tarifas se mantendrán.
domingo, 22 de noviembre de 2009

“Este año quiero ir a la costa atlántica le dije a mi marido hace unos días, y coincidió. Los últimos veranos pasamos una de las quincenas de enero en La Serena, todo muy bien, con departamento de 3 ambientes con mucama -condición sine qua non- y lo disfrutamos mucho, pero ahora queremos regresar a las playas argentinas” cuenta Laura que con sus dos pequeñas hijas y su compañero arrancarán los primeros días de 2010 hacia Las Gaviotas.

Cambiar el paisaje, aguas más cálidas y tranquilidad en extensas playas no tan concurridas, fueron elementos decisivos a la hora de elegir. El alojamiento con servicio de mucama fue excluyente, “trabajo demasiado durante todo el año y quiero ir a descansar”, argumenta la entrevistada.
 
¿Los precios? Para 4 personas desde $ 300 por día, si busca servicio de blanco, mucama y desayuno desde $ 375 y si se trata de un Apart o departamento junto a la playa, empezamos a hablar desde $ 500 por noche, de ahí en más dependerá de la cantidad de habitaciones y de los servicios.

Con las mismas ansias de pasar un verano inolvidable, Juan Carlos planea las vacaciones familiares, “los chicos crecen y las necesidades cambian, Agustina tiene 16 y Gaspar 15, desde hace dos años opinan sobre el lugar en el que descansaremos. Por eso estamos buscando departamento en Pinamar, algunos compañeritos van para allá y quieren encontrarse. Qué vamos a hacer, tenemos que aprovechar las vacaciones en familia, seguro que el año que viene quieren irse solos por ahí”.

Para los lectores que buscan datos sobre el mismo destino, una quincena en departamento a 5 cuadras de la playa cuesta $ 5.000.

“Para mí como Mar del Plata no hay. Todos dicen que hay mucho tránsito, que hay mucha gente, que hay que hacer colas, pero las oportunidades de diversión también son muchas y no existe otro lugar -me animaría a decirte en el mundo- con tantas ofertas de espectáculos para todas las edades durante el verano” arremete Jorge, fanático de la Feliz.

“Nosotros vamos siempre, es más, conocemos los restaurantes donde mejor se come, las panaderías de las medialunas más ricas y las playas que se adaptan a lo que buscamos. Es que en Mar del Plata hay lugares para todos y precios para todos los bolsillos, la pasás bien con cualquier presupuesto”, continúa entusiasta.
 
Y agrega: “Vamos en el auto pero lo dejamos la mayoría de los días y utilizamos el transporte público; es que estamos de vacaciones, demasiado apurados estamos en Mendoza como para correr en la playa”, afirma como intentando convencernos. Quizá los precios contribuyan con la decisión: dos ambientes desde $ 2.700 y tres ambientes desde $ 4.500 la quincena.

“Yo me voy a Ostende, no sé ni cómo llegué buscando por internet a esta localidad y me gustó la propuesta, voy con mi esposo y mi hijito a un Apart con dos habitaciones y pileta climatizada, re lindo,” dice Clara, ella como tantos otros eligieron la calma de la zona, las buenas arenas y las tarifas excelentes. El Apart para 4 personas: $ 3.800 la quincena.

Si usted se siente identificado con alguno de los testimonios anteriores y esta vez quiere virar hacia la costa atlántica, aquí más novedades y todos los precios.

Arenas variopintas

Desde todos los balnearios consultados aseguran que se sostendrán las tarifas bastante parecidas a las del año anterior, los incrementos rondarán entre 10% y 15%. La intención es convocar a la mayor cantidad de argentinos, lograr cubrir los alojamientos todos los días del verano -esto significa, no pretender salvarse con un mes de alquiler, por ejemplo- y extender la temporada -no sólo en Mar del Plata- de diciembre a marzo. En este sentido hay que recordar que los números bajan hasta 30% en febrero y hasta 50% en marzo.

Organismos estatales y privados de la costa se muestran entusiastas, ambos hablan del pacto para cuidar los servicios y las tarifas, pero nadie se atreve a las proyecciones o a afirmar que no subirán los precios en cuanto repunte diciembre, “hay muchas consultas, y también reservas, pero sabemos que fue un año difícil para el país y el mundo y esto repercute en las erogaciones de vacaciones” discutían en la FIT (Feria Internacional de Turismo).

Mar del Plata. Ya viene adelantando su temporada, desde hace tiempo, aunque esta semana en el marco de la FIT la selló con la mega fiesta del espectáculo “Mar del Plata levanta el telón”, con todo los famosos que albergarán sus teatros.
 
Pero además hay sorpresas en materia de infraestructura y servicios, las que iremos descubriendo en próximas publicaciones. Los precios que se dieron a conocer son los siguientes: Monoambientes, desde $ 900; departamentos dos ambientes, $ 2.300, en Playa Grande desde $ 2.700 y en el mismo sitio de tres ambientes, $ 4.500.

Pinamar. El paraiso teen, muchas actividades sociales, culturales y deportivas, en una de las vidrieras más potentes de cada verano, se prepara para una temporada inolvidable, con el mismo speech de no incrementar los precios. Así para enero los alquileres de chalets están entre $ 8.000 y $ 10.000; las casas, alrededor de $ 15.000. Los departamentos, $ 4.000 la quincena; los Aparts rondan los $ 4.900 la semana; como base, los hoteles 4 estrellas, $ 850 la noche, 3 estrellas promedian los $ 400.

Cariló. Con su oferta súper top de enormes casonas o complejos de cabañas exclusivos, será nuevamente el balneario elegido por familias o grupos de jóvenes de los más altos sectores de nuestra sociedad. En materia de alquileres el tarifario es muy amplio, ya que la variedad de las propuestas así lo amerita. Chalets de tres dormitorios desde $ 10.000 para enero y $ 8.000 en febrero, casas con tres o cuatro dormitorios desde $ 12.000 hasta $ 30.000, con piscina, quincho, cochera entre otros servicios, por los 31 días del primer mes del año. Apart para 4 personas $ 15.000 para la misma época. Si su deseo es alquilar por semana, para 4 personas, deberá pensar en $ 6.000 y por día desde $ 700.

Gesell. Sigue remozando su costa y también apuesta a los eventos y a las actividades en paradores para atraer visitantes. La diversidad de sus balnearios, con Mar de las Pampas y Las Gaviotas entre los sitios preferidos para alojarse, potencia la elección del destino en el que en pocos kilómetros el paisaje de servicios varía tanto como el natural. Los alquileres según los datos brindados desde la localidad se mantienen como en el verano anterior, departamentos de 1 ambiente desde $ 1.300, 3 ambientes desde $ 5.000 a $ 9.000 en enero, cabañas para 4 personas $ 750 diarios y los apart para 4 desde $ 1.200 por noche. En materia hotelera los 4 estrellas desde $ 400 a $ 960, los 3 estrellas desde $ 170 y los 2 estrellas desde $ 130.

El Partido de la Costa. Con su docena de balnearios de targets diferentes – ideal para familias con pequeños, Santa Teresita, Mar de Ajó, San Clemente del Tuyú, para adolescentes perfila San Bernardo y más exclusiva Costa del Este- presenta tarifas accesibles. En enero los departamentos de dos ambientes rondarán los $ 3.000 la quincena, casas desde $ 3.500, hoteles se encuentran desde $ 75 y $ 100 la noche.

Necochea. Es un clásico que se renueva y ahora manteniendo una relación con el entorno de mayor respeto, por ello los paradores están cumpliendo normas para resguardar el medio ambiente, además por supuesto de brindar esmerados servicios. Como cada temporada es el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Necochea los que dan los precios estimativos. Departamentos para el primer mes de 2010, la quincena, de un ambiente, desde $ 1.500; dos ambientes, $ 2.100. Chalets de dos dormitorios, desde $ 2.400; 3 dormitorios, desde $ 4.700.

Miramar. Promociona la tranquilidad de su costa y el ambiente familiar y seguro, la variedad de alojamientos se ha visto incrementada al igual que las reservas en relación al mismo período de 2008, que esta vez arrancan desde diciembre para pasar las fiestas en la playa. Por la zona se encontrarán chalets $ 3.800 y $ 5.600 la quincena de enero, departamento para 4 personas desde $ 2.500 cada 15 días. Hay que contemplar que las tarifas disminuyen mucho para febrero y todo es conversable, aseguran las inmobiliarias.
Tania Abraham – turismo@losandes.com.ar

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